- La ministra de Ambiente de Colombia sostiene que la controvertida Reserva para blindar a la Amazonía de la extracción de petróleo y minería a gran escala es parte de un instrumento que también busca frenar la deforestación.
- Reconoce sobre el Gabinete que integra: “Tenemos mandos medios y mandos inferiores que están absolutamente opuestos a las transformaciones que este Gobierno se propuso”.
- Agrega que todo el proceso también incluye la voz de pueblos indígenas para proteger el bioma amazónico y apoya la creación de un banco financiero indígena.
- En diálogo con Mongabay Latam, la funcionaria sostiene: “Estamos frente a una burocracia multilateral que ha sido ineficiente” para combatir el cambio climático y afirma que no hay forma de que los países más vulnerables a la crisis climática puedan adaptarse sin endeudarse o sin canjes de deuda externa de los países del norte global.
Irene Vélez Torres asumió las riendas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia en medio de un panorama complejo en la política ambiental del país, con retos como la criminalidad controlando zonas estratégicas de la Amazonía, la violencia contra defensores indígenas y el avance de las economías extractivas.
En la conferencia anual de Cambio Climático de Naciones Unidas, COP30, Colombia ha liderado iniciativas, junto con el país anfitrión, Brasil, para la eliminación progresiva de los combustibles fósiles.
Esto se tradujo en la Declaración de Belém, un esfuerzo alterno a la cumbre liderado por Colombia e integrado por 35 países que piden acelerar la transición fuera del petróleo, el carbón y el gas. Además, en este espacio también se anunció la declaratoria del país para que toda su Amazonía sea zona libre de hidrocarburos y minería a gran escala.
Si bien es una medida que busca la protección de una parte del bosque tropical más grande del mundo y un llamado a otros países para responder con medidas similares, el anuncio ha recibido cuestionamientos sobre su verdadera capacidad para blindar a una región que enfrenta amenazas socioambientales complejas.
Mongabay Latam conversó con Vélez sobre los frentes que Colombia ha iniciado en esta cumbre climática y los retos que vive el país sudamericano.
—¿Por qué utilizar la figura de la reserva para la Amazonía? ¿No hay otras figuras que permitieran blindar mejor a la región que un decreto que pueda cambiar otra administración?
—La mejor opción para nosotros era la Reserva de Recursos Naturales Renovables. Una cosa importante es que esta reserva es permanente, es muy distinta a otro tipo de instrumentos que se han aplicado en los últimos cinco años, que son reservas temporales y que tienen una situación de vulnerabilidad respecto a las decisiones políticas.
Una reserva permanente es suficientemente sólida. No es solo una resolución, es un documento técnico de más de 400 páginas que hace un análisis muy riguroso de cuáles son los posibles impactos acumulativos, cuál es la afectación a todos los ecosistemas de la zona y cuál es también la vulnerabilidad hídrica en el marco del cambio climático que tiene el bioma amazónico. Hay una solidez científica que está detrás de la decisión política.
También esta decisión de gobierno se reflejará en las NDC [compromisos climáticos de los países]. Se ha dialogado previamente con las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Va a surgir un proceso de consulta previa y va a quedar con aseguranzas desde lo normativo.
Somos conscientes de que las acciones contra el cambio climático son complementarias entre disminución de la deforestación, la revitalización de la selva y, por otro lado, la limitación de la frontera extractiva en el bioma amazónico. Son muchas cosas, pero no se hacen todas con un mismo instrumento.
—¿Cómo impulsar esta reserva en medio de un cambio en la tendencia y un aumento en la deforestación del país?
—Nosotros hemos contemplado un ecosistema de instrumentos para hacer una acción integral en la Amazonía. Otro instrumento que en este momento tenemos en pie es el programa Conservar Paga, desde el cual hacemos todas las acciones para prevenir la deforestación. En los últimos tres años del Gobierno de Gustavo Petro ha sido absolutamente efectivo. Hemos logrado una reducción de la deforestación de más del 30 % y han sido los tres años con menor deforestación durante los últimos 24 años, que es desde cuando se comenzó a medir la deforestación.
Por otro lado, tenemos el CONPES [Consejo Nacional de Política Económica y Social]. Es nuestro instrumento de política que compromete recursos públicos por los próximos 10 años para la restauración de los bosques de la Amazonía y el Chocó biogeográfico. Vamos a tener ciclos de financiamiento que van más allá de este Gobierno. Es una decisión que tomamos muy conscientes de que el vaivén político no puede arriesgar el cuidado de la Amazonía.
Tenemos acciones muy concretas desde el Conaldef [Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación], un consejo en el cual distintas instituciones del Estado actuamos para coordinar acciones contra los delitos ambientales. Ahí la Amazonía es un foco.
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—¿No habría una estrategia diferenciada para las crisis focalizadas, como zonas fronterizas o de conflicto armado?
—Nuestra diferenciación la hemos monitoreado mucho en una combinación entre análisis cartográficos para entender dónde están los focos de deforestación, que además en muchas ocasiones coinciden con dos fenómenos: la apertura de carreteras ilegales, particularmente para la expansión de la ganadería extensiva, ilegal; y por otro lado, la presencia de cultivos ilícitos, particularmente de hoja de coca.
En términos de afectar los bosques es mucho más grave que la minería. La minería nos genera otro problema que es la contaminación de los ríos. En lo que llamamos el arco amazónico, que es la frontera norte del bioma, es donde vamos a concentrar nuestras acciones, tanto de reforestación como de contención de la deforestación.
—¿Cuál ha sido el papel de pueblos indígenas o qué destacaría del espacio que tuvieron este año en la COP30?
—La voz de los pueblos es muy importante en este momento histórico y el multilateralismo, con total sinceridad, puedo decir que está en una crisis porque ha demostrado que muchas Conferencias de las Partes [los países y la Unión Europea que participan en las COP] no ha resultado en acciones concretas para evitar que se agrave la crisis climática. Estamos frente a una burocracia multilateral que ha sido ineficiente.
Por eso, la voz de los pueblos tiene que estar en el corazón de la responsabilidad de los gobiernos. Si no es por la voz de las comunidades locales, sus exigencias, su mandato popular, difícilmente un gobierno sale de su espacio de confort para concentrarse en lo importante. El consenso fundamental es con los pueblos porque estamos convencidos de que ellos tienen también una verdad, la del territorio.
Parte de las acciones por la justicia climática es detener la frontera extractiva de los hidrocarburos y de la minería. Por eso, Colombia toma la decisión de escuchar ese llamado de los pueblos, crear una reserva del bioma amazónico, pero también aquí en nuestro equipo negociador hay comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas mestizas.
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—Ante la iniciativa de tener un banco financiero indígena que pueda realizar proyectos de solución climática, ¿ha habido un acercamiento con el ministerio o podría tomar un papel de articulación?
—Tenemos la promoción de que haya mecanismos innovadores de financiamiento de las acciones climáticas. A la vez es importante revisar y transformar el sistema financiero internacional de manera estructural porque si seguimos funcionando bajo los mismos principios del capitalismo y de las diferencias enormes que crean entre norte y sur, entre lo público y lo privado, entre lo corporativo y lo estatal, la verdad es que la brecha se amplía y las capacidades de acción de los gobiernos frente a la implementación de acciones climáticas es bastante limitada.
Eso no lo podemos perder porque cuando surge un mecanismo innovador parece que estuviéramos renunciando a la lucha que debe estar en el fondo, que es la reestructuración.
Hemos invitado permanentemente a que haya un diálogo entre los ministerios de Hacienda, porque estamos muy presentes los ministerios de Ambiente o Transiciones Ecológicas, pero nos quedamos hablando nosotros en una burbuja que desconoce que hay otros intereses y otras lógicas de gobierno.
En el caso de Colombia, una propuesta como un banco indígena debería comenzar a calar, porque es en los ministerios de Hacienda donde se sabe realmente y se decide, se hace la apertura o no de este tipo de mecanismos.
—En este sentido ¿qué retos al interior de la Administración ha enfrentado desde que asumió en el Ministerio?
—La instrucción del presidente Petro fue superar el extractivismo. En el primer momento fue «vamos a superar el extractivismo y esa es tu misión». Me puso esa misión en el marco del Ministerio de Minas y Energía, que históricamente ha sido un instrumento para las industrias extractivas corporativas.
Yo estaba nadando contra corriente, también con unos desafíos muy particulares y es que esta es la primera vez que se decide esto en un gobierno cuando toda la institucionalidad está hecha para lo contrario, incluyendo el Ministerio de Hacienda.
Sí hubo una necesidad de reingeniería institucional, pero también el cambio de las mentalidades de gobierno. Ahí hay muchas resistencias hasta hoy. Tenemos mandos medios y mandos inferiores que están absolutamente opuestos a las transformaciones que este Gobierno se propuso.
Hoy por hoy, estoy en un lugar en donde lo mismo que dije al principio lo estoy diciendo ahora y puedo seguir apoyando la misma revolución, que es una revolución por la vida.
—¿Qué se puede hacer con el papel que tienen los lobistas de combustibles fósiles y agronegocios en espacios como la COP?
—Los lobistas están siempre detrás de los políticos. Así tú le des un espacio a los lobistas, van a seguir estando detrás de los políticos. Entonces hay discursos que aparentan ser políticos y realmente son discursos con claros intereses, en este caso de la economía extractivista, particularmente de los combustibles fósiles.
Hay países que representan al sector extractivo fósil. Gobiernos, que, como tal, su voz es la misma de los lobistas.
—¿La adaptación climática es posible en países en desarrollo sin el financiamiento del norte global? ¿Qué debería resolverse en la COP30 respecto al financiamiento?
—El Gobierno de Colombia ha dicho que es necesario ampliar el espacio fiscal de los países del sur, de los que más afectaciones tienen a causa del cambio climático.
Ese financiamiento no es posible cuando la deuda externa de los países del sur nos consume todas las posibilidades de tener inversiones sociales e inversiones climáticas. No hay recursos entonces, además de que sería deseable que haya una financiación clara concesional del norte hacia el sur, necesitamos también que hayan canjes de deuda externa por acción climática y canjes de deuda externa por inversión social.
Sin eso, realmente en los países del sur estamos completamente amarrados porque fiscalmente no nos es posible. Cada vez que yo he hablado con un banco intentando buscar recursos para que haya acciones climáticas más rápidas, más amplias, de mayor impacto, nos dicen que «claro que sí», pero todo viene a costa de un mayor endeudamiento del país. Y el país ya llegó a sus máximos de endeudamiento gracias al Gobierno inmediatamente anterior.
No tenemos cómo realmente asumir las acciones ambiciosas que quisiéramos. Hemos decidido que vamos a inflexibilizar los próximos 10 años el impuesto al carbono, que es el único recaudo que tiene como tal este Ministerio para hacer acciones directas de mitigación, remediación y restauración de ecosistemas.
Tomamos ese cálculo de todo lo que viene, hicimos nuestra proyección. Con todo ese esfuerzo económico de 10 años, vamos a lograr afectar el 6 % de los bosques que se han deforestado. Es una decisión estratégica, pero es muy poco, mínimo. Y es todo lo que podemos hacer, es todo lo que tenemos. Invertimos todo lo que está a nuestro alcance y aún así es absolutamente insuficiente.
Imagen principal: Irene Vélez ha sido la tercer ministra de Ambiente en lo que va del gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Foto: cortesía Ministerio de Ambiente de Colombia
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