- Marcelo Giraud es geógrafo e investigador de la Universidad Nacional de Cuyo, además de miembro de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura.
- El experto es uno de los voceros centrales de la oposición a la minería en la provincia de Mendoza, Argentina.
- Allí, el Senado provincial aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, también conocido como San Jorge, para la extracción de este mineral para la transición energética.
- Pero en Mendoza, la sociedad se opone a la minería y advierte, junto a científicos, por los impactos en el agua.
Marcelo Giraud avala cada cosa que dice con un documento. Al cortar la llamada con Mongabay Latam desde la provincia de Mendoza, en la frontera argentina con Chile, envía cada uno de los informes académicos o científicos que sostienen por qué, junto a un amplio sector de su provincia, se opone a la minería y, en particular, al proyecto minero San Jorge, que busca explorar cobre en la zona de Uspallata.
Geógrafo e investigador de la Universidad Nacional de Cuyo y miembro de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, Giraud se ha convertido en uno de los voceros centrales de la oposición a esta actividad extractiva en Mendoza, donde este miércoles el Senado provincial aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, también conocido como San Jorge, en una provincia que le dijo no a la minería en años anteriores.
El Gobierno de Mendoza, que encabeza el gobernador Alfredo Cornejo, impulsa el proyecto y asegura que los pronósticos de sus detractores no se cumplirán. La discusión gira en torno al agua, en una provincia que atraviesa desde hace años una crisis hídrica, considerando que la minera necesitará altos niveles de agua.
El CEO de PSJ, Fabián Gregorio, dijo tras la aprobación en el Senado provincial: “Esta decisión institucional nos permite dar un paso más en un proceso que ha sido largo, transparente y profundamente participativo”. Ahora, agregó, “comienza una etapa de trabajo técnico de factibilidad, donde seguiremos construyendo el proyecto junto a la comunidad, las instituciones y los actores productivos”. Gregorio aseguró: “Nuestro compromiso es avanzar con responsabilidad, diálogo permanente y la convicción de que el desarrollo debe ser compartido por todos”.
Sin embargo, Giraud tiene otra información y explica en diálogo con Mongabay Latam cómo afectaría este proyecto y la minería a la sociedad mendocina.
—¿Cuáles son para usted los principales puntos que generan la oposición de la ciencia a este proyecto minero?
—En términos generales hay una cuestión: las múltiples incertidumbres científicas que subsisten luego de todo el trámite del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental a partir de la información suministrada por la empresa. Hablamos de características del proyecto tanto en sus líneas de base como en las características del proyecto a ejecutar, pero principalmente tiene que con lo que respecta al agua y a cuestiones del caudal del Arroyo del Tigre, los impactos y riesgos para la sociedad mendocina, debido a las características hidrogeológicas del Valle de Uspallata. La empresa no garantiza que no vaya a haber drenaje ácido de la mina que pueda contaminar el acuífero de Uspallata y, por lo tanto, el acuífero del río Mendoza. Ese impacto es justamente la contaminación de las aguas subterráneas, el impacto más difícil de identificar tempranamente y de poder remediar en caso de producirse.
—¿Cuáles son los estudios de la ciencia que demuestran los impactos de la minería en Mendoza?
—El proyecto San Jorge es una reformulación, con algunas modificaciones, de aquel proyecto que se presentó en septiembre de 2008 y que se tramitó en el Ejecutivo provincial hasta enero de 2011. Entonces, el Gobierno de Mendoza le dio la Declaración de Impacto Ambiental, pero la resistencia social a la minería el año electoral terminaron provocando que la Legislatura rechazara el proyecto el 24 de agosto de 2011. La empresa en aquella ocasión presentó los aforos [determinación de la cantidad de agua en cuerpos hídricos] realizados entre fines de octubre de 2008 y marzo o abril de 2010. Midieron años relativamente más húmedos que la media y no incluyeron ningún año seco. De ninguna manera les alcanzaría el agua para el proyecto que quieren hacer.
—¿Hay mucha menos agua de la que ellos necesitan?
—Exactamente.
—El Departamento General de Irrigación de Mendoza publicó este año el pronóstico de escurrimiento de caudales para los ríos de la provincia. El gobernador Cornejo asegura que ese informe garantiza que la minería no provocará escasez de agua en la provincia. ¿Cuál es su posición tras acceder al informe oficial?
—Los cálculos demuestran que si tenemos todo el invierno de escaso caudal, no les quedaría otra que cerrar la mina, suspenderla o hacerla funcionar a media máquina, cosa que en ningún lugar de del proyecto se plantea como posibilidad, o salir a pedirle al Departamento General de Irrigación que les autorice a bombear agua subterránea. Pero ellos dicen que la única fuente de agua va a ser de agua fresca, va a ser el arroyo del Tigre. Lo ocultan y no dicen nada de qué harían en este caso. La megasequía que empezó con las escasas nevadas del invierno 2010, con excepción de cuatro años, dura hasta la fecha.
De hecho, el propio Departamento de Irrigación se da cuenta de este problema con los caudales y en las instrucciones que le da la empresa, en las condiciones que le establece, le pide que presenten un plan de qué van a hacer cuando el agua no les alcance.
El Gobierno se cuidó muy bien, no mostró a la sociedad mendocina qué dicen varios informes científicos sobre el impacto de la minería.
—¿Qué sigue tras la sanción de la ley provincial en la Legislatura?
—Se vienen los recursos de amparo y la acción por inconstitucionalidad contra el proyecto por parte de equipos de abogados mendocinos que van a presentar ante tribunales de primera instancia y ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Aguas abajo del proyecto San Jorge vivimos un millón y medio de mendocinos. Tres de cada cuatro mendocinos dependemos del río Mendoza para riego y particularmente para el agua potable y, por lo tanto, la contaminación que se produzca allá arriba nos va a llegar tarde o temprano y quizás nos llegue tarde, cuando la empresa minera ni siquiera esté, cuando quizás ni siquiera nosotros estemos. Pero hay que tener un criterio de muy largo plazo, de sustentabilidad fuerte, no cortoplacista.
—¿Cuál ha sido el rol de la ciencia en las distintas etapas que ha atravesado el debate de la minería en Mendoza?
—Aquel proyecto, el que terminó siendo rechazado en 2011 ante los diputados, muchos de ellos no entendían cabalmente todas las objeciones. Pero hubo unos cuantos que sí se pusieron a estudiar en serio la declaración de impacto ambiental presentada en aquel momento. Y aquella declaración de impacto ambiental era también una guía condicionada, como decimos en la jerga, del mismo modo que lo es la que se ha presentado ahora, que es más laxa que la de 2011, establece varias condiciones menos severas, menos estrictas que la de 2011. En aquella ocasión, el dictamen sectorial de la Universidad Nacional de Cuyo fue muy fuerte. El Consejo Provincial del Ambiente, que me tocó representar entonces, también fue un dictamen negativo. Pero ahora, ¿qué sucedió? A lo largo del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental han ocurrido una serie de cuestiones bastante lamentables.
Muchos mendocinos y los propios legisladores no conocen en detalle cómo es la cuestión científica respecto de esto. Yo me pongo en el pellejo de un legislador oficialista al cual le presentan el informe final único de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera, que se supone es el último informe producido a lo largo de todo el expediente de trámite de la Evaluación de Impacto Ambiental y ese informe final dice que prácticamente está todo bien cumpliendo algunos requisitos. Pero lo que ese legislador no sabe es que ese informe que le dieron presenta unos cuantos párrafos de los informes finales, de los dictámenes. Pero si me remonto al dictamen original parece que están hablando de dos proyectos completamente distintos. La Universidad Nacional de Cuyo hizo un dictamen muy duro.
Se hizo también una audiencia pública tan estrambótica que no tiene antecedentes en el país, una audiencia realizada dentro del terreno de la empresa, a 42 kilómetros de la localidad de Uspallata, la población más cercana y más directamente afectada por el proyecto, con un sistema de brazalete en la muñeca para ingresar y el que no tenía el brazalete no tenía derecho a entrar. Diputados provinciales no pudieron estar presente. Todo esto fue objetado con un recurso de declaración de nulidad ante la Justicia provincial, pero la jueza de primera instancia rechazó el recurso y está apelado.
—El Gobierno de Javier Milei, a nivel nacional, quiere modificar la Ley de Glaciares en el Congreso Nacional para permitir la minería en estas zonas. ¿Cómo se conecta esto con lo que está sucediendo en Mendoza?
—El proyecto San Jorge no tiene una relación tan directa con la Ley de Glaciares, aunque sí está el glaciar Tambillos, a unos 15 kilómetros al suroeste del proyecto minero y eventualmente material particulado emitido a la atmósfera desde San Jorge podría llegar a depositarse sobre el glaciar Tambillos. Pero, la cuestión es mucho más evidente y grave: la Legislatura habilitó un distrito minero occidental, que abarca prácticamente la cuenca del Río Grande, el principal afluente del Colorado. Es un área genérica, dentro de la cual hay cientos de concesiones mineras. Además, hay ocho proyectos que están completamente dentro del ambiente periglacial y hay diez más que están parcialmente dentro del ambiente periglacial.
—¿Por qué es importante el periglaciar?
—Sobre todo para Mendoza y la provincia de San Juan [de las provincias mineras por excelencia en Argentina], el periglaciar aporta una parte sustancial, muy relevante del agua de los ríos cordilleranos. En un año normal, la nieve representa más del 80 % del caudal de los ríos. Pero en años de nevadas escasas, los glaciares y el ambiente periglacial representan entre el 20 y hasta el 70% del caudal de los ríos.
Imagen principal: Marcelo Giraud, geógrafo e investigador de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, integra las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura. Foto: cortesía Marcelo Giraud
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