- Pese a la ley del silencio impuesta por la organización criminal de los Guardianes de la Trocha, sus víctimas explican cómo la banda tomó el control de las minas de oro y siembran el terror en el departamento de Madre de Dios.
- Ante la corrupción endémica, las autoridades peruanas tienen dificultades para reaccionar.
- Los operativos contra la minería ilegal de oro casi nunca terminan en detenciones y la deforestación aumentó en un 425 % desde 2011.
- Casi la mitad del oro exportado por el Perú es de origen desconocido. Los expertos estiman que el oro ilegal generó en 2024 seis veces más ingresos que el tráfico de drogas en el país.
Lo que fue una selva exuberante es ahora un paisaje desolado. Desde hace quince años, los mineros ilegales instalaron sus campamentos en La Pampa, en el departamento de Madre de Dios, al sureste de Perú. Las orillas de la carretera Interoceánica Sur, que antes estaban cubiertas por la selva, se han convertido en un infierno. Cada día, hombres desgarran el suelo y contaminan los ríos. “Las aves están impactadas por la minería. Ahora ya no hay”, deplora Diego Torres (su nombre ha sido modificado por razones de seguridad), un campesino que ha vivido en primera persona la fiebre del oro que contagió su región. Desde hace dos años, un lodo anaranjado cubre su parcela, donde yacen barriles de gasolina, desechos de madera y de metal y manchas aceitosas en las que sus perros se revuelcan. En algunas partes se observan, entre palmeras moribundas, unos tubos inmensos que los mineros dejaron tirados.
En su parcela, lo primero que se oye es el ruido del dragado y de las máquinas que extraen el oro. Se alcanza a ver a los saqueadores trabajando. Algunos hombres hacen guardia en su propia parcela, cerca de una rampa de lavado, que se utiliza para atrapar las partículas de oro.
Diego Torres* afirma que denunció la presencia de los mineros ilegales ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) desde que se instalaron. La policía lo visitó en marzo de 2024, pero ese día los mineros no estaban presentes, probablemente alertados con antelación sobre el operativo. Días más tarde, retomaron sus actividades, bajo el resguardo de hombres armados. Y ello, a menos de un kilómetro de una base militar activa.
Resuelto a defender su territorio, el campesino ya ha encarado a los mineros ilegales presentes en su parcela, de quienes dice no tener miedo. No obstante, se muestra muy cauteloso cuando acepta hablar sobre los Guardianes de la Trocha, el grupo criminal que controla las actividades de extracción de oro en La Pampa. “A través de terceros, me pidieron que no me opusiera a los mineros, que no dijera nada o que me fuera, porque de lo contrario podían eliminarme. Pero ¿adónde puedo irme? No tengo ningún otro lugar a donde ir”, dice.
Guardar silencio o recibir amenazas de muerte: el periodista independiente Manuel Calloquispe conoce este dilema. Desde hace más de una década, es uno de los únicos periodistas locales que documenta y denuncia las actividades de los mineros ilegales de oro en la región. Y lo ha pagado caro: ha sido golpeado, sufrió robo de material y perdió la cuenta del número de amenazas y actos de hostigamiento que padeció, incluso frente a su domicilio.
En 2022, su familia tuvo que salir de Puerto Maldonado, la capital del Departamento de Madre de Dios. Ante amenazas cada vez más insistentes, en enero de 2025, Manuel Calloquispe decidió unirse al SafeBox Network de Forbidden Stories para proteger algunos de los documentos sensibles que acumuló durante años de investigación. Este mecanismo permite a periodistas y medios amenazados resguardar información.
A principios de 2025, Manuel Calloquispe estaba realizando una investigación sobre Edison Fernández Pérez, alias Chili, uno de los dos líderes de los Guardianes de la Trocha. En un reportaje, publicado en el sitio Inforegión, el periodista revelaba el aseguramiento de un arsenal durante un operativo de la policía y arrojaba luz sobre la existencia de una guerra interna que carcomía a la banda.
El 28 de agosto de 2025, un día antes de publicar el artículo, recibió una llamada. El periodista identificó a su interlocutor como Alver Carranza Fernández, brazo derecho de Chili. Carranza le envió una advertencia : “Te voy a arrancar la cabeza (…) ¿Quién hablará cuando tú te vayas? Tú ya estás identificado. Vamos a matar a tu hijo, a tu hermano. Sabemos de tu ubicación y la de toda tu familia”.
Asombrado por la llamada telefónica, el periodista afirma que dejó de publicar y se escondió. En octubre de 2025, con su permiso, Forbidden Stories y Mongabay Latam decidieron ir al Departamento de Madre de Dios para continuar su trabajo.
Manuel Calloquispe documenta y denuncia sin descanso las actividades de esta banda que impone el terror en La Pampa desde hace cerca de 15 años. Madre de Dios es el departamento menos poblado del país, pero está sentado sobre grandes yacimientos de oro. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) estima que concentra el 11 % de la producción de oro del país.
Madre de Dios es la principal región en materia de extracción artesanal de oro y en paralelo sufre las actividades de minería ilegal, que se disparó desde la apertura de la Carretera Interoceánica (OIC) en 2011, según el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA). De acuerdo con CINCIA, la deforestación directamente vinculada con la minería ilegal aumentó en un 425 % desde que la carretera de asfalto mejoró la conectividad de la región.
Deforestación de la selva tropical para la búsqueda de oro
Bosques primarios, explotaciones forestales o agrícolas y propiedades privadas: en la región, ningún espacio resiste a la fiebre del oro y sus estragos. Según el Monitoring of the Andes Amazon Program (MAAP), a mitad de 2025, el 97.5 % de las 139 169 hectáreas de selva destruidas por la minería ilegal de oro en Perú se encontraba en el Departamento de Madre de Dios. El área de La Pampa se encuentra en la provincia de Tambopata, cuya reserva natural nacional, una de las más biodiversas de América Latina, atrae mucho turismo.
Desde 2011, la organización criminal de los Guardianes de la Trocha impone su yugo en La Pampa, donde controla la mayor parte de la producción ilegal de oro. En un principio, la banda estaba integrada por un puñado de hombres dedicados a la seguridad de las minas artesanales. Su poder creció a medida que la minería se expandió en la orilla de la carretera Interoceánica con nuevos campamentos mineros, hasta que logró establecer su propia ley.
“Desde 2013 empezaron. En ese momento se hablaba de que se tenía que pagar a la seguridad, tenías que pagar el peaje, que todas las máquinas estaban supuestamente registradas. Y empezaron a matar a la gente. Ya en 2015 o 2016 todos tenían que registrarse para poder trabajar”, recuerda Rodrigo*, un habitante de La Pampa cuyo nombre hemos modificado también por precaución. Uno de sus allegados fue asesinado por los Guardianes de la Trocha por oponerse a la invasión de la concesión forestal de su familia. Para reunirse con Rodrigo, es necesario pasar una puerta blindada que protege la entrada de su propiedad. Transformó su explotación forestal en un bunker y colocó alambre de púas encima de cada una de las casas de la granja.
Testigo del crecimiento de la organización criminal, Rodrigo también fue amenazado de muerte. “En 2013, 2014, 2015 empezaron los desaparecidos. Desde 2016 y 2017 estaban en pleno auge; como veían que el dinero estaba trabajando [en minería], empezaron a poner sus propias máquinas. Así comenzaron más abusos. Durante la pandemia se apropiaron de todos los sitios de extracción y, a partir de 2022, salían a la luz del día y empezaron a mostrarse abiertamente”, recuerda. “Después del asesinato pensamos en irnos, pero mis padres no quisieron, así que decidimos quedarnos y enfrentarlos”.
La familia de Rodrigo no es la única que ha sufrido del clima de violencia. Cruzando información oficial, fuentes policiacas y sus propias investigaciones, Manuel Calloquispe estima que por lo menos 400 personas fueron asesinadas o desaparecidas desde 2014. “Hay casos de estudiantes, transportistas y taxistas que entraron a La Pampa y nunca salieron”, plantea.
El oro, un recurso clave en Perú
En 2025, el sector minero representaba la principal fuente de generación de divisas de Perú, según el Ministerio de Energía y Minas. El Alto Comisionado para el combate de la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, señala que en 2024, Perú exportó alrededor de 180 toneladas de oro, pero que de esa cantidad, por lo menos 80 toneladas “eran de origen desconocido”, citando al Instituto Peruano de Economía (IPE).
Este mismo instituto considera que el 44 % del oro extraído de manera ilegal en Sudamérica proviene de Perú y que “en las últimas dos décadas, el volumen de las exportaciones de oro ilegal se ha multiplicado por ocho, y al cierre de 2025, alcanzará las de oro legal”,
“En 2024 fue casi seis veces más de lo que movió la economía ilegal del tráfico ilícito de drogas, que fue alrededor de 1200 millones de dólares”, agrega García Esquerre.
Esta fuente considerable de dinero está sometida a la depredación de bandas como los Guardianes de la Trocha. Alentadas por el aumento de los precios del oro, estos grupos criminales constituyeron, año tras año, un verdadero arsenal para proteger su actividad cada vez más lucrativa.
Sentados sobre este botín de guerra, la pandilla impone el terror en La Pampa. “Desde junio de 2025 es una locura. Hay que tener un tanque aquí para poder repeler porque son como 40 a 60 personas que tienen rifles PKM, metralleta, granada”, deplora Rodrigo, quien nos enseña sus propias armas –un rifle, una pistola e incluso un dron–, decidido a defender a los suyos en caso de padecer una nueva invasión. Del lado de la policía, el diagnóstico es idéntico: “Brayan [uno de los líderes actuales de la pandilla] tiene material de guerra, de alto calibre, ametralladoras tipo UZI (…) Nos falta mucho personal para luchar contra esto”, confiesa el comandante Willmann Carazas, el jefe de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de Madre de Dios, quien recibe a los reporteros en su oficina de Puerto Maldonado, una pieza diminuta en comparación con su tamaño y atiborrada de expedientes.
En imágenes de cámaras de vigilancia obtenidas por Manuel Calloquispe, se observa a Chili y decenas de hombres andando en La Pampa, con armamento pesado, chalecos antibalas, dispositivos de visión nocturna. Algunos incluso visten uniformes de policía. En uno de los videos, se alcanza a ver el asesinato, a plena luz del día, de Ana Denisse García Solsol, perpetrado el 10 de enero de 2025. Esta líder sindical, encargada de la atribución de los terrenos municipales, fue abatida en las calles del pueblo Virgen de la Candelaria por hombres armados que viajaban en la caja de camionetas pick-up. Después de cometer su crimen, los sicarios se alejaron con gritos de “¡Viva el Chili!”.
Este ejército privado, equipado con armamento pesado y dispuesto a asesinar, puede proteger las actividades de minería ilegal de oro: para resguardar los sitios de extracción, “ellos contratan agentes de seguridad y policías retirados”, dice el comandante Carazas.
Tras la pista de las pepitas de oro
En Perú, la extracción ilegal de oro constituye un delito, pero los escasos controles que existen sobre la compra de pequeñas cantidades del mineral, sumados a la impunidad que impera, alimentan la economía informal. Una vez sacado de las minas, el oro ilegal se vende fácilmente en las acopiadoras, unas tiendas reguladas donde cada uno puede vender sus pepitas a cambio de un simple recibo.
Para abrir una de estas tiendas, se tiene que seguir una serie de procedimientos administrativos, que incluye la tramitación de un permiso municipal de explotación comercial y una inscripción ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), encargada de emitir el recibo. La ley determina que las tiendas deben reportar a las autoridades las compras individuales de oro que rebasan los 10 000 dólares al mes, y las compras acumuladas superiores a los 50 000 dólares mensuales. Debajo de este monto, el oro queda prácticamente irrastreable.
Los obstáculos para seguir la pista del oro han sido señalados por todas las fuentes de este reportaje. En una zona sin ley como La Pampa, este tema es ultrasensible y peligroso. A lo largo de los años, Manuel Calloquispe ha investigado sobre el acopio y la ruta del oro extraído de las minas ilegales. Según él, antes de la pandemia de Covid-19, “los Guardianes de la Trocha extorsionaban a las acopiadoras ya instaladas en la zona, a cambio de cupos por la seguridad. Desde 2024, la banda ha empezado a controlar el negocio del acopio del oro, colocando a acopiadores de su entorno familiar y amistad, creando sus propias acopiadoras en los kilómetros 108 y 109 de la carretera Interoceánica”
Rodrigo confirma esta apropiación del acopio. “Todo lo ve la Seguridad. Incluso tienen cámaras de vigilancia en las entradas y donde compran oro”, dice. ¿Qué sucede después con las pepitas? Según el trabajo de Manuel Calloquispe, la pandilla tendría acuerdos con empresas exportadoras de oro, las cuales financiarían a las acopiadoras con un sol peruano (30 centavos de dólar) por gramo de oro. Posteriormente, el oro sería transportado en convoyes terrestres –resguardados por el personal de estas empresas, por integrantes de las bandas o incluso por agentes de la policía local– hacia Puno, Arequipa o países vecinos, donde sería fundido y reintroducido en el circuito legal.
Según César Ipenza, abogado especializado en temas ambientales, el oro extraído de manera ilegal en La Pampa sigue varias rutas. La principal termina en Bolivia, el país vecino, donde el mineral es exportado como si fuera de origen boliviano. Otras rutas atraviesan el departamento peruano de Cusco para llegar a Lima. “No sería extraño que salga por Brasil. Yo he hecho esa ruta y prácticamente no hay ningún control”, dice.
Manuel Calloquispe estima que la cantidad de oro extraído de La Pampa “podría rebasar las 40 toneladas por año”, lo cual equivaldría a 6055 millones de dólares (según el valor del oro registrado el 26 de enero).
El Estado parece incapaz de aplacar este negocio millonario, que resulta extremadamente difícil de infiltrar y alimenta la corrupción. La expansión desenfrenada de las minas de oro ilegales es producto, también, de una regulación defectuosa, que continuó a pesar de la instauración del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) por el Ministerio de Energía y Minas en 2016.
Este registro pretende legalizar las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal, a cambio de su compromiso de alinearse con las normas ambientales, en un periodo definido y sin detener sus operaciones.
Sin embargo, el sistema resultó en gran medida defectuoso y el plazo para ajustarse con los criterios ambientales se pospuso de 2020 hasta diciembre de 2026. Además, las organizaciones criminales pueden operar de manera oculta gracias al registro: para vender el oro, les basta alquilar o comprar de manera ilegal los formatos de los mineros debidamente inscritos en el registro de formalización minera, incluyendo las guías de transporte, que les permite transportar el mineral.
“En la práctica no hay ningún mecanismo de control”, sostiene César Ipenza. ”Y lo que ha venido sucediendo es que muchas veces se alquila el REINFO”. Según él, las personas que alquilan o compran de manera ilegal los documentos de la inscripción del REINFO transportan y comercializan el oro como si se tratase de una concesión en la que trabajan.
Hasta el 26 de enero de 2026, de los 31 628 mineros inscritos en el REINFO en todo Perú, 23 809 se encuentran en proceso de validación. En otras palabras, cerca de una cuarta parte de ellos, es decir 7819 mineros, operaría sin ningún control. En el Departamento de Madre de Dios, esta tasa alcanza 72.2 %. En la provincia de Tambopata, donde se encuentra La Pampa, 1021 concesiones, entre las 1489 inscritas, aprovechan este hueco legal y operan sin control, ante autoridades que no parecen disponer de los recursos ni de las capacidades para atender el fenómeno.
Lima incapaz de luchar contra la minería ilegal de oro
No obstante, el Gobierno peruano lanzó, en 2019, la espectacular Operación Mercurio, que pretendía “erradicar por completo las minas ilegales” en La Pampa, según declaró en ese momento el Ministerio de Defensa. Unos 25 000 mineros fueron expulsados del territorio y, según el MAAP, ese mismo año la deforestación se desplomó en un 92 %.
Poco después de estas expulsiones, el Gobierno puso en marcha un “plan de restauración”, cuyo objetivo consistía en impulsar nuevas actividades en La Pampa y extender la lucha contra la minería ilegal de oro en todo el Departamento de Madre de Dios, así como en las regiones de Cusco y Puno.
Por falta de recursos y de voluntad política, el plan no prosperó y los mineros expulsados, que se habían hecho de nuevas explotaciones, regresaron de manera masiva a La Pampa. Según el MAAP, entre 2021 y 2023, el número de infraestructuras mineras se había disparado en un 400 %.
Más allá de los megaoperativos y su fuerte cobertura mediática, las operaciones coordinadas entre la policía y la Justicia para decomisar o destruir las máquinas utilizadas en la minería ilegal resultan, en general, ineficaces. A menudo, los mineros bien informados esconden sus máquinas en los ríos y se van de la zona antes de que lleguen los agentes. “Solo les basta esperar unos días y recuperarlas en el fondo del agua”, explica un integrante de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), responsable de estos operativos.
Temerosa por su vida, nuestra fuente aceptó reunirse con Forbidden Stories y Mongabay Latam en Puerto Maldonado pero prefirió mantener su anonimato y extremó precauciones para citar a los reporteros en un lugar muy discreto. “Mi familia no vive conmigo aquí, es demasiado peligroso”, explica, y nos enseña un video en el que se observa a unos mineros huyendo ante la llegada de sus agentes.
A veces, estos operativos son meros simulacros, lanzados para nutrir las estadísticas oficiales y la corrupción. Bajo la condición del anonimato, un funcionario local con buen conocimiento de las acciones del Gobierno contra la minería ilegal de oro comenta: “Una persona que conozco me informa que hay más de diez motores, pero solo han destruido tres. ¿Por qué? ¿Cuál es el comentario que siempre circula? Que solo destruyen aquellos motores por los que no reciben su parte. Luego dan datos falsos sobre los operativos”.
Cuestionado al respecto, el representante de la FEMA sostiene: “A nivel de todo el universo de investigaciones, tenemos muy pocas sentencias. Podríamos decir que no alcanza ni siquiera a un 5 % de los casos. Se requieren nuevas medidas legales. Hay que afectar económicamente a estos mineros con prohibiciones de ejercer, prisión preventiva y sanciones. El problema es que hay discursos populistas y tanto dinero en juego que le conviene a todos. Los que denuncian son vistos como enemigos del pueblo”.
Preguntado por nuestros equipos, el fiscal a cargo de la coordinación nacional de las FEMA, Frank Almanza Altamirano, afirma que en 2025 seis personas fueron puestas en prisión preventiva y se dictaron 84 sentencias condenatorias por diversos delitos relacionados con la minería clandestina en Madre de Dios. Agregó que se coordinaron 193 operativos de interdicción contra minas clandestinas en el departamento.
Pero estas cifras no pueden ocultar la corrupción que impera en La Pampa y que se suma a la inercia de las autoridades, que suelen echarse la culpa entre agencias.
“Es como una gran pizza, cada uno se lleva su parte”
Cuando recibe a Forbidden Stories y Mongabay Latam en Puerto Maldonado, un alto funcionario de la fiscalía de Madre de Dios, quien pidió el anonimato, reconoce su impotencia y denuncia abiertamente la corrupción endémica en el departamento. “Yo no trabajo con la policía local porque está contaminada; intento trabajar con Lima. Necesitamos personal que trabaje encubierto, fresco y concentrado”.
Según él, todas las agencias encargadas de la lucha contra la minería ilegal están corrompidas. “Es como una gran pizza, cada uno se lleva su parte: la policía, la Justicia, la Marina, el Ejército, la SUNAT (…) y hay mucho que repartir: el oro da más dinero que el narcotráfico aquí”, denuncia.
El alto funcionario deplora también la ausencia de coordinación entre las agencias. “Casos relacionados con los Guardianes de la Trocha hay 2 o 3 aquí, pero hay que verlo con el Fiscal de Crimen Organizado. Su oficina está pegada a la mía, pero no lo conozco, nunca hemos hablado”.
Manuel Calloquispe es categórico: “No se puede confiar en nadie”, advierte. Días después de recibir las amenazas de Alver Carranza Fernández, el periodista presentó una denuncia. Según él, la policía, que debía realizar rondines alrededor de su domicilio, filtró fotografías de su casa en la prensa local, exponiéndolo a un grave peligro.
Rodrigo va más allá: “La minería está dirigida por la propia policía. Todo el mundo cierra los ojos. La Fiscalía y la policía son quienes ganan más dinero. Y cuando alguien habla, lo eliminan. Es difícil vivir aquí”. El Ejército y la Policía cuentan con cuatro bases en la zona de La Pampa. Bajo condición de anonimato, un exfuncionario, especialista en las políticas de preservación forestal en la región, sostiene: “Las bases militares y policiales están corrompidas. Hay cientos de efectivos desplegados, pero no se los ve. Patrullan, pero no intervienen”.
“Cuando atravieso La Pampa voy a 100 kilómetros por hora y no me detengo; no paro por nada, porque me reconocen”, deplora el comandante Carazas. En el mundo de los señores del oro, sus reglas son las que prevalecen. Y los Guardianes de la Trocha ampliaron sus actividades. Ahora “construyen hoteles, restaurantes, canchas sintéticas de fútbol, colegios particulares; de esa forma blanquean el dinero”, agrega.
Manuel Calloquispe descubrió recientemente que el jefe, Chili –quien fue condenado a 15 años de cárcel y está prófugo–, ofreció una recompensa de 30 000 soles (poco menos de 9 mil dólares) por su cabeza. Según él, sus editores ya no quieren publicar sus informaciones por temor a sufrir también graves represalias. Y él ya no sale a la calle en Puerto Maldonado sin su chaleco antibalas.
*Todos los nombres marcados con un asterisco fueron modificados para preservar el anonimato de las personas.
Contactados por nuestros equipos, el Ministerio del Interior, el Ejército y el Ministerio de Energía y Minas no respondieron a nuestras solicitudes.
Imagen principal: la minería ilegal de oro transformó zonas de bosque de La Pampa, en Madre de Dios, en un paisaje de suelo removido y cuerpos de agua contaminados. Foto: Max Cabello Orcasitas / Mongabay Latam.
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