- Berta Zúñiga, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), es hija de Berta Cáceres, la defensora ambiental asesinada en Honduras en marzo de 2016.
- En diálogo con Mongabay Latam, analiza la situación de los defensores ambientales en su país, un escenario que se repite a lo largo de la región, y que será clave en la COP30.
- Zúñiga concluye que las amenazas, las presiones pero también la alegría de lo colectivo son parte de la vida de los defensores ambientales y del territorio.
- Reclama justicia y políticas de Estado para proteger a quienes se enfrentan al extractivismo en su país.
Berta Zúñiga, 35 años, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), creció entre militantes de derechos humanos, defensores del territorio y asambleas. Su nacimiento y el de sus hermanas y hermano coincidió con la conformación de esta organización que cofundó y coordinó su madre, la defensora ambiental Berta Cáceres. En marzo, se cumplirán diez años del asesinato de su madre y de la herencia de una misión.
Mientras crecía, Zúñiga viajaba con su madre por las comunidades de todo el territorio del pueblo lenca. Escuchaba a los adultos hablar de los conflictos por el territorio, del avance sobre los bosques. También conoció la belleza natural de esas tierras hondureñas. “Yo andaba ahí de bulto”, recuerda, “de costal en las reuniones, en los encuentros, en las asambleas”.
Cáceres se oponía al proyecto de la hidroeléctrica Agua Zarca porque su construcción implicaba afectaciones al Río Gualcarque, considerado sagrado para el pueblo lenca. Su organización sostenía que construir una presa hidroeléctrica en este sitio implicaba desabastecimiento de agua, comida y medicina para la comunidad, la cual no fue consultada para la construcción del proyecto.
En un clima político crítico en Honduras, la defensora encabezó acciones y campañas para que la comunidad internacional ayudara a frenar el financiamiento del proyecto por parte de entidades como la Corporación Financiera Internacional (CFI), del Banco Mundial. Esta defensa le valió el Premio Ambiental Goldman 2015.
Las amenazas a los defensores ambientales es uno de los reclamos clave que las organizaciones ambientalistas, de derechos humanos e indígenas llevarán a la inminente cumbre climática global, la COP30, que se celebrará en Belém do Pará, Brasil, durante los próximos días. Zúñiga dialogó con Mongabay Latam sobre cómo es ser defensor ambiental y del territorio en Honduras -que además elegirá a su futuro presidente a finales de noviembre- y cómo vive el reclamo de justicia por la autoría intelectual del crimen de su madre.
—Luego del asesinato de su madre, usted asumió un rol relevante en la organización que ella integraba, pero también debió encarar la búsqueda de justicia. ¿Cómo vivió ese proceso?
—Mi llegada como coordinadora se dio como un año después de la muerte de mi mami y en medio de una crisis política dentro del COPINH. Me empezaron a adelantar que iba a ser propuesta como coordinadora, no es algo que yo quería, pero ante la demanda de las comunidades y la preocupación de que se pudiera debilitar la organización, decidí aceptar la nominación a ser coordinadora de COPINH en la asamblea. A partir de entonces, en distintas asambleas me han reelecto como coordinadora.
—A principios de año, un grupo especial de expertos independientes enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) viajó a Honduras para analizar el caso del asesinato de su madre y colaborar en la identificación de la autoría intelectual. ¿En qué se avanzó desde aquella visita?
—El grupo continúa trabajando, con varios desafíos, como el acceso a la información y algún nivel, digamos, de amenazas, obviamente por parte de los mismos autores intelectuales [del crimen de Berta Cáceres] que quieren intimidar y tratar de deslegitimar el trabajo de este grupo de investigación. El convenio de este grupo fue renovado para funcionar por unos meses más. Pero sin duda el informe que realicen se va a presentar a principios de enero del año que viene, poco antes de cumplirse los diez años de la siembra en la tierra de mi mamá, pues se va a presentar en Honduras y ojalá lo podamos presentar en otros lugares.
—Hay expectativa de que el resultado de ese informe del grupo especial también ayude a la reparación para la comunidad afectada por el proyecto hidroeléctrico de alguna forma. ¿Cómo debería ser esa reparación a las comunidades?
—Creo que va a ir un poco en dos sentidos. Por un lado, la presentación del informe es un momento importante porque creo que es un esfuerzo, tal vez el último, ojalá no, pero quizás el último esfuerzo que hacemos por tratar de encontrar todas las informaciones que hasta el momento han estado ocultas en expedientes o informaciones que tiene el Estado de Honduras sobre el crimen y que no han sido requeridas.
Por otro lado, es importante el trabajo que se está haciendo en conjunto con la Fiscalía para tratar de fortalecer los requerimientos o encontrar o explorar otras líneas de investigación respecto a la responsabilidad, sobre todo en materia de la autoría intelectual.
Respecto a la reparación es algo bastante nuevo para nosotras. Hemos tratado de recabar algunas experiencias de otras comunidades indígenas que en condiciones parecidas, no iguales, han hecho o han construido mecanismos de reparación. La verdad es un elemento central de la reparación de un crimen tan atroz como el de mi mami, también los temas de garantizar que el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca no va a poder ser construido en el futuro. Eso también es una manera de reparar el daño por toda la violencia que se vivió en la comunidad de Río Blanco.
Y otro esfuerzo más que se viene haciendo desde antes de este grupo pero que se ha tratado de impulsar más es el tema de que la tierra de Río Blanco quede en manos de la comunidad con un título comunitario que garantice el manejo de todo el territorio.
El informe seguramente va a contener unas recomendaciones que el Estado de Honduras deberá cumplir. Entonces, de nuevo, la responsabilidad queda otra vez en el Estado de Honduras, de actuar, diligenciar y va a servir también como orientación de cómo debería ser el proceso de reparación, si es que realmente existe una voluntad por parte del Estado.
—¿Cuáles crees que son hoy las principales amenazas en Honduras para los defensores ambientales?
—La impunidad es la principal amenaza contra los defensores ambientales en Honduras porque varias personas han denunciado hostigamientos, amenazas y persecuciones, incluso, graves violaciones a derechos fundamentales de los defensores y defensoras. Y el hecho de que el Estado no actúe, no investigue, no lleve a encarcelar a estas personas [señaladas como autores de estos delitos] implica que hay una vía libre, una luz verde para que se sigan repitiendo estos crímenes que parecen una cadena sin fin.
Lamentablemente las estructuras criminales que han participado de estas violaciones continúan intactas y, por tanto, son una amenaza latente. Incluso estas estructuras criminales empresariales reclutan crimen organizado para operar disfrazados, ellos nunca se dejan ver, ponen al frente a gente que viene de lugares empobrecidos, marginalizados, que son instrumentos de ataque.
Hay fuertes intereses por parte de personas, por ejemplo, canadienses, en territorio garífunas, o de otras nacionalidades que están apropiándose de los territorios que ancestralmente forman parte de los pueblos originarios. También, hemos visto esos grupos criminales al servicio de otros grandes intereses. Se vuelve un clima bastante complejo y si no hay un ejercicio de justicia, va a ser difícil realmente que la situación de nuestro país pueda cambiar.
—Describe una situación de violencia, de crimen organizado, de complicidad de empresas y poderosos. Pero habla también de impunidad. Si el Poder Judicial no actúa, ¿qué están haciendo otros poderes como el Ejecutivo y el Parlamento?
—En el Legislativo, hay intentos de detener algunos proyectos extractivos, que, por ejemplo, no tienen las licencias ambientales para operar. Sin embargo, no se desmantelan los proyectos, no se retiran sus permisos. En el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca se están haciendo unos intentos también para cancelar la concesión.
Además, es insuficiente el Mecanismo Nacional de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, que continúa siendo un mecanismo que no tiene el nivel para implementar medidas de protección efectivas que resguarden la vida. El asesinato del compañero Juan López es el claro ejemplo [defensor ambiental asesinado por sicarios a la salida de una iglesia en Honduras, en septiembre de 2024]. Comparte muchas similitudes con el caso de mi mamá. Por ejemplo, personas beneficiarias de medidas cautelares que debían tener unos protocolos por parte del Estado, pero que esta negligencia del Estado facilitó incluso la comisión de estos asesinatos. A nivel discursivo sí hay un reconocimiento, pero a la hora de la práctica, no hay un cambio sustantivo que mejore las condiciones de trabajo de los defensores y defensoras de los territorios.
—Después de lo que significó el asesinato de su madre para Honduras, ¿percibe algún cambio en su país?
—Creo que sí. Tuvo algunos impactos. Que ocho personas estén condenadas con condenas en firme [por la autoría material] habla del impacto de la lucha y del asesinato. Aquí se está muy acostumbrado a que si matan a alguien hay un gran escándalo, pero a los días, el país está como si nada. Hubo muchas presiones para afectar las condenas que en buena medida se lograron. Algunos de ellos lograron reducir en parte sus condenas, pero no lograron quitárselas. Eso ya es un resultado que abre una brecha en lo que viene siendo la impunidad generalizada en nuestro país. La denuncia internacional, de alguna manera, sí ha dejado una presión a Honduras, incluso a la empresa privada, que habla de cómo tener protocolos más eficientes e incluso menos evidentes en lo que llaman neutralizar o atacar a comunidades que defienden sus derechos territoriales y que están en contra de proyectos extractivos. Entonces sí, sí tuvo un impacto, pero obviamente las razones estructurales continúan sin cambiar, porque cambiar eso significa cambiar en buena medida la política de Estado, la política económica que existe en nuestro país.
—¿Cómo es ser defensora de la tierra y del ambiente y de los derechos humanos en Honduras? ¿Cómo vive el legado de su madre?
—Diría que se vive en dos sentidos. Por un lado, ser una figura pública también implica tener muchas amenazas, sobre todo porque muchas de las personas que participaron del crimen a mi mamá y que siguen en la impunidad siguen operando y funcionando para que se silencie todo este proceso de búsqueda de justicia. Hubo agresiones digitales desde diciembre de 2023 a la fecha, tratando de deslegitimar la voz de COPINH, la lucha de nosotras como hijas de Berta Cáceres, diciendo que nosotras teníamos intereses materiales en que a ella la asesinaran. Cosas tan perversas y horribles como esas.
Por otro lado, creo que se vive la alegría del compartir de manera colectiva y comunitaria, una lucha que nosotras sabemos que no es mía, que no es de una persona o de cuatro personas. Es una lucha colectiva, social, donde todas las comunidades se han comprometido a continuar la lucha en defensa de los territorios, la transformación de nuestro país, la transformación de nuestro territorio, que es el pueblo lenca.
Entonces también vivimos en alegría al compartir, a pesar de todas las dificultades. La esperanza de poder generar algún tipo de impacto, la esperanza de que otras familias, otras comunidades logren la justicia y construyan también su propia justicia.
—¿Qué amenazas ambientales está viendo que aumentan en Honduras?
—Tenemos el 80 % de los bosques en territorios de los pueblos originarios, como el pueblo lenca. En una política internacional donde los bienes comunes de la naturaleza son objeto de explotación, sabemos que vamos a seguir teniendo muchas presiones en nuestros territorios. Existen muchas presiones e intereses para seguir negando el derecho territorial de las comunidades, de los pueblos originarios. Lo decía una anciana que era parte del Consejo de Ancianos y Ancianas de COPINH: la importancia de tener en primer lugar también nuestra cultura y nuestra identidad. Y mi mamá también lo decía. En el momento en que nosotras perdamos nuestra identidad, perdimos nuestra lucha y nuestra batalla porque ya no vamos a luchar por unas tierras comunitarias, no vamos a luchar por la naturaleza. Estos proyectos de reducción de emisiones por degradación y deforestación, que forman parte de todo el capitalismo verde, de estas falsas soluciones ambientales con las que quieren mercantilizar los bosques, la cultura, incluso las prácticas ancestrales, la biodiversidad.
En nuestro territorio, las problemáticas fundamentales son dos. Por una parte, el tema de la tala es muy fuerte aquí en el occidente de Honduras porque tenemos mucho bosque, mucha madera. Por otro lado, también está el tema de los cuidados que requieren todas las fuentes de agua, no solo los ríos, los manantiales, incluso el acceso a que haya una equidad en el uso y la administración del agua. Somos grandes productores de agua. La depredación que se hace alrededor de fuentes de agua es bastante fuerte.
Además, en Honduras, hay bastante minería y existen proyectos de zonas especiales de desarrollo económico, que son formas de privatizar el territorio de Honduras.
—En su país, existe la aplicación de la figura de la consulta previa, libre e informada. ¿Se aplica?
—No, en realidad, no, en verdad lo más que ha llegado es a temas de socialización. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y varias instituciones de derechos humanos han hablado de que eso no cumple el requerimiento de consulta previa, libre e informada con los estándares que establecen los mecanismos internacionales y los instrumentos internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas. Entonces eso sigue siendo una deuda pendiente del Estado de Honduras.
Imagen principal: Berta Zúñiga tiene 35 años y es coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Su madre Berta Cáceres, defensora ambiental, fue asesinada en Honduras en marzo de 2016. Foto: cortesía COPINH
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