Ecuador y Colombia protagonizan desde hace semanas un enfrentamiento comercial, económico y político centrado en los aranceles de la energía. De fondo, hay un fracaso de la política de seguridad de Daniel Noboa, presidente de Ecuador alineado con Estados Unidos, que no logra combatir eficientemente al crimen organizado en su país, asegura Alberto Acosta, economista, ex ministro de Energía y Minas (enero 2007-junio 2007) y presidente de la Asamblea Constituyente que dio origen a la Constitución de 2008, conocida por reconocer los derechos de la naturaleza.

Noboa culpa a Colombia por la falta de seguridad fronteriza, en medio de una crisis de violencia impulsada por narcobandas también dedicadas a la minería ilegal de oro en ambos países. Como una especie de medida ejemplificadora, el presidente ecuatoriano dispuso medidas arancelarias del 30 % y un aumento del 900 % a la tarifa de transporte de crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano.

En respuesta, el presidente colombiano, Gustavo Petro, suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador, lo que puede agravar la crisis energética que afecta a ese país.

Mientras tanto, el crimen organizado se fortalece en ambos países a través de la minería ilegal de oro. A pesar de los operativos militares contra puestos mineros ilegales, Acosta asegura: “La minería ilegal tiene vasos comunicantes con el Gobierno, con la minería legal y ahora está en gran medida en manos del crimen organizado”.

—Ecuador y Colombia atraviesan una crisis política, económica y energética, definida como una “guerra comercial” por el presidente colombiano Gustavo Petro. ¿Qué análisis haces de esta crisis? ¿Qué hay detrás de este conflicto?

—Las razones de esta crisis son difíciles de entender y más difíciles de aceptar. El Gobierno del presidente Noboa introduce lo que llama una tasa de seguridad cuando incrementa los aranceles en un 30 % para los productos importados desde Colombia y lo hace argumentando que Colombia no estaría cuidando adecuadamente su frontera sur y que eso permitiría un enorme movimiento de personas y de recursos vinculados al narcotráfico. En resumen, ese es el argumento que presenta el Gobierno de Ecuador.

Detrás de eso argumenta también o trata de justificar anotando que el Ecuador tiene un déficit comercial con Colombia, porque nosotros importamos más productos que los que exportamos a Colombia. Y en ese contexto hay varias lecturas que se pueden hacer. ¿Qué significa el hecho de que Ecuador suba los aranceles y que Colombia responda también subiendo los aranceles y limitando el suministro de electricidad que viene de Colombia hacia Ecuador, que en algunos momentos es muy importante? ¿Qué significa que Ecuador tome una contramedida al incrementar la tarifa de transporte del petróleo colombiano, que era llevado por el oleoducto Transecuatoriano hacia la costa? Significa que estamos embarcados en lo que podríamos decir, a primera vista, una guerra comercial, que tiene una serie de implicaciones muy complicadas.

—¿Qué otras implicancias podría tener para Ecuador?

—Por ejemplo, si suben los precios de los productos colombianos que consumimos en Ecuador y viceversa, los productos ecuatorianos que se consumen en Colombia, estamos frente a un proceso que va a generar presiones inflacionarias. Simultáneamente, y esto es grave y preocupante, se abre la puerta para actividades irregulares. El contrabando. Esto afecta el combate al crimen organizado porque el crimen organizado no está solo vinculado al narcotráfico. El crimen organizado está vinculado cada vez más con una multiplicidad de negocios de los cuales obtiene sus recursos. Donde pueden hacer ganancias está metido. El contrabando ha sido siempre un espacio donde el crimen organizado se ha desarrollado. Pero ahora podría ser a mayor escala.

Hay otro problema adicional: es muy grave para Ecuador el incremento de aranceles de Colombia porque cerca del 60 % de la importación de productos colombianos son insumos para la producción ecuatoriana. Eso es gravísimo.

Y hay otro problema que tiene que ver con el hecho de que se están rompiendo o se podrían romper relaciones comerciales establecidas a lo largo de décadas. ¿Qué va a suceder si en algunos casos, con el incremento de los precios de las materias primas, tú no puedes seguir manteniendo la cadena de producción? Por ejemplo, Colombia es uno de los sitios donde más aceite de palma coloca la producción ecuatoriana. Entonces hay toda una afectación a las lógicas comerciales.

Doy un paso más. Vamos entrando cada vez más en una lectura más profunda: está también la grave afectación a las relaciones bilaterales de dos países hermanos, de dos pueblos hermanos. Los orígenes de Ecuador y Colombia son los mismos. Las raíces culturales son las mismas. Es un golpe muy duro para la integración regional. Dentro de la Comunidad Andina de Naciones hay convenios bilaterales que está siendo violentados. Hay convenios internacionales dentro de la Organización Mundial de Comercio.

—¿Por qué cree que Noboa toma esta decisión?

—La pregunta que me hago es si era realmente necesario que el Gobierno del presidente Daniel Noboa tome una medida así. Y la respuesta es no. Lo que yo creo es que detrás de esta guerra comercial con Colombia, Noboa está buscando un causante externo ante el fracaso manifiesto, indudable, inocultable de la política de seguridad contra el crimen organizado.

Durante el Gobierno de Noboa el índice de asesinatos por cada 100 000 habitantes pasó de 47 a más de 51. Esto, a pesar de que se declaró el conflicto interno armado, se movilizaron fuerzas armadas y policías. Y que no está respetando el marco institucional de derechos. Hay una normativa cada vez más represiva. Un populismo penal. Y también tenemos una movilización de recursos de todo tipo para apoyar este conflicto interno armado. El fracaso es indudable. Entonces, le echó la culpa a Colombia de esta inseguridad. ¿Por qué Colombia y no Perú? Porque Ecuador tiene una posición geopolítica sumisa frente a Washington.

En este contexto, se está comenzando a discutir sobre la posibilidad de impulsar la revocatoria del mandato del presidente a Daniel Noboa. Lo permite la Constitución: se puede impulsar la revocatoria del mandato de cualquier persona que haya sido electa. Eso corre desde el primer año de su gestión hasta cumplir el tercer año de su gestión. Ya hay algunos colectivos y algunos movimientos sociales y partidos políticos que están impulsando esa idea, sobre todo en varias provincias. Se están formando asociaciones, grupos que quieren impulsar esa idea de ir a la revocatoria del mandato.

—¿Cuál puede ser el impacto ambiental de esta «guerra comercial»?

—Colombia nos ha dado un aporte de energía eléctrica importante, que ha servido para cubrir el déficit eléctrico y de vez en cuando también nosotros hemos exportado energía a Colombia. ¿Qué sucede si en un momento dado volvemos a tener unos racionamientos de electricidad como los que hemos tenido en los últimos años? Tendríamos que agotar los embalses de energía hidroeléctrica y recurrir a energía térmica en los momentos de crisis. Porque la energía que traíamos de Colombia en determinadas circunstancias era para no poner en funcionamiento las plantas termoeléctricas, que son mucho más contaminantes.

—Explicó que detrás de esta crisis también hay un fracaso de la política de Novoa contra el crimen organizado y la minería ilegal en la frontera con Ecuador y Colombia. ¿En qué situación viven las comunidades en esta zona del país?

—La minería ilegal no solo está en la frontera de Ecuador con Colombia, está en todos lados, en todo el país, incluido el Estado. Nosotros tenemos un problema grave con la minería en general. La minería ilegal no es una cuestión aislada de la frontera con Colombia. Los lugares donde existe minería ilegal son conocidos en el Ecuador desde hace muchos años. En el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, que se expidió en la segunda mitad del año 2020, el Estado estableció los lugares donde existe minería ilegal en cada provincia, en cada cantón, en cada parroquia. La pregunta que nos hacemos es: si el Estado sabía donde hay minería ilegal, ¿por qué no intervino? Y la respuesta es porque había complicidad con las autoridades de los distintos gobiernos.

Ahora el Gobierno trata de limpiar un poco lo que es la agencia de regulación de la minería. Están despidiendo gente e intervienen con gran despliegue mediático en la detección de algunos campamentos de minería ilegal. Sí, pero en estos cinco años se fortaleció el crimen organizado, que está dentro de todos los ámbitos. Entonces, minería legal y minería ilegal van de la mano de algunas maneras. Muchas veces las empresas legales compran el oro de las empresas ilegales. Y luego las legales aparecen como las que resuelven el problema. Y en todo ese escenario siempre la complicidad con el Estado.

La minería ilegal tiene vasos comunicantes con el Gobierno, con la minería legal y ahora está en gran medida en manos del crimen organizado. Además, toda la minería legal, autorizada por el Gobierno, tiene bases de legalidad discutible, no cumplen con una serie de disposiciones constitucionales. Entonces es un escenario muy complejo.

—El Ejecutivo envió una propuesta a la Asamblea Nacional para reformar la ley minera. ¿Busca flexibilizar los controles del Estado a las mineras legales como denuncian varios expertos?

—El proyecto de ley nos habla, por supuesto, de que quieren mejorar los controles, de que quieren combatir el crimen organizado y la minería ilegal, que quieren asegurar medidas mínimas de seguridad jurídica, que quieren superar la fragmentación normativa legal existente, que quieren fortalecer los sectores estratégicos de energía y minería. En la práctica, el gran objetivo del Gobierno es ampliar y acelerar aún más la actividad minera en el país para obtener más ingresos. Se quiere minimizar las licencias ambientales abriendo la puerta a lo que serían autorizaciones ambientales menos complicadas, más fáciles de obtener. Por ejemplo, quieren una sola licencia ambiental que autorice todo el desenvolvimiento de un proyecto minero, que tiene varias etapas, como etapa de prospección, etapa de exploración, etapa de explotación, etapa de cierre de mina, con una sola licencia ambiental. Una suerte de autorización integral y previa para todo tipo de proyectos. Lo que quieren estos señores es que sea mucho más fácil la tramitología y hacer más fácil la entrega de concesiones. Reducir las complicaciones y los controles ambientales. Pasar a una suerte de autorizaciones exprés.

No hay que olvidar que hubo una fusión del Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas. Ahora se les llama Ministerio del Ambiente y de Energía, parece que esté primero el Ministerio del Ambiente. Es un simple distractor. En realidad el Ministerio del Ambiente es funcional al Ministerio de Energía y Minas para minimizar los controles, que, de hecho, tampoco eran maravillosos.

Hay otro punto: se van a establecer los clusters mineros integrales.

—¿De qué se trata?

—Una suerte de espacios estratégicos donde la minería tendría un tratamiento preferente. Sería una suerte de Estado dentro de otro Estado. En esos territorios va a dominar la voluntad de las empresas mineras que tienen una relación corrupta con las autoridades gubernamentales. Y cuando hablamos de territorios con alguna característica estratégica, ya se abre la puerta a que sean los militares los que controlen esos territorios estratégicos. Entonces va a aumentar la conflictividad social con más militarización.

En ninguna parte del proyecto de ley se habla, por ejemplo, de que todos los proyectos mineros cumplan con lo que dispone la Constitución: la consulta previa, libre e informada, la consulta ambiental, la consulta prelegislativa e igualmente la prohibición de minería en páramos y fuentes de agua, como establecimos en la Asamblea Constituyente de Montecristi en 2008. Esto va a generar severas afectaciones a derechos humanos y derechos de la naturaleza.

—En este contexto y con las últimas medidas tomadas por el Gobierno de Ecuador contra defensores ambientales y dirigentes indígenas, como el congelamiento de cuentas bancarias. ¿Cómo ha permeado esta ofensiva en la sociedad civil de Ecuador?

—Diría que todavía hay en algunos sectores una respuesta clara y categórica, pero en amplios sectores de la sociedad todavía no hay mucha conciencia de lo que eso representa.

—En cuanto a los defensores ambientales y del territorio, en este contexto también de militarización de la política en Ecuador, ¿qué tan difícil se volvió ser defensor del ambiente y del territorio en su país?

—Siempre ha sido difícil. Ahora es mucho más difícil porque eso está generando una situación de mucha vulnerabilidad. No solo porque el Gobierno tiene una política represiva contra quienes están defendiendo sus territorios para frenar la minería. Sino porque en este contexto comienza a entrar con mucha fuerza el crimen organizado.

El oro está alcanzando niveles récord: una onza de oro cuesta ya unos 5000 dólares. El kilo de oro tiene que estar ya cerca de más de 130 000 dólares. ¿Cuánto cuesta el kilo de cocaína en el Ecuador? 30 000 dólares. Entonces, ¿dónde se hace un gran negocio? En el oro. Si una persona tuviera en su casa un kilo de droga va preso una larga temporada. Pero si tiene un kilo de oro, no es ilegal. ¿Por qué no está prohibido tenerlo?

Imagen principal: el presidente Noboa encabeza una política de militarización contra el crimen organizado pero Acosta, como otros expertos, afirma que ha fracasado y que el crimen organizado se ha robustecido en los últimos cinco años en Ecuador. Foto: cortesía del Ejército Ecuatoriano

Créditos

Alexa Editor/a

Temas

Crimen organizadoEconomíaenergíaMedioambienteMinería ilegaloroAmérica del SurEcuadorLatinoamérica

Ver temas