- La vía Tomachipán-Cumare es una trocha ilegal de 47.5 kilómetros usada por las disidencias de las FARC como un corredor estratégico para movilizarse y transportar insumos del narcotráfico en el departamento de Guaviare.
- Un análisis satelital realizado por Mongabay Latam revela el impacto de esta trocha que atraviesa el Resguardo Nukak, un territorio indígena que ha perdido más de 36 000 hectáreas de bosque entre 1990 y el primer semestre de 2025.
- La expansión ganadera y de cultivos de coca son los principales motores de la deforestación.
- El pueblo indígena nukak, uno de los últimos grupos nómadas en el país, enfrenta reclutamiento forzado, confinamiento y desplazamientos por la presencia de grupos armados y cultivos ilícitos en su territorio.
El español de Fernando es escaso, pero suficiente para narrar cómo se escondió debajo de una mesa durante dos horas, mientras escuchaba los disparos pasar de un lado a otro en la vereda Caño Cumare, en el departamento del Guaviare, al norte de la Amazonía colombiana. Fernando es un indígena jiw del resguardo Barranco Colorado, vecino de la vereda Caño Cumare y del resguardo Nukak. Su verdadero nombre ha sido protegido por seguridad. El 2 de diciembre de 2024, al caer la noche, vio cómo hombres armados empezaron a disparar cerca de su comunidad.
“Yo solo escuchaba ¡pum! ¡pum! ¡pum! No sabía quién era quién. No distinguimos cuál guerrilla era”, afirma. Esa noche asesinaron a cuatro personas, entre ellas un menor de edad y un funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —entidad del Estado encargada de la protección de la primera infancia—. El hecho era confuso, nadie sabía qué estaba pasando. Algunas respuestas llegaron un mes después, cuando la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana que evidenciaba el inminente riesgo en la zona por una disputa territorial y de recursos entre dos disidencias de la extinta guerrilla de las FARC.
Seis meses después de aquel suceso, mientras el presidente Gustavo Petro visitaba el Guaviare para presentar un documental sobre el Parque Nacional Natural Chiribiquete, una de las disidencias de las FARC —el Estado Mayor Central (EMC), comandado por Néstor Vera Fernández, alias Iván Mordisco— convocaba un nuevo paro armado en el departamento.
Mordisco advirtió a los campesinos e indígenas que no podían movilizarse entre las seis de la tarde y las seis de la mañana, que los motociclistas debían circular sin casco y que las lanchas cubiertas quedaban prohibidas. Además, ordenó a los habitantes de las zonas cercanas a territorios controlados por otra de las disidencias de las FARC —Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), comandada por Alexander Díaz Mendoza, más conocido como Calarcá— abandonar de inmediato el área.
Fernando ha visto morir a sus familiares en medio de los enfrentamientos entre Calarcá y Mordisco. Como él, los campesinos e indígenas de la zona se pierden entre los distintos nombres y alias de quienes toman las decisiones en su territorio. El departamento del Guaviare es el escenario de disputa entre viejos conocidos de las disidencias de las FARC —el EMC y el EMBF— que decidieron distanciarse en medio de las conversaciones de paz con el gobierno de Petro.
Las disidencias de Calarcá y Mordisco se disputan el territorio entre el río Inírida y el río Guaviare, y con ello el tráfico de cocaína y armas por las vías y trochas ilegales que han abierto en el departamento. Una de esas vías, la que va desde el pueblo de Tomachipán hacia la vereda Cumare, aún está oculta bajo el bosque, pero se ha convertido en un corredor estratégico porque conecta justamente estos dos ríos —que corren paralelos— en una línea recta que atraviesa el resguardo Nukak.
Con las vías llegan otras problemáticas como la deforestación, la colonización y el avance de la ganadería y de los cultivos ilícitos a esos territorios. Estas actividades ponen en riesgo a pueblos indígenas como los nukak y los jiw. Sus comunidades ahora se enfrentan a desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, asesinatos y una creciente imposibilidad de regresar a sus territorios ancestrales, de los que fueron expulsados hace más de dos décadas, según afirman las fuentes consultadas por Mongabay Latam para este reportaje.
Solo el pasado 5 de agosto, 64 indígenas nukak se desplazaron a San José del Guaviare, la capital del departamento, tras el asesinato de un joven nukak mientras jugaba con su celular. Aunque se desconoce qué grupo armado lo hizo, la comunidad indígena decidió movilizarse por temor a nuevos hechos de violencia. Cada tanto, núcleos de familias nukak intentan retornar a los asentamientos que hay dentro del resguardo Nukak, su territorio, pero se ven forzados a volver a San José por las escasas garantías de seguridad.
La vía Cumare: un camino para la ilegalidad
La vía atraviesa el resguardo Nukak de norte a sur. Es un tramo en línea recta de 47.5 kilómetros que conecta al río Inírida con el río Guaviare. Ese camino también se conecta con la “Trocha Ganadera”, otra carretera de más de 190 kilómetros que une el casco urbano de San José del Guaviare con el resguardo Nukak y con más de 20 veredas que se han formado dentro y alrededor del territorio indígena, convirtiéndose en un motor de la deforestación.
El corredor conocido como Tomachipán-Cumare, que en los años 90 fue utilizado por las FARC y ahora es controlado por las disidencias, era un sendero empleado tradicionalmente por los indígenas nukak para recoger medicinas, frutos y alimentos. Sin embargo, actualmente se ha convertido en una vía estratégica para el transporte de economías ilícitas y para que los grupos armados se desplacen rápidamente por el territorio.
Todos han caminado por estas tierras como si fueran sus dueños. La colonización campesina de los años 70, la guerrilla en los 90, los paramilitares a comienzos de los 2000 y ahora las disidencias. Sin embargo, el resguardo Nukak fue adjudicado a ese pueblo indígena en 1993 por el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), tras el reconocimiento oficial de los nukak por parte del Estado en 1988. En 1997, el Incora decidió ampliar el territorio de los nukak, pasando de 632 000 a 954 480 hectáreas.
Desde mucho antes de la conformación del territorio como resguardo, el camino de Tomachipán a Cumare ya existía. Como lo señala Danny Mahecha, profesora e investigadora de la Universidad Nacional y quien ha estudiado la cultura y situación de los nukak desde 1991, la guerrilla de las FARC fue llegando paulatinamente a la zona. Y amplió y terminó de construir esa vía, que se ha convertido en la carretera más extensa dentro del resguardo.
El camino es clave para las comunidades nukak porque atraviesa el caño Maku y el caño Cumare, dos cuerpos de agua en donde hay lagunetas, salados y sitios sagrados. De hecho, existían dos asentamientos nukak muy cerca de esa vía, pero la violencia los obligó a desplazarse en varias ocasiones. Muchas de las rutas tradicionales usadas por los nukak en sus recorridos fueron aprovechadas posteriormente para abrir ilegalmente caminos dentro del resguardo.
Una mujer nukak víctima del conflicto armado y que prefiere no ser identificada, a quien llamaremos Helena, recuerda que “antes [la vía] la podíamos usar para caminar, para ir hacia la pesca. Éramos libres… pero, después ya no. Tuvimos que desplazarnos, como en 2010, por el tema del conflicto y las armas. Ahora, para volver al territorio, hay que pedir permiso [a los grupos armados]”.
El mismo año en el que se adjudicó el resguardo Nukak, se consolidó en el Guaviare el Bloque Oriental de las FARC. Este bloque llegó a expandir su máquina de guerra sobre el 55 % del país. Como lo describe un informe de la Fundación Ideas para la Paz, se financiaban a través del secuestro, el cobro de impuestos a la minería ilegal y su participación en el narcotráfico. Estaban subdivididos: el Frente 1° tenía a su cargo el departamento del Guaviare; el Frente 44, la jurisdicción de los municipios de Mapiripán y Puerto Gaitán; y el Frente 16 operaba en el río Guaviare.
Estas divisiones fueron clave para el narcotráfico, pues buscaban comunicar las zonas productoras de coca en Guaviare con ríos y caminos que funcionaban como corredores para transportarla hacia Venezuela y Brasil. Un análisis realizado por Mongabay Latam a partir de los datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) evidenció que entre 1999 y 2023 el departamento de Guaviare (y sus cuatro municipios principales: Calamar, El Retorno, Miraflores y San José del Guaviare) ha sido una zona clave para el establecimiento de cultivos ilícitos.
A inicios de la década de los 2000, por ejemplo, Guaviare alcanzó el pico máximo en los cultivos de coca, con 27 380 hectáreas en 2002. Aunque posteriormente se registró una drástica reducción en las áreas cultivadas, desde 2016 —tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC— los cultivos empezaron a aumentar. Entre los territorios con mayor incremento está la Reserva Nacional Natural Nukak, que se ha convertido en la zona del departamento con mayor cantidad de cultivos ilícitos de coca, y el Resguardo Indígena Nukak, al que atraviesa la vía Tomachipán-Cumare.
Las cifras son alarmantes: mientras que a nivel departamental los cultivos de coca tuvieron una disminución acumulada del 82 % entre 1999 y 2023, en la Reserva Nukak y el resguardo Nukak las plantaciones han aumentado un 25 % y 82 % respectivamente en el mismo periodo de tiempo.
La profesora Mahecha comenta que desde 1994 ya tenían mapeada la vía Tomachipán-Cumare en sus investigaciones. Se cree que las FARC la ampliaron en 1993, tras consolidar el Bloque Oriental. Los mapas de sus estudios muestran la movilización de los nukak por el territorio y evidencian que por lo menos cuatro grupos indígenas se trasladaron voluntariamente por esa vía hasta el río Guaviare entre 1998 a 2002.
Mongabay Latam habló con un excombatiente del Bloque Oriental que caminó por esa vía en los años 90. Relata que, cuando llegaron a la zona, era un camino angosto en medio de la selva. “Nosotros recorrimos ese camino muchas veces. Lo que hicimos fue ampliarlo y conectar Tomachipán con la parte norte del resguardo. Queríamos buscar distintas vías de acceso para las comunidades que vivían allá adentro”. Se refiere a las comunidades campesinas que habían llegado desde los años 70 y que se quedaron asentadas en medio del resguardo, así como a otras que cercaron predios dentro del territorio ya adjudicado a los habitantes indígenas. Este fue el argumento que las FARC utilizaron para abrir o promover distintas vías dentro del resguardo Nukak y en la Amazonía colombiana.
El excombatiente también narra que esa trocha fue clave para reducir distancias al momento de sacar la pasta de cocaína que se encontraba en la Reserva Nacional Natural Nukak. “Es mucho más sencillo movilizarnos en línea recta desde Tomachipán al río Guaviare que irnos por el río Inírida y subir hasta San José del Guaviare”, afirma.
Ese camino entre Tomachipán y Cumare volvió a ser colonizado por la selva con la llegada de los paramilitares a la zona, en 1997, tras las masacres de Mapiripán y Caño Jabón. “Las FARC se robaban la maquinaria de la Alcaldía y la Gobernación para mantener la vía. Cuando llegaron los paramilitares del Urabá y se instalaron en Guaviare, no sabían cómo abrir los caminos ni levantar las raíces de los árboles cortados. Por eso, la trocha se fue perdiendo con el tiempo, aunque nunca desapareció. Lo usaban las comunidades indígenas y algunos campesinos”, afirma un funcionario de una entidad del Estado que pidió reserva sobre su nombre y cargo.
Es difícil observar la vía y su avance en el tiempo con imágenes satelitales, sobre todo porque su propósito, como explicaron varias fuentes expertas y locales consultadas para esta investigación, es que permanezca oculta bajo el bosque para que siga siendo utilizada por los actores armados.
“Cuando empezó el proceso de paz con las FARC sabíamos que había tramos que se estaban cerrando, pero escuchamos que estaban buscando hombres para arreglarla cuando Mordisco se salió del Acuerdo”, cuenta un campesino que vive cerca de la vereda Cumare y del resguardo Barranco Colorado.
Autoridades, campesinos y expertos entrevistados en territorio para esta investigación confirmaron que la vía se ha reactivado y que es utilizada por los hombres de Mordisco para movilizar insumos hacia los laboratorios de cocaína, que van desde el municipio de Mapiripán, en Meta, hasta la Reserva Natural Nukak, pasando por el resguardo Nukak. También se emplea para conectar con otros caminos dentro del resguardo y transportar hoja de coca y pasta base procesada dentro del área protegida.
El análisis satelital realizado por Mongabay Latam respalda estos testimonios. En 2002, en un radio de cinco kilómetros a partir de la vía, había más de 166 hectáreas de cultivos de coca. A 15 kilómetros, la cifra aumentaba a 837 hectáreas. El pico máximo de cultivos en el área de influencia de la vía se alcanzó en 2004, con 278 hectáreas a cinco kilómetros y 1210 a 15 kilómetros. Desde entonces, hubo una disminución en las hectáreas sembradas, pero en 2019 —cuando se alcanzó el mínimo de 30 y 430 hectáreas a cinco y 15 kilómetros de la vía, respectivamente—, los cultivos empezaron a crecer una vez más.
Desde aquel momento, los cultivos de coca en las inmediaciones de la trocha evidencian un aumento sostenido. En los últimos años, entre 2021 y 2023, los cultivos han alcanzado 63 hectáreas a cinco kilómetros y 692 hectáreas a 15 kilómetros. A solo cinco kilómetros de la vía, el incremento en los cultivos ha sido de un 58 % con respecto a 2019.
El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI también ha documentado cómo los cultivos de coca para uso ilícito se han propagado porque los actores armados ilegales y carteles de narcotráfico han promovido el asentamiento en la zona de población campesina. Y, paralelamente, han prohibido el retorno y movilización del pueblo nukak dentro del resguardo.
La guerra y los impactos ambientales
“La vía Tomachipan-Cumare forma parte de un circuito de guerra y de negocios ilícitos”, explican desde la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), una organización que se dedica a estudiar el conflicto y sus impactos sobre ecosistemas estratégicos y territorios étnicos, con énfasis en la Amazonía. Otra investigación realizada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), titulada ‘Los Corredores de la muerte’, evidencia cómo estos caminos son utilizados para el reclutamiento forzado, asesinatos selectivos, desplazamientos y el movimiento de economías ilegales.
Según el informe, no se trata de simples rutas de tránsito, sino de “estructuras territoriales de poder violento, y su persistencia demuestra que, en muchas regiones del país, el postacuerdo no implicó una desmilitarización del territorio, sino una reconfiguración armada con nuevas lógicas y actores”.
Como explica el investigador y director de Indepaz, Leonardo González, la función que cumplen las vías en esta zona del país es estratégica en la disputa entre el Estado Mayor Central (EMC) y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), especialmente por el control de los enclaves cocaleros y su articulación con las rutas del narcotráfico del suroriente del país, una zona clave para los grupos armados por su facilidad de conectarse con otras regiones y sus fronteras marítimas.
Los efectos de esta disputa armada y territorial también se reflejan en el impacto ambiental. Los cultivos de coca, la deforestación y el acaparamiento de tierras para la ganadería son las principales causas de pérdida de bosque en la zona. Un ejemplo de ello es la situación en la Reserva Natural Nukak, un área natural protegida que colinda con el resguardo con el mismo nombre: entre 1990 y 2025 se han perdido 13 835 hectáreas de bosque, según cifras de la FCDS. Y el problema continúa, como lo evidencian las más de 91 000 alertas de deforestación generadas entre el 1° de enero y el 15 de octubre de 2025, según el monitoreo satelital de la plataforma Global Forest Watch.
En el resguardo, los datos de la FCDS indican que se han deforestado 36 510 hectáreas del territorio indígena entre 1990 y el primer semestre de 2025. “Esta deforestación está asociada a la ampliación de lotes para ganadería, siembra de cultivos de uso ilícito y la extensión de infraestructura vial”, explican desde la organización. Asimismo, entre el 1° de enero y el 15 de octubre de 2025, se han registrado en el resguardo más de 98 400 alertas de deforestación.
Según el monitoreo de la FCDS, en San José del Guaviare, en donde se encuentra el resguardo nukak, se han construido 3146 kilómetros de vías; de estos, la extensión dentro del resguardo indígena Nukak es de 504, kilómetros.
El Instituto SINCHI ha registrado por lo menos 20 vías con sus ramificaciones al interior del resguardo. Entre esas la de Tomachipán, de 47.5 kilómetros, y otra de 38 kilómetros, que son las que generan más preocupación porque en sus inmediaciones se ve actividad económica y el avance de deforestación y de cultivos de coca. Datos de la FCDS estiman que, al interior del resguardo Nukak hay más de 504 kilómetros de vías ilegales, entre los que sobresale la trocha bajo el bosque que comunica Tomachipan con Cumare. Sus datos también estiman que se han perdido 824 hectáreas de bosque al margen de esa vía.
Estudios realizados por la misma organización evidencian que el 73 % de los espacios abiertos por deforestación se encuentran a menos de dos kilómetros de las vías dentro del resguardo. “Las carreteras promueven el acceso al resguardo y hacen mucho más sencillo llegar, comprar una tierra para el ganado y, al mismo tiempo, cultivar coca”, manifiesta una investigadora de la región.
Como explicaron funcionarios en Guaviare e investigadores en terreno, los que promueven la colonización en el resguardo buscan que la vía Tomachipan-Cumare funcione como una especie de “frontera”. “[Eso permitiría que] el lado oriental de la vía, que es el que está menos deforestado, permanezca así. Mientras que en la parte occidental, que ya tiene ocupación campesina y vías de acceso, la deforestación siga avanzando”, afirmó una fuente en territorio de una organización ambiental.
La investigadora Mahecha es enfática en señalar que la justificación de la vía como “frontera” es una forma de legitimar la ocupación del resguardo. “El territorio de los nukak llegaba hasta Puerto Flores. Ellos utilizaban todo este territorio para sus sitios sagrados y se llegaron a extender hasta allá. Sin embargo, la colonización los fue arrinconando y ahora tienen que pedir permiso para pasar por su propio territorio en busca de agua”, explica.
A comienzos de 2025, la disidencia de Calarcá publicó un proyecto que tituló Iniciativa ambiental y agropecuaria para el desarrollo sostenible de la Amazonía. En 24 páginas establecía unos lineamientos para “frenar la deforestación, el uso inadecuado del suelo y prácticas no sostenibles en la agricultura y la ganadería”. Sin embargo, paradójicamente, entre las iniciativas está el mejoramiento genético en ganadería y de la infraestructura vial en la Amazonía. Según el documento, buscaban la “rehabilitación de 1000 kilómetros de carreteras terciarias en áreas rurales y la creación de brigadas locales que se encarguen del mantenimiento y la reparación constante de estas vías”.
Los nukak, en medio de la guerra
Los nukak son un pueblo indígena de cazadores y recolectores que viven en el noroeste amazónico colombiano. Son nómadas y se movilizaban por lo menos 69 veces al año. Como lo documentó la profesora Mahecha, podían estar apenas cinco días en cada sitio y recorrían cerca de 6.9 kilómetros entre cada desplazamiento. Mahecha y el profesor Carlos Eduardo Franky publicaron el informe Políticas de representación y presentación entre los nukak (Amazonía colombiana), transformaciones y continuidades, en el que señalan que los nukak se organizan en varios grupos locales compuestos por vínculos de consanguinidad o alianza matrimonial.
Cada grupo funcionaba como una unidad independiente de producción y consumo. Esta autonomía les permitía desplazarse temporalmente por el bosque de manera independiente, ya fuera para resolver conflictos internos, visitar a familiares o aprovechar recursos específicos en ciertas zonas del territorio. Su movilidad no solo responde a factores ecológicos, sino también a dinámicas sociales. Sin embargo, esa movilización se ha visto interrumpida y han tenido que reorganizarse territorialmente a raíz de los múltiples desplazamientos forzados por distintos actores armados, sostienen los expertos.
Entre 2002 y 2008, por ejemplo, se registraron ocho desplazamientos forzados en ocho grupos locales debido a la presencia de grupos armados en el territorio. En 2015 ningún grupo se encontraba en su propio territorio. La FCDS ha documentado que hay, a la fecha, 24 grupos locales que se movilizan con limitaciones sobre el resguardo Nukak. “Los nukak ahora deben pedir permiso a los trabajadores de los hatos ganaderos para pasar a recolectar semillas o ir a sitios estratégicos de caza”, afirmó una fuente que ha trabajado con ellos.
Para Fernando —cuya identidad se mantiene en reserva—, los nukak y los jiw han sido utilizados como piezas dentro del conflicto armado. “Nos toca pedirles permiso a ellos [los actores armados] para cualquier cosa o se llevan a los niños a trabajar”, afirma. Un excombatiente de las FARC lo confirma: “Se llevaban a los niños nukak porque conocen el territorio, saben los caminos y son muy buenos para caminar. Un nukak puede recorrer la vía Tomachipán-Cumare en la mitad del tiempo que le toma a otra persona”.
Sin embargo, existe un subregistro preocupante de niñas, niños y adolescentes nukak reclutados por grupos armados. El pueblo nukak, por temor o desconfianza, no suele denunciar estos hechos, según lo explica una funcionaria de una institución del Estado, que pide no ser mencionada por el creciente conflicto en el territorio.
En enero de 2025, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos verificó el caso de 22 menores reclutados en los departamentos del Meta y Guaviare. Entre las víctimas, siete habían fallecido en enfrentamientos entre las disidencias guerrilleras en Guaviare. Se trataba de menores indígenas nukak, nasa y cubeo.
Según el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, “la violencia contra los niños y las niñas de estos pueblos, muchos en riesgo de exterminio físico y cultural, tiene efectos diferenciados y desproporcionados, ya que puede llevar a la pérdida de sus tradiciones culturales, a la ruptura de su relación con sus territorios ancestrales y al debilitamiento del tejido social y organizativo de estos pueblos”.
“A nosotros nos avisan que no podemos salir de nuestras casas, y nos dicen que los nukak que están cerca —al resguardo del pueblo jiw— tampoco se pueden mover, ni los campesinos. Nos toca estar encerrados hasta que nos den otra orden”, relata Fernando.
El alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez Rojas, aseguró a Mongabay Latam que “los grupos irregulares los desplazaron a las cabeceras, donde conocieron nuestros malos comportamientos y consumos, y ahora están expuestos al licor y las sustancias psicoactivas; algunos, además, terminaron como raspachines y hoy son víctimas de reclutamiento forzado”.
Aunque Rodríguez insiste en que esta población requiere atención especial, asegura que “el Ministerio del Interior no llega al territorio y nosotros no tenemos la competencia, el alcance ni los recursos para atenderlos”. Mongabay Latam consultó al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa sobre la situación de los nukak, pero hasta el cierre de esta edición no recibió respuesta.
Desde hace décadas, los nukak ya no pueden movilizarse libremente por su territorio, como lo hacían antes de 1980. La guerra los ha afectado de múltiples maneras: mujeres víctimas de violencia sexual, menores reclutados, indígenas en situación de adicción, hombres convertidos en trabajadores de hatos ganaderos o en raspachines. “Tanto los nukak como nosotros solo queremos vivir tranquilos, cultivar nuestros alimentos, cazar y vivir de las manualidades y tejidos que hacemos”, insiste Fernando, bajando la voz con cada palabra.
Algunas familias nukak han querido retornar, pero la situación de orden público lo impide. Kelly Castañeda, Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente de la Gobernación de Guaviare, y quien actualmente se desempeña como Gobernadora encargada, confirmó a Mongabay Latam que “desde la Gobernación, las alcaldías y otras entidades e instituciones se ha identificado que algunas familias nukak quieren retornar, pero no se les ha podido brindar estos espacios”.
En sus palabras, a las autoridades locales les queda fuera de su alcance lograr estrategias que permitan su retorno, como el desminado del corredor ancestral. Tampoco pueden definir el plan de vida de este pueblo (un instrumento para definir de forma autónoma su visión de desarrollo, identidad y cultura) porque esto le compete al Ministerio del Interior. “Así quedamos sin herramientas para atender a estas familias y sus conflictos”, señala.
En la vereda Cumare quedan muy pocas personas. Algunas han cruzado el río para irse al departamento del Meta, otras se han desplazado por la Trocha Ganadera con rumbo a la capital de Guaviare. Los nukak que vivían cerca de la vía Tomachipán–Cumare se ven obligados a desplazarse a San José del Guaviare mientras deciden qué hacer.
Mientras tanto, la disputa entre los frentes de Calarcá e Iván Mordisco continúa. Fernando no sabe quién va ganando la guerra. Solo alcanza a contar cómo ha logrado sobrevivir, antes de pedir una última cosa: “Respeto para disfrutar el territorio. Vivir de frutas silvestres y ser reparados por el Estado”.
Imagen principal: el camino es clave para las comunidades nukak porque atraviesa el caño Maku y el caño Cumare, dos cuerpos de agua en donde hay lagunetas, salados y sitios sagrados. Foto: Juan Carlos Contreras
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