- México está en pláticas con Estados Unidos para la creación de un plan de acción que garantice el suministro de minerales críticos, aquellos que son esenciales para la transición energética, pero también para la industria digital y de seguridad.
- Ambientalistas, investigadores y defensores del territorio advierten sobre riesgos socioambientales en este acuerdo si no se toman en cuenta a las comunidades indígenas y derechos conquistados en México.
- La presidenta Claudia Sheinbaum afirma que la ley minera —reformada en 2023 con avances en protección ambiental— no será modificada y anunció la recuperación de más de 1100 concesiones mineras.
- Litio, cobre, plata, oro, zinc, molibdeno, manganeso y yacimientos de tierras raras son algunos de los elementos que interesan a Estados Unidos, pero se encuentran principalmente en territorios indígenas y semiáridos, donde hay falta de agua.
México está por tomar una decisión clave para su futuro energético y el de sus recursos naturales. Busca firmar un plan de acción con Estados Unidos, con el objetivo de asegurar el suministro de minerales críticos, aquellos que son necesarios para almacenar y conducir energía, como baterías o paneles solares, pero que también son vitales para la industria digital y de armas. Esto ha encendido las alertas en ambientalistas, comunidades, académicos y especialistas que advierten cómo este acuerdo puede ampliar conflictos socioambientales en territorios indígenas, debilitar la regulación a la minería y generar más zonas de sacrificio en el país.
Estos minerales esenciales para la transición energética incluyen litio, cobre, plata, zinc, plomo, molibdeno y manganeso. También se están explorando la presencia de grafito y tierra raras. Estos últimos son un conjunto de 17 elementos químicos esenciales para el desarrollo de la tecnología.
Si bien el acuerdo apenas está en una etapa de consultas entre ambos países para presentar en 60 días las alternativas para suministrar los minerales, este proceso avanza sin mencionar aspectos como la consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas, los impactos socioambientales o la reglamentación (aún inconclusa) de la ley minera en México.
Estas discusiones también ocurren en medio de medidas anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, como la recuperación de 1126 concesiones mineras debido a la falta de pagos de cánones por parte de las empresas o por omisiones en informes estadísticos o de obras que demuestren que la concesión no sea solo con fines especulativos.
Ambientalistas, académicos, biólogos y personas afectadas por la actividad minera en México cuentan a Mongabay Latam los riesgos que representa este acuerdo si no se hace de forma transparente y tomando en cuenta los derechos ganados y defendidos durante años para proteger los recursos naturales y a las comunidades que dependen de ellos.
Un plan minero, con la presión de Trump y Estados Unidos
El plan minero llega en un momento complejo para la región, pues mientras la crisis climática y ambiental golpea a Latinoamérica, el Gobierno encabezado por Donald Trump ha retirado a Estados Unidos de organismos internacionales clave que han debilitado la acción climática global.
El Gobierno de Estados Unidos busca que México asegure el suministro de minerales clave a industrias estratégicas, como la transición energética, la digitalización o incluso la seguridad nacional y militar.
“Si no estás en la mesa participando, estás en el menú y nosotros estamos en la mesa”, dijo el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, tras anunciar el acuerdo. En ese mismo tono, el Gobierno mexicano ha promovido el plan como una oportunidad para atraer inversiones, generar empleos y participar en industrias más modernas.
Aleida Azamar Alonso, investigadora en temas de economía ecológica, extractivismo y energía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) e integrante de la colectiva Cambiémosla Ya, advierte que estas señales muestran que hay una prioridad económica por encima de la ambiental.
“Desde una lógica económica, extraer minerales se va a volver más rentable y menos riesgoso, incluso en contextos ambientales complejos. Proyectos que antes eran marginales, costosos o socialmente conflictivos se pueden reactivar bajo la justificación de ser estratégicos para la transición energética o para la seguridad nacional”, comenta la especialista, quien detecta serios riesgos ambientales con la operación de este acuerdo.
Además del uso intensivo del agua en zonas con alto estrés hídrico, Azamar destaca que incentivar la minería en México implica también la generación de residuos tóxicos, afectaciones irreversibles a suelos y ecosistemas, así como riesgos para actividades, como la agricultura, temas que las autoridades no mencionan al hablar del plan minero.
“Un problema es que el acuerdo no establece límites ecológicos claros, no define zonas excluidas de minería, no fija umbrales máximos de extracción, no incorpora criterios estrictos de protección ambiental”, explica la especialista a Mongabay Latam.
En el caso mexicano, advierte Azamar, la prevención de daños no sólo pasa por lo ambiental, sino también por riesgos sociales y políticos porque etiquetar proyectos minerales como estratégicos o de seguridad nacional también pone en riesgo a las comunidades que decidan oponerse.
“Se puede evitar todavía más la capacidad de las autoridades locales y de las comunidades para oponerse o regular la minería. El acuerdo no solamente incentiva el extractivismo, sino también profundiza un modelo de explotación de la naturaleza y de las personas que es incompatible con la protección ambiental y la justicia territorial”, sostiene.
Beatriz Olivera, directora de la organización Engenera Energía, Género y Ambiente, coincide en que el tinte que se le ha dado al plan minero es meramente económico e ignora aspectos derechos elementales, como el de un medio ambiente sano, así como tratados internacionales que México ha ratificado, como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre consulta previa o el Acuerdo de Escazú, sobre acceso a la información, participación y justicia ambiental.
“Gran parte de los minerales que se sacan en nuestro país vienen de territorios indígenas. Hay una ausencia total de este tipo de lenguaje y nos preocupa mucho porque sabemos que la minería es una actividad que ha violentado derechos”, destaca la investigadora y activista.
Los minerales críticos que le interesan a Estados Unidos en México
A nivel mundial, decenas de minerales se han vuelto indispensables para que funcione la economía actual, especialmente para la industria energética, digital y de seguridad. México, de acuerdo con especialistas consultadas por Mongabay Latam, cuenta con un conjunto de minerales que son atractivos para Estados Unidos.
Entre ellos está el litio, el cual es clave para fabricar baterías para vehículos eléctricos, almacenar energía, así como dispositivos electrónicos. En México los principales yacimientos se encuentran en arcilla, lo que dificulta su extracción. Además, no hay certeza sobre cuánto litio existe en el territorio nacional.
La propia presidenta Sheinbaum reconoció el pasado 12 de febrero que explotar el litio en arcilla “no es económicamente viable, es muy caro”, por lo que el Instituto Mexicano del Petróleo trabaja con otras instituciones para desarrollar una tecnología que permita extraer el mineral a menor costo.
“El valor estratégico del litio radica en que puede reducir la dependencia que Estados Unidos tiene con otros proveedores, sobre todo China, por eso le interesa el litio de México”, expone Azamar.
Otros minerales que produce el país son el cobre, insustituible para la electrificación, energías renovables, centros de datos y telecomunicaciones; la plata, de la cual México es primer productor mundial; el zinc y el plomo, usados también para baterías, infraestructura, galvanizados y sistemas de respaldo energético.
La investigadora destaca también la extracción de molibdeno, esencial para aleaciones de alta resistencia en la industria aeroespacial y militar, y el manganeso, cada vez más importante para las nuevas generaciones de baterías.
Además, señala que, de forma inicial, también se está explorando en el país la presencia de grafito y tierras raras, elementos clave para la industria de armamento y tecnologías digitales.
“Para Estados Unidos, el atractivo de estos minerales no es sólo que existan, sino en dónde están. México ofrece cercanía, acuerdos comerciales vigentes, una integración logística profunda y una legislación muy laxa. A Estados Unidos le conviene contar con un proveedor amigo”, señala Azamar.
Leticia Merino Pérez, investigadora de la UNAM y especialista en el manejo de recursos naturales, bosques y agua, señala que los depósitos de estos elementos están presentes en Sonora, Zacatecas y Chihuahua, así como en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, entre los estados de Puebla y Oaxaca, todas regiones semiáridas con estrés hídrico.
“El impacto sobre el agua, en términos de sobreexplotación y en términos de contaminación, es brutal. Esto [la minería] va a contribuir a la desertificación de las zonas que ya tienen grandes impactos sobre la biodiversidad local”, comenta la especialista.
Una ley minera con avances, pero también vacíos
En 2023, integrantes de la sociedad civil, personas defensoras y comunidades impulsaron una reforma a la Ley de Minería que permitió avanzar hacia una regulación con mayor perspectiva de derechos humanos y que considerara a las comunidades.
Entre los avances está que la actividad minera dejó de ser “preferente” o estar por encima de las actividades que realizan las comunidades en sus territorios. Se estableció la consulta previa, libre e informada como requisito para obtener una concesión minera en territorios de comunidades indígenas.
También se prohibió la minería en áreas naturales protegidas o zonas donde se ponga en riesgo a la población, así como la minería submarina. Además, se redujo el tiempo de concesión minera que podía extenderse hasta 100 años. Ahora se limita a 30, con posibilidad de prórroga máxima de 55 años.
Merino señala que estos avances pueden perderse si el plan de acción minera con Estados Unidos no se ajusta a la legislación nacional.
La académica destaca que, tras dos años, la ley no cuenta con un reglamento que permita implementar mejor los avances ambientales y que puede chocar con la visión del plan de acción minera con Estados Unidos, como puede ser fijar los precios de antemano.
“Sí esperamos que las concesiones que se den para minerales estratégicos se den en el marco de esta ley de minería, con un reglamento coherente con el espíritu de la ley, no con el de favorecer a las empresas. Es muy importante que en los precios de los minerales el Estado pueda beneficiarse”, dice a Mongabay Latam.
Al ser cuestionada por este eventual acuerdo, Sheinbaum ha declarado que la legislación en minería no se modificará y que aún no hay ninguna acción pactada con Estados Unidos.
“No vamos a cambiar la legislación. Tenemos muy claro que los recursos naturales no se entregan. Tampoco vamos a iniciar con un proceso de apertura de minas. Es lo contrario”, dijo en su conferencia de prensa mañanera.
Días más tarde anunció la recuperación 1126 concesiones mineras debido a la falta de pago de derechos de las empresas, así como por omitir informes estadísticos y de obras.
De acuerdo con el jefe de la unidad de coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía, José Fernando Aboitiz Saro, las concesiones recuperadas representan 889 512 hectáreas, lo que equivale a casi la extensión territorial del estado de Querétaro. Cerca de 250 000 hectáreas corresponden a Áreas Naturales Protegidas.
Ambientalistas e investigadores ven esta medida como una buena noticia, pero insuficiente para blindar la política ambiental, ante un eventual plan minero con Estados Unidos.
“Llamaría a la necesidad de formular un reglamento ad hoc para la Ley de Minería y también a la necesidad de que el acuerdo de minerales estratégicos sea público y se discuta ampliamente. Tenemos 60 días para algo que puede impactar a generaciones de mexicanos”, sostiene Merino.
En tanto, Jorge Arturo del Ángel Rodríguez, biólogo especialista en ciencias marinas e integrante del Colectivo de Académicos Sudcalifornianos (CAS), comenta que lo que se conoce del acuerdo es “sumamente ambiguo” y que no reconoce la legislación minera que se ha trabajado en el país, por lo que no tener un reglamento minero es perjudicial ambientalmente.
“Estamos desprotegidos, el problema de que no haya un reglamento es que entonces esa ley se interpreta de manera muy general y está más sujeta a interpretaciones”, dice el científico a Mongabay Latam.
Si bien la ley ha dado pasos positivos en cuanto a protección ambiental, Olivera destaca que hace falta reducir aún más los periodos de concesiones, aplicar mayores impuestos en minerales y transparencia en los procesos para evitar que el acuerdo con Estados Unidos impacte como lo hizo en su momento el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (entonces TLCAN).
“Cuando entró aquel tratado se flexibilizaron estándares ambientales de la tierra para acceder a ella, vino la modificación a la ley minera para favorecer las inversiones estadounidenses y canadienses y tuvimos 30 años de violaciones a derechos humanos”, expone.
Mongabay Latam buscó a la Secretaría de Economía para abordar las inquietudes planteadas por especialistas y ambientalistas sobre el plan de acción minero. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta.
Quiénes ganan y quiénes pierden con el acuerdo minero
Para María Filomena Bonilla Oliva, representante de los Comités de Cuenca del Río Sonora y habitante de San José de Gracia, la transición energética promocionada por autoridades suena a una promesa lejana cuando el agua de su comunidad en esta parte de Hermosillo sigue contaminada con metales pesados.
A más de 11 años de que una mina derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre a los ríos Sonora y Bacanuchi —el cual se extendió por más de 250 kilómetros y afectó a más de 22 000 personas de siete municipios— el agua sigue siendo un recordatorio de lo que es considerado por las autoridades el peor desastre ambiental en la minería del país.
Bonilla dice que la población sigue siendo vulnerable no sólo a los contaminantes que impactan su salud, sino a más proyectos facilitados por acuerdos bilaterales que no toman en cuenta a quienes padecen sus consecuencias.
“Seguimos expuestos porque no está el reglamento [a la ley de minería] a la vista, donde se vean las disposiciones de responsabilidad, donde haya garantía de los derechos en los pueblos frente a los proyectos mineros. Que nos garanticen el resarcimiento del daño que genera”, reclama.
Agrega que este reglamento minero también permitiría que cuando una mina cierre lo haga siguiendo normas para que permitan recuperar los territorios impactados.
En diciembre de 2025 autoridades federales y estatales presentaron propuestas de acciones para la remediación en el Río Sonora. Sin embargo, anota Bonilla, esto sigue sin traducirse en las acciones más urgentes: atender las enfermedades que están desgastando a supuestas víctimas del derrame.
Uno de ellos fue su esposo, Pedro Lorenzo Martínez Bracamonte, quien falleció en diciembre de 2021, días después de realizarse estudios que detectaron la presencia de metales pesados en su cuerpo.
Entre las voces que han perdido con la expansión de la minería en México también está Roberto De la Rosa Dávila, quien vivía en Salaverna, una comunidad de Mazapil, en el estado de Zacatecas, que ya no es la misma de antes. Literalmente, una mina de cobre la hundió.
Su casa estaba a 50 metros de un pozo de extracción de gases que contaminan aire y suelo. De la Rosa protestó y denunció junto a varios vecinos de su comunidad, pese a las detonaciones que hundían diariamente las casas y a la criminalización que sufrió por oponerse a dejar su territorio.
Hoy vive desplazado, luego de que en febrero de 2020 recibió amenazas para dejar su casa.
Al escuchar la propuesta de plan minero entre México y Estados Unidos, De la Rosa solo piensa que es un camino para “facilitar el extractivismo” y comenta que la experiencia indica que “las poquitas minas que hay, han hecho mucho daño en toda la Nación”.
Estas historias contrastan con las de quienes podrían beneficiarse del plan binacional, además de empresas mineras. Azamar considera que entre estos beneficiarios están los sectores industriales y tecnológicos de Estados Unidos.
“Van a asegurar el suministro de minerales críticos y esto les permite reducir riesgo, estabilizar precios, mantener un liderazgo en industrias estratégicas como la automotriz, la electrónica, la digitalización, la defensa y la transición energética. Hablamos no solamente de la industria minera, sino de otros sectores que necesitan los minerales”, expone la especialista.
Sin embargo, precisa que las empresas mineras, sobre todo las transnacionales ya presentes en México, también se beneficiarían de precios mínimos.
“Tendrían esquemas preferenciales de comercio, apoyo financiero que reduce su incertidumbre y eso hace viables proyectos que antes eran políticamente conflictivos”, señala. Otro grupo que también estaría del lado de los ganadores, comenta, es el de empresas nacionales vinculadas a la minería, la logística, la construcción y los servicios asociados.
Azamar señala que a México le toca cuestionar otros caminos distintos al del crecimiento basado en la explotación de la naturaleza. “ La pregunta es ¿México va a ser un proveedor estratégico subordinado o va a ser un actor capaz de construir una transición energética con justicia social, soberanía y respeto a los territorios?”. La respuesta aún está por verse.
Imagen principal: panorámica del consumo de agua de una mina en México. El país cuenta con yacimientos en minerales estratégicos codiciados por Estados Unidos. Foto: cortesía Vlad Chețan / Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)
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