- En Ecuador, líderes sociales y organizaciones ambientales sostienen que el Estado bloqueó sus cuentas bancarias violando el debido proceso.
- Otro grupo de personas enfrenta una investigación por el presunto delito de enriquecimiento privado no justificado.
- Abogados de derechos humanos y especialistas en transparencia calificaron estos hechos como “persecución” a la oposición política.
- Las medidas se dieron durante el paro nacional en contra del gobierno de Daniel Noboa y se mantienen antes de un referendo que busca llamar a una asamblea constituyente.
En Ecuador, líderes sociales y fundaciones ambientales y de derechos colectivos denuncian que el gobierno de Daniel Noboa bloqueó sus cuentas bancarias desde hace más de un mes. El hecho se dio sin notificar a los implicados, congelando la totalidad de los fondos en lugar de bloquear solo los fondos considerados “sospechosos” –como manda la ley– y con una participación del sistema judicial que ha sido cuestionada por defensores de derechos y especialistas en transparencia consultados por Mongabay Latam.
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“Vemos con profunda preocupación que no se está persiguiendo a delincuentes, sino que se usa el Derecho para, de forma selectiva, sancionar la disidencia, la crítica, la oposición política”, dice Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, capítulo de Transparencia Internacional Ecuador.
“El mayor impacto es en el plano familiar, ya que ha reducido mis capacidades para sostener a mi familia, cubrir necesidades de salud o educación”, dice Andrés Tapia, ex dirigente de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), biólogo y comunicador. Su cuenta fue inmovilizada el 21 de septiembre, asegura.
Alianza Ceibo, organización que trabaja con pueblos indígenas amazónicos, sufrió el bloqueo de sus cuentas bancarias el 6 de octubre, dijo a este medio. La falta de fondos causó la imposibilidad de pagar a trabajadores y proveedores, la suspensión de actividades asamblearias relacionadas con educación propia, gobernanza y defensa de territorios indígenas, recorridos para el monitoreo territorial y actividades para el fortalecimiento de mujeres en temas productivos y liderazgo, de acuerdo con Alicia Salazar, integrante del directorio.
La CONFENIAE, la Fundación Pachamama, la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT) y la Organización Kichwa de Pastaza (PAKKIRU, por sus siglas en kichwa) –todas dedicadas a la defensa de la naturaleza y de los derechos de los pueblos indígenas– dieron a conocer a través de sus redes sociales que también están entre las afectadas. Sin embargo, el número total de personas naturales y jurídicas perjudicadas por la medida oficial es desconocido. Mongabay Latam solicitó información a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Superintendencia de Bancos y a la Fiscalía General del Estado, pero no recibió respuesta al cierre de esta nota.
El contexto: el paro nacional
La inmovilización de fondos se dio después de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) convocara a un paro nacional para protestar en contra de la eliminación del subsidio al diésel y del aumento de las fronteras petrolera y minera.
“Estudiamos el mecanismo de cómo se financiaron los paros pasados, con una UAFE más fuerte y con una ley, la de Fundaciones [como es llamada la Ley de Transparencia Social, que] nos permitía hacer eso, pudimos rastrear y congelar fondos que iban a ser usados para desestabilizar al Gobierno”, justificó el presidente Daniel Noboa, en entrevista con una televisora local, el 31 de octubre.
“Son acusaciones muy graves, nos afectan en el aspecto emocional, en el aspecto psicológico, hay varias secuelas”, dice Tapia sobre las declaraciones del presidente ecuatoriano.
Verónica Potes, abogada y miembro de la Alianza por los Derechos Humanos, asegura que el bloqueo es parte de una estrategia de respuesta al paro “elaborada, perniciosa, opaca y antidemocrática”. Para la especialista, esa estrategia también incluyó el despliegue de las Fuerzas Armadas, señaladas por el uso excesivo de la fuerza y la muerte de al menos dos personas por impacto de bala.
Pero más allá del paro, que finalizó el 22 de octubre, esta táctica busca “silenciar o al menos dificultar la labor” de las organizaciones que trabajan con pueblos indígenas y en la defensa de los territorios, de acuerdo con María Espinosa, abogada de la Fundación Alianza Ceibo.
El presidente Noboa está promoviendo una serie de proyectos mineros y petroleros en el país, a los que estas organizaciones se oponen. Además, lanzó un referendo con el que busca llamar a una asamblea constituyente para dejar atrás la actual Constitución, que se caracteriza por reconocer los derechos de la naturaleza y de los pueblos y las nacionalidades indígenas.
Alianza Ceibo, por ejemplo, lleva a cabo una campaña en contra de la licitación de los Bloques Subandinos para la explotación petrolera y que pone en riesgo al territorio waorani. Entre los logros de la organización están sentencias que permitieron la protección de miles de hectáreas de selva tropical de la minería ilegal y la extracción petrolera.
Luis Canelos, presidente de PAKKIRU, sostiene que su organización ha sido perseguida por su rechazo frontal a políticas de expansión de proyectos petroleros y de construcción de una “megacárcel” en sus territorios ancestrales y zonas de influencia.
La UDAPT calificó a través de sus redes sociales la acción del Gobierno como “autoritaria y represiva”. “Busca frenar nuestra lucha histórica en defensa de los derechos humanos, colectivos, sociales y económicos de las comunidades amazónicas afectadas por décadas de contaminación, injusticia y abandono”, denunció la organización.
El bloqueo de las cuentas
María Espinosa y Verónica Potes explican que las cuentas bancarias fueron inmovilizadas a través de dos mecanismos: una medida cautelar administrativa ordenada por la UAFE y ratificada por un juez; y una indagación previa de la Fiscalía General del Estado.
El bloqueo ordenado por la UAFE se basa en la Ley de Lavado de Activos. Esta norma fue modificada por disposiciones reformatorias incluidas en la reciente Ley de Transparencia Social, impulsada por el presidente Noboa y con seis demandas de inconstitucionalidad hasta el 28 de octubre.
El artículo 17.3 de dicha ley faculta a la UAFE a disponer la inmovilización cautelar de fondos en el Sistema Financiero Nacional siempre y cuando la Unidad cuente con información objetiva y verificable que evidencie operaciones sospechosas. La medida administrativa es excepcional y se limitará exclusivamente a los montos sospechosos o inusuales. Además, tendrá una vigencia máxima de ocho días, tiempo en el que un juez de corrupción y crimen organizado deberá ratificarla, modificarla o revocarla.
“Todo sigue un procedimiento legal, no es a lo loco, viene basado en una investigación, en el rastreo de dinero ilícito, y así neutralizar lo que hubiera sido devastador para mucha gente”, aseguró Noboa en la entrevista antes citada.
Pero esa no fue la experiencia de las organizaciones y personas afectadas, según sostienen. En primer lugar, recibieron un bloqueo completo de sus cuentas y solo tuvieron conocimiento de la medida cuando intentaron hacer transacciones, de acuerdo con los entrevistados.
Críticas sobre las medidas
Potes, que está defendiendo a dos implicados, explica que una vez que se implementa la medida cautelar, se les debería informar quién la ordenó y ante qué juez deben presentarse para ejercer el derecho a la defensa. También debería haber una notificación cuando el juez asignado ratifica, modifica o revoca la medida cautelar. Pero esta notificación, que el juez asigna a la UAFE o a la Superintendencia de Bancos, “nunca llega y uno no se puede defender”, sostiene Espinosa.
En el caso de Alianza Ceibo, más de 20 días después del bloqueo, la organización no había recibido la notificación formal, asegura la abogada. Esta fundación solicitó información sobre los motivos de la inmovilización de fondos a las instituciones bancarias, la Superintendencia de Bancos y la UAFE, pero nunca recibieron una respuesta, relata Alicia Salazar, de Alianza Ceibo.
Entonces Espinosa se acercó a la UAFE, donde le dijeron que “no le podían dar información por ser un caso sujeto a reserva”. Luego se dirigió a la Unidad Especial para el juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, donde después de mucha insistencia, un funcionario le dio el número de la causa, con lo que finalmente tuvo acceso al proceso para planificar la defensa.
Mongabay Latam accedió a archivos procesales que demuestran que los jueces ratificaron el bloqueo de las cuentas bancarias sin conocer las razones por las que la UAFE tomó en principio esa medida cautelar. En los documentos se observa que solo tras ratificar la medida, el juez del caso solicitó a la UAFE la información. José Julio Neira, director general de la UAFE, no entregó la información y solicitó que se requiera la alerta al Sistema Nacional de Inteligencia.
Contraorden judicial
En el proceso que enfrenta Tapia –junto a otras seis personas más y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador (CONFENIAE)–, un juez ordenó el desbloqueo de sus cuentas bancarias el 30 de octubre, debido a que ni la UAFE ni la Central de Inteligencia aportaron elementos para mantener la medida. Las instituciones argumentaron que la información estaba clasificada como secreta y para revelarla tendrían que solicitar la desclasificación, de acuerdo con Espinosa, quien está haciendo un seguimiento del proceso.
«El juez debió haber hecho esto desde el primer día, no pudo haber ratificado la medida sin hacer el análisis», asegura la abogada. No obstante, hasta el 3 de noviembre el biólogo y comunicador no había recuperado el acceso a sus cuentas.
El 31 de octubre, Tapia recibió una notificación de que la Fiscalía abrió una investigación en su contra por el presunto delito de financiación del terrorismo y el 27 de noviembre será la audiencia de declaración. “Se desconocen los motivos, todo es un proceso confuso y desordenado”, señala el exdirigente.
“No se ha respetado el debido proceso administrativo ni judicial, se ha aplicado el tema con enorme subjetividad”, analiza Mauricio Alarcón. “Sigue pasando el tiempo y las organizaciones que deben hacer su trabajo están imposibilitadas de hacerlo en función de una decisión arbitraria. ¿Eso es persecución? Definitivamente sí”, afirma.
Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, manifestó en la red social X su preocupación por los bloqueos de cuentas bancarias. “Es esencial que se garantice transparencia sobre los motivos que justificaron estas decisiones y se respete el derecho a la defensa”, escribió.
El bloqueo de la Fiscalía
El 25 de septiembre, a días de iniciado el paro nacional, una persona anónima realizó una denuncia en Fiscalía en contra de unas 60 personas por el presunto delito de enriquecimiento privado no justificado. Mongabay Latam accedió a documentos procesales que muestran que tras la indagación inicial, la Fiscalía ordenó la inmovilización de las cuentas bancarias de seis personas, con base en que a lo largo de 2025 manejaron más de 200 salarios mínimos legales vigentes, equivalentes a 94 000 dólares.
Aunque la mayoría de los acusados no sufrieron el bloqueo por esta vía, la sola denuncia es una “persecución”, de acuerdo con José Cueva, vocero del Frente Nacional Antiminero en el norte del Ecuador. Él es uno de los señalados, junto a otros 14 miembros del colectivo, al menos ocho personas vinculadas a comunidades y procesos antimineros, tres autoridades seccionales de la provincia de Imbabura, dirigentes y técnicos de la CONAIE y sus bases, un asambleísta de oposición y dirigentes de organizaciones no gubernamentales ambientalistas.
Cueva es parte de los colectivos que desde hace 30 años han mantenido fuera del biodiverso valle de Íntag a empresas mineras que han querido explotar a cielo abierto la zona, más recientemente a la alianza entre la empresa chilena Codelco y la Empresa Nacional Minera de Ecuador.
A lo largo de esos años, en los que ganaron una sentencia a favor de la protección de la naturaleza, los líderes y dirigentes de Íntag han sufrido “varios tipos de acusaciones, investigaciones, el bloqueo de cuentas e incluso el encarcelamiento de un compañero”, asegura el vocero del Frente. “Tal vez lo inédito en el caso actual es el alcance, antes era un problema localizado contra un territorio, ahora es nacional”, añade.
Para Cueva, esto configura una criminalización que busca amedrentar, hacer perder tiempo y recursos y desmovilizar a los defensores de la naturaleza y de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos.
“En cualquiera de los dos casos –de la UAFE o de la Fiscalía–, particularmente en el primero, la falta de información para el ejercicio de la defensa ha sido realmente problemático, un obstáculo y, por su puesto, una violación a derechos”, afirma Espinosa.
Colectivos sociales, en alerta
Pedro Bermeo, abogado del colectivo Yasunidos, denuncia que habría otra forma de amedrentar a los defensores ambientales. El activista envió un estado bancario a Mongabay Latam que comprueba que el saldo de su cuenta fue debitado el 30 de septiembre.
A diferencia de las transferencias o pagos que él hizo antes de ese movimiento, que muestran el destinatario, este último débito no ofrece esa información. “No creo que sea un robo, es mucha coincidencia. Mandamos dos escritos solicitando información [al banco], supuestamente se creó un ticket para que me respondan dentro de ocho días, pero no respondieron, es muy extraño”, dice.
Además, envió los documentos que muestran que a finales de septiembre una segunda entidad bancaria en la que mantiene una cuenta le pidió que justifique la proveniencia de sus fondos, a lo que Bermeo respondió de inmediato y está a la espera de una respuesta del cierre de la indagación.
La audiencia sobre el bloqueo de cuentas de la UADPT, PAKKIRU y Alianza Ceibo fue convocada para el 5 de noviembre. Mientras tanto, las organizaciones se mantienen en la incertidumbre.
PAKKIRU tuvo que estancar acuerdos con organizaciones internacionales para continuar con programas dedicados al fortalecimiento del gobierno propio o la construcción de protocolos de consulta previa. La UDAPT, por otro lado, denunció que no puede continuar con las labores de apoyo a pacientes con cáncer en las zonas petroleras.
Alianza Ceibo, además, elevó la alerta de que no serán capaces de cumplir con sus obligaciones laborales y tributarias, algo que se ha llevado de manera transparente durante los 10 años de existencia de la organización, asegura Espinosa.
“Lo más preocupante es que hoy son las organizaciones indígenas y ambientales, mañana puede ser cualquiera de nosotros”, advierte Mauricio Alarcón. José Cueva concuerda y espera que “haya una reacción ciudadana que despierte ante el modelo autoritario en el que estamos incursionando, que es muy peligroso”.
A pesar del hostigamiento, Luis Canelos, de PAKKIRU, se mantiene firme: “Con fondos o sin fondos siempre hemos defendido nuestros territorios, con cuentas bancarias o sin cuentas bancarias, nuestras organizaciones siempre van a existir”.
Imagen principal: el Gobierno calificó de «terroristas» a organizaciones que se oponen a las políticas extractivas. Foto: cortesía Frente Nacional Antiminero
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