- Una investigación de Mongabay Latam reveló que los pescadores artesanales en Puerto Bolívar, Machala, viven bajo amenazas de las bandas Los Lobos y los Sao-Box.
- Expertos en seguridad y legisladores analizan el rol del Estado frente al avance de los grupos asociados al narcotráfico que toman las zonas costeras.
- La escasez de recursos pesqueros y el abandono del sector ha convertido a los pescadores en presas fáciles de las bandas criminales, aseguran.
- Los especialistas coinciden en que la salida a la crisis exige un enfoque integral que combine seguridad, justicia y políticas sociales.
La investigación de Mongabay Latam que documenta cómo la pesca artesanal en Puerto Bolívar, la costa sur del Ecuador, sobrevive acorralada entre piratas, narcotraficantes y extorsiones ha resonado en las esferas de seguridad, inteligencia y legislación ecuatorianas. Expertos en esas áreas confirmaron la gravedad de la crisis y señalaron las fallas que permiten que la cadena criminal se fortalezca.
“El artículo muestra abiertamente la realidad que vivimos no solo en Puerto Bolívar, en Machala, sino en todas las comunidades pesqueras del país, que son uno de los sectores más afectados por la delincuencia organizada”, dice en conversación con Mongabay Latam Franklin Samaniego, asambleísta nacional y miembro de la Comisión de Biodiversidad.
El legislador, además, resalta el hecho de que la violencia está afectando a todo el país. Hasta septiembre de 2025, Ecuador contó 6797 muertes violentas. Si la tendencia continúa, este se convertirá en el año más violento de la historia ecuatoriana.
El Mayor de Policía Jorge Recalde, jefe subrogante del Distrito Machala, validó la hostilidad del ambiente descrito en la investigación periodística. Además, aportó datos recientes que subrayan la escalada de la violencia. Hace unos 15 días, registró el hallazgo de tres cadáveres con impacto de bala en la cabeza abandonados en el muelle y el estero Huaylá. Para Recalde, este tipo de actos comunican que “alguien está tomando el mando del territorio”.
Se refiere a que la banda Los Lobos está atacando con fuerza a la organización rival Sao-Box. Explica que en el pasado, Puerto Bolívar tenía la influencia del Cártel de Sinaloa, que ahora está “fraccionado y debilitado”. Por eso, Los Lobos, que están “anexos” al Cártel Jalisco Nueva Generación, están ganando terreno.
Un especialista en inteligencia marina, que prefiere no revelar su identidad, resalta el hecho de que los grandes operadores de estas estructuras delictivas no están en el país y que las dinámicas responden a grandes grupos de narcotráfico vinculados a la logística de exportación hacia Estados Unidos o Europa.
En este contexto, Los Lobos y los Sao-Box obligan a los pescadores a pagar extorsiones –en algunos casos de hasta 300 dólares mensuales– y a ser parte de la cadena del narcotráfico con sus embarcaciones. “Esto es parte de una economía criminal”, opina un analista en seguridad militar que prefiere mantener su identidad protegida.
Escasez de recursos pesqueros
El abandono del sector pesquero y la depredación de los recursos marinos son causas estructurales del problema que enfrentan los pescadores del país, asegura el especialista en inteligencia marina.
El analista de seguridad militar detalla que las flotas pesqueras extranjeras arrasan las pesquerías. Esto causa un “desequilibrio ambiental” que obliga a los pescadores artesanales a moverse más lejos de la costa para encontrar especies, exponiéndose a más riesgos.
Para resolver el abandono del sector pesquero, el especialista en inteligencia marina propone un enfoque articulado. Incluye la concesión de créditos, la eliminación de barreras arancelarias y la capacitación técnica en pesca, procesamiento y comercialización. También sugiere la concesión de áreas marinas a los pescadores, un modelo que ha tenido éxito con los cangrejeros, quienes están conservando los manglares en el país.
Desde su labor en la Comisión de Biodiversidad, Samaniego destacó el trámite del proyecto de Ley de Olas y sus Rompientes, que busca regular la costa. El asambleísta asegura que están apuntando a incluir las peticiones de los pescadores sobre acceso a seguros, planes de rescate marítimo y compensaciones económicas durante las vedas.
Un vacío y el Estado
Para el analista de seguridad militar, la economía criminal floreció porque “el Estado no está presente”. Esto da paso a que las bandas se hagan cargo del control de la zona. Recalde concuerda y enfatiza que la criminalidad que se vive actualmente no surgió de la noche a la mañana, sino que se ha formado desde hace muchos años.
Samaniego destaca una oración usada en el artículo: “La cadena criminal se alimenta de la debilidad del Estado y del hambre de los pescadores”. Para el legislador, el “abandono estatal” se expresa en que las comunidades deben vigilar por su cuenta los muelles, como cuenta la investigación.
Cuando el Estado no proporciona herramientas a los pescadores, se convierten en “presa fácil de cualquier propuesta delictiva”, asegura el especialista en inteligencia marina.
El analista de seguridad militar señala las fallas en el sistema judicial, que provocan que los pescadores prefieran pagar los 300 dólares mensuales de “vacuna” antes que denunciar. Esto ocurre, dice, porque no confían en la Justicia. La ciudadanía teme que si denuncia ante la Fiscalía, sufrirá represalias por parte de las bandas criminales.
En enero de 2024, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa declaró un “conflicto armado interno”, lo que permitió emplear a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. Es así que militares de diferentes ramas de las Fuerzas Armadas están realizando patrullajes, revisión de armas, operativos conjuntos y control de cárceles.
Esto está provocando una debilidad en el control marítimo, en opinión del analista de seguridad militar. “Mucha gente de la Marina ya no está en los buques. ¿En dónde está? Controlando cárceles, saliendo a las calles. Hay un despliegue inmenso en Guayaquil y Durán de la Fuerza Naval y de la Fuerza Aérea”, asegura.
Samaniego condenó la “desinstitucionalización de la seguridad” y la falta de transparencia, ilustrada por la negativa de la Armada del Ecuador a responder tanto a los pedidos de información del equipo de Mongabay Latam para la investigación citada como a los procesos de fiscalización de la Asamblea Nacional.
En cuanto a la respuesta legislativa, Samaniego detalló que la Asamblea ha aprobado una serie de leyes económicas urgentes enviadas por el Ejecutivo para abordar la crisis económica y de seguridad que enfrenta el país. Entre esas, está una reforma tributaria que subió el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 % al 15 % para “enfrentar el conflicto armado interno”, justificó el Gobierno.
Entre mayo y diciembre de 2024, los ingresos por IVA sumaron 5057 millones de dólares, con un incremento de 889 millones frente al mismo periodo de 2023, según reportó el medio nacional Primicias. “Pero el dinero no ha servido, no ha cumplido el objetivo”, asegura el asambleísta.
El presupuesto de seguridad creció en 470 millones de dólares, pero en los primeros siete meses de 2025 solo se había ejecutado el 10 % de los recursos, documentó Primicias. “Esto se traduce en que las Fuerzas Armadas no tienen los recursos suficientes y necesarios”, dice Samaniego.
Un enfoque integral
La solución al problema de seguridad interna no recae solamente en el ámbito militar o policial, señala el analista de seguridad militar, sino que depende de la presencia efectiva del Estado a través de sus múltiples organismos. Argumentó que el uso excesivo de la fuerza solo logra fraccionar los grupos criminales, dando paso al germen de facciones más violentas que se enfrentan entre sí por el control de las economías criminales.
El Mayor Recalde resaltó que la Policía Nacional está trabajando en conjunto con las Fuerzas Armadas. “Estamos pidiendo que se una con el mismo objetivo y el mismo norte la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y los respectivos ministerios”, agrega. Además, opina que el enfoque debe ser integral y debe incluir planes conjuntos con Perú y Colombia, tomando en cuenta que el narcotráfico es un problema transnacional.
El especialista en inteligencia marina insistió en que el Estado debe recuperar los espacios abandonados y recordó que su rol es anticiparse al cometimiento de los delitos en lugar de ser solamente reactivo, algo que a su parecer está sucediendo en la actualidad.
Además, expresó su asombro ante la incapacidad o falta de voluntad del Gobierno para rastrear las actividades ilícitas. En su opinión, detectar las extorsiones es sencillo. Explica que los “vacunadores” -como llaman a los extorsionadores- reciben los pagos directamente a cuentas bancarias, entonces, con una herramienta de la inteligencia artificial llamada “sniffer”, el sistema bancario podría rastrear los movimientos inusuales.
De manera similar, criticó que el Servicio de Rentas Internas (SRI) no supervise el destino del combustible. Sostiene que sería mucho más eficiente que las estaciones de servicio reporten al SRI en qué cantidades y a quién entregan el combustible, ya que este organismo tiene acceso a las facturas de venta y podría cruzar esa información con las cuotas de combustible asignadas a los pescadores.
También indicó que los países con industrias armamentísticas deben garantizar la trazabilidad desde el origen al destino de sus productos. Una investigación de Insight Crime encontró que el 27 % de armas decomisadas en Ecuador son de origen desconocido, pero que las armas largas son traficadas principalmente desde Estados Unidos, Turquía y Europa. Además, se ha comprobado que otro 10 % sí proviene de Estados Unidos.
Nuevas líneas de investigación
La investigación de Mongabay Latam permite ver la realidad más allá de la visión policial, desde una perspectiva cercana a la ciudadanía, afirma Recalde. Aunque esta información no genere resultados inmediatos en las operaciones policiales, se constituye en “guías para generar un proceso de análisis de información”.
El analista de seguridad militar concuerda y afirma que estas investigaciones son una fuente fundamental para analistas independientes y de las fuerzas estatales, pues contribuyen en la generación de proyecciones y análisis profundos.
Este tipo de publicaciones también “educan a la sociedad en este problema”, de acuerdo con el especialista en inteligencia marina. Asimismo, ofrecen una visión crítica a los gobiernos, que a menudo se encierran en una burbuja, según describe el experto.
Para Samaniego, la publicación abre nuevas líneas de investigación y la necesidad de insistir en los requerimientos de información a la Armada y a otras instituciones del Estado.
Finalmente, el analista en seguridad militar pronostica que la violencia se incrementará mientras no se tomen acciones sociales concretas, no se mejore el sistema judicial y no se solucione la crisis carcelaria que vive el país. “La solución no va solo por hacer operaciones militares o policiales”, asegura, y concluye: “Son soluciones a cortísimo plazo, para lograr una estabilidad momentánea”.
Imagen principal: el 17 de septiembre, autoridades del Gobierno ecuatoriano entregaron tres lanchas al Grupo Especial Móvil Antinarcóticos de la Policía, en Puerto Bolívar. Foto: cortesía Jimmy Blacio
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