- El próximo domingo 16 de noviembre, los chilenos votarán en primera vuelta para elegir a su próximo presidente.
- La falta de mención de temas ambientales preocupa a las organizaciones de la sociedad civil que exigen pisos mínimos a los ocho candidatos que buscan llegar a la presidencia.
- Permisología —término utilizado por el sector empresarial para referirse a lo que considera una excesiva burocracia en la tramitación de permisos—, hidrógeno verde e inversión aparecen entre los principales temas de los programas presidenciales.
La campaña presidencial chilena se acerca a sus días finales. Aunque son ocho los candidatos, son principalmente cuatro nombres los que protagonizan estas elecciones. La derecha llega dividida a las urnas con tres candidatos compitiendo por el mismo electorado: Evelyn Matthei representa a la centroderecha tradicional bajo el alero de Chile Vamos, mientras José Antonio Kast, del Partido Republicano, y Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, encarnan distintas versiones del sector más conservador, siendo Kaiser el que se posiciona más hacia la extrema derecha. Quien logre el mejor resultado probablemente competirá en segunda vuelta, en diciembre, contra la candidata oficialista, Jeannette Jara (Partido Comunista), quien lidera las encuestas.
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En un país golpeado en las últimas décadas por incendios forestales cada vez más intensos, una megasequía devastadora y lluvias torrenciales que han arrasado comunidades, los temas socioambientales siguen al margen de las discusiones presidenciales.
En los programas de gobierno, la palabra “clima” aparece, pero rara vez acompañada de un plan concreto. “Sustentabilidad” también es mencionada, pero seguida de “inversión”, “infraestructura” o “hidrógeno verde”.
La comparación de los planes de gobierno revela un diagnóstico coincidente: la crisis climática está presente en el discurso, pero no se profundiza en temas esenciales. La mayoría de las propuestas se concentra en energía y recursos hídricos, dejando fuera, en la mayoría de los casos, la biodiversidad, la justicia ambiental y la participación ciudadana.
“En las actuales elecciones presidenciales, lamentablemente la crisis climática y ecológica no está siendo comprendida ni incluida en los programas”, dice la politóloga y directora de incidencia política de la Fundación Ecosur, Pamela Poo. Sin embargo, agrega que «estas crisis son sinónimo de pobreza y vulnerabilidad, tanto para las personas como para los ecosistemas. Seguimos retrasando la preparación para poder enfrentarlas de forma inteligente, con medidas preventivas que, a la larga, tienen un menor costo para el Estado y la población”.
Permisología como bandera de lucha
La discusión sobre la llamada “permisología” se ha convertido en una de las principales consignas políticas entre los candidatos. De hecho, el término acuñado por el sector empresarial para referirse a lo que considera una excesiva burocracia en la tramitación de permisos logró calar hondo en el gobierno de Gabriel Boric, que aprobó en septiembre de 2025 la “ley de permisos sectoriales”. Esta ley busca agilizar la tramitación de permisos para proyectos de inversión, reduciendo la burocracia y los tiempos de espera.
Aunque el Gobierno asegura que ello se hará “sin disminuir los estándares ambientales”, representantes de la sociedad civil, expertos en conservación y medio ambiente, no opinan lo mismo.
La nueva ley, conocida en el mundo ambiental como “ley motosierra”, preocupa a los especialistas que la consideran un retroceso grave en la institucionalidad ambiental. Pero en la mayoría de los programas presidenciales, ésta aparece como sinónimo de modernización o eficiencia. “Los programas con algunas excepciones contienen propuestas para continuar con la desregulación normativa sobre autorizaciones sectoriales y ambientales, que denominan como “permisología”, con el objetivo declarado de promover las inversiones”, explica la directora de la fundación Chile Sustentable, Sara Larraín.
La sensación de decepción se extiende hacia el Gobierno, que se autodenominó como el primer gobierno ecológico de la historia y que termina su mandato impulsando esta reforma que, en opinión del sector ambiental, avanza en el sentido contrario. “Durante los últimos años hemos visto señales claras de debilitamiento institucional. El ejemplo más evidente es el proyecto de ley de permisos sectoriales. Si bien la modernización administrativa es necesaria, el riesgo es que esta reforma baje los estándares ambientales y limite los espacios de participación ciudadana”, comenta Benjamín Carvajal, fundador y presidente de Uno.Cinco, una organización chilena enfocada en la acción climática, la educación ambiental y la participación ciudadana en políticas públicas.
Además, Carvajal agrega una preocupación de fondo: “La regresión no es solo legal, también es cultural. Volvió a instalarse la idea de que la regulación ambiental es un freno para el desarrollo y eso erosiona los pilares básicos de una democracia ambiental”.
Principales propuestas de los candidatos presidenciales
Los programas de los ocho candidatos presidenciales exhiben un panorama diverso, aunque con escasos planteamientos de políticas públicas en temas socioambientales.
En general, los candidatos prometen simplificar los procesos, pero nadie plantea cómo recuperar los contrapesos como fiscalización o participación ciudadana. “El promedio general de los programas se mantiene entre medio y bajo en robustez técnica. La narrativa dominante es la del ‘crecimiento verde pragmático’, donde la eficiencia termina reemplazando a la justicia ambiental”, afirma Benjamín Carvajal.
Desde Chile Vamos, la candidata del conglomerado de centro-derecha, Evelyn Matthei, propone metas de carbono-neutralidad a 2050, reducción de emisiones a la mitad a 2035 y electrificación total del transporte público en una década. Su programa menciona la modernización tecnológica, planteando crear “ciudades resilientes”, techos verdes, infraestructura limpia y eficiencia hídrica, buscando aumentar la resiliencia frente a eventos extremos. Incluye la idea de avanzar en un modelo de residuos circular, con el fin de generar valor y reducir la contaminación.
Además, ha enfatizado en su búsqueda de facilitar la inversión, creando fast tracks o vía rápida para los proyectos que consideren una inversión mayor a los 100 millones de dólares.
La candidata ganadora de las primarias oficialistas y representante del Partido Comunista, Jeannette Jara, incluye en su programa una Ley de Transición Socioecológica Justa, un plan de transición para zonas de sacrificio —territorios devastados ambientalmente por la alta concentración industrial—, infraestructura verde urbana y certificación ambiental obligatoria para la agroindustria a 2030. También menciona propuestas para potenciar el desarrollo de la industria de hidrógeno verde.
Por otro lado, José Antonio Kast, representante del Partido Republicano, plantea un enfoque liberal en materia ambiental bajo el lema “menos permisos, más inversión”, aludiendo a que actualmente existe una “excesiva permisología”. Sus propuestas se centran en simplificar regulaciones y acelerar la tramitación de proyectos energéticos y mineros, priorizando el desarrollo del litio y nuevas concesiones. Promete reforzar la seguridad energética, explotando “en plenitud la capacidad instalada de energías renovables». «Removiendo distorsiones existentes, abriremos el espacio con una masiva inversión en almacenamiento [de energía]”, sostiene.
El otro candidato de extrema derecha, Johannes Kaiser, representante del Partido Nacional Libertario, promueve una desregulación radical. Entre sus propuestas destaca la idea de eliminar el Ministerio del Medio Ambiente y reemplazarlo por una Subsecretaría de Gestión Ambiental dependiente del Ministerio de Economía. Menciona la “ecología de libre mercado”, donde la protección se subordine al crecimiento económico. En energía, sugiere marcos regulatorios simplificados y fomento de la geotermia con mínima intervención estatal.
También menciona la expansión de plantas desalinizadoras para enfrentar la crisis hídrica. Además, ha mencionado que de ser electo se retirará de varios tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú, la Agenda 2030 y los compromisos de Chile en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Entre los demás postulantes, Marco Enríquez-Ominami (Independiente) propone una moratoria ambiental que impida nuevos proyectos extractivos en ecosistemas frágiles hasta definir una zonificación ecológica participativa. Harold Mayne-Nicholls (Independiente) sugiere tipificar el delito ambiental, reforzar la Superintendencia del Medio Ambiente y exigir la desalinización obligatoria a la gran minería. Eduardo Artés (Independiente) impulsa una industrialización estatal apoyada en energía nuclear y rechaza el “extractivismo dependiente” del litio y las energías renovables. Por último, Franco Parisi (Partido de la Gente) centra su mirada en la innovación y la descentralización, con escuelas sostenibles, asambleas climáticas locales y la posibilidad de crear carreteras hídricas para trasvasijar agua de una cuenca a otra y enfrentar así la crisis hídrica.
Organizaciones ciudadanas critican las propuestas
Un documento elaborado por más de una docena de organizaciones, entre ellas Fundación Terram, Greenpeace, Uno.Cinco, FIMA, Ecosistemas, Chile Sustentable y la campaña Salvemos la Patagonia, advierte una ausencia sistemática de propuestas ambientales robustas.
Plantea tres mínimos para cualquier gobierno: no regresión, respeto a la legislación vigente y transparencia. También propone fortalecer la coordinación interministerial y establecer definiciones tempranas de alcance ambiental en todos los proyectos públicos y privados.
“El país no puede permitirse retroceder en derechos ambientales conquistados”, señala el documento. “La situación de la crisis climática y ecológica es tan grave y el tiempo tan apremiante que ya estamos en los descuentos para abordarla con políticas públicas profundas”, menciona Pamela Poo.
Pese a sus diferencias ideológicas, las cuatro principales candidaturas mantienen al modelo extractivo como base del desarrollo nacional. La minería, la salmonicultura y el hidrógeno verde se repiten en cada programa como motores de crecimiento.
“Actualmente ningún presidenciable aborda la conflictividad ambiental. Se pretende seguir profundizando en el modelo actual de desarrollo. Estamos viviendo una nueva oleada extractiva e intensiva sobre la naturaleza, lo que traerá consigo nuevos conflictos y perpetuará la desigualdad territorial económica y de derechos”, advierte Poo.
“En el documento mencionamos la no regresión como compromiso clave, pues todos los programa de gobierno contienen propuestas desregulatorias que siguen la ruta de leyes aprobadas durante el actual Gobierno, o están actualmente en tramitación parlamentaria. Esto, bajo el argumento de facilitar las inversiones, mediante la limitación, sustitución y/o aceleración en el otorgamiento de autorizaciones para acelerar la inversión”, detalla la directora de Chile Sustentable.
Entre las leyes mencionadas se encuentra la denominada «ley de la motosierra», frente a la que diversas organizaciones plantearon su rechazo, acusando que reducirán la fiscalización de las instituciones públicas.
Por otro lado, un estudio realizado por el Instituto Milenio Secos advierte sobre riesgos en la gobernanza costera, la pesca sustentable y la gestión marina, ya que estos temas siguen fuera del radar político, pese a que Chile posee uno de los litorales más extensos y productivos del planeta.
Así, mientras el mundo acelera su transición ecológica, las propuestas presidenciales revelan que Chile sigue atrapado entre la retórica verde y la práctica extractiva. Los programas presidenciales hablan de sostenibilidad, pero evitan redefinir la relación entre economía y ecosistema.
“Solo priorizar el desarrollo productivo basado en el extractivismo es un error porque nos retrasa para abordar las transiciones necesarias y coloca en desigualdad a la población. En vez de equilibrar, los candidatos proponen un extractivismo más intenso que otros”, explica Poo. Además, “decir que hay demasiados permisos es falso y muy peligroso para la gobernanza ambiental porque genera injusticia y erosiona la democracia”, advierte la politóloga.
Desde las organizaciones ambientales coinciden en que la hoja de ruta de los presidenciables ha variado totalmente de rumbo en los temas ambientales desde la pasada elección a la actual.
“Los compromisos programáticos presidenciales en estas elecciones contrastan con los contenidos de los programas de gobierno de la elección presidencial de 2021, cuando existían propuestas de avances en la calidad regulatoria para mejorar los estándares ambientales, sociales e industriales”, sostiene Sara Larraín.
Mientras Matthei propone “acelerar procesos sin relajar controles”, Jara lo omite de su agenda. Por su parte, Kast manifestó que buscará “poner fin al laberinto interminable de los permisos ambientales”. El último de los principales candidatos, Kaiser, es más extremo y enfatiza en que hay que despolitizar la minería del “indigenismo y ambientalismo extremo”.
Los compromisos internacionales, como el Acuerdo de Escazú o los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París, apenas se mencionan. Por su parte, la participación ciudadana continúa relegada a lo consultivo.
En un país donde los incendios, las lluvias extremas y la pérdida de biodiversidad ya no son eventos aislados, la falta de planificación ambiental es preocupante para las organizaciones ambientales.
“La narrativa de desburocratización ambiental puede sonar eficiente, pero a la larga traerá conflictividad e injusticia, lo cual va horadando la propia democracia”, advierte Poo.
Imagen principal: Johannes Kaiser, candidato del Partido Nacional Libertario, Jeannette Jara, candidata del Partido Comunista; José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano; Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos. Foto: Licencia CC
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