- El Ministerio de Ambiente actualizó las actividades de bajo impacto que se permiten en las zonas de reserva forestal.
- El documento preocupa a los expertos porque plantea la adecuación y el mantenimiento de vías, así como la instalación de infraestructura de riego para agricultura campesina.
- Hay dudas sobre qué se considera actividad de bajo impacto en áreas de alta sensibilidad ambiental.
- Otro de los temores es que la resolución se convierta en una puerta para legalizar actividades ilegales y en un incentivo indirecto para deforestar, expandir la frontera agropecuaria y consolidar asentamientos recientes.
El Ministerio de Ambiente de Colombia publicó una resolución en la que permite 30 actividades de bajo impacto dentro de las reservas forestales para facilitar servicios básicos a comunidades rurales, sin tener que recurrir a trámites de sustracción de bosque. Aunque la medida busca equilibrar justicia social y conservación, expertos consultados por Mongabay Latam alertan que temas como la adecuación de vías y la falta de claridad sobre lo que significa «bajo impacto», podrían expandir la frontera agropecuaria en zonas de alta importancia y sensibilidad ambiental.
Desde 1959, Colombia cuenta con una ley que creó las reservas forestales, áreas que cubren aproximadamente el 42 % del territorio nacional y que, a diferencia de las áreas naturales protegidas, donde la prioridad es conservar la naturaleza, en ellas se permiten ciertos usos productivos compatibles con el bosque, como el aprovechamiento forestal sostenible y los sistemas agroforestales y silvopastoriles.
Dentro de las siete reservas establecidas en la ley (Amazonía, Pacífica, Central, Río Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía de los Motilones y Cocuy) viven comunidades rurales que históricamente han enfrentado carencias de servicios básicos como salud, educación, acueducto y conectividad. Durante años, el principal problema era que realizar cualquier actividad —incluso de bajo impacto— podría requerir un trámite de sustracción del área, lo que resultaba costoso, lento y burocráticamente complejo.
En un intento por solucionar esta situación, a inicios de febrero, el Ministerio de Ambiente publicó una resolución cuyo objetivo, según mencionó la entidad, es actualizar la gestión en las zonas de reserva forestal, unificar normas, facilitar el acceso a servicios e infraestructura para las comunidades, además de mantener la protección del bosque y la biodiversidad.
La medida permite la realización de actividades de bajo impacto sin necesidad de adelantar el trámite de sustracción de área de la reserva. El Ministerio considera como de bajo impacto 30 actividades en las que se priorizan servicios básicos como acueductos, centros de salud y vivienda rural. También habilita agricultura familiar sostenible, energía solar y mejoramiento de vías existentes.
Los expertos consultados por Mongabay Latam consideran que la resolución era necesaria, aunque plantea retos para los cuales no hay una guía o ruta clara dentro del documento y podrían convertirse en amenazas latentes para el bosque.
Actividades en reservas forestales que generan dudas
Al presentar la resolución, la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez, aseguró que no resulta justo que las comunidades que habitan los territorios de reserva forestal “estén condenadas a la carencia persistente de servicios básicos del Estado». «Este Gobierno se comprometió a devolverles la dignidad a los habitantes rurales, históricamente empobrecidos y casi olvidados”, dijo.
Vélez también mencionó que, a través de reglas claras, esta normativa busca remover barreras para el desarrollo de servicios como centros de salud y educativos, y distritos de riego para economías campesinas, entre otros. “Dado que se contemplan exclusivamente actividades que cumplen tanto con el criterio de beneficio social como con el de bajo impacto ambiental, en ninguna circunstancia se pone en riesgo la selva”, afirmó, y agregó que, por el contrario, se trata de encontrar un balance imprescindible entre la justicia social y ambiental.
Juana Hofman, directora de integración territorial técnica en Amazon Conservation Team (ACT), coincide en que es fundamental que el ordenamiento territorial ambiental responda a la realidad efectiva de los territorios. “Las reservas forestales, en muchos casos, fueron creadas como instrumentos de política forestal con un énfasis productivo y de regulación del uso del bosque, y no necesariamente como figuras estrictas de protección ambiental. No obstante, en la práctica han contribuido de manera significativa a la preservación de extensas áreas de alta importancia ecológica y cobertura boscosa”.
Hofman añade que dentro de las reservas forestales habitan comunidades campesinas y existen traslapes con territorios indígenas: “No se trata de territorios vacíos, sino de paisajes habitados con dinámicas sociales consolidadas”, por lo que considera que se debe pasar de un enfoque exclusivamente restrictivo de la conservación hacia un modelo de conservación basada en derechos. “Muchas comunidades locales e indígenas conservan mientras usan el territorio mediante prácticas sostenibles y sistemas de conocimiento propios que han mantenido los bosques en pie durante generaciones. Garantizar medios de vida dignos y sostenibles es, en muchos casos, una condición para la permanencia del bosque”, afirma.
Para Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), la resolución es fundamental ya que las instituciones del Estado a menudo desconocen qué se puede y qué no se puede hacer. “Creo que este es un paso que va en el camino correcto hacia una zonificación mucho más detallada en las reservas forestales y la determinación de sus planes de manejo”.
Además, dice Botero, la resolución es clave para desarrollar la economía forestal. “Debemos dejar de pensar en sustracción de áreas. La clave es mantener la vocación forestal del uso del suelo, pero eso debe tener una base jurídica para que las economías y comunidades forestales puedan acceder a los servicios públicos necesarios para su desarrollo”.
Sin embargo, algunas actividades mencionadas en la resolución generan dudas y temores. Por ejemplo, Botero destaca la construcción de infraestructura de riego individual o comunitario de hasta 30 hectáreas para agricultura campesina. “Conozco infraestructura de riego para agricultura intensiva, por ejemplo para la palma africana, pero no conozco modelos forestales que incluyan infraestructura de riego”.
Botero afirma que una de las grandes virtudes de la agricultura campesina es que trabaja con modelos agroforestales e incluso agrosilvopastoriles que no requieren esas infraestructuras de riego. “Son modelos de restauración productiva que no requieren grandes cantidades de agua y, por el contrario, tienden a manejar de mejor manera la disponibilidad de agua superficial”, indica.
En una columna publicada en La Silla Vacía, Roberto León Gómez, especialista en desarrollo local, conservación y cambio climático, comenta que a medida que se avanza en la lectura de la resolución, las infraestructuras de comunicaciones, las exploraciones geotécnicas e hidrogeológicas, la investigación del subsuelo y la infraestructura de riego aparecen entre las actividades de bajo impacto permitidas, “y yo empiezo a sentir que la sensibilidad de las reservas forestales comienza, simultáneamente, a estremecerse (…) porque algunas de ellas no tienen nada que ver con las economías campesinas con las que se justifica el grueso de la resolución”.
De hecho, León asegura que desde el momento en que se habla de actividades de bajo impacto hay un problema “porque no hay una definición precisa de qué se considera bajo impacto en áreas que pueden tener una sensibilidad ambiental diferente y mayor que otras zonas del territorio, que fueron reservadas precisamente por su capital natural, y que juegan un papel fundamental en la provisión de servicios ambientales para toda la sociedad”.
Juana Hofman piensa de manera similar, por lo que considera se debe avanzar en la definición clara y técnica de lo que se entiende por “actividades de bajo impacto”, ya que esta definición es necesaria para otorgar seguridad jurídica tanto a las comunidades como a las autoridades ambientales, y para diferenciar prácticas tradicionales y sostenibles de aquellas que generan transformación significativa del bosque.
La polémica por las vías en las reservas forestales
Las actividades relacionadas con las vías fueron algunas de las que generaron mayores cuestionamientos a la resolución. En el documento se mencionan: la construcción de vías, caminos o carreteables forestales requeridos para ingresar a las unidades de manejo forestal y para extraer los productos obtenidos; el mantenimiento y rehabilitación de vías existentes, siempre y cuando no varíen las especificaciones técnicas y el trazado de estas, y el mejoramiento de las vías existentes, únicamente mediante estructuras tipo placa huella.
Los expertos ambientales alegaron que esto abría la puerta a la adecuación y construcción de vías ilegales —uno de los principales motores de deforestación en regiones como la Amazonía— para su posterior legalización.
Este no es un asunto menor, ya que el diario El Espectador reveló que el próximo 10 de marzo iniciará un juicio contra Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, líder de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las antiguas FARC, señalado por ser uno de los principales responsables de la destrucción de la selva amazónica. Los datos recopilados por la Fiscalía indican que Iván Mordisco es el responsable de una buena parte de la deforestación en esta zona del país entre 2016 y 2017.
En la acusación, el ente investigador responsabiliza al jefe criminal de la construcción de varios tramos de vías ilegales que suman 229 kilómetros y que han facilitado el control de la región y la realización de diferentes actividades como la ganadería extensiva o la plantación de cultivos de uso ilícito y su procesamiento.
La Fiscalía menciona varios tramos, como la trocha ganadera, de 45.2 kilómetros; el tramo Guayabero-Barranco Colorado, de 38.9 kilómetros; o la red vial Vistahermosa-Sierra de la Macarena, de 19 kilómetros. Todas atraviesan el parque nacional Serranía de La Macarena.
El inconformismo con la mención al mantenimiento de vías en la resolución fue tal que, días después de hacerse público el documento, la norma fue ajustada para especificar que la autorización se limita a “vías existentes legalmente autorizadas”.
Aún así, Botero asegura que se necesita una evaluación y un análisis claro de los impactos acumulativos y sinérgicos de las vías. “La resolución no puede convertirse en carta blanca para que las gobernaciones y alcaldías empiecen a hacer cuanta carretera se les ocurra. Tampoco se puede desligar el hecho de que el 90 % de la deforestación en la Amazonía colombiana se da en los primeros dos kilómetros a lado y lado de las vía”.
Según comenta el director de la FCDS, hay una instrucción formal de los grupos armados de talar 10, 50 y hasta 100 metros de selva a lado y lado de las diferentes carreteras, entre otras cosas, para evitar emboscadas. “Es necesario reconstruir el inventario de los cientos de kilómetros de vías que las FARC dejaron en el bosque, ya que este es un tema del que poco se habla”, enfatiza, y agrega que en los últimos siete años se han construido más de 8000 kilómetros de trochas, “lo que representa un problema significativo que debe abordarse en el contexto de la resolución”.
Otro asunto vital para Botero es que aún no hay una capacidad de control efectiva sobre la deforestación que se genera alrededor de las vías.
Para Juana Hofman, la habilitación de actividades de bajo impacto debe estar estrictamente reglada, contar con criterios técnicos verificables y con mecanismos efectivos de seguimiento y control por parte de las autoridades ambientales competentes. “Esta resolución no puede convertirse en una puerta para la legalización de actividades ilegales, ni en un incentivo indirecto a procesos de deforestación, expansión de la frontera agropecuaria o consolidación de asentamientos recientes en áreas de bosque que ponen en riesgo la estabilidad ambiental”.
*Imagen principal: un tramo informal de la vía Marginal de la Selva, que conecta a San Vicente del Caguán con La Macarena, por donde pasa el transporte de productos lácteos. Foto: cortesía Yuri Andrea Polania/Voces del Pato
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