- La debilidad de los partidos políticos en Latam ha derivado que, particularmente en los países andinos, se desarrollen lo que Killeen llama "oficinas de campaña", con el único objetivo de alcanzar la presidencia. Así es como aparecen personajes de bajo perfil provenientes de partidos nuevos, creados por disidentes con ganas de competir.
- Pese a ello, hubo candidatos muy exitosos que surgieron de movimientos sociales que canalizaron la frustración popular frente a la desigualdad, la corrupción y el colapso institucional. En el caso de Venezuela y Bolivia, dichos líderes motivaron una oposición fuerte y consolidada.
- En cambio, en Perú y en Ecuador, el partido del presidente ganador no es el más numeroso, lo que socava su capacidad para impulsar una agenda legislativa e incluso para proteger a su líder de un juicio político.
Las repúblicas andinas, al igual que muchas naciones hispanoamericanas, tienen una tradición histórica de elegir presidentes carismáticos que utilizan su capital electoral para dominar las legislaturas y controlar los partidos políticos. En las últimas dos décadas, estos líderes han abandonado los partidos tradicionales para crear nuevos vehículos políticos, que en sistemas más consolidados serían simples oficinas de campaña, con el único objetivo de alcanzar la presidencia.
Mientras que los partidos tradicionales representaban colectivos con agendas económicas y sociales, los partidos de campaña existen únicamente para impulsar la candidatura de una sola persona. Tras la era militar, los partidos tradicionales dominaron la política en Bolivia, Perú y Ecuador, mientras que en Colombia los dos principales partidos mantenían su influencia mediante candidatos provenientes de dinastías políticas.
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No obstante, en los cuatro países han surgido candidatos de bajo perfil provenientes de partidos nuevos, creados por disidentes con la única finalidad de competir en elecciones presidenciales. Este declive de los partidos tradicionales ha abierto el sistema electoral, permitiendo que aspirantes al poder surjan desde el sector privado o de organismos multilaterales, usualmente después de ocupar cargos ministeriales de alto perfil. Aunque este modelo ha resultado eficaz para ganar elecciones, no les ha permitido obtener suficiente representación legislativa para formar coaliciones estables de gobierno.
Esta limitación está directamente relacionada con la naturaleza transitoria de los partidos de campaña, que carecen de una base legislativa consolidada capaz de atraer votos de forma autónoma en sistemas proporcionales de lista abierta.
Los candidatos más exitosos surgieron de movimientos sociales que canalizaron la frustración popular frente a la desigualdad, la corrupción y el colapso institucional. Estos fueron los únicos partidos que lograron mayorías legislativas, lo que les permitió reescribir las constituciones y controlar el sistema judicial, asegurando así su permanencia en el poder.
Países como Venezuela y Bolivia experimentaron una consolidación partidaria bajo líderes carismáticos con mayorías legislativas, lo que obligó a los partidos de oposición a formar coaliciones para defenderse, y defender a sus electores, frente a gobiernos con tendencias autoritarias.
El combate político y el caos como forma de gobernanza
Perú y Ecuador cuentan con legislaturas unicamerales que, en teoría, deberían simplificar la tarea de organizar una coalición de gobierno. Sin embargo, dichas asambleas reflejan la amplia dispersión de votos característica de las elecciones en primera vuelta. Con frecuencia, el partido del presidente no es el más numeroso, lo que socava su capacidad para impulsar una agenda legislativa e incluso para proteger a su líder de un juicio político. Aunque sus constituciones exigen una mayoría calificada del 66 % para destituir a un presidente, el hecho de que las legislaturas sean unicamerales impide un proceso de dos etapas que podría ofrecer una alternativa menos dramática, como un voto de censura, sin necesidad de un cambio de régimen.
Perú ha iniciado procedimientos de destitución en siete ocasiones desde el año 2000: Alberto Fujimori fue destituido en ausencia (2000); Pedro Pablo Kuczynski renunció antes de la votación (2017); Martín Vizcarra enfrentó dos procesos antes de ser destituido (septiembre y noviembre de 2020); y Pedro Castillo fue destituido en el tercer intento (noviembre de 2022). En Ecuador, cuatro presidentes han sido destituidos: Abdalá Bucaram (1997); Jamil Mahuad, quien renunció bajo presión (2000); Lucio Gutiérrez (2005); y Guillermo Lasso, quien disolvió la Asamblea Nacional tras iniciarse un proceso de destitución en su contra (2023). Pocos argumentarían que esta alta rotación ejecutiva favorece la gestión económica nacional.
Los presidentes no carecen de facultades constitucionales de legítima defensa. Tanto en Ecuador como en Perú pueden disolver sus legislaturas en determinadas circunstancias. En Ecuador, esta facultad se conoce como “muerte cruzada” y permite al presidente disolver la Asamblea Nacional y convocar nuevas elecciones si se inicia un proceso de destitución con probabilidades de éxito. Esta herramienta solo se ha utilizado una vez: Guillermo Lasso (2021–2023) disolvió la Asamblea y convocó elecciones tras el estancamiento legislativo y las protestas civiles.
En Perú, la prerrogativa constitucional de disolver el Congreso tiene sus raíces en un hecho histórico reciente: Alberto Fujimori ejerció poderes extralegales para disolver el Congreso y reorganizar el Estado (autogolpe). Posteriormente, incorporó esta controvertida medida a la Constitución de 1993. Aunque rara vez se ha aplicado, ha exacerbado el conflicto político. Por ejemplo, en 2019, Martín Vizcarra disolvió un Congreso obstruccionista, pero el nuevo Congreso electo lo sometió a juicio político poco después. Vizcarra sobrevivió una vez, pero no la segunda. Pedro Castillo intentó disolver el Congreso en 2022, pero fue arrestado y destituido durante el proceso.
El conflicto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo ha convertido a Perú en una caricatura de democracia inestable. El estancamiento en el Congreso se agrava por la incapacidad del principal partido político del país, Fuerza Perú, de ganar la presidencia, a pesar de haber llegado a la segunda vuelta en cuatro elecciones consecutivas. La fuerte antipatía hacia la familia Fujimori ha impedido hasta ahora su retorno al poder ejecutivo, pero su base electoral garantiza que Keiko Fujimori cuente con suficiente representación parlamentaria para obstruir a los gobiernos entrantes.
Escándalos de compra de votos
Al igual que en Brasil, la fragmentación del panorama político favorece el comportamiento transaccional y la corrupción. El caso más conocido en Perú fue organizado a fines de los años noventa por el presidente Alberto Fujimori (1990–2000) y su colaborador cercano Vladimiro Montesinos. El escándalo estalló cuando una cadena televisiva difundió videos en los que Montesinos sobornaba a congresistas, jueces, ministros y ejecutivos de medios. Los fondos provenían de cuentas bancarias en el extranjero, controladas por ambos, y en el año 2000 alcanzaban los 198 millones de dólares. Poco después, el régimen de Fujimori colapsó tras una oleada de protestas ciudadanas frente a la corrupción generalizada.
Un esquema similar en Ecuador, durante las décadas de 1980 y 1990, fue financiado mediante una partida presupuestaria denominada Gastos Reservados, descubierta y descontinuada durante el gobierno de Sixto Durán (1992–1996), cuando alcanzó un valor anual aproximado de 7,6 millones de dólares.
En Bolivia, una partida homónima fue utilizada por cuatro gobiernos de coalición sucesivos entre 1990 y 2005, que aplicaron políticas de mercado (neoliberales). Para 2005, el gasto anual ascendía a 14 millones de dólares, destinados a salarios suplementarios para presidentes, ministros, militares y congresistas. Como en Ecuador, el sistema era cuasi legal y totalmente opaco. Fue desmantelado tras la victoria arrolladora de Evo Morales en 2005, quien prometió transformar el sistema político.
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Victorias aplastantes
Bolivia compartió una historia política turbulenta con Perú y Ecuador, marcada por la competencia entre políticos profesionales y candidatos externos apoyados por partidos de campaña. La fragmentación del electorado produjo gobiernos de coalición bajo el modelo de “democracia pactada”, caracterizados por clientelismo y corrupción. Todo cambió en 2005, cuando Evo Morales ganó la presidencia en primera vuelta, y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), obtuvo la mayoría en ambas cámaras del Congreso. Su victoria se cimentó en un movimiento social arraigado en las aspiraciones de los pueblos indígenas y el rechazo a las élites políticas tradicionales. Morales utilizó su mandato para reescribir la Constitución e impulsar una transformación política, económica y social.
En elecciones posteriores, Morales aseguró mayorías absolutas que le permitieron controlar el sistema judicial y consolidar un Estado socialista autoritario. No obstante, la histórica corrupción política del país persistió. La nueva élite gobernante recurrió al clientelismo para premiar a los militantes del MAS, mientras promovía políticas en favor de cocaleros, comunidades campesinas, migrantes interculturales, grupos indígenas, proletariado urbano y cooperativistas mineros.
La nueva Constitución hace prácticamente imposible la destitución de un presidente. Sin embargo, las frecuentes protestas sociales y las demandas regionales de autonomía derivaron en la salida de Morales en 2019. Un gobierno interino intentó revertir su legado, pero fracasó, y el MAS regresó al poder sin Morales. Su sucesor, Luis Arce, ha continuado aplicando las tácticas autoritarias instauradas por su antecesor, al tiempo que ha bloqueado el regreso de Morales al poder.
Colombia, por su parte, mantuvo un ecosistema político menos volátil durante la mayor parte del siglo XX. La prolongada guerra civil obligó a los dos partidos tradicionales, Liberal y Conservador, a cooperar para preservar la democracia. Aunque partidos menores comenzaron a competir desde la década de 1970, el poder siguió en manos de estas dos fuerzas hasta la elección de Álvaro Uribe en 2002, quien obtuvo el 53 % de los votos en primera vuelta. Su victoria le permitió emprender una campaña agresiva contra las guerrillas marxistas y reformar la Constitución para optar a un segundo mandato.
La candidatura de Uribe desintegró la cohesión de los partidos tradicionales. Los políticos comenzaron a reorganizarse en nuevas fuerzas, entre ellas el Centro Democrático, fundado por el propio Uribe tras dejar la presidencia. Este partido respaldó la candidatura de Iván Duque en 2018. El actual presidente, Gustavo Petro, es el primer político abiertamente de centroizquierda en alcanzar la presidencia, aunque lo hizo en segunda vuelta y sin una mayoría en el Congreso que le permita avanzar con su agenda.
Venezuela estuvo gobernada por dos partidos centristas, Acción Democrática (AD) y COPEI, durante buena parte del siglo XX. Ambos alternaban el poder mediante elecciones competitivas, aunque con prácticas clientelares sostenidas por la renta petrolera. Sin embargo, el modelo no logró reducir la desigualdad estructural, lo que allanó el camino para el ascenso de Hugo Chávez. Su contundente victoria en 1998 marcó el fin del sistema bipartidista.
Chávez, ejemplo emblemático del populismo demagógico, ganó sucesivas elecciones que le permitieron reescribir la Constitución y establecer un régimen socialista autoritario. Usó los ingresos petroleros para financiar el consumo interno y mantuvo altos niveles de popularidad hasta su muerte en 2013. Su sucesor, Nicolás Maduro, continuó con políticas heterodoxas que provocaron un colapso económico catastrófico y una emigración masiva. Maduro y su entorno se aferran al poder mediante el control del poder judicial, la inhabilitación de candidatos opositores y la creación de una asamblea paralela tras perder la mayoría parlamentaria en 2014. No hay indicios de que el régimen permita elecciones libres y justas.
Imagen destacada: Arroyo en la selva tropical del Amazonas colombiano. Crédito: Rhett A. Butler.
«Una tormenta perfecta en la Amazonía» es un libro de Timothy Killeen que contiene los puntos de vista y análisis del autor. La segunda edición estuvo a cargo de la editorial británica The White Horse en el año 2021, bajo los términos de una licencia Creative Commons -licencia CC BY 4.0).
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