- El Ministerio del Medio Ambiente de Chile abrió un proceso único en América Latina para proteger 510 000 hectáreas de salares y lagunas altoandinas como parte de su Estrategia Nacional del Litio.
- El Gobierno de Gabriel Boric anunció el 29 de enero la creación de seis áreas protegidas en Atacama, que conservan 10 humedales de altura.
- Sin embargo, aún es incierto si los restantes 16 en Antofagasta y Tarapacá lograrán ser protegidos antes de que asuma la presidencia José Antonio Kast, quien ha dejado entrever que priorizaría la inversión minera.
- Tampoco se sabe si esa protección será un escudo real o un espejismo administrativo.
Este 29 de enero el Gobierno chileno anunció la creación de seis nuevas áreas protegidas en la región de Atacama, en el norte del país. Todas tienen una misión común: protegerán 10 humedales de altura, entre salares y lagunas. “Lo que estamos haciendo hoy día con la Red de Salares Protegidos es defender nuestra propia existencia”, dijo el presidente Gabriel Boric en la comuna de Diego de Almagro, a 37 días de dejar el cargo a su sucesor, José Antonio Kast.
La noticia es un hito porque cubre casi la mitad de los 26 ecosistemas altoandinos que el Gobierno prometió “blindar” como parte de su Estrategia Nacional del Litio lanzada en 2023 para, en palabras de Boric, “construir un nuevo sueldo para Chile”, pero hacerlo de manera ambientalmente sostenible.
De esta manera, el Gobierno chileno busca resolver —o al menos disipar— una tensión política y económica en la que el litio es tema central de discusión.
Chile posee una de las mayores reservas globales de litio en el mundo. De hecho, este mineral ya desplazó al cobre como el de mayor potencial estratégico para el país. El litio es la base de las baterías que impulsan los vehículos eléctricos, esenciales para alejarnos de los combustibles fósiles que hoy todavía mueven gran parte del transporte mundial. También está en el centro de los sistemas de almacenamiento de electricidad que hacen posible aprovechar a gran escala la energía producida por fuentes renovables como el sol o el viento. Esos dos, el transporte y la generación de energía eléctrica, son los sectores que más emisiones de gases de efecto invernadero producen en el planeta.
A poco más de un mes de que termine el Gobierno de Boric y asuma Kast este 11 de marzo, la Red de Salares corre el riesgo de quedar a medias.
Los restantes 16 ecosistemas, entre salares y lagunas, casi todos ubicados en la región de Antofagasta, con excepción de uno —Laguna Lagunillas— que está en la de Tarapacá, continúan en las fases previas del proceso de declaratoria, como la consulta pública ciudadana y la consulta con comunidades indígenas. Así lo revela esta investigación hecha por Mongabay Latam y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en el proyecto Litio en Conflicto, liderado por el CLIP y en alianza con diez medios de la región para entender algunos de los conflictos que rodean a la industria del litio en América Latina. En algunos salares que esperan ser protegidos, de hecho, hay intereses mineros.
Ese riesgo se debe a que el presidente electo Kast es un líder ultraconservador que fundamentó su programa de Gobierno en la libertad económica y la reducción de la burocracia, que a su juicio “frenan las inversiones». En sus intervenciones, ha defendido que el país debe crecer con una regulación que no sea “agobiadora ni enmarañadora”, planteando desde ya una reforma profunda al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para acelerar proyectos mineros.
Para la cartera de Medio Ambiente, Kast eligió a Francisca Toledo, ingeniera civil industrial y máster en derecho regulatorio, quien se desempeñó como especialista en recursos naturales de Libertad y Desarrollo (LyD), un centro de pensamiento de orientación técnica y liberal que ha liderado la visión económica del sector de centroderecha en Chile. Su trayectoria desde 2022 como investigadora de LyD se enfocó en temas de tramitación ambiental.
Este panorama ha hecho temer a muchos científicos y expertos ambientales que, si el Gobierno no consigue crear las áreas protegidas restantes en las próximas cinco semanas, podrían enfrentar nuevas dificultades para volverse realidad.
Nace la Red Nacional de Salares
La Estrategia Nacional del Litio, presentada por la administración de Boric en 2023, propuso crear una Red de Salares Protegidos que actúe como un contrapeso a la actividad industrial en estos humedales.
Hasta el anuncio del Gobierno esta semana, solo se habían protegido un 8.5 % de los salares y éstos se concentraban en áreas emblemáticas pero aisladas, repartidas principalmente en parques nacionales y monumentos naturales. Ejemplos de ello son el Salar de Surire (que está parcialmente protegido como monumento natural); el Salar de Huasco, en la zona cordillerana de la región de Tarapacá (que es un parque nacional); partes del Salar de Maricunga; y la laguna del Negro Francisco (conservadas dentro del Parque Nacional Nevado Tres Cruces); y porciones del Salar de Atacama, que hoy se encuentran bajo el resguardo de la Reserva Nacional Los Flamencos.
La nueva red busca romper con esta fragmentación para crear un sistema interconectado que conserve un mayor número de humedales altoandinos y cubra las cuencas de Atacama y Antofagasta, donde la presión minera es más intensa.
Estos salares y lagunas, que una vez protegidos se integrarán al recién creado Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SBAP), se organizan en dos grandes núcleos geográficos en el extremo norte de Chile.
En la región de Atacama, la Red incluye las seis áreas protegidas recién creadas, que resguardan 10 salares y lagunas altoandinas. Se trata de tres parques nacionales, una reserva nacional y dos Reservas de Región Virgen (RRV) que superaron todas las fases de tramitación administrativa, incluyendo la consulta técnica y ciudadana.
Más al norte, en Antofagasta, el plan es igual de ambicioso pero más incierto: se proyecta la conservación de 15 ecosistemas.
Un último cuerpo de agua por proteger, Laguna Lagunilla, está ubicado en la región de Tarapacá, pero no hay información pública sobre el estado de su proceso de declaratoria.
Mientras las áreas protegidas de Atacama acaban de nacer, las de la región de Antofagasta están aún en el limbo, ya que la primera etapa, la de consulta indígena y ciudadana, acaba de ser finalizada para algunos ecosistemas mientras que para otros aún siguen abiertas.
¿Escudo real o espejismo administrativo?
Desde el lanzamiento de la Estrategia Nacional del Litio (ENL), el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) ha desplegado una logística técnica y política inédita, suscribiendo convenios con universidades y abriendo consultas indígenas, con el fin último de proteger estos 26 ecosistemas salinos.
La geógrafa Valentina Pineda, profesional del departamento de Áreas Protegidas del MMA, explicó en un webinar en septiembre de 2025 que el objetivo es “sumar 510 000 nuevas hectáreas para la conservación”. Esas declaratorias, explicó, ayudarían a Chile a avanzar hacia cumplir con la meta global de proteger el 30 % de las áreas terrestres y marinas a 2030, como parte de las negociaciones del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal.
Para la ministra Maisa Rojas, esta Red es la herramienta para garantizar la sobrevivencia de ecosistemas frágiles y únicos frente a la crisis de pérdida de especies. “Los salares tienen un potencial de riqueza basado en la investigación y el desarrollo tecnológico, a partir del conocimiento de su flora, fauna y microorganismos”, explicó Rojas.
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En forma paralela, los científicos y expertos ambientales consultados para esta nota coincidieron en que la Red es una apuesta ambiciosa que busca revertir décadas de desinterés estatal en un norte que ha servido históricamente como la «billetera de Chile pero a costa de sacrificio ecológico”, en palabras de uno de ellos.
Aunque muchos científicos comparten la importancia de crear las áreas protegidas, algunos han levantado alertas sobre la carrera contra el reloj, como reportó Mongabay Latam hace dos años. La ingeniera química Ingrid Garcés, doctora en ciencias y académica de la Universidad de Antofagasta, sostiene que la Red se lanzó con un profundo desconocimiento de lo que se pretendía proteger. Según Garcés, un salar no es un yacimiento, sino un cuerpo hidrológico interconectado.
En su visión, proteger solo «polígonos» o fragmentos superficiales, mientras se permite la extracción en el resto de la cuenca es «no entender nada del ecosistema». Su temor es que se estén creando, en sus palabras, «parques de papel» que lucen bien en los mapas internacionales, pero que podrían terminar muriendo de sed en la vida real.
La gestión liderada por el Gobierno de Boric intenta dejar este legado antes de que finalice su mandato el 11 de marzo. Sería un “esfuerzo genuino» por institucionalizar la protección de microorganismos extremófilos y fauna vulnerable, algo nunca antes visto en el continente con esta fuerza. Pero el apuro político ha dejado flancos abiertos que los abogados ambientales ya están mapeando. La incertidumbre sobre si estos decretos resistirán el cambio de mando hacia la administración de Juan Antonio Kast sobrevuela cada reunión técnica.
Mientras la institucionalidad ambiental chilena celebra el mayor avance en conservación del siglo XXI en la región de Atacama, la base misma de esa protección —la certeza jurídica y científica— pende de un hilo en su región vecina, Antofagasta. ¿Es esta Red un escudo real o un espejismo administrativo que se desvanecerá con el cambio de Gobierno? Para entenderlo, es necesario descender a los detalles de una gestión que se debate entre la ambición del 30 % y la cruda realidad de los derechos mineros preexistentes en estos salares y lagunas.
Atacama, el laboratorio de conservación de 10 ecosistemas salinos
La secretaria regional ministerial (Seremi) del Ministerio de Medio Ambiente de Atacama, la bióloga Natalia Penroz, cuenta que siente “un gran orgullo” de haber logrado la protección de sistemas que históricamente no tenían grado alguno de conservación.
La apuesta en Atacama es ambiciosa. Tres de las nuevas áreas protegidas tendrán la categoría de parque nacional: el Parque Nacional de las Lagunas Bravas (que engloba las de Bravas, Redonda, Bayo y Escondida), el Parque Nacional Salar de Gorbea y el Parque Nacional Salar de Las Parinas. A estos se sumarán la Reserva Nacional Salar de Pedernales y la creación de las primeras dos Reservas de Región Virgen (RRV) del país, denominadas Lagunas Collas y de Las Pisacas.
Esto último supone un hito porque es la categoría de protección más estricta de la legislación chilena, destinada a áreas que se mantienen en un estado natural prístino y donde está prohibida cualquier actividad humana, permitiendo únicamente la investigación científica y el monitoreo ambiental bajo estándares rigurosos.
Sin embargo, la protección en Atacama es una moneda de dos caras.
El caso del salar de Pedernales, que contempla una protección parcial, es emblemático del conflicto entre conservación y minería. Mientras el Estado acaba de crear una Reserva Nacional, la gigante estatal Codelco mantiene derechos de agua que han impactado el acuífero por décadas. Esta presión hídrica escaló a la Justicia cuando el Consejo de Defensa del Estado (CDE) —el organismo técnico-jurídico encargado de defender los intereses patrimoniales y ambientales de la Nación—, demandó a la minera por causar un “daño irreversible” tras 36 años de extracción.
Aunque el litigio cerró en 2020 con un acuerdo de reparación, expertos como el ingeniero civil industrial y especialista hídrico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Ricardo Espinoza advierten que “es una contradicción técnica proteger la superficie si el acuífero se sigue vaciando». Para el experto, cualquier declaratoria de protección será “insuficiente” si no se aborda el origen del estrés hídrico y se obliga a la industria minera a transitar definitivamente hacia el uso de agua desalinizada.
El Salar de Maricunga se presenta como el tablero más complejo de esta convivencia forzada. Aunque aparecía en la lista original de protección en 2023 como el ecosistema número 27 por proteger, su estatus ha sido una constante interrogante debido a su valor estratégico: Codelco lo considera uno de los principales del mundo en concentración de litio. Este potencial económico se selló en mayo de 2025, cuando la estatal chilena firmó un acuerdo con el grupo británico Rio Tinto —el segundo conglomerado minero más grande del planeta— para iniciar la extracción de litio, con miras a comenzar las obras en 2030.
Con la entrada en vigencia del Sistema de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Maricunga —que está protegida como humedal de importancia internacional bajo la convención Ramsar— debe homologarse como área protegida del Estado chileno. Antes de esta ley, los sitios Ramsar eran reconocidos pero no formaban parte formal del sistema de parques y reservas administrados por el Estado. La nueva legislación exige que estos humedales internacionales se integren al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), dándoles por primera vez una categoría jurídica nacional (como parque o reserva) y un plan de manejo vinculante.
Sin embargo, la ley no define qué categoría debe asignarse automáticamente. Es aquí donde radica el temor de las autoridades actuales: mientras el MMA “propone la categoría de parque nacional”, asegura Penroz, advierte que una nueva administración, bajo presiones de la industria del litio, “podría optar por una figura de menor protección”.
La propia Seremi Natalia Penroz reconoce que hubo salares «perdidos» para la protección ambiental como resultado de la negociación con el Ministerio de Minería. Es el caso de la Laguna Verde, un ícono turístico que quedó fuera de la Red.
Esta «protección negociada», como la describió Penroz, dejó un sabor agridulce para algunos científicos que conocen las costuras del proceso. Para María Isabel Manzur, bióloga e investigadora en biodiversidad y recurso genético de la ONG ambiental Chile Sustentable, “la fragmentación de los mapas en Atacama no responde a criterios ecológicos, sino a lo que la industria minera permitió conservar”.
Su voz tiene un peso histórico: Manzur es una de las mayores especialistas en conservación de Chile y trabajó durante 13 años como consultora en el Congreso para darle vida a la Ley 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), conocida popularmente como la «Ley para la Naturaleza». Esta legislación, aprobada en 2023, es el hito ambiental más importante del país en décadas, pues unificó la gestión de los parques y reservas bajo un solo órgano técnico ambiental, sacando la protección de los ecosistemas de la órbita de agencias estatales enfocadas en temas productivos o forestales.
A pesar de esta crítica, Penroz defiende que “pasar de casi nada a un 33 % de protección regional de los salares y lagunas es una ganancia que no se puede despreciar”. En las oficinas de la Seremi, el argumento es que hay una urgencia vital: especies como el flamenco chileno, explican, muestran curvas de disminución poblacional que exigían acciones inmediatas, aunque éstas puedan ser vistas como parciales o insuficientes.
Al final, para el Gobierno que termina su mandato en marzo, es preferible un blindaje fragmentado hoy que un ecosistema totalmente desprotegido mañana, justo cuando se siente la fiebre por el litio motivada por la demanda global por el mineral.
Antofagasta, una deuda de 30 años y la carrera por proteger 15 ecosistemas
Si Atacama es el laboratorio, Antofagasta es el campo de batalla donde el tiempo parece haberse detenido.
Pineda, la geógrafa del departamento de Áreas Protegidas del MMA, señala una cifra alarmante: la región minera por excelencia tiene apenas un 3 % de su superficie protegida y no ha visto la creación de un parque nacional en los últimos 15 años.
Para romper esta inercia, la Red de Salares Protegidos propone salvaguardar 15 ecosistemas que operan como oasis de biodiversidad. Al 28 de enero de 2026, el Gobierno ya ha formalizado propuestas de protección para núcleos clave: los salares de Carcote, Aguas Calientes IV y la Laguna de la Azufrera se encuentran en consulta pública para convertirse en parques nacionales, mientras que para el Salar de Atacama —uno de los epicentros de la minería de litio en el país— se ha propuesto una categoría de Área de Conservación de Múltiples Usos que elevaría los estándares ambientales pero no restringiría todas las actividades económicas.
Sin embargo, la ambición de conservación choca de frente con un mapa de propiedad minera ya consolidado.
Casi la totalidad de la superficie de los salares y lagunas de la comuna de San Pedro de Atacama —ubicada en el corazón de la región de Antofagasta y propuesta por Chile como Patrimonio de la Humanidad por su rico legado natural y de arquitectura colonial— cuenta con concesiones mineras de explotación ya otorgadas, según una investigación periodística de Climate Tracker publicada en noviembre de 2023 y basada en datos de la autoridad minera nacional, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).
La posible colisión de derechos es directa en sistemas lacustres como Capur (también llamado Talar), Aguas Calientes Centro 2 (Pili) y Loyoques (también conocido como Quisquiro), donde la empresa chilena SQM concentra pertenencias mineras. Asimismo, la canadiense Lithium Chile tiene intereses en el salar de Capur o Talar, la también canadiense Wealth Minerals Ltd. en el de Loyoques o Quisquiro y la chilena Lithium Chile SpA en la laguna de Tuyajto, según un levantamiento de datos de proyectos y empresas hecho por el CLIP con apoyo de Columbia Journalism Investigations (CJI) que será publicado en febrero.
En los cuatro casos, se trata de salares o lagunas que el Ministerio del Medio Ambiente ha planteado proteger completos, no parcialmente.
Ante este escenario de colisión de derechos, la nueva Ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) podría convertirse en la principal herramienta de control. Eduardo König, abogado de la Universidad de Chile e investigador de la Fundación Terram, explica que la existencia previa de una concesión no otorga un cheque en blanco. Según König, cualquier actividad que se pretenda desarrollar dentro de los límites de un área protegida se rige por el artículo 63 de la ley, debiendo “respetar la categoría y el objeto de protección del área y ser compatible con su plan de manejo”.
Esta «aduana ambiental», en sus palabras, aplicaría no solo para quienes soliciten nuevas concesiones, sino también para los titulares que ya cuentan con pertenencias mineras en estas zonas.
A diferencia de su vecina Atacama, en Antofagasta las consultas indígenas con el pueblo atacameño han estado marcadas por tensiones territoriales. Un punto crítico fue la relación con la comunidad de Socaire respecto a la protección de Aguas Calientes 3. Aunque la comunidad llegó a suspender su participación en noviembre de 2025 tras calificar el proceso de «centralista» e «inconsulto», el diálogo finalmente concluyó.
El presidente de la comunidad de Socaire, Rodrigo Varas, confirmó que la consulta indígena ya finalizó, a pesar de múltiples diferencias con el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Bienes Nacionales sobre el saneamiento de sus títulos de propiedad ancestral.
El MMA inició un proceso de consulta pública para la creación del Parque Nacional Carcote (que abarcaría 30 880 hectáreas) y la ampliación del Parque Nacional Llullaillaco (hasta 31 856 hectáreas). La resolución establece un plazo de 23 días hábiles para recibir observaciones ciudadanas, un periodo que concluye días antes del cambio de mando.
A pesar de estos hitos y durante un reciente encuentro informativo en enero de 2026 —abierto a la ciudadanía vía Zoom—, la abogada del MMA Daniela Cisternas dijo que, legalmente, “aún no existe ninguna nueva área protegida en la región hasta que los decretos se publiquen en el Diario Oficial”. Por ahora, el 70 % de la protección regional sigue dependiendo de un solo parque creado en 1995, el Parque Nacional Llullaillaco, mientras el resto de la Red permanece en las fases finales de un trámite que compite contra el calendario de la transición de mando.
Mongabay Latam solicitó una entrevista con la secretaría regional ministerial del Ministerio de Medio Ambiente de la región de Antofagasta desde el 12 de enero de 2026, a través de tres correos electrónicos y una visita a la oficina regional del Seremi. Hasta el cierre de esta investigación no hubo respuesta.
La incertidumbre legal de un proceso incompleto
A un mes del cambio de mando en Chile, la carrera contra el tiempo para proteger estos 26 ecosistemas de alta montaña devela una pregunta fundamental: ¿qué podría pasar si algunas de las declaratorias propuestas no quedan finalizadas cuando Boric deje el Palacio de la Moneda?
Un especialista jurídico que pidió omitir su nombre por ser funcionario público argumenta que existe un «principio conclusivo», que obliga al Estado a terminar los procesos iniciados. Según esta visión, el mandato del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático (CMSCC) —la instancia interinstitucional que lideró esta política pública— es obligatorio y el nuevo gobierno deberá, por ley, concluir la creación de la Red.
Otros abogados como Antonio Pulgar de la ONG ambiental FIMA advierten que el riesgo es más sutil: el Gobierno entrante podría mantener el área «protegida» en nombre, pero cambiar su categoría a una menos estricta en sus restricciones de usos y que permita actividades productivas.
La consulta indígena también aporta su cuota de tensión. Mientras el MMA asegura que los acuerdos son vinculantes, expertos como el antropólogo Mauricio Lorca sugieren que el proceso ha sido excluyente y que la «paz social» lograda en algunos territorios es instrumental y monetizada.
“Si la Red no tiene una base social sólida que la defienda en las calles y en los tribunales, su supervivencia dependerá exclusivamente de la voluntad de quien ocupe La Moneda”, advierte.
Pedernales bajo la minería y la protección parcial
Bajo el sol inclemente de la alta cordillera, José Reinoso, fundador de la comunidad indígena colla Geoxcultuxial, observa el horizonte con ojos achinados que parecen contener la memoria de los cerros. Señala la inmensidad blanca y turquesa del salar de Pedernales.
El paisaje en Pedernales, parte del cual quedó recién convertido la semana pasada en la Reserva Nacional Salar de Pedernales, parece extraído de un sueño de otro mundo. Costras de sal que crujen bajo los pies, lagunas turquesas que reflejan volcanes dormidos y una geografía que cambia de textura a cada paso. De pronto, el silencio se interrumpe por el paso elegante de una tropilla de guanacos y el trote cauteloso de un zorro culpeo.
En las orillas de los espejos de agua, los rosados flamencos filtran microorganismos ajenos a la tensión política que se respira en el país, mientras burros silvestres y aves como guallatas o piuquenes (Chloephaga melanoptera) y vicuñas (Vicugna vicugna) completan una escena de majestuosidad prístina. Es un ecosistema que vibra y que ahora, con la declaratoria del área protegida, podría dejar atrás años de tensión.
En ese salar, la gran minería también ha dejado su huella histórica que motivó el pleito judicial con el Consejo de Defensa del Estado años atrás. Para Reinoso, el acuerdo por la reparación alcanzado por la minera es “apenas el comienzo” de una larga recuperación. El contraste es brutal: la fragilidad de un ecosistema que hoy estrena el título de Reserva Nacional e intenta sanar, frente a la promesa de bienestar económico de una industria a escala global que aún lo mantiene bajo vigilancia.
Al final de la jornada en el salar de Pedernales, el viento frío de la tarde se cuela en los huesos. “Me gustaría que el 100 % de los salares se protegieran porque son el corazón de nuestro territorio«, dice Reinoso con una voz suave pero firme.
Hace una pausa y deja que el viento se lleve los granos de sal de su mano. Al consultarle por teléfono tras la noticia de la firma oficial de este 29 de enero de 2026, la voz de Reinoso no trasluce celebración, sino cautela y estrategia. “No me alegra, pero eso es posible revertirlo con una buena defensa. Lo estudiaré en detalle”, afirma con determinación, antes de despedirse con la cortesía que lo caracteriza.
Su sentimiento lo comparte, desde la academia en Antofagasta, la científica Ingrid Garcés, quien fustigó la alegría gubernamental manifestada durante la firma de los decretos. “¿Dónde está el país ecológico? ¿La industria nacional del litio? ¿El instituto del Estado que generaría ciencia a nivel mundial? Me parece de una falta total de coherencia. Yo no celebro”, sentenció.
Para Pedernales, el papel llegó, pero para José Reinoso, el trabajo de vigilancia recién comienza. El reloj sigue corriendo para los otros 16 ecosistemas de la Red en Antofagasta y Tarapacá, que aguardan el mismo trámite en medio de la incertidumbre por los planes que el nuevo Gobierno tendrá para ellos.
Lee la versión completa de esta investigación en el CLIP.
Litio en Conflicto es un proyecto liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en alianza con Consenso (Paraguay), La Región (Bolivia), Quinto Elemento Lab (México), Repórter Brasil (Brasil), Ruido (Argentina), Climate Tracker América Latina, Dialogue Earth, Mongabay Latam y Columbia Journalism Investigations (CJI) sobre cómo está funcionando la industria del litio en América Latina. Con el apoyo del equipo legal El Veinte.
Imagen principal: la nueva red de protección de salares en Chile busca romper con la fragmentación para crear un sistema interconectado que conserve un mayor número de humedales altoandinos y cubra las cuencas de Atacama y Antofagasta, donde la presión minera es más intensa. Foto: Barinia Montoya/CLIP
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