- Pese a los incendios, lluvias e inundaciones, las autoridades siguen dándole la espalda a las amenazas del cambio climático mientras los recortes presupuestarios afectan a áreas clave para el cuidado de los ecosistemas y la biodiversidad.
- Los pueblos originarios estuvieron en el centro de las disputas por el avance de la minería, el gas, el petróleo y los negocios inmobiliarios y turísticos.
- La batalla contra la deforestación del Gran Chaco se trasladó a los juzgados y a pesar de algunos éxitos parciales, no se logró frenar el trabajo de las topadoras.
- Los 18 millones de visualizaciones alcanzados por una transmisión en directo de una expedición a 3500 metros de profundidad en el mar fue la mejor noticia ambiental del año.
Primero llegó el fuego. En febrero, 49 000 hectáreas de bosques ardieron en la Patagonia andina; en tanto que otras 100 000 hectáreas de pastizales, malezales y bosques se quemaron en Corrientes, en el noreste. Después fue el tiempo del agua. El 7 de marzo llovieron 290 milímetros en 12 horas en la ciudad de Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires.
En mayo, en el norte de la provincia de Buenos Aires y el sur de la de Santa Fe cayó en un día la cantidad de precipitación que suele caer en un mes. En agosto se registraron diluvios que marcaron récords históricos en Entre Ríos y Córdoba; y en noviembre, las inundaciones cubrieron 4.5 millones de hectáreas de los campos de Buenos Aires. Además, en junio, en la meseta patagónica se alcanzaron temperaturas inéditas de 17 °C bajo cero.
La lista de catástrofes “naturales” que azotaron Argentina durante 2025 tuvo matices diversos y un hilo conductor, la crisis climática: “Los eventos extremos son cada vez más frecuentes y de mayor impacto. No hay lugar para la negación, es un fenómeno que afecta a todo lo demás”, afirma Agostina Rossi Sierra, doctora en Biología y especialista en Biodiversidad de la organización Greenpeace.
Sin embargo, y pese a las evidencias y hasta a las pérdidas económicas que ocasionaron cada uno de esos eventos, en la COP30, la cumbre climática celebrada en Belém de Pará, Brasil, la escueta delegación oficial que envió el Gobierno argentino intentó pasar lo más inadvertida posible. “No hubo aportes de contenidos en las discusiones sobre las cuestiones más importantes, como el programa de transición energética justa, sino solo comentarios tangenciales”, resume Pía Marchegiani, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
“El país llegó a Belém sin presentar la actualización de sus compromisos climáticos -Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC)-, sin metas claras y sin una hoja de ruta climática pública y a la altura de las circunstancias”, señalaron a su vez en un comunicado conjunto 16 organizaciones de la sociedad civil. Mongabay Latam realizó sucesivos pedidos de entrevista con Fernando Brom, subsecretario de Ambiente de la Nación, para conocer su opinión sobre este y otros temas, sin obtener ningún tipo de respuesta.
En todo caso, la actuación de la delegación argentina en Belém fue coherente con el resto de la política ambiental del Gobierno nacional. Negacionista de la intervención humana en las cuestiones climáticas, el presidente Javier Milei está convencido de que la conservación del medio ambiente es una limitación para el desarrollo económico en un país que, según su mirada, necesita inversiones extranjeras para salir de la profunda crisis financiera en la que continúa inmerso. Por eso, desde su asunción, en diciembre de 2023, todos los asuntos relacionados con el cuidado ambiental sufren un recorte financiero que afecta sus actividades. El triunfo logrado por el oficialismo en las elecciones legislativas de octubre amenaza con reforzar esta tendencia.
Algunas cifras ofrecidas en el Monitor Ambiental del Presupuesto que elabora Matías Cena Trebucq, economista ecológico e integrante de FARN, permiten verlo con claridad. El presupuesto dispuesto para la Subsecretaría de Ambiente en 2025, medido en valores constantes, fue un 68.9 % más bajo que el gasto ejecutado en 2023; el de la Administración de Parques Nacionales cayó un 40.1 % en el mismo período; el destinado al Sistema de Áreas Marinas Protegidas se redujo en un 28.1 %; el del fomento a las energías renovables y la eficiencia energética, bajó un 78 %.
Lo mismo ocurre con las partidas destinadas al cuidado de los bosques y la biodiversidad, la protección de los derechos de las comunidades indígenas o la tarea de los institutos que se ocupan de la prevención meteorológica, sísmica o de incendios.
“Los fondos que ordena repartir la Ley de Bosques se entregan a las provincias en cuentagotas, no llega financiamiento específico de cooperación para temas ambientales y alguno que está vigente, como el que le otorgó el Banco Mundial a la Administración de Parques Nacionales, no se ejecuta en su totalidad”, comenta Paula Soneira, exsubsecretaria de Ambiente de Chaco. El resultado de los recortes se refleja también en el inicio o continuidad de proyectos en materia de biodiversidad. “Nadie tiene dinero para salir al campo a realizar muestreos y, como mucho, la mayoría se contenta con sostener sus equipos funcionando al mínimo”, asegura Soneira.
Lo grave: megaminería, el nuevo Rey Midas
El otro pilar donde se apoya el accionar gubernamental es la invitación a las principales compañías internacionales para que desarrollen sus negocios en Argentina, en especial en los sectores de minería e hidrocarburos. “Todo lo que se fue armando en estos dos años comienza a concretarse en la realidad”, señala Marchegiani, quien hace hincapié en que cada vez son más numerosos los proyectos que buscan beneficiarse del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), creado para atraer empresas a partir de reducciones impositivas, aduaneras y para la importación de insumos.
La mayoría de dichos emprendimientos apunta a la apertura de yacimientos de metales -cobre, oro, plata-, a destilar el litio de los salares del Altiplano y, últimamente, al hallazgo de las denominadas tierras raras. También a multiplicar la extracción no convencional de gas y petróleo en el yacimiento de Vaca Muerta para destinarlo a la exportación. En todos los casos, dejando en segundo plano los efectos sobre ecosistemas y personas que habitan esas zonas.
“A principios de noviembre aparecieron peces muertos en el dique Cuesta del Viento, en San Juan. La comunidad de Jáchal denunció un posible derrame de la mina de oro de Veladero y solicitó análisis de metales pesados en las aguas, pero las autoridades locales ignoran el pedido”, informa Rossi Sierra.
La minera, perteneciente a las empresas Barrick Gold (canadiense) y Shandong Gold (china), registra más de una decena de vertidos de mercurio y cianuro en los últimos diez años aunque nunca fue sancionada por la Justicia. En este caso emitió un comunicado deslindando responsabilidades: “Veladero informa que cumple con sus compromisos de calidad del agua”, sostiene, y agrega que “no existe ningún vínculo entre los peces encontrados en el Dique Cuesta del Viento y el funcionamiento de la mina”. Basa su posición en el resultado de “monitoreos ambientales realizados en distintos puntos de control y analizados por laboratorios externos certificados”.
San Juan, Mendoza, Catamarca, Salta y Jujuy son, justamente, las provincias que concentran la mayor cantidad de proyectos mineros y donde se suceden los actos de protesta contra la megaminería.
En 2025, Mendoza fue escenario de la detención de dos activistas ambientales -Mauricio Cornejo y Federico Soria-, opositores al proyecto de cobre San Jorge y acusados de “pertenecer a una organización que busca imponer sus ideas por el terror”. En estos años, el Servicio de Inteligencia del Estado fue el único que incrementó sus ingresos (un 19.2 %), y el Plan de Inteligencia Nacional 2025 incluyó un apartado referido a la “vigilancia sobre conflictos socioambientales”, explícitamente contrario a lo que establece el Acuerdo de Escazú al que adhiere Argentina.
El próximo paso de esta auténtica “fiebre minera” ya lo anunció el propio presidente Milei. Será una propuesta de “flexibilización” de la Ley de Glaciares. Promulgada en 2010, la norma bloqueó 44 proyectos mineros en montañas con cuerpos de hielo. “Modificando esa ley estaríamos rifando el agua de los argentinos”, sostiene Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA). “Defender la modificación regresiva de una ley de este tipo es confesar que se quiere la destrucción de los glaciares”, dice.
El ajuste de la norma pretendería, según los borradores previos, que los glaciares menores a una hectárea y los ambientes periglaciales dejen de ser áreas protegidas , a pesar de que “los científicos les otorgan un rol hídrico y ecosistémico relevante”, apunta Agostina Rossi Sierra. En la zona central de los Andes argentinos -Mendoza y San Juan- hay registrados 1400 glaciares, la mayoría de una extensión menor a una hectárea.
Lo alarmante: hidrocarburos, de la meseta al Atlántico
En los primeros días de noviembre, la soldadura del último caño completó la llegada a la costa marítima del oleoducto Vaca Muerta Sur: 437 kilómetros de acero que llevarán el producto que se extraiga en los pozos del yacimiento homónimo directamente a las bodegas de los buques para ser distribuido por el mundo.
El acontecimiento es una auténtica carta de presentación de la política del Gobierno. La sociedad ejecutora debe su creación a los beneficios del RIGI. El oleoducto ratifica la apuesta por los combustibles fósiles como principales fuentes de energía y la obra aprovecha varias de las herramientas legales que las provincias de Río Negro y Neuquén fueron modificando (o derogando) en los años previos. “El RIGI le dio cobertura nacional a todos los proyectos que el Gobierno provincial ya venía facilitando”, dice Hugo Aranea, werkén (portavoz, en lengua mapuche) de la Coordinadora del Parlamento mapuche-tehuelche de Río Negro.
Las tareas extractivas de Vaca Muerta acumulan quejas diversas. Desde microsismos cotidianos causados por la violencia con que se inyectan las arenas y las aguas para provocar la fractura de la tierra a la contaminación por derrames. El 22 de octubre, por ejemplo, se produjo la rotura de un ducto en una instalación situada a escasa distancia del lago Mari Menuco. Este embalse artificial es el principal abastecedor de agua de dos cuencas fluviales a cuyas orillas se levantan la ciudad de Neuquén, parte de su periferia, y numerosas localidades del Alto Valle del Río Negro, principal zona frutícola de Argentina. La Confederación Mapuche de Neuquén informó que varias de las comunidades indígenas de la zona pudieron observar a simple vista la nube tóxica que se originó, así como los charcos de petróleo en las orillas del lago.
Los descendientes de pueblos originarios sufren de diferentes formas las actividades en el complejo Vaca Muerta. “La explotación se realiza de espaldas a las comunidades, sin consulta ni consentimiento previo, libre e informado”, señala Silvina Ramírez, abogada especialista en derechos indígenas, en un informe presentado en agosto titulado Los pueblos indígenas en la Argentina de la derecha libertaria.
Ha sido un año difícil para todos esos pueblos. “Cuantos más proyectos RIGI se aprueban, más fallos judiciales en contra de los derechos indígenas se dictan”, dice Pía Marchegiani. Esas familias y comunidades viven en tierras que ocuparon sus ancestros, pero nunca han conseguido que el Estado les reconociera títulos de propiedad sobre las mismas.
La abolición por decreto en diciembre de 2024 de la ley que impedía el desalojo de esos grupos de población incentivó la presentación de demandas por parte de quienes poseen estos títulos. “Se les abrió la puerta a los negocios forestales, mineros, inmobiliarios y turísticos. Estamos enfrentando un modelo político, económico y jurídico diseñado por los grandes bloques, y nosotros -el territorio y las personas- somos la zona de sacrificio dentro de ese modelo”, explica Aranea.
La comunidad mapuche Pailako se asentaba en un sector del actual Parque Nacional Los Alerces, en Chubut. En enero, se produjo su desahucio y un mes más tarde, durante los incendios que azotaron el área cordillerana y sin pruebas que lo corroborasen, sus miembros fueron acusados por las autoridades provinciales de provocar el fuego de manera intencional.
Hechos similares se sucedieron en el transcurso del año en Formosa, Jujuy, Tucumán y los distritos patagónicos. “Las amenazas y los desalojos efectivos son cuestiones de todos los días. Si a ello se le suman los procesos judiciales por usurpación, las comunidades indígenas hoy están sometidas a una persecución judicial que es coherente con el sesgo ideológico del Gobierno”, concluye Ramírez en su informe, un sesgo que también incluye criminalización y estigmatización.
Lo preocupante: algo se mueve en el interior del bosque
Se llamaba Acaí (“cabeza pequeña”, en idioma guaraní), y era una hembra de yaguareté o jaguar (Panthera onca) que había nacido libre en el Parque Nacional Iberá, en Corrientes. En abril de este año fue llevada al Parque Nacional El Impenetrable, en Chaco. Allí, la Fundación Rewilding Argentina monitorea un proyecto de reintroducción de la especie en la región del Gran Chaco, donde su presencia se encuentra en estado crítico.
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Acaí fue liberada el 5 de octubre con un collar GPS que controlaba sus movimientos. Veinte días después, el collar dejó de dar señales de desplazamiento, indicio claro de que había sido asesinada. Su cuerpo todavía no fue hallado, tampoco el collar y mucho menos los culpables.
La noticia truncó la progresión de un año positivo para el felino depredador tope de Argentina. “Fue un motivo de tristeza, pero no es más que una adversidad en el camino. Vamos a redoblar la apuesta, a traer más yaguaretés, a trabajar más fuerte en educación ambiental para que esto no vuelva a pasar”, afirma Marisi López, responsable de Relaciones Institucionales y vocera de la institución.
Acaí era la cuarta hembra reintroducida por Rewilding en Chaco y formaba, junto a tres machos y un cachorro -hijo de Nalá, otra hembra liberada en 2024-, el plantel de individuos monitoreados en la zona. “Van a aparecer más, porque son atraídos por las hembras”, sostiene López.
Con poblaciones estables en las Yungas (selvas de montaña en las provincias de Jujuy y Salta) y en Misiones, el jaguar ha tenido un crecimiento exponencial en Iberá, donde el proyecto de Rewilding posee su cabecera. “Hace cinco años estaba extinto; ahora hay 42 individuos registrados en libertad”, informa López.
El Gran Chaco argentino, donde fue asesinada Acaí, es la ecorregión donde cada año se alcanzan las tasas de deforestación más altas del país. En 2025, y según datos aportados por Greenpeace (único reporte existente, ya que la acéfala Dirección de Bosques de la Nación ha dejado de proporcionarlos), fueron desmontadas ilegalmente 41 928 hectáreas de bosque nativo entre enero y junio en tres provincias: Santiago del Estero, Salta y Chaco (todavía no se conocen las cifras de Formosa, el cuarto distrito del área).
También es el lugar donde se libran las más duras batallas judiciales sobre el tema, algunas de ellas con resultados favorables. La última fue la decisión de mantener en el ámbito de la Justicia Federal el proceso abierto por Abogados Ambientalistas contra la denominada “mafia del desmonte”, empresarios de la industria forestal que alternan o compaginan sus intereses comerciales con puestos en áreas del Gobierno de la provincia de Chaco desde donde deberían velar por la protección del bosque.
“La misma jueza que había aceptado el caso en 2024 había decidido declararse incompetente y traspasarlo a la Justicia provincial, donde la impunidad hubiese estado casi garantizada, pero la Cámara de Casación [un tribunal superior] entendió que la deforestación excede el territorio del Chaco, tiene efectos sobre toda la región y revocó su decisión”, explica Enrique Viale.
Al mismo tiempo, la jueza intentó anular una medida cautelar que desde 2020 prohíbe cualquier tipo de desmonte en la provincia. Si bien se cumple solo de manera parcial, la apelación de los abogados logró por ahora mantenerla vigente.
Lo positivo: las buenas noticias llegaron por mar
Nadie lo esperaba, pero durante tres semanas el Mar Argentino se convirtió en protagonista televisivo para brindar la mejor noticia ambiental del año. Del 23 de julio al 11 de agosto, el programa más visto fue el streaming de una misión científica liderada por científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en colaboración con el Instituto Oceanográfico Schmidt.
Medio país se sumergió con ellos hasta los 3500 metros de profundidad del Cañón Mar del Plata, situado sobre el talud continental. Las imágenes de corales, erizos, pulpos, peces o estrellas de mar despertaron el asombro y la emisión terminó alcanzando los 18 millones de visualizaciones.
Pero además del éxito mediático, y merced al trabajo del vehículo (ROV) SuBastian, que operado remotamente permitió capturar imágenes en ultra alta definición y recolectar muestras sin alterar el entorno, los científicos calculan haber descubierto unas 40 especies nuevas: “Ahora estamos reconociendo y describiendo todo lo que vimos. Es una etapa que nos puede tomar meses o años”, explica Daniel Lauretta, jefe de la expedición.
En esos mismos días, aunque unos mil kilómetros más al sur, el Laboratorio de Mamíferos Marinos del Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos de Puerto Madryn daba a conocer otra buena noticia: su estudio anual de ballenas francas australes (Eubalaena australis) alcanzaba la cifra de 2110 ejemplares, el número más alto de la historia.
Mariano Sironi, director científico del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), evalúa el registro como una ratificación de una “tendencia positiva”, aunque apunta dos salvedades: “La temporada próxima puede haber varios centenares menos y no sería preocupante. La población que migra entre Argentina y Brasil se estima en unos 6000 ejemplares y no todos vienen cada año. Y por otra parte, la tasa de crecimiento anual ha mermado. Hace 55 años, cuando empezó a hacerse el estudio, era cercana al 7 % anual, ahora estamos en el 3 o 4 %”.
Sironi señala el cambio en el intervalo de tiempo entre pariciones de las hembras como posible razón para el enlentecimiento: “Normalmente es de 3 años, pero ahora vemos que es de 4 o 5, tal vez debido a la reducción en la disponibilidad del krill que se deriva del cambio climático. Al alimentarse peor, las hembras no engordan lo suficiente como para quedar preñadas en los plazos naturales”, concluye el científico del ICB.
Unos meses antes, en abril, y todavía algo más al sur, el Gobierno de Chubut sumó otra novedad alentadora, la creación del Parque Provincial Patagonia Azul. Situado en el litoral atlántico, la nueva área protegida ocupa 295 135 hectáreas, de las cuales el 86.5 % se ubica en el mar, y está incluida en la Reserva de la Biosfera del mismo nombre, un espacio de 3.1 millones de hectáreas que la Unesco también declaró este año.
El lugar reúne mamíferos marinos; trece especies de aves que nidifican en 21 zonas de cría; peces y moluscos en las aguas y el litoral; y maras patagónicas, guanacos o choiques en las bahías, caletas, unas 60 islas y una larga franja de estepa que componen la tierra firme del lugar.
Claro que no todo podía ser perfecto. El cierre del año vio crecer en Tierra del Fuego la posibilidad de modificar el régimen que desde 2021 prohíbe la acuicultura en toda la isla, con especial énfasis en la cría del salmón. Las autoridades pretenden reflotar el proyecto y restringir la inhabilitación solo al área del Canal de Beagle. La medida está pendiente de tratamiento en la legislatura local y promete duras discusiones.
Aunque las mayores preocupaciones se centran en el golfo San Matías, un santuario para la ballena franca austral, otros mamíferos marinos y las aves costeras. En 2022, la provincia de Río Negro derogó la ley que lo mantenía al margen de cualquier proyecto de transporte de hidrocarburos para permitir la construcción de un puerto petrolero en el punto de llegada del oleoducto Vaca Muerta Sur y la instalación de buques para realizar el proceso de licuefacción de gas.
Este año, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) exhortó a restablecer la protección ambiental, pero las obras prosiguen inalterables. “Es un impacto que todavía está por venir”, dice con tristeza Mariano Sironi. Será una nueva deuda ambiental que Argentina sumará a partir de 2026.
Imagen principal: una cámara trampa capturó una imagen de Acaí, la jaguar o yaguareté liberada. Poco después, se le perdió el rastro. Las autoridades han lanzado una millonaria recompensa por información sobre sus asesinos. Foto: cortesía Rewilding Argentina
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