- “Decepción” es la palabra que organizaciones y defensores ambientales utilizan para referirse al gobierno de Gabriel Boric y su último año de mandato.
- Expertos en conservación advierten un retroceso de la institucionalidad ambiental aunque el Gobierno lo niega.
- Preocupa la creciente hostilidad hacia quienes defienden la naturaleza y la instalación de un discurso colectivo en el que lo ambiental se considera enemigo del desarrollo del país.
- Lo bueno de este último año: finalmente se creó el Servicio Nacional Forestal (Sernafor).
Hace un año, una fuerte tensión en torno a la supuesta disyuntiva entre medio ambiente y desarrollo económico ya había marcado la agenda ambiental del país. El bajo crecimiento económico presionaba la gobernanza ambiental en vista de que el sector empresarial argumentaba que la excesiva burocracia en la tramitación de permisos ambientales, a lo que le acuñó el término de permisología, mantenía paralizada la inversión. Este 2025, la tensión escaló y, en el forcejeo, el medio ambiente no salió ganador.
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Con el objetivo de agilizar las autorizaciones para destrabar la inversión el Gobierno promulgó en septiembre la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que permitirá reducir los tiempos de tramitación de permisos entre un 30 % y un 70 %. Aunque el Gobierno asegura que ello se hará “sin disminuir los estándares ambientales”, expertos en conservación y medio ambiente no opinan lo mismo. Si bien reconocen que la modernización administrativa es necesaria, prevén que la ley permitirá un relajo en las medidas adoptadas para prevenir impactos, aumento de conflictos con las comunidades y mayor impunidad.
La medida llega, además, en medio de un ambiente de decepción por la presidencia de Gabriel Boric, que termina su mandato en marzo próximo y que durante la campaña presidencial prometió dirigir “el primer gobierno ecologista”.
Aunque durante su administración nació el tan esperado Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Servicio Nacional Forestal (SERNAFOR) —dos organismos clave que estaban pendientes para terminar de instalar la gobernanza ambiental— expertos recuerdan que se trata de proyectos de Estado, fruto del esfuerzo de distintas administraciones con distintas tendencias políticas.
Que el Gobierno termine sin haber logrado retirar las concesiones salmoneras de las áreas protegidas, una promesa que planteó el Presidente durante su campaña y al inicio de su mandato, es una de las grandes decepciones. Además, en vista del escenario político actual, no será una idea que se retome en el corto plazo. Pero lo que más preocupa es la percepción de un retroceso generalizado de lo ambiental en la toma de decisiones y la peligrosa instalación de un discurso que coloca a la protección del medio ambiente como enemigo del progreso del país.
El 14 de diciembre, los chilenos votarán en segunda vuelta quién será su próximo presidente o presidenta: si Jeanette Jara, del Partido Comunista, o José Antonio Kast, representante de la derecha y al frente del Partido Republicano. A un lado y al otro del espectro político, “el tema ambiental es sumamente secundario, dramáticamente anexo, muy pro desarrollo industrial sin consideraciones ambientales en todos los casos y, en ese sentido, muy preocupante. El tema ambiental no es tema para quiénes quieren dirigir el país”, resume Flavia Liberona, Directora ejecutiva de Fundación Terram.
Lo preocupante: la ley motosierra y el peligro del retroceso institucional
En Chile, cuando un proyecto ingresa al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) no solo debe cumplir con los requerimientos específicos que requiere una evaluación ambiental, como el establecimiento de la línea base que describe detalladamente la situación en la que se encuentra el territorio antes de la ejecución de la obra o las medidas de mitigación, reparación y compensación que se realizarán. Pero, además, el proyecto también requiere cumplir con una serie de Permisos Ambientales Sectoriales (PAS).
Los PAS son autorizaciones especializadas que un proyecto debe obtener de distintas entidades del Estado. Esto significa que para que un proyecto pueda recibir la aprobación final para operar, primero debe demostrar a la autoridad ambiental que cumple con los requisitos técnicos de protección del medio ambiente de cada sector involucrado. Por ejemplo, en el sector de la minería, una empresa que planea construir un depósito de relaves necesita el PAS del Servicio Nacional de Geología y Minería, certificando la estabilidad y seguridad técnica del depósito para prevenir desastres.
Otro ejemplo: en el sector de aguas y sanidad, si una compañía planea levantar una planta de tratamiento de aguas servidas, requerirá un PAS del Ministerio de Salud que verifique que el diseño y el proceso de descarga cumplen con todas las normas sanitarias y no causarán contaminación. Estos permisos son, en esencia, la prueba de que el proyecto cumple con las normas de cada sector, de ahí el término “permisos sectoriales”.
Es por eso que cada estudio de impacto ambiental tiene, generalmente, más de 1000 páginas. Eso genera que su evaluación sea lenta y engorrosa. Incluso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha advertido sobre este problema. También lo ha hecho el Departamento de Estado de Estados Unidos, señalando en su informe sobre clima de inversión que “los procesos de obtención de permisos ambientales, los requisitos de consulta indígena y los engorrosos procedimientos judiciales han hecho que las aprobaciones de grandes proyectos sean cada vez más lentas e impredecibles, especialmente en casos políticamente delicados”.
Para acelerar el proceso de evaluación, la ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, promulgada en septiembre, modifica 380 autorizaciones sectoriales que pertenecen a 37 servicios y 16 ministerios distintos. Una de las medidas es introducir una serie de herramientas que buscan aumentar la eficiencia del proceso, entre las que destacan las Técnicas Habilitantes Alternativas (THA). Estas permiten reemplazar ciertos permisos de bajo riesgo por declaraciones juradas o avisos, habilitando así el inicio de las actividades sin revisión previa, pero con la obligación de ser fiscalizadas posteriormente.
Este es uno de los aspectos que más preocupa a los ambientalistas. “Las declaraciones juradas son cuestiones mucho más sencillas y, por lo tanto, no necesariamente van a recoger la complejidad de los proyectos que se quieren ejecutar”, explica Ezio Costa, abogado especializado en derecho ambiental, subdirector del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile y director ejecutivo de la ONG FIMA.
Según Sara Larraín, directora del Programa Chile Sustentable, “al eliminar los permisos sectoriales y reemplazarlos por una declaración jurada, donde las empresas se comprometen a cumplir con la norma, se le quita atribuciones al Estado para prevenir daños ambientales o daños sanitarios que finalmente se generan porque hay un daño ambiental, como, por ejemplo, que se contamine un río completo”, explica la experta. Además, “contradice todo el sentido de la ley marco de medio ambiente, que es justamente instalar el principio precautorio para evitar que las actividades industriales o extractivas puedan generar daños ambientales”, agrega. En su opinión, la ley contradice 30 años de regulación. “Es un retroceso normativo regulatorio. Grave, gravísimo”, insiste.
Por todas estas razones, esta controvertida ley fue bautizada por los ambientalistas como “la ley motosierra”.
En respuesta a esta preocupación, el Ministerio de Economía, gestor de la normativa, dijo a Mongabay Latam que la ley “impide que se utilicen técnicas habilitantes alternativas en casos en que existan riesgos significativos al medio ambiente o a la salud de las personas”.
De hecho, quedó pendiente determinar en el reglamento de la ley cuáles serán las actividades y proyectos que van a poder ser aprobados mediante estas otras técnicas habilitantes. En ese sentido, según Lorena Arce, coordinadora del Programa de Biodiversidad y Alternativas al Desarrollo del Observatorio Ciudadano, “ahí hay todavía un espacio importante de trabajo para poder poner los compromisos ambientales dentro de las evaluaciones”.
El Ministerio también sostuvo que la ley no pone en riesgo el resguardo de la naturaleza puesto que “el uso de técnicas habilitantes alternativas no exime a los titulares de cumplir a cabalidad con las condiciones, requisitos y demás exigencias establecidas en la normativa sectorial respectiva”. Es decir, dice, “el estándar aplicable a los proyectos o actividades no cambia y tampoco relaja el régimen de responsabilidad en caso de infracciones normativas por parte de titulares de proyectos sometidos al régimen de técnica habilitante alternativa”. Además, agregó que “la norma establece la revocación [de la autorización estatal] como sanción administrativa disponible para el órgano sectorial en caso de infracción a la regulación y sanciones penales en caso de uso fraudulento y elusivo”.
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El problema, insiste Larraín, es que los órganos sectoriales, al no haber revisado el proyecto con anticipación sino confiado en la declaración jurada donde las empresas se comprometen a cumplir con la norma, “podrían actuar bajo hechos consumados cuando ya se produjo el daño. Lo que es gravísimo”.
Es por eso que los expertos coinciden en que es muy probable que aumenten los conflictos socioambientales y la impunidad ante eventuales desastres. “La manera en que funciona la Superintendencia del Medio Ambiente y los organismos fiscalizadores en general tiene que ver con la existencia de cierta información que no necesariamente ahora van a tener”, explica Costa. “No teniendo esa información, lo que puede producirse es que en un mediano plazo haya daños mayores a las personas y al medio ambiente y que esos daños sean más difíciles de perseguir”, agrega.
Los proyectos mineros son los que sin duda generan más preocupación entre ambientalistas por lo irreversible que pueden llegar a ser los impactos asociados a esta actividad. Pero también la producción de nuevas energías, particularmente de hidrógeno verde, dado que aún estas actividades no cuentan con un marco normativo y se desconocen los impactos que pueden tener.
Lo malo: creciente hostilidad hacia organizaciones y defensores
Sin excepción, las principales organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la conservación del medio ambiente en Chile advierten una creciente hostilidad hacia ellas por parte de gremios industriales y parlamentarios.
“Nos resulta preocupante el foco en el que se centran las críticas, muchas veces apuntan a organizaciones como la nuestra haciendo afirmaciones falsas, por ejemplo, diciendo que nuestra misión principal es detener la economía del país u oponernos a cualquier actividad”, señalan desde Oceana, una organización que busca promover políticas públicas basadas en ciencia para proteger el océano.
Incluso el Ministerio de Medio Ambiente reconoció a Mongabay Latam que han observado “con preocupación este fenómeno” y que lo reconocen “como un problema real para la democracia ambiental en Chile”. “Nuestra postura es clara —respondieron en un correo electrónico— no existe desarrollo sostenible posible si quienes levantan la voz por sus territorios lo hacen bajo amenaza o miedo. Sabemos que hay brechas y casos dolorosos y por eso seguimos empujando, junto a otros organismos del Estado y la sociedad civil, el Plan Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú”. Se trata de “una política de largo plazo que se actualizará periódicamente para ir avanzando en la protección de los derechos a acceder a la información ambiental, a participar en las decisiones ambientales y al acceso a la justicia”.
Lorena Arce, del Observatorio Ciudadano, identifica un posible hito de origen de esta creciente hostilidad. Se trata de uno de los mayores escándalos políticos del último tiempo, conocido como Caso Convenios o Caso Fundaciones, que estalló en 2023 por el traspaso irregular de millonarias sumas de dinero público hacia más de 50 fundaciones y organizaciones de la sociedad civil principalmente vinculadas a vivienda, urbanismo y desarrollo social.
Las indagatorias de la Fiscalía y la Contraloría se centran en la existencia de presuntos vínculos políticos e ideológicos entre funcionarios públicos que autorizaron los traspasos y los representantes de las fundaciones beneficiadas. Actualmente la Fiscalía mantiene más de 100 causas judiciales abiertas y varios funcionarios públicos, así como representantes de fundaciones, han sido formalizados por posibles delitos como fraude al fisco, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.
Por otro lado, ese mismo año, la industria salmonera criticó fuertemente la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, dado que dicha entidad exigía nuevos requisitos para el otorgamiento de concesiones al interior de áreas protegidas. Dichos requisitos dejaban en espera una serie de solicitudes que la industria estaba tramitando para obtener nuevas concesiones para criar salmones al interior de reservas marinas. Esto, a pesar de que la ciencia ha insistido sobre los impactos negativos que esta actividad tiene sobre los ecosistemas marinos.
“Cuando un país requiere inversiones y crecimiento económico, no se entiende que en paralelo se dicten normas que inyectan incertidumbre e incerteza a un sector productivo”, señalaban desde Salmon Chile, la asociación que reúne a las principales empresas productoras y proveedoras de salmón en el país. Parlamentarios de oposición, por su parte, acusaron al Gobierno de buscar imponer su ideología por vía administrativa.
Al año siguiente, en 2024, las controversias continuaron en torno a la industria salmonera, que arremetió contra la creación de Espacios Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO), una figura de protección que busca conservar los territorios costeros marítimos de las comunidades que hayan podido demostrar usos consuetudinarios sobre ellos. La industria volvió a calar en la opinión pública con argumentos que fueron demostrados falsos, como que los ECMPO obstaculizarían sectores productivos, incluidos la pesca artesanal.
Esta serie de eventos y controversias han ido construyendo un discurso colectivo que este 2025 adquirió mayor fuerza. “Lo ambiental pareciera ser lo que molesta, lo que entorpece, lo que ralentiza el crecimiento económico y ahí se han ido fortaleciendo todos estos discursos en contra de las ONG ambientales: que son radicales, que están ideologizadas. En vez de valorar la importancia que tiene la dimensión ambiental en el desarrollo, lo han ido sacando de la discusión”, sostiene Lorena Arce.
Ezio Costa agrega que a todos estos hechos se suman “campañas de desprestigio que han sido empujadas por parte de algunas industrias que además lo hacen con total impunidad y lo hacen presentando información incompleta y desinformación para generar hostilidad en contra de las personas y organizaciones que protegen el medio ambiente”. Particularmente “la industria salmonera ha sido extremadamente agresiva con las organizaciones ambientales”, asegura Liberona.
Por eso, no pasó desapercibido que el primer debate presidencial se diera en el contexto del Salmon Summit, un encuentro que realiza Salmon Chile.
Mongabay Latam envió preguntas al gremio para incluir su versión, pero hasta la publicación de esta nota no obtuvimos respuestas.
Lo decepcionante: las salmoneras se quedaron en las áreas protegidas
Actualmente, más de 400 concesiones salmoneras existen al interior de áreas protegidas en Chile. Retirarlas fue una de las principales promesas ambientales del presidente Gabriel Boric. Pero a pocos meses de que acabe su mandato, el compromiso no se ha cumplido.
La operación de la industria salmonera en estos sitios ha sido motivo de debate durante años, debido a los impactos ambientales que tiene la actividad en los ecosistemas marinos de la Patagonia. Sin embargo, el retiro de las concesiones es complejo, ya que la legislación avala su presencia en algunas categorías de protección, como las reservas marinas.
Con la entrada en vigor del Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), las condiciones para entregar nuevas concesiones en estos sitios resguardados se robustecieron —de ahí la oposición de la industria a esta nueva entidad—. No obstante, la ley que crea esta nueva institucionalidad no afecta las concesiones que fueron otorgadas con anterioridad.
Abogados expertos en medio ambiente explican que, de todos modos, la presencia de la salmonicultura en áreas protegidas también era cuestionable desde el punto de vista de la legislación previa a la entrada en vigencia del SBAP. Y es que, aún si la ley permitía la salmonicultura en reservas marinas, la Contraloría de la República precisa que ésta debe hacerse siempre y cuando sea compatible con los objetos de conservación de cada área, es decir, que no afecte los ecosistemas y especies que la reserva busca proteger. Además, la normativa contradecía la Convención de Washington, un tratado suscrito y ratificado por Chile. Lo que es más grave, la ley nunca permitió la salmonicultura al interior de parques nacionales. Aún así, existen unas 19 concesiones al interior de áreas que tienen esta categoría de protección.
Estas controversias sumado a la evidencia científica que da cuenta de los impactos de la industria, un historial de desastres ambientales y malas prácticas, como la producción de salmones por sobre los límites permitidos, hacen que el retiro de las concesiones salmoneras de las áreas protegidas sea una de las principales peticiones del sector ambiental.
La promesa del presidente Boric fue esperanzadora para quienes buscan proteger los ecosistemas marinos de la Patagonia, que no solo son únicos en el mundo sino que cumplen un rol clave en la mitigación de la crisis climática.
“La verdad es que no hay ninguna voluntad de parte del Gobierno de sacar las concesiones”, dice Liberona.
El Ministerio de Medio Ambiente, sin embargo, reiteró a Mongabay Latam que “el futuro de las áreas protegidas en Chile no es compatible con una expansión de la salmonicultura en ellas”. En un correo electrónico enviado a este medio, explicaron que “Chile heredó un problema estructural, con cientos de concesiones de salmonicultura aprobadas hace décadas al interior o colindando con áreas protegidas” y que “resolver ese pasivo ambiental no es una decisión que se pueda tomar de un día para otro, ni depende exclusivamente del Ministerio del Medio Ambiente porque involucra a varios organismos”.
De todos modos, precisaron que “este Gobierno ha empezado a traducir esa convicción [la de eliminar las concesiones al interior de áreas protegidas] en cambios reales y no solo en anuncios. “Hoy el país cuenta con una nueva institucionalidad de biodiversidad y áreas protegidas [el SBAP] que refuerza los estándares para el otorgamiento y la renovación de concesiones. Queda camino por recorrer, pero la dirección es inequívoca”, indicaron.
Para la directora de Terram, hay “falta de voluntad” del Ejecutivo, lo que quedó de manifiesto, afirma, cuando el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura dio a conocer que habían 400 concesiones salmoneras que continuaban vigentes a pesar de que la autoridad tendría que haberlas caducado por no cumplir con las condiciones exigidas por ley.
Según la ley, una concesión puede ser caducada cuando no se han iniciado operaciones en un año y cuando se han paralizado dos años sin ninguna justificación. Según Liberona, “más de 20 [concesiones con causales de caducidad] están al interior de áreas protegidas y no ha caducado ninguna”.
La Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, que es el organismo que otorga las concesiones acuícolas en Chile, dijo a Mongabay Latam que “las organizaciones ambientalistas han señalado que cuando se genera un informe de no operación de una concesión de acuicultura lo que corresponde es que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas declare la inmediata caducidad de dicha concesión, pero esta afirmación es imprecisa”.
En las respuestas enviadas, la Subsecretaría precisó que “la legislación actual permite a los concesionarios obtener permisos de no operación vinculados a distintas circunstancias establecidas por ley, incluso por circunstancias vinculadas a la pandemia. Por lo tanto, cada vez que esta Subsecretaría recibe un informe de no operación en una concesión de acuicultura, debe verificar si existen o no permisos vigentes de no operación. En tal caso, la caducidad no debe ser aplicada”.
Según los datos que posee el Servicio, indicaron, “más del 80 % de las concesiones de acuicultura que no presentan operación poseen un permiso de no operación”. Además, agregaron que en 2024 se caducaron más de 340 concesiones acuícolas, aunque no precisaron cuántas son para la producción de salmones.
Lo bueno: la creación del Sernafor
Tras años de debate, propuestas y la urgente necesidad de modernizar la gestión de los ecosistemas terrestres, Chile finalmente dio luz verde a la creación del Servicio Nacional Forestal (Sernafor), una nueva entidad que reemplazará a la actual Corporación Nacional Forestal (Conaf) y elevará su estatus a servicio público descentralizado.
Este cambio no es meramente administrativo: responde a la presión de una agenda climática y de biodiversidad cada vez más exigente, donde la prevención de desastres y la restauración ecológica son urgentes. La iniciativa, que se concreta tras el devastador impacto de los incendios forestales de las últimas temporadas, busca dotar al Estado de una herramienta robusta, con facultades fiscalizadoras, de prevención de incendios y promoción de la sustentabilidad, permitiendo una acción más rápida y efectiva en la protección del patrimonio forestal del país.
La trascendencia del Sernafor radica precisamente en la transformación de sus capacidades legales. Mientras Conaf funcionaba bajo la figura de una corporación de derecho privado, limitando su acción sancionatoria, Sernafor operará como un servicio público dotado de facultades de fiscalizar y sancionar ante el incumplimiento de la normativa forestal y de prevención de incendios. Esto permitirá no solo la gestión técnica de recursos, sino la vigilancia estricta sobre el cumplimiento de planes de manejo, la tala ilegal y las obligaciones de manejo del fuego por parte de privados.
El entonces ministro de agricultura, Esteban Valenzuela, dijo durante la ceremonia en la que se celebró la promulgación de la ley, que son tres las principales tareas del Sernafor. “En primer lugar la preservación y también acompañamiento en procesos sustentables desde el punto de vista productivo del bosque nativo y de las formaciones xerofíticas de todo el centro norte del país”.
Al respecto, la publicación de la ley en el Diario Oficial precisa que el Servicio tendrá por objeto la protección, el fomento y la recuperación de os bosques y demás formaciones vegetacionales del país, así como el desarrollo de nuevos bosques.
En segundo lugar, Valenzuela indicó que el Sernafor tendrá la responsabilidad de “la prevención y mitigación de incendios forestales, en colaboración con bomberos, como una tarea de salvaguardia nacional y territorial”. De hecho, deberá elaborar un Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Incendios Forestales, que será obligatorio para todos los organismos o empresas que “deban dictar planes para la reducción del riesgo de desastres”, señala la publicación de la ley en el Diario Oficial.
En tercer lugar, Valenzuela sostuvo que el servicio “tendrá un importante papel en el fomento de la industria de la madera y nuestros bosques, que son parte clave de la matriz productiva del país y de nuestro aporte a la captura de carbono en los compromisos mundiales que tiene Chile frente al cambio climático”. En ese sentido, el servicio tendrá la responsabilidad de formular y ejecutar acciones que promuevan “la sustentabilidad del sector forestal, con énfasis en disminuir la degradación de los suelos, la desertificación y la sequía, así como a potenciar la mitigación y adaptación al cambio climático”, indica el Diario Oficial.
Este último punto es clave para abordar los impactos que la industria forestal tiene sobre los ecosistemas en Chile y la propagación de incendios, asuntos que los expertos en recursos forestales vienen desde hace años pidiendo sean abordados con urgencia.
Las expectativas sobre el nuevo servicio son altas. Se espera que el Sernafor articule de manera efectiva las políticas de conservación de la biodiversidad con las metas de reforestación y restauración de paisajes degradados. La visión es clara: pasar de una entidad reactiva a una proactiva y planificadora.
Imagen Principal: Huemul (Hippocamelus bisulcus), una especie de la Patagonia en peligro. Foto: cortesía Hernán Povedano / Rewilding Chile
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