- Los defensores de la reserva de Tariquía habían sido denunciados por la petrolera brasileña Petrobras por bloquear el ingreso a la zona de amortiguamiento del área protegida, ubicada en el sur del país.
- La filial boliviana de la empresa busca ingresar al área protegida, pero existe una decisión judicial que lo impide momentáneamente.
- Además, la Defensoría del Pueblo de Bolivia solicitó medidas cautelares ante un juzgado agroambiental, pero el proceso se dilató por pedido de la Procuraduría boliviana.
- Los activistas apuntan a una futura audiencia para presentar documentación, como constancias de rechazo a los proyectos petroleros en diferentes consultas a las comunidades.
En la reserva de Tariquía, en el sur de Bolivia, se vive una tensa calma. La Fiscalía de ese país rechazó un nuevo proceso penal contra 17 defensores del área protegida, quienes fueron demandados por la empresa Petrobras Bolivia por evitar el ingreso de la petrolera a la zona de amortiguamiento del área protegida. La compañía busca realizar actividades de exploración gasífera. Mientras, se postergó la audiencia que había sido convocada para el 13 de febrero, cuando se deba definir si la empresa podrá o no explorar en la reserva.
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Roger Ibarra es el abogado de 10 de los 17 defensores ambientales denunciados. El letrado explicó a Mongabay Latam que la Fiscalía boliviana concluyó que la parte denunciante, es decir Petrobras Bolivia, no presentó pruebas que respalden las acusaciones contra los activistas. Los defensores fueron denunciados por supuestamente impedir o estorbar el ejercicio de funciones públicas, presuntos atentados contra la libertad de trabajo y asociación delictuosa.
“La parte denunciante no presentó ni una sola prueba, no hay un solo memorial en la Fiscalía además de la denuncia que ya presentaron contra los 17 defensores. No hay pruebas testificales ni documentales para acreditar responsabilidad penal”, afirmó Ibarra.
El 5 de enero de este año un contingente de la Policía Boliviana logró romper un cordón humano que bloqueaba el ingreso a la reserva de Tariquía. Esa comitiva policial abrió el paso para que la empresa Petrobras pueda ingresar a la zona de amortiguamiento del área protegida. Ahí se proyecta el pozo exploratorio Domo Oso X3. Varios defensores aseguraron que estaban cuidando su territorio y decidieron realizar un bloqueo en uno de los caminos de ingreso a la reserva. Se trata de integrantes de la comunidad de Chiquiacá.
Mongabay Latam envió una solicitud de información a Petrobras Bolivia para conocer sus argumentos, pero no tuvo respuesta.
Un día después, el conflicto escaló al plano judicial. Los comuneros denunciaron que fueron notificados con un requerimiento fiscal que involucraba a 17 personas. Todas estaban citadas a declarar en un plazo de 24 horas.
Esa investigación fue iniciada por la Fiscalía de Entre Ríos, en el departamento de Tarija, tras una denuncia presentada por el abogado Fernando Vargas Guzmán, quien actúa como asesor jurídico de Petrobras Bolivia y también en representación de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la estatal petrolera boliviana.
De acuerdo con la denuncia, los comuneros habrían ocasionado “daño directo a las actividades petroleras” y la empresa petrolera aseguró haber tomado conocimiento de las acciones a través de publicaciones en redes sociales.
Una de las denunciadas por la petrolera fue Nelly Coca, quien es parte del Comité de Defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía. La defensora, en contacto con Mongabay Latam, relató que esta demanda fue la segunda presentada por Petrobras Bolivia contra los activistas. La primera sucedió en octubre de 2024 y está en etapa de juicio.
“En el primer proceso fuimos notificadas 29 personas y solo 12 siguen en el caso. Esos 12 compañeros fueron imputados y acusados formalmente por la Fiscalía. En el segundo caso nos llamó la atención la rapidez con que actuó la Fiscalía, que nos acusó formalmente al día siguiente de la intervención policial”, detalló Coca.
Tariquía: la “fábrica de agua” del sur boliviano
La reserva de Tariquía es considerada la “fábrica de agua” para gran parte del sur boliviano. Sus aguas alimentan las cuencas de los ríos Bermejo y Tarija, que son vitales para el departamento tarijeño y buena parte del Chaco boliviano. Además, en las alturas de la reserva –que llega a los 3500 metros sobre el nivel del mar- los árboles hacen el trabajo de sudar agua en medio de la neblina.
Esta área protegida tiene un inventario de 609 especies vegetales, 58 de mamíferos –incluyendo el jaguar (Panthera oca) y el oso andino (Tremarctos ornatus)-, 64 de peces y 241 de aves. No obstante, esta área protegida no es un lugar deshabitado. Dentro de ella, viven unas 4000 personas distribuidas en 22 comunidades.
Tariquía tiene una superficie de 246 870 hectáreas. La reserva tiene 36 años y en 2015, cuando Evo Morales era presidente, se encendieron las alarmas en esa zona. En aquel entonces se aprobó un decreto que permite el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración y explotación en áreas protegidas. Años después, en los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), ya hubo intentos de ingresar al área natural para realizar actividades de exploración.
Ahora, con la administración del presidente boliviano Rodrigo Paz, se reactivó la intención de ingresar a Tariquía. Petrobras Bolivia, que firmó contratos con la estatal YPFB, ejecuta todavía planes de exploración en la reserva. Uno de ellos está en el área San Telmo Norte, donde se encuentra el proyecto Domo Oso X3, que según el Ministerio de Hidrocarburos y Energías de Bolivia tiene un potencial estimado de 2.8 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas, lo que equivale a 79 285 billones de litros.
De acuerdo con Jorge Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), en 1998 se llevó a cabo en Tariquía un proceso de sísmica 2D en los bloques Churumas-Bermejo. El experto dijo a Mongabay Latam que desde esa época se comenzaron a perforar pozos. Además, Campanini explicó que la exploración y explotación gasífera en la reserva amenazaría sus fuentes de agua mediante la deforestación, la contaminación de acuíferos por desechos tóxicos, la alteración del ciclo hidrológico y la destrucción de hábitats frágiles.
“Las actividades sísmicas y de perforación comprometen el suministro de agua para consumo y agricultura de las comunidades locales. Pero el mayor riesgo es la contaminación de ríos, quebradas y acuíferos subterráneos con lodos de perforación, aguas de producción y posibles derrames de hidrocarburos, que pueden afectar la calidad del agua”, detalló Campanini.
Además, el experto del Cedib añadió que habrá destrucción de la cobertura vegetal debido a la apertura de caminos, construcción de planchadas (zona donde están los pozos) y líneas sísmicas, “lo que elimina la vegetación nativa, provoca la erosión del suelo, reduce la capacidad de infiltración de agua y aumenta la sedimentación en los ríos”.
El abogado Ibarra explicó que el primer proceso contra los defensores derivará en un juicio oral y público, que todavía no tiene fechas establecidas. “Esperamos demostrar la absoluta inocencia de los acusados”, afirmó el letrado, aclarando que hasta la fecha aún no han sido notificados formalmente de la acusación.
“Este segundo proceso -ahora anulado- refuerza las denuncias de criminalización contra los defensores de Tariquía, quienes desde hace más de una década rechazan actividades hidrocarburíferas en esta reserva natural y sus alrededores. Además, han advertido sobre el uso del sistema penal como mecanismo de presión y amedrentamiento”, dijo Ibarra.
Al respecto, Campanini dijo que en su labor de seguimiento a los conflictos en Tariquía, observó cómo la judicialización a los defensores de la reserva impacta en sus vidas. El experto detalló que existen fracturas en la organización de defensa y que también hay familias que están afectadas por el conflicto.
“Lo lamentable es que exista división en la defensa de la reserva. Hay intereses económicos que cambiaron la percepción de esta lucha en algunas comunidades”, aseguró Campanini.
Esa posición es respaldada por Juan Mendoza, miembro del Comité de Defensa de Tariquía. El dirigente señaló que algunos de sus colegas cambiaron de postura por intereses particulares. “Somos representantes elegidos por las bases, pero ahora hay secretarios que se han dado la vuelta por diferentes intereses. Por eso ahora queremos estar presentes y tener voz en la audiencia”, dijo Mendoza a este medio.
Audiencia clave sobre la demanda de la Defensoría del Pueblo
La audiencia a la que se refiere el activista es la que estaba programada para el 13 de febrero en el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos. El 29 de enero, el juez agroambiental de ese juzgado, Clever Osorio, amplió el plazo de diez a 20 días hábiles para la presentación de informes y dejó sin efecto la fecha de audiencia.
Esta audiencia se convocó a raíz de la demanda que presentó el 9 de enero la Defensoría del Pueblo de Bolivia. Se trata de una una solicitud de aplicación de medidas cautelares ambientales con el objetivo de suspender de manera temporal los actos de ejecución material del proyecto “Perforación Exploratoria Pozo Domo Oso X-3”, que corresponde al bloque exploratorio San Telmo Norte.
Ese juzgado emitió un dictamen preliminar paralizando actividades en Tariquía por 30 días, pero ese plazo fue ampliado sin fecha. Incluso se debe realizar una inspección ocular en la zona de amortiguamiento del área protegida y también al interior de la reserva. En este proceso se incluyó a la Procuraduría General de Bolivia, que fue la instancia que solicitó extender el plazo.
Esta entidad, que es parte del aparato estatal boliviano, informó que el tema es de “interés social” y que requiere la presentación de informes que todavía se están elaborando. Mongabay Latam envió una solicitud de información a Petrobras Bolivia para conocer su posición frente a la demanda, pero no tuvo respuesta.
En esa audiencia se debe presentar la documentación que determine la legalidad de la incursión petrolera, como si se incluyeron los procesos de consulta a las comunidades que habitan en Tariquía. El Comité de Defensa asegura contar con resoluciones y votos de rechazo a los proyectos petroleros en el área protegida. “Tenemos el último voto resolutivo y más de cuatro rechazos anteriores. Esta audiencia es clave para defender la decisión de las comunidades”, afirmó Mendoza.
Imagen principal: los defensores de Tariquía fueron obligados por la Policía a levantar un bloqueo en una de las rutas de ingreso a la reserva. Foto: cortesía Provinciana TV
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