- La explotación de minería y tala ilegales están cada vez más asociadas al desplazamiento forzado de comunidades indígenas en la Sierra Tarahumara, al norte de México.
- Chihuahua, el estado más extenso del país, también tiene una gran producción minera, algo que están usando los grupos delictivos para diversificar sus ingresos.
- No hay denuncias formales que vinculen a los desplazamientos forzados con estas actividades extractivas, pero la crisis humanitaria se ha agravado en el último año.
- Las comunidades indígenas están enfrentando agresiones cada vez más violentas para abandonar sus territorios, de acuerdo con organizaciones y defensores consultados por Mongabay Latam.
El crimen organizado está ampliando sus actividades extractivas al norte de México. La violencia ligada a la explotación de la minería y la tala ilegales están desplazando cada vez más a comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, un elevado sistema montañoso al norte del país, en el estado de Chihuahua, donde habitan los pueblos rarámuri (antes tarahumara), tepehuanes del norte, pima y guarijó.
Las comunidades indígenas de Chihuahua —que han sido históricamente violentadas— están siendo despojadas y desplazadas. Incluso, en algunos casos aisladas y forzadas a trabajar para grupos delictivos.
Si bien el estado de Chihuahua ha padecido históricamente este fenómeno, principalmente asociado a la disputa de grupos del crimen organizado por territorios, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos notan no sólo un incremento reciente en el número de familias desplazadas, sino también en los casos donde la minería y la tala ilegales juega un papel clave.
Aunque las autoridades dicen no tener información que vincule los desplazamientos forzados al control de minas de parte del crimen organizado, reconocen una tendencia al alza de casos por los conflictos entre grupos delictivos.
Especialistas y defensores consultados por Mongabay Latam coinciden en que durante 2025 hubo focos rojos en la Sierra Tarahumara, como en las localidades de Guadalupe y Calvo y Moris, donde la violencia, el despojo de tierras y la explotación de los recursos naturales escalaron.
De la minería artesanal a la explotación en la Sierra Tarahumara
Además de ser el estado más extenso de México, Chihuahua ha tenido una gran actividad minera. Guadalupe y Calvo, por ejemplo, fue una de las zonas mineras más importantes durante la colonia española. Entonces, muchos pueblos indígenas habitaron como refugio los espacios que integran sus actuales territorios.
El estado sigue siendo productor de minerales como plata, plomo, zinc, cobre y oro a nivel nacional, con un valor de producción que va en ascenso, ante los máximos históricos que ha reportado el precio del oro, así como la plata, a nivel mundial.
Además, el narcotráfico y la delincuencia organizada han estado históricamente presentes en esta región, que es clave para el trasiego de droga hacia Estados Unidos, pero también mediante la explotación de recursos naturales, como la tala ilegal o el acaparamiento de concesiones de agua.
Guadalupe y Calvo es precisamente una de las regiones donde grupos delictivos están explorando posibles yacimientos de oro. El municipio, ubicado al sur del estado, es parte del conocido Triángulo Dorado, una región serrana y fronteriza con los estados de Sinaloa y Durango, asociada al cultivo de drogas y la operación del narcotráfico por su difícil acceso.
“Aquí les compran tierras o se las quitan cuando se sabe que hay una mina. Si alguien se opone es cuando los amenazan y tienen que irse. Donde se sabe que hay minería hacen pruebas para buscar los metales preciosos”, relata una trabajadora comunitaria que acompaña a familias desplazadas en esta región de Chihuahua y que pide el anonimato por su seguridad.
Si bien hay comunidades indígenas que se dedicaban a extraer el oro de forma artesanal —conocidos como gambusinos— la disputa de grupos criminales por territorios y minas ha dejado en medio a los grupos más vulnerables, pues se les paga poco por sus tierras, se les despoja o incluso se les recluta forzosamente.
“Si hay inseguridad en una comunidad y se quieren llevar reclutados, a veces los papás sacan a sus hijos para llevarlos a trabajar en la mina. En la mina también los reclutan, entonces sus padres se los llevan hacia la ciudad para que no entren en el crimen, pero están unidos la mina y el crimen”, cuenta la activista a Mongabay Latam.
En Chihuahua, para procesar el oro artesanalmente se ha utilizado un molino de piedra conocido como tahona. La activista cuenta que los jóvenes usados para esta extracción trabajan totalmente expuestos al mercurio, una sustancia altamente tóxica y usada para separar el oro de las piedras.
“Andan enfermos de los ojos, la garganta y llegan aquí a buscarme [por atención médica]. Usan el mercurio al aire para moler más la tierra y que se separe del oro. Lo que sobra lo tiran así nomás al arroyo. Ha habido mucho cáncer, pero no se dice que sea por el mercurio”, comenta la fuente.
Una investigadora que ha estudiado el desplazamiento forzado de comunidades indígenas en la región y quien pide reservar su identidad explica que la minería artesanal ha impactado las fuentes de agua de las mismas comunidades, en zonas como Moris, donde la minería legal e ilegal sigue vigente.
“La tahona es una forma de minería altamente contaminante que acaba con las fuentes de agua, va acabando con toda el agua en las rancherías”, comenta la académica.
Entre junio y julio de 2025, cerca de 10 comunidades indígenas tuvieron que salir de sus territorios ante los ataques realizados por un grupo delictivo conocido como Los Salazar, presuntos aliados del Cártel de Sinaloa, quienes buscan controlar territorios mineros de Moris y Uruachi, de acuerdo con reportes de medios locales que han seguido este fenómeno.
Los ataques incluyeron explosivos con drones que lanzaron directamente hacia las viviendas de las comunidades, hechos que posteriormente reconocieron autoridades de Chihuahua. La violencia no cesó durante todo el año, donde constantemente familias de estas localidades decidían salir de sus hogares.
Mongabay Latam consultó a la Fiscalía de Chihuahua para conocer las acciones ante la violencia vinculada con la minería ilegal, sin embargo la institución respondió no tener denuncias de desplazamiento por el control de los yacimientos, sino únicamente por conflictos entre grupos armados.
Norma Ledezma, abogada activista y titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Chihuahua (CEAVE), matiza que aunque no hay registro oficial de la minería sobre el desplazamiento de comunidades indígenas no implica que estas actividades no estén ocurriendo, pues reconoce que hay un subregistro importante en este tema.
“Las personas desplazadas casi no denuncian, un 95 % no denuncia. Hacemos la intervención porque tenemos un comité de desplazamiento forzado interno. Las personas tienen miedo porque además su interés es regresar”, dice a Mongabay Latam.
Al cierre de 2025, la funcionaria señala que atendieron a cerca de 600 personas desplazadas del municipio de Moris, mientras que del último desplazamiento masivo de Guadalupe y Calvo señala que se atendieron a cerca de 27 familias, quienes estuvieron en confinamiento por grupos armados en diciembre pasado.
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Tala ilegal, un factor histórico en desplazamiento en Chihuahua
Una mujer indígena tepehuana desplazada recuerda cómo tuvo que huir de su comunidad, dentro de Guadalupe y Calvo, tras el asesinato de su hermano y su primo. “Toda la gente andaba armada. Ya no se podía vivir ahí”, cuenta en diálogo con Mongabay Latam. Aunque intentó regresar un año después, fue recibida a balazos. Desde entonces vive en una casa prestada en la comunidad de Baborigame, sin apoyos estables y dependiendo de trabajos informales. “Allá sembrábamos maíz y frijol. Aquí ya no se puede”, dice.
La mujer, que pide reservar su identidad, desconoce la razón por la que atacaron a su familia y le quitaron su casa, a la que no ha podido regresar desde hace dos años.
En regiones de la Sierra Tarahumara, como Guadalupe y Calvo, Mori, Uriachi, Guachochi, los desplazamientos de comunidades indígenas fueron al alza durante 2025, varios de ellos en zonas boscosas donde la tala ilegal también impulsa el despojo de territorios.
Para Diana Villalobos, directora de la asociación civil Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC), la delincuencia organizada ha diversificado sus actividades extractivas tras la poca rentabilidad que dan ahora los cultivos ilícitos, como la marihuana y la amapola.
“Con el tema de que Estados Unidos permitiera la siembra y el consumo de la marihuana bajó los precios y los cárteles empezaron a diversificar las actividades. En esa época aumenta la tala ilegal”, dice la activista a Mongabay Latam.
Asegura que esto mismo pasa con la minería en ciertas zonas de la Sierra Tarahumara, donde “hay lugares en donde la gente saca oro de los ríos. Ha habido casos de gente que la han secuestrado para robarle”, agrega.
La directiva sostiene que desde la organización han acompañado legalmente casos de comunidades que exigen el reconocimiento a su territorio, pero en zonas donde el crimen organizado controla los territorios ha sido imposible exigir sus derechos aún con sentencias judiciales.
“Las familias que acompañamos de Uriachi tienen sentencias ganadas y ordenan a la autoridad que les garantice seguridad, pero no les dicen que eso no es posible.
CONTEC, añade, también acompaña a comunidades que son confinadas por el crimen organizado. “Estuvieron dos años confinados por estos límites entre los territorios que dominaban determinados grupos y algunas siguen en confinamiento. Esa es otra cara del desplazamiento”, sostiene.
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Autoridades, con pocos datos y pocas denuncias de desplazados
Si bien no hay datos oficiales o estimaciones de la población desplazada en Chihuahua, autoridades del estado crearon una comisión que realiza informe y encuestas a víctimas para entender mejor un fenómeno que comenzó desde aproximadamente 1970, pero que se documentó solo hasta 1992.
Un informe al respecto reconoce un subregistro del fenómeno, pues señala que la gran mayoría de las personas desplazadas —más del 50 % de las encuestadas son indígenas— no denuncia por miedo a represalias, la desconfianza en las autoridades y la prioridad de sobrevivir o regresar al territorio.
El patrón, detalla Villalobos, son las afectaciones a las comunidades indígenas.
“La gente sale sin nada, pierden su patrimonio y tardan mucho tiempo en recuperarse, tanto económica como emocionalmente. Pasaron amenazas, enfrentamientos, balaceras. El temor es algo que se da de manera continua”, precisa la defensora.
Mientras tanto, muchas familias viven en una especie de desplazamiento prolongado e incierto: no se van del todo, pero tampoco pueden volver. Se mueven entre rancherías, pueblos y ciudades, esperando que la violencia baje. Algunas regresan solo para descubrir que sus casas fueron saqueadas o incendiadas.
Imagen principal: protesta contra la tala ilegal en bosques de San Elías Repechique, municipio de Bocoyna, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, México. Foto: cortesía Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC)
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