- El 15 de octubre se realizó la primera audiencia del juicio por supuesto delito ambiental contra los bosques y presunto tráfico ilegal de madera ocurridos en 2013.
- El caso corresponde a las denuncias que realizó en ese momento el líder indígena Edwin Chota contra quienes habrían talado de manera ilegal los bosques de la comunidad indígena Alto Tamaya-Saweto.
- Estas denuncias se realizaron un año antes de que Chota y otros tres líderes indígenas fueran asesinados por las mismas personas a quienes acusaban.
- El juicio ha sido suspendido debido a que ninguno de los acusados ni sus abogados se presentaron a la primera audiencia, por tanto, fueron declarados reos contumaces.
En abril de 2013, el presidente de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, Edwin Chota Valera, denunció a quienes un año después se convertirían en sus verdugos. El líder indígena y su comunidad reclamaban ante las autoridades de Ucayali, en la Amazonía peruana, por la tala ilegal y la presencia de madereros ilegales dentro de los bosques de la comunidad.
En esa denuncia, Chota indicó que por lo menos 800 trozas de madera habrían salido de manera ilegal de la comunidad indígena Alto Tamaya-Saweto y se encontraban en un aserradero en la provincia de Coronel Portillo, en Ucayali. Indicó también que tanto él como los miembros de su comunidad estaban siendo amenazados por quienes talaban los bosques comunales.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali intervino el aserradero e inmovilizó 986 trozas de cedro y shihuahuaco. Fue entonces que Hugo Soria acudió ante las autoridades para reclamar la madera como suya. Sin embargo, al no lograr demostrar que toda la carga le pertenecía, nunca le fue devuelta.
Un año después, el 1° de septiembre de 2014, Edwin Chota y otros tres líderes indígenas de Alto Tamaya-Saweto —Francisco Pinedo Ramírez, Jorge Ríos Pérez y Leoncio Quintisima Meléndez— fueron asesinados. El violento crimen llevó a las autoridades a retomar la denuncia que los líderes indígenas realizaban desde 2013 por los presuntos daños ambientales en el territorio comunal de Alto Tamaya-Saweto.
Han pasado 12 años desde que Chota denunció a quienes después lo asesinaron. José Estrada, Hugo Soria y los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix fueron condenados en agosto de 2025 por los crímenes de los cuatro líderes indígenas; otro de los acusados, Eurico Mapes Gómez, está prófugo de la Justicia desde 2022. El juicio por los delitos ambientales se inició recién el 15 de octubre de 2025. Sin embargo, la audiencia de ese día solo sirvió para que el juez ordenara la suspensión del juicio, debido a que ninguno de los acusados ni sus abogados se presentaron en la audiencia.
Quienes ahora deben responder por supuestamente talar los bosques de la comunidad —Segundo Euclides Atachi Félix, Hugo Soria Flores y Eurico Mapes— figuran también entre los sentenciados a 28 años y 3 meses de prisión por el asesinato de los cuatro líderes indígenas de Saweto. Los mismos que fueron denunciados por talar los bosques y traficar con la madera de la comunidad terminaron con la vida de los líderes indígenas, según la condena del primer juicio.
Un proceso que no termina
“Ha habido una vulneración y una falta de respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Existe un patrón, que se puede advertir, de falta de acceso a la justicia, de no ser escuchados y no dar importancia debida para gestionar las diligencias relevantes para las investigaciones” dice la abogada Jessica Quiroz, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), quien, además, formó parte del equipo legal que acompañó a las familias de los líderes asesinados en el primer juicio.
Quiroz cuestiona la reacción tardía de las autoridades ante las denuncias de los líderes indígenas. En este caso, recuerda la abogada, el Ministerio Público recién llegó hasta la comunidad para constatar las denuncias sobre los supuestos daños ambientales luego de que habían sido asesinados los líderes indígenas.
En efecto, los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2014, casi tres meses después del crimen de los cuatro dirigentes de Saweto, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali, junto con un equipo multidisciplinario formado por representantes de instituciones públicas, realizó una diligencia dentro de los bosques ubicados dentro de los terrenos de la comunidad, según indica un documento del Ministerio Público de 2015, en el que se formula la acusación fiscal contra cinco personas por presuntos delitos contra los recursos naturales en la modalidad de delitos contra los bosques y formaciones boscosas y supuesto delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables.
En el documento también se indica que en esta inspección se pudo constatar “la existencia de un campamento maderero que servía como albergue para la estadía de los taladores ilegales en la zona, encontrándose cadenas de motosierras y de viales de arrastre provenientes de diferentes direcciones”. El informe también da cuenta de un segundo campamento con herramientas utilizadas por los taladores ilegales para la extracción de la madera, así como tocones de madera de especies como lagarto, copaiba y cedro.
Tras la visita, la Fiscalía indicó que se “pudo confirmar la veracidad de los hechos denunciados por Edwin Chota Valera respecto a la tala ilegal que se viene realizando desde años anteriores por los imputados (…) presuntamente con el apoyo de sus familiares y personas de la zona”.
En la primera acusación fiscal de 2015 aparecen cinco personas como imputadas por los delitos ambientales mencionados. Sin embargo, para 2016, dos de ellos fueron excluidos del proceso. Finalmente, en el juicio iniciado hace pocas semanas son solo tres las personas inculpadas.
En todo ese tiempo, fueron cuatro los fiscales en Ucayali que estuvieron a cargo de las investigaciones.
Los riesgos del largo plazo
“Este caso ha sido la génesis de todo lo que sucedió”, dice el abogado y ex fiscal Especializado en Materia Ambiental Yusen Caraza. “Si solo el caso del homicidio llevó más de 11 años de retraso, imagínese este tema de tala y de deforestación, que es anterior a la muerte de los líderes. Eso ni siquiera está con sentencia en primera instancia”, agrega Caraza y comenta que las demoras tienen que ver con una “total negligencia fiscal y judicial”.
Pero hay algo más que le preocupa al exfiscal Caraza y son los plazos en los que puede prescribir un delito. El exfiscal explica que un delito prescribe cuando se cumple el plazo máximo que corresponde a la pena según el Código Penal, más la mitad de este plazo, tiempo al que, además, se le suma un año que se agrega por suspensión del proceso, luego de la formalización de la acusación. Este plazo, señala Caraza, se computa desde que se inicia la investigación.
El fiscal pone como ejemplo un delito cuya pena máxima es de cinco años, a ellos se suma la mitad de este plazo y un año adicional para contabilizar el tiempo total para que prescriba un delito. En el ejemplo hablamos de ocho años y medio.
Franshesca Gamarra, abogada de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), explica que para la prescripción en este caso debe considerarse el máximo de la pena establecida en el año 2013, cuando se cometieron los delitos mencionados. En ese momento, explica la abogada, la sentencia máxima era de ocho años, si además se suma la mitad de este tiempo, además de un año adicional por la suspensión del proceso. “La prescripción para este caso podría ocurrir en caso transcurran trece años sin que se haya emitido una sentencia condenatoria. Esta situación puede representar un riesgo de impunidad”, agrega Gamarra.
Consultado sobre las demoras en el proceso y el inicio del juicio, el procurador público del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán, señaló a Mongabay Latam que la demora en el inicio del juicio responde a “una estrategia” de la Procuraduría para que no se lleve adelante este juicio por temas ambientales al mismo tiempo que el juicio que se realizó por el crimen de los líderes de Alto Tamaya-Saweto.
Guzmán señala que el juicio por los delitos ambientales podría haberse iniciado al mismo tiempo que el juicio por los asesinatos, puesto que ya se había concluido con la investigación fiscal, pero asegura que la decisión fue priorizar el proceso judicial por los crímenes de los líderes indígenas.
“En las reuniones que tuvimos en el Ministerio de Justicia, las víctimas querían que el juicio por homicidio se desarrolle lo más rápido posible. Su exigencia era la inmediatez de una sentencia condenatoria. Para que eso ocurra, se tenía que coordinar con el Poder Judicial para que las audiencias se realizaran lunes, miércoles y viernes”, con el fin de lograr que se acelere el juicio.
Guzmán explica que como se trataba de los mismos acusados, solo quedarían libres los martes y jueves para asistir a este segundo juicio, por tanto, existía el riesgo de que si se programaba a los mismos imputados y a sus mismos abogados en dos juicios, que podrían ocupar prácticamente toda la semana —lunes, miércoles y viernes para el juicio por homicidio y martes o un jueves para el juicio por delitos ambientales— podrían haber ocurrido ausencias que terminaría quebrando el juicio, “y el quiebre de un juicio implica volver a reiniciar desde cero”, agrega el Procurador.
Guzmán explica que el Poder Judicial decidió declarar a los dos acusados reos ausentes. “Están giradas las órdenes de captura y todo se suspende, también el plazo de prescripción”. El Procurador asegura que este juicio no va a prescribir y que se mantendrá suspendido hasta que se capture a los acusados, quienes también están como no habidos tras la sentencia por homicidio.
Imagen principal: en la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto aún esperan justicia por la denuncia iniciada por los líderes asesinados en 2014. Foto: cortesía Hugo Alejos
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