- Mongabay Latam participó en un sobrevuelo que recorrió las provincias de Datem del Marañón, en Loreto, y de Condorcanqui, en Amazonas, en la Amazonía peruana.
- Durante el viaje, se pudieron observar dragas, campamentos mineros, retroexcavadoras y tracas dedicadas a la extracción ilegal de oro dentro y en las márgenes del río Marañón.
- También se lograron divisar zonas de bosque deforestado y campos de cultivos ilegales de hoja de coca.
- En el vuelo participaron fiscales, representantes del gobierno regional de Amazonas y del Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado.
Los montículos de tierra se van agrupando en los bordes del río Marañón. Son las señales claras de que allí abajo la minería ilegal de oro avanza sin dar tregua al bosque ni al río. Todo se ve tranquilo desde el aire, pero debajo las máquinas permanecen horadando la tierra para sacar hasta el último gramo de oro acumulado en esta cuenca.
Durante un sobrevuelo en la Amazonía norte de Perú en el que participó Mongabay Latam, este último martes, se observaron por lo menos nueve dragas, cinco campamentos mineros, y al menos tres retroexcavadoras en el tramo del río Marañón entre Saramiriza y Borja. «Yo vi nueve». «Yo, cuatro». «Yo conté ocho», dicen varias de las personas que estuvieron a bordo de la aeronave que despegó en Tarapoto y llegó cerca de la frontera con Ecuador. El vuelo duró unas cuatro horas.
La ruta bordeó gran parte del río Marañón —en la provincia de Datem del Marañón, Loreto—, un sector del río Santiago —en la provincia de Condorcanqui, Amazonas— y cruzó la Reserva Comunal Tuntanain, en dirección a la frontera con Ecuador. Luego retornó sobrevolando los alrededores de Santa María de Nieva —Condorcanqui—, cruzó parte de la región de Amazonas y de Loreto para retornar a la ciudad de Tarapoto.
“Hemos visto parte del río Marañón y hemos encontrado un número de dragas y un número de campamentos que nos hace pensar que esa actividad tiene larga data, tiene bastante tiempo. No es poco lo que se ha deforestado, no es poco lo que se ha afectado”, dice el fiscal superior Frank Almanza, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental del Ministerio Público, al ver el impacto en el bosque. “La cantidad de terreno que se ha deforestado y los montículos de tierra removidos nos dejan ver que es una actividad de varios años”, agrega el fiscal Almanza con un gesto de preocupación.
En el trayecto también fue posible observar cultivos ilegales de hoja de coca y bosques recién deforestados, que dejan parches claramente visibles desde el aire en medio de un territorio tupido de copas de árboles, ríos inmensos y algunas zonas pobladas principalmente por comunidades indígenas.
En el sobrevuelo también estuvo presente Catalino Castilla, de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas (DGANP) del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp); Juan Pretil Pinedo, fiscal adjunto provincial de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada; y Leyda Rimarachín, vicegobernadora de la región de Amazonas.
La devastación en Datem del Marañón
Después de media hora de vuelo sobre una selva que desde arriba se ve continua y apenas perturbada por el cruce de las aguas de los ríos aparecen las primeras dragas y máquinas en el río Marañón. La avioneta desciende y rodea la zona para que podamos ver las consecuencias en toda su dimensión. En las aguas del Marañón, las dragas apenas se mueven, cumpliendo su función imperturbable para extraer oro. No hay nada alrededor, ninguna otra embarcación se observa surcando el río mientras continúa el sobrevuelo.
En el bosque, en cambio, todo parece roto en esa zona. En la ribera del Marañón y metros adentro en la espesura del bosque, pueden observarse los montículos de tierra característicos de la explotación aurífera junto a pozas de agua verde, donde se ha acumulado el mercurio y otros materiales tóxicos que se utilizan para arrancarle el oro al suelo. En esos parches gigantescos de bosque dañado, los mineros mueven la maquinaria pesada para excavar la tierra y verterlas sobre las dragas que separan el mineral.
El fiscal Almanza señala que no hay puestos de vigilancia en esa zona y que debería instalarse “uno por lo menos, de la Marina, del Ejército o de la Policía”. Una de las políticas que ahora se propone desde la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental es que los operativos y las intervenciones en las zonas de minería ilegal contemplen “una presencia constante” de las autoridades para que no “vuelva a instalarse la ilegalidad”.
En un reportaje publicado a fines de setiembre por Mongabay Latam, se alertó sobre la situación que se vive en las localidades de la provincia del Datem del Marañón. “Esto se está complicando más”, dijeron a este medio líderes indígenas de la zona. “Saliendo del río, como a 50 metros, están acabando con el bosque, casi dos kilómetros. En el mismo río Marañón, hay balsas”, comentaba la fuente. En este nuevo sobrevuelo, el planteo de los líderes indígenas desde tierra se hacía visible desde el aire.
Según la base de datos de Pueblos Indígenas u originarios del Ministerio de Cultura, existen 222 comunidades indígenas en la provincia de Datem del Marañón, cuya población pertenece a diez pueblos indígenas: achuar, awajún, wampis, kukama kukamiria, shawi, chapra, candozi, kapanawa, kichwa y shipibo conibo.
“Desde lo alto hemos podido ver cómo impactan las actividades ilícitas, tanto en el ecosistema como en la sociedad”, dice Leyda Rimarachín, vicegobernadora de la región de Amazonas a bordo de la aeronave. “La impresión es fuerte para nosotras como autoridades y nos lleva a pensar qué hacemos para evitarlo o reducirlo”, agrega la autoridad regional de Amazonas.
Durante el vuelo se cruzó la provincia de Condorcanqui, en la región de Amazonas, surcada por los ríos Santiago y Cenepa. Aunque la lluvia y nubosidad que había en ese momento en la zona cubierta por montañas de selva no permitió al avión acercarse al sector El Tambo, en la frontera con Ecuador, ni descender sobre los ríos Comaina y Cenepa para observar las dragas de minería ilegal, la autoridad regional comentó que, al igual que el Marañón, en los ríos de la región Amazonas pueden verse las dragas.
“Si bien no hemos podido observar el impacto en El Tambo, en la frontera con Ecuador, ni en el Alto Cenepa, sabemos y conocemos que ahí hay mucha minería ilegal y que se debe al ingreso de las organizaciones criminales provenientes de Ecuador”, dice la autoridad regional. “No es un problema aislado, no es un problema de la región Amazonas, es un problema de varias regiones, pero también es un problema binacional, porque está a lo largo de la frontera. Hay zonas que no tienen vigilancia, no hay puestos de control fronterizo y eso agrava la situación”, advierte la funcionaria.
Al mismo tiempo, Rimarachín señala que el problema de la minería ilegal no se está abordando de manera conjunta entre las regiones donde está presente esta actividad ilegal.
La autoridad regional también habla de los impactos de esta actividad ilícita, que “no es solamente para una región, sino un impacto macroregional y en este caso los agraviados son toda la cuenca amazónica”. “El relave de mercurio que se va esparciendo por los ríos de la cuenca amazónica llega hasta el río Amazonas y sigue hasta el Atlántico”, explica la autoridad regional.
“Me preocupan también las poblaciones indígenas que están en la ribera de los ríos y en las quebradas. Ellas son las más perjudicadas. ¿Quién les da agua? No tienen agua potable, consumen del río”, advierte Rimarachín sobre la contaminación por mercurio que proviene de la minería ilegal y que se acumula en los ríos. “[El mercurio] está en la fauna, en los pescados y en las personas que se alimentan de pescado”.
Andrea Buitrago, directora de la Fundación Conservación y Desarrollo Sostenible en Perú, institución que sigue los problemas causados por las actividades ilícitas en la Amazonía, afirma que “la actividad minera está generando zonas de deforestación y de cambios en los cursos de los ríos, así como una remoción de sedimentos y acumulación de grandes lomas de tierra”.
Buitrago señala que la dinámica hidrobiológica relacionada con la remoción de sedimentos impacta en los ciclos reproductivos de los peces y de otras especies de las que la población depende para su alimento como principal fuente de proteína.
Además, Buitrago asegura que se trata de una zona de muchas comunidades nativas, pero también de áreas protegidas nacionales y reservas comunales. “El riesgo que corren las áreas protegidas como núcleos de conservación es que, cuando en sus zonas de influencia avanzan actividades de transformación, se van quedando aisladas y eso genera un riesgo para su funcionalidad y para la salud de esos ecosistemas”.
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Actividades ilegales que crecen sin control
Martín Arana, especialista en Gestión Territorial Amazónica de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) en Perú, sigue de cerca la actividad minera ilegal en la Amazonía peruana, así como los petitorios y concesiones que se están solicitando y se están entregando en los bosques y sobre ríos de la selva.
“En estas últimas semanas ha habido una explosión, llamémoslo así, de solicitudes mineras en las márgenes del río Marañón. Algunas de ellas se superponen a sitios donde ya venía ocurriendo minería ilegal y otras donde todavía no se ha reportado nada”, advierte Arana sobre los derechos mineros registrados en el portal Geocatmin, del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), la autoridad competente para entregar concesiones mineras.
Una revisión de Geocatmin permite observar que aquello que se pudo ver desde el aire coincide con lo que muestra el mapa de esta institución. Decenas de concesiones mineras otorgadas y otras aún en trámite se extienden en ambos márgenes del Marañón y gran parte de ellos se superponen con el río.
La legislación peruana —Decreto Legislativo 1100— establece que está prohibido “el uso de dragas y otros artefactos similares en todos los cursos de agua, ríos, lagos, lagunas, cochas, espejos de agua, humedales y aguajales”. Entre los equipos prohibidos se mencionan la draga hidráulica, dragas de succión, balsa gringo, balsa castillo, balsa draga, tracas y carancheras, así como otros que cuentan con bomba de succión de cualquier dimensión y cualquier otro artefacto que ocasione efecto o daño similar.
También se establece como ilegal cualquier actividad minera que se realiza sin contar con el permiso de la autoridad competente o sin encontrarse dentro del proceso de formalización minera integral impulsado por el Estado.
Hasta setiembre de 2025 había 195 derechos mineros aprobados o en trámite en Datem del Marañón registrados en Ingemmet. Sin embargo, como indica Arana, en el último mes se han sumado muchos más. Los pedidos también se observan en parte de la cuenca del Río Santiago y en la zona de frontera con el Ecuador.
Estas solicitudes al Estado implican un intento de legalización de la actividad minera ilegal. “La solicitud de un derecho minero no legaliza en absoluto cualquier actividad que haya venido ocurriendo allí. Además, la minería que está ocurriendo en el lecho del río es ilegal por donde se vea”, cuestiona Arana.
El experto también señala que hay situaciones “absurdas” en los procedimientos administrativos mediante los cuales se otorgan derechos mineros. “El procedimiento del Ingemmet para aprobar o desaprobar las solicitudes de concesiones es una lista de requisitos, entre los que no se considera si en ese lugar venía ocurriendo minería ilegal”. También cuestiona que se entreguen derechos mineros que se superponen con ríos y cuerpos de agua como está ocurriendo en la Amazonía.
“Los criterios tienen que ajustarse a la realidad porque lo que estamos viendo es que existe presencia de minería ilegal que precede a una solicitud minera. Y que además, en la mayoría de los casos o en muchos de los casos se superpone completamente al cuerpo de agua. Son cosas que se tiene que corregir en la normativa y en los procedimientos que tiene el Ingemmet”, sentencia Arana.
Mongabay Latam solicitó al Ministerio de Energía y Minas —ente rector del sector minero al que pertenece Ingemmet— sobre las solicitudes de derechos mineros que se superponen a ríos, así como los pedidos que se realizan en zonas donde ya se realiza minería ilegal, pero hasta el cierre de esta edición no enviaron su respuesta.
Una suma de delitos
Mientras sobrevolamos parte de la región de Amazonas, empezamos a ver parches de bosque deforestado cubierto de vegetación tupida de un verde mucho más claro que el de las copas de los árboles. Los expertos que iban en la aeronave señalaron que varios de estos parches observados entre el Puente Wawuico y Santa María de Nieva corresponden a cultivos ilícitos de coca. “Hemos podido ver cultivos de coca entre Santa María de Nieva y la carretera que conecta esta zona con Saramiriza”, dice la vicegobernadora Rimarachín.
Para el fiscal Almanza la minería ilegal y el narcotráfico “van de la mano”. “Me interesa mirar el fenómeno del narcotráfico porque ha sido una actividad muy rentable durante años, pero ahora está compitiendo con las drogas sintéticas como el fentanilo y el costo de producción ha subido porque tienen que irse a lugares más alejados, entonces el narcotráfico está virando hacia la minería ilegal”, explica la autoridad fiscal.
El fiscal menciona que ha sido testigo de que existen campamentos de narcotraficantes que también tienen dragas dedicadas a la minería ilegal. “También está el capital, porque el poder económico que se maneja para hacer esas actividades es muy grande”, argumenta.
Juan Pretil Pinedo, fiscal adjunto provincial de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, coincide. “El tráfico de drogas es un delito que tiene décadas en nuestro país, en toda la selva. A ello se ha sumado este boom de la minería legal, que implica también la tala del bosque porque los campamentos mineros ilegales requieren de la deforestación. Es la destrucción para poder instalar su campamento y eso va afectando a toda la Amazonía”.
El fiscal Pretil señala que es importante contar con un “trabajo coordinado” para el control de las actividades ilegales. “¿Qué autoridad, qué grupo de la Policía es el más cercano? ¿Cuál tiene la capacidad de rodear esa zona e intervenir? Y si es el caso, hacerlo en coordinación con la fiscalía”.
Cuestiona, sin embargo, la falta de control en los accesos fluviales, uno de estas zonas: el ingreso fronterizo por el río Santiago. “Lo que hemos visto es que el acceso fluvial es lo más práctico por esta zona. Y hay un acceso fluvial, por ejemplo, por el río Santiago. ¿Por qué no hay control? ¿Por qué si estamos viendo la actividad ilícita en el país vecino no hay un control mínimo de ingresos y salidas?”, cuestiona Pretil.
Otro tema que Pretil pone sobre la mesa son los controles que se deberían tener para todas las otras actividades alrededor de estos ilícitos, como los insumos, la procedencia de las personas que realizan estas actividades. “Se puede ejecutar una intervención de las dragas que se han visto. Se interviene y se destruye, pero con eso solo le damos un paliativo a la enfermedad, no la combatimos del todo porque siempre hay gente detrás de todos ellos. Solo son operadores de la última cadena del eslabón, pero siempre hay quien financia todo esto”.
Imagen principal: durante el sobrevuelo por Datem del Marañón fue posible observar la deforestación y el impacto de la minería en los ríos y bosques. Foto: obtenida por Mongabay Latam durante el sobrevuelo de octubre de 2025
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