En innumerables ocasiones, la abogada María Espinosa ha caminado ágil con sus botas de montaña desde la ribera del río Aguarico, por una empinada y resbalosa cuesta de tierra, hasta el centro comunitario de la comunidad a’i cofán de Sinangoe, en la Amazonía ecuatoriana. Allí se ha reunido con sabios, jóvenes y niños para acompañarlos en la defensa de sus derechos y su territorio, al que se le sobrepuso el Parque Nacional Cayambe Coca en 1970 y sobre el que se dibujaron concesiones mineras sin consultar al pueblo indígena.

Espinosa es abogada de la organización no gubernamental Amazon Frontlines. Además, es miembro de la Alianza por los Derechos Humanos. Es colombiana, pero desde hace 18 años vive en el caluroso norte de la Amazonía ecuatoriana.

Llegó al país para trabajar con la Red Ángel Shingre de defensores campesinos e indígenas de la provincia de Orellana, una de las que concentra más campos petroleros en el país. Se formaron, cuenta, con el apoyo del Vicariato de Aguarico y de la oficina de Derechos Humanos provincial y a partir del asesinato de Ángel Shingre, un dirigente antipetrolero histórico. “Empecé a conocer varias comunidades que hacían resistencia a la actividad extractiva y 18 años después, aquí me tiene”, dice.

A inicios de diciembre de 2025, el equipo de Mongabay Latam se dio cita con la defensora de derechos en Sinangoe para hablar sobre las victorias legales que ha liderado y que han contribuido a ampliar el entendimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de la naturaleza en Ecuador. El crecimiento del crimen organizado en la Amazonía le ha puesto un reto adicional: acompañar también a comunidades y guardias indígenas de Colombia y de Perú para abordar las problemáticas que los acechan desde una perspectiva regional.

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—¿Qué fue lo que inicialmente le llevó a dedicar su vida al litigio estratégico en defensa de los pueblos indígenas y de la naturaleza?

—No le dediqué mi vida al litigio, yo le dediqué mi vida a defender derechos humanos colectivos y de la naturaleza y uso el litigio como una herramienta más. Me llevó a eso la formación que recibí de mi padre, quien también es defensor de derechos humanos. También lo hizo el entender que gracias a estos pueblos y gracias a la forma en que han vivido, se han relacionado y han gobernado sus territorios, personas como usted y como yo todavía tenemos acceso a agua limpia, a alimento, a oxígeno y a estar vivos. Hay una obligación histórica, una corresponsabilidad histórica con estos pueblos.

—En estos 18 años, ¿qué aprendizaje le ha marcado más como defensora?

—Gente como él [señala al líder shuar Domingo Ankuash, que en ese momento se acerca para consultar sobre un proceso que la Fiscalía abrió en su contra y que ambos señalan como persecución], con esa dignidad, esa resistencia, esa solidaridad enorme. La gente que no tiene miedo ni reparo a andar, a compartir.

Indiscutiblemente tengo muchos apegos, afectos, historias de muchos niveles, de mucha alegría, de mucha resiliencia y otras muy dolorosas. Se me vienen muchos nombres, Diocles, Wilman, Rosa, David. Me marca la gente, me marcan las historias de vida con la gente.

—La sentencia del caso Sinangoe (2022) de la Corte Constitucional de Ecuador ordena que cualquier actividad extractiva en territorios indígenas pase por la consulta previa, libre e informada. ¿Qué hizo posible este precedente y qué desafíos persisten para la implementación?

—La decisión y la claridad colectiva de defender su casa y de que esta es su casa. Cuando llegué aquí, esta cancha cubierta no existía. Existía solo esa casita, el primer piso y acá había un techito. Aquí nos reunimos y yo me acuerdo que conversando con los mayores, yo les decía que este territorio es del Ministerio de Ambiente [Sinangoe está traslapada por el Parque Nacional Cayambe Coca]. La gente me miraba como “pobre, la María está mal”. Y me decían “no, esta es nuestra casa”.

Había un convencimiento profundo de que no necesitaban una escritura. El Ministerio en efecto era un actor que estaba por ahí, pero ni siquiera lo sentían cercano. Cada vez que yo intentaba tener una referencia en mi lógica occidental geográfica para entender su casa, la referencia se iba a la memoria de sus abuelos, a las largas caminatas que ellos habían tenido y a puntos cardinales de su territorio. Eso hizo clic en mi cerebro respecto de cómo estaban entendiendo su existencia en el territorio y cuál era su vocación respecto de defenderlo [en este caso, de concesiones mineras de las que conocieron monitoreando su territorio].

Ellos no me hablaban del medio ambiente, del impacto de la minería o la tala del árbol. Hablaban de cuidar su casa, no sólo del lugar que habitan físicamente, sino del lugar que ellos recibieron, porque en eso todos coincidían: “Llegamos aquí porque otros antes de nosotros llegaron y nos dejaron esta casa y nosotros tenemos la obligación de dejarla a otros”.

Entonces, esa visión integral del territorio, no como un objeto de uso, consumo, goce o disfrute, sino como su casa en la que coexisten, eso fue lo que hizo posible todo. Esa comprensión integral, digna, pero además para nada antropocéntrica. Eso lo hizo posible, la gente lo hizo posible.

—¿Qué desafíos existen para implementar el derecho al consentimiento previo?

—El único impedimento son los intereses gubernamentales, los intereses del presidente Daniel Noboa, los intereses de las empresas petroleras y mineras, los intereses corporativos para los que el derecho al consentimiento es una traba. Son los únicos que finalmente, de mil formas, intentan desdibujar el derecho, limitar el alcance del derecho o imponer que el derecho simplemente sea un mecanismo para la participación.

El ejemplo más claro es de hace dos días. En el Bloque 10 están aplicando consulta ambiental, cuando deberían estar aplicando la consulta previa, libre, informada. Aplican la ambiental porque tiene unos estándares, entre comillas, inferiores o menos desarrollados que los de la consulta previa. La Corte Constitucional ya ha advertido en varias oportunidades que la Asamblea tiene la obligación de legislar y mientras no legisle, la consulta previa tiene que ser implementada con los estándares más altos posibles versus la consulta ambiental que termina siendo más fácilmente instrumentalizada.

—¿Los pueblos indígenas tienen derecho a la consulta ambiental y a la consulta previa, o solo a la consulta previa?

—Los pueblos indígenas tienen derecho a la consulta previa, libre e informada. Por supuesto que pueden participar también de otros procesos de consulta, no sólo el ambiental, sino también mecanismos de consulta popular y otros. Pero su derecho, su pilar fundamental es el de la consulta previa, libre, informada, que se aplica para sujetos colectivos y al amparo de los 21 derechos colectivos.

Lo que sucede en el Bloque 10 es una clara inobservancia a las obligaciones constitucionales y una trampa clarísima por parte del Estado porque de los cuatro sujetos que ellos están convocando a consultar, tres son sujetos indígenas [son consultadas las organizaciones indígenas AKAT, Comunidad Shuar Washints y Comunidad Ceploa, además de la Colonia Bolívar, de conformación mestiza]. Entonces aquí no hay una buena fe por parte del Estado, no hay una implementación inicial de la consulta ambiental para luego hacer la consulta previa.

Aquí hay una decisión deliberada del Estado de desconocer las obligaciones de la consulta previa y de implementar la consulta ambiental como un mecanismo más rápido para imponer la actividad extractiva.

—Hace poco salió la sentencia constitucional del Caso Waorani, que también aborda la consulta previa y denuncia que el Estado no hizo una consulta válida para dar paso a la explotación petrolera en territorios waorani de Pastaza. ¿Cuáles son los puntos más importantes de esta sentencia y qué representa para el pueblo waorani?

—Circunscribo cada palabra del juez constitucional Raúl Llasag [la sentencia fue aprobada por la mayoría de jueces, pero con voto salvado de Llasag] en que es una sentencia escrita sin la escucha debida a los pueblos indígenas. Desconoce de manera estructural muchos de los elementos centrales de la forma de ver, pensar y sentir de los waorani. Esa es la primera cosa, que además es gravísima, porque quien dijo que el principio de interculturalidad es obligatorio para cualquier funcionario y en cualquier momento fue la Corte Constitucional y es la primera en violar sus propios estándares.

Lo segundo es que es una sentencia que dice resolver sobre casos análogos y no sobre el Caso Waorani. Eso también es profundamente grave porque el argumento de la Corte es que los hechos que ocurrieron en 2012 y que desencadenaron la acción de protección que presentamos y ganamos en 2018 ya se superaron y que el riesgo de la entrega de su territorio ya no persiste.

Sin embargo, nosotros entregamos en su momento a la Corte tanto el portafolio de proyectos del propio Gobierno como sus planes de prospección, explotación y licitación, pero la Corte resolvió no considerar esos elementos. Eso significa que si mañana la Ronda Subandina quiere ser implementada y van a volver a consultar a los waorani, todos estos hechos no van a ser considerados y tendremos que volver a iniciar de cero un procedimiento constitucional para salvaguardar o proteger sus derechos.

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—¿Qué revela el caso del derrame de petróleo en el río Coca en 2020 sobre el rol del Estado en la protección de los derechos territoriales y ambientales?

—Lo primero, que sigue siendo un Estado monocultural que entiende el derecho como una forma rígida de interpretar y que sigue siendo un sistema de Justicia fácilmente manipulable o que se deja cohesionar por el poder petrolero y por el poder estatal. Para ningún ser humano, por más pequeña que pueda ser su visión, cabía pensar que ahí no había un impacto.

Había un derrame de miles de barriles de petróleo sobre un río, teníamos imágenes de niños que salieron bañados de petróleo porque cuando fueron de madrugada a pescar, sus redes salieron con manchas de petróleo, teníamos peces muertos, gente que enfermó por consumir el agua o por no poder consumirla. Teníamos plantaciones muertas porque la gente normalmente en esa zona del río siembra sus chacras en las islas, donde la tierra es mucho más productiva. Esto, en un contexto de confinamiento por la pandemia, cuando la gente ni siquiera podía salir para obtener provisiones.

Y terminaron diciendo que ahí no hubo impactos. La Justicia terminó diciendo que todo lo que ahí ocurrió fue debidamente reparado. El proceso tuvo un montón de vicios porque el juez del caso, coincidencialmente, se enfermó y duró enfermo con el Covid más largo de la historia. Se obró el milagro y el señor se alivió el día que la petrolera terminó de hacer la reparación para terminar diciendo en su sentencia que en efecto hubo un derrame, pero que la petrolera se hizo cargo, ya está todo limpio.

Luego vinimos a la fase de apelación y ni siquiera quisieron escuchar a la gente. Otra vez, todos estos principios que desarrolló la Corte sobre la interculturalidad fueron inobservados y finalmente terminamos en la Corte Constitucional. La Corte dijo que el proceso debe volver a instancia porque las decisiones que tomó el juez de primera y el juez de segunda no están debidamente sustentadas y porque los plazos no fueron razonables respecto de justicia constitucional y respecto de los daños.

Cinco años después nos tienes empezando de cero, con todas las complejidades que eso tiene [la audiencia inició el 8 de diciembre y continuará el 19 de diciembre de 2025]. Una de nuestras teorías es que ese derrame fue previsible y fue evitable, porque dos días antes, la erosión regresiva del río Coca estaba avanzando y a menos de 150 metros de los oleoductos.

—Ha acompañado la formación de guardias indígenas. ¿Qué papel cumplen en la defensa del territorio y la gobernanza?

—Llevo ya muchos años haciendo un acompañamiento técnico. El acompañamiento consiste en informar respecto de cuáles son los derechos humanos colectivos que les asisten a ellos y a sus territorios y cuáles son los mecanismos legales o legítimos que pueden activar para la defensa de sus derechos. También consiste en escucharles para ayudarles a construir los mandatos territoriales, los planes de gobernanza, los mandatos de las guardias.

La guardia es un sujeto colectivo fundamental en la defensa de la vida y del territorio por las acciones de control, monitoreo y patrullajes de los territorios. Toda esa información se vuelca en lo colectivo para tomar decisiones para la gobernanza.

La guardia es un actor tejedor de redes. Este mecanismo de apoyarse, acompañarse, compartir información, compartir estrategias del cuidado del territorio, esa es la guardia, es un actor colectivo civil que defiende vida y territorio, que está mandatado por sus comunidades y que es fundamental cuando hay tantas amenazas que quieren acabar con el derecho colectivo y con la vida de los pueblos.

—¿Cómo describe las amenazas que enfrentan los defensores de derechos, las guardias indígenas, los líderes indígenas?

—Creo que defender derechos, defender el territorio, no debería costarnos la vida, no debería costar la libertad, pero es el costo que estamos pagando. Defender derechos humanos y colectivos en la Amazonía cada vez genera mayores riesgos, por los riesgos estatales, por la criminalización, por la persecución, por el uso abusivo del derecho penal o por todos estos otros actores no estatales que ejercen acciones de coerción, amenaza o atentados contra la integridad. Defender la vida en la Amazonía nos está costando la vida.

—¿Usted ha sufrido estos riesgos?

—En varias oportunidades he tenido que desplazarme a vivir fuera, sacar a mi familia por temas de criminalización penal y amenazas de muerte, amenazas contra mi integridad. Por eso decía que defender derechos nos cuesta la vida, la libertad, la integridad.

Pero también yo creo que es un indicador de que sí lo hacemos bien y es un indicador de que entonces el quehacer de la guardia y de quienes acompañamos la guardia incomoda al poder de turno. Es un trabajo que seguiremos haciendo porque tiene esos efectos positivos de proteger vida, de proteger territorio.

Respecto de la guardia ha habido una reacción sintomática, que es la criminalización posterior a los paros. Pasó luego de 2019, luego de 2022 y ahora en 2025. Se ha pretendido construir esta narrativa de guardia terrorista, subversiva, violenta y después de cada uno de estos paros se han iniciado acciones legales por delitos diversos. La mayoría de denuncias son puestas por partes policiales o por denuncias anónimas, como las de este año.

En ningún caso han prosperado porque nuestro quehacer es transparente, público, horizontal, colectivo, nada de lo que hacemos tiene un viso de criminalidad o de delito. Pero por supuesto, son cosas que desgastan, porque te obligan necesariamente a defenderte, a estar ahí en una relación de tensión con el Estado y con las instituciones que tendrían la obligación de protegerte y que son las que te terminan persiguiendo.

—¿Cómo ve los siguientes cinco o diez años en la Amazonía ecuatoriana y en la trifrontera con Colombia y Perú?

—Tengo un panorama bastante desalentador respecto de cómo van a avanzar los Estados. Hay una dinámica de una imposición de gobiernos de derecha y de extrema derecha, con todo lo que eso implica, no sólo en términos de derechos, sino de sus relaciones corporativas con las petroleras y con las mineras.

Hay una ocupación y un avance muy importante de grupos de crimen organizado. De aquellos que nacen de procesos de disidencia o que se conforman en torno al narcotráfico o al narcoparamilitarismo y que tienen sus intereses en la minería.

La frontera sigue siendo un lugar muy abandonado por el Estado. Entonces estos grupos se convierten en un paraestado con mucha facilidad y se imponen a partir de violencia. Sus decisiones se imponen a sangre y fuego. Creo que va a seguir siendo una zona con una amenaza multidimensional sobre territorios y personas. Creo que hay muchos desafíos para la guardia y ser guardia cada vez va a ser más riesgoso, pero cada vez más necesario.

Para el Estado, para los actores armados y para la comunidad internacional, los pueblos indígenas estorban cuando deciden ser autónomos, defender territorio y derechos y son buenos cuando resuelven ser funcionales a estos discursos del cambio climático y de la protección, pero para ninguno son sujetos plenos de derecho, autónomos y a los que hay que garantizar vida y derechos. Entonces, los desafíos para los pueblos son enormes.

—¿Qué se viene para usted en el futuro? ¿Va a seguir trabajando desde Ecuador con los pueblos indígenas?

—Yo soy defensora de derechos humanos y voy a seguir siéndolo. Mi vida tiene sentido cuando es una vida compartida y construida con otros, y cuando es una vida que aporta. Mientras yo pueda servir, aquí estoy y aquí me quedo. No sólo en Ecuador, para mí lo de las fronteras sigue siendo una imposición colonial. Mi compromiso es con los pueblos indígenas en la Amazonía y con ellos voy a estar indistintamente de la jurisdicción o de la lógica del Estado Nación.

—Describió un panorama bastante complejo. ¿Qué la mantiene motivada?

—Mi hija, porque creo en construir, aportar, ser parte concreta de un mundo diferente, de un mundo donde la vida digna no sea un anhelo, sino una constante. Eso se lo debo y lo hago por ella.

Imagen principal: en noviembre de 2025, María Espinosa acompañó a la delegación de autoridades waorani que volvió a la Corte Constitucional para exigir una vez más que no se decida sobre ellos sin escucharlos. Foto: cortesía Nicolás Kingman / Amazon Frontlines

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Emiliadelfino Editor/a

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