- El mecanismo de fiscalización fue activado este miércoles en la 52° Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores y el Ejecutivo tiene 15 días para responder.
- En caso de incumplimiento, se podrá activar un recurso para que el Ejecutivo brinde un informe oral y un ministro podría ser interpelado por el Legislativo.
- Esta solicitud se realiza dos semanas después de que Mongabay Latam y una alianza de medios publicarán un reportaje que muestra cómo este pueblo indígena está en riesgo de desaparición.
- Los indígenas ese ejjas no solo se enfrentan al hacinamiento severo, pobreza extrema y contaminación por mercurio, sino a la falta de acceso a su territorio ancestral.
El presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado de Bolivia, José Manuel Ormachea, activó un mecanismo de fiscalización contra el Ministerio de la Presidencia para que explique, en detalle, la situación de extrema vulnerabilidad que atraviesa el Pueblo Indígena Ese Ejja de Eyiyoquibo, que vive hacinado en un reducto de ocho hectáreas a orillas del río Beni y a 481 kilómetros de la sede del Gobierno de Bolivia, en La Paz.
Esta petición de informe, efectuada en la 52° Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores, se realizó dos semanas después de una investigación producida por el Centro Pulitzer, en alianza con la RAI, Mongabay Latam y Asuntos Centrales, que muestra cómo el Estado boliviano está empujando a este pueblo indígena de reciente contacto a la desaparición.
Ormachea, en contacto telefónico con Mongabay Latam, calificó la situación de los ese ejjas como “crítica y urgente” de atender. En esa línea, explicó que su solicitud obedece a la necesidad de contar con información integral sobre la realidad de esta comunidad indígena “para actuar con responsabilidad y eficacia”.
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La administración de Rodrigo Paz Pereira, a través del ministro de la Presidencia, tiene un plazo de 15 días hábiles para responder. Si no lo hace, el Senado puede emitir una conminatoria para que el ministro de esta cartera de Estado, José Luis Lupo, responda en un plazo no mayor a siete días hábiles.
En caso de incumplimiento, explica Ormachea, se puede activar un recurso para que el ministro brinde un informe oral e, incluso, sea interpelado por el Legislativo. Y si ni aún así respondiera, “la Constitución prevé el voto de censura, que puede derivar en la destitución del ministro o en procesos por incumplimiento de deberes”, advierte.
El senador habló también de la deuda histórica que el Estado boliviano tiene con los pueblos indígenas y el caso de los ese ejjas es un ejemplo de ello. Los documentos revisados y testimonios recogidos en Eyiyoquibo desvelan el hacinamiento severo y pobreza extrema en la que viven 358 habitantes indígenas, entre ellos 140 niños menores de 11 años, según el Censo de Población y Vivienda de 2024.
En 2023 la Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas Originarios (Digepio) emitió un informe en el que concluyó que la comunidad Ese Ejja de Eyiyoquibo era “vulnerable al etnocidio por sus condiciones de asimetría estructural con la sociedad nacional”.
Esta comunidad también está expuesta a la contaminación del mercurio que genera la minería ilegal en las cabeceras del río Beni. En 2021, una investigación realizada por el Biodiversity Research Institute (BRI) y la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN) concluyó que las mujeres ese ejjas de Eyiyoquibo presentaban niveles de mercurio seis veces más altos de lo permitido en el cuerpo humano, según los valores de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esta situación llevó a la Defensoría del Pueblo de Bolivia a realizar un estudio en 2022 que concluyó que “el Pueblo Indígena Ese Ejja corre el riesgo de extinción física y cultural debido a las evidencias de contaminación por mercurio en su población”.
Vivir sin territorio: la responsabilidad del Estado en la espera de los ese ejjas
Los ese ejjas de Eyiyoquibo no solo se enfrentan al hacinamiento severo, la pobreza extrema y la contaminación por mercurio, sino también a la falta de un territorio en el que puedan preservar su modo de vida ancestral navegante. Y en esto el Estado, a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), también tiene responsabilidad.
Cuando, a finales de los años 90, los ese ejjas tomaron contacto con el mundo exterior a su comunidad, también se enfrentaron al hecho de que los afluentes que navegaban y los bosques que recorrían —y que consideraban su casa grande— ya tenían dueños. Y que, si querían un territorio, debían tramitarlo ante el Estado.
Sin hablar fluidamente el español y sin saber leer ni escribir, iniciaron este proceso. La documentación revisada da cuenta de que, en 2009, el Viceministerio de Tierras y el INRA identifican 20 000 hectáreas —rodeadas de ríos, en el municipio paceño de Apolo, en el área de manejo integrado del Parque Nacional Madidi— para este pueblo indígena, y que ya solo quedaba pendiente el “mero trámite”, como explicó Alejandro Almaraz, entonces viceministro de Tierras.
Cumplir estos requisitos les tomó a los líderes ese ejjas cuatro años. Cuando por fin lo lograron, el INRA puso su pedido en lista de espera durante ocho años. Según el testimonio de personal técnico que estuvo presente en estas reuniones y que habló bajo condición de anonimato, cuando el INRA respondió, le dijo a los ese ejjas que se olvidaran del predio de 20 000 hectáreas en Apolo y que de tierra fiscal disponible de dotación solo había 900 hectáreas en San Buenaventura. Una superficie situada en medio del monte, sin ríos cerca ni accesos y a dos días de camino a pie desde Eyiyoquibo.
A los habitantes indígenas no les quedó más alternativa que aceptar esa oferta para que 27 familias se asentaran allí. Pero, como requerían más espacio, pidieron al Gobierno que les dotara de más tierras. En 2025, el INRA les emitió una resolución de asentamiento para que otras 67 familias se trasladaran a Puerto Menor, en el municipio de Rurrenabaque, Beni.
Este predio de 1141.8 hectáreas no solo está fraccionado y alejado de los ríos, sino que además está en disputa. Hay tres comunidades campesinas y 20 propietarios privados que aseguran que les pertenece y que no permitirán que los esos ejjas se asienten allí.
En contacto telefónico, Wilson Tórrez, hijo del primer Capitán Grande de Eyiyoquibo y actual miembro de la directiva de este pueblo, expresó su molestia por el procedimiento del INRA. “Ha jugado con nosotros”, dijo, a tiempo de señalar que, sabiendo que el predio en Puerto Menor tenía a otras personas asentadas, se los asignó a ellos.
Explicó que él, junto a otros dirigentes ese ejjas, han recorrido las 1141.8 hectáreas y han encontrado una serie de estancias ganaderas y fincas instaladas en el lugar. “Nosotros somos pacíficos, no queremos ningún conflicto. No iremos a enfrentarnos con otros hermanos”, dice Tórrez. Y agrega: “Tampoco queremos responder como lo hacían nuestros abuelos cuando eran agredidos”.
Pero advierte que la paciencia de su pueblo tiene un límite y que ya es hora de que el INRA resuelva el problema que ha generado. Actualmente, esta entidad estatal se encuentra intervenida. Tras el cambio de gobierno en Bolivia, en noviembre de 2025, el Viceministerio de Autonomías lo intervino tras denuncias de presunta corrupción.
La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, no respondió a la solicitud de entrevista. Su equipo de Comunicación señaló que se encontraba de viaje y remitió la solicitud al Viceministerio de Tierras. Hormando Vaca Díez Jiménez, responsable de esta cartera, dijo vía WhatsApp que había pedido información al INRA y que responderá una vez acceda a esta información.
Imagen principal: las casas que habitan los ese ejjas en Eyiyoquibo carecen de lo básico. Las familias cocinan en fogones a la intemperie. Foto: Eddy Yobanny Velasco
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