- Guardianes del Yasuní es una iniciativa que busca integrar la gestión territorial indígena con la del Parque Nacional Yasuní.
- Los Sacha Runa, los defensores del Pueblo Kichwa del Curaray, fueron el primer grupo en capacitarse en herramientas tecnológicas y derechos de este programa.
- La agrupación ya ejerce de facto: su conocimiento de la selva les permite identificar amenazas y recientemente lograron frenar dos focos de minería ilegal.
- El comanejo es clave, pero más aún frente a la brecha de recursos que enfrenta el parque nacional, que apenas cuenta con 25 guardaparques para vigilar un millón de hectáreas.
Debajo del dosel amazónico, un grupo de indígenas kichwa recorren angostos senderos. Con facilidad identifican las pisadas de un venado, una ligera impresión de pezuñas que pasaría desapercibida por el habitante promedio de las ciudades. Se hacen llamar Sacha Runa, un término kichwa que quiere decir “personas de la selva”. Desde niños la exploran y aprenden sobre las plantas, los animales y los ríos. Aunque son sus protectores natos, ahora también se capacitan como Guardianes del Yasuní.
“Si nosotros no defendemos nuestro territorio, fácilmente va a entrar la minería y las petroleras”, dice Dalia Aragón, la única mujer de este grupo de 15 defensores del Pueblo Kichwa del Curaray (PAKIC), en el centro de la Amazonía ecuatoriana. El PAKIC tiene unas 190 000 hectáreas y limita al noreste con el Parque Nacional Yasuní (PNY) y la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (ZITT).
La franja de amortiguamiento de la ZITT se sobrepone al territorio indígena, por lo que los kichwas son clave en la protección de uno de los lugares más biodiversos del mundo y el hogar de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV) Tagaeri y Taromenane. “Es el trabajo que nosotros realizamos como pueblo y, además, tenemos un lazo de hermandad con otras nacionalidades indígenas”, señala Bill Saant, dirigente de territorio de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza (PAKKIRU), a la que pertenece el PAKIC.
Saant viajó desde la ciudad amazónica de Puyo por carretera durante tres horas y después por el río Villano por siete horas más hasta la comunidad Jaime Roldós. Aquí, a pocos minutos de la desembocadura del Villano en el río Curaray, se realizó el primer taller de la iniciativa Guardianes del Yasuní.
Este es un proyecto del programa Legado Yasuní, del Legacy Landscapes Fund, un fondo establecido por Alemania en 2020 para garantizar la conservación a largo plazo de áreas protegidas destacadas del Sur Global. “El gran objetivo es que el Parque Nacional Yasuní consiga en los próximos 10 años un estado adecuado de implementación de su plan de manejo”, puntualiza Sebastián Valdivieso, director de Wildlife Conservation Society (WCS) Ecuador, la organización que implementa el programa.
“Los pueblos y nacionalidades indígenas ya hacen una gestión de su territorio y de sus recursos naturales que en realidad está muy alineada con los objetivos de un área protegida, entonces, ¿por qué no trabajar conjuntamente?”, plantea Valdivieso.
Así es como durante los últimos cuatro años, WCS ha conversado con pueblos indígenas que habitan dentro de la Reserva de la Biósfera del Yasuní, un área de 2.7 millones de hectáreas que incluye al parque nacional. La misión es fortalecer sus actividades de vigilancia territorial y canalizar recursos técnicos y financieros que les permitan cumplir con sus planes de trabajo.
Las brechas del Yasuní: pocos guardaparques y escaso presupuesto
Valdivieso viajó hasta Jaime Roldós para informar al PAKIC sobre la iniciativa y, tras una discusión del pueblo, se firmó un acuerdo de colaboración. En la cancha de la población, donde se realizó el taller de tres días, Mongabay Latam conversó con el director de WCS Ecuador y con Tanya Villalba, directora del parque, sobre las brechas que se busca cerrar con la iniciativa.
Una investigación reciente de Mongabay Latam y La Barra Espaciadora encontró que esta es la segunda área protegida amazónica, después del Cuyabeno, más afectada por la pérdida acumulada de bosque entre 2001 y 2024.
En este contexto, el principal problema que enfrenta el Yasuní es el económico. Valdivieso explica que en los últimos cuatro años, el promedio anual de los fondos estatales más los que aportan los cooperantes es de alrededor de un millón de dólares. “Es insuficiente para hacer una vigilancia efectiva de un millón de hectáreas [de extensión del parque Yasuní]”, asegura.
Esto se refleja directamente en la cantidad de guardaparques. Actualmente hay 25, de acuerdo con Villalba. Es decir, cada uno tendría que monitorear un área similar a 117 veces el Central Park de Nueva York. En realidad, para hacer un control efectivo se necesitan al menos 70 guardaparques, según estimaciones de WCS. Con esta cantidad de personal se podrían hacer turnos rotativos para que haya equipos de 35 guardaparques al mismo tiempo.
Otro problema, dice Valdivieso, es que aunque existe una norma de gestión participativa de las áreas protegidas, esta no ha sido puesta en marcha. Territorios kichwas, waorani y sáparas limitan o intersectan con la Reserva de la Biósfera del Yasuní. Esta es la primera experiencia en la que está involucrada la dirección de un área protegida para alinear los objetivos de conservación y uso sostenible de recursos que tienen los actores gubernamentales y no gubernamentales con los de los pueblos indígenas.
“Ya es un hecho contar con este primer grupo y creo que es algo positivo para nosotros como área protegida, porque son nuestros aliados en territorio”, opina Villalba. En los próximos meses se buscará llegar a acuerdos con la Nacionalidad Sapara, la Organización Waorani del Ecuador y Llanchama y San Roque, comunidades kichwa asentadas en el Napo.
Para Saant, el dirigente de territorio de PAKKIRU, también es una oportunidad para conocer cómo funciona el manejo del área protegida y fortalecer las capacidades de los Sacha Runas.
“Nosotros como kichwa estamos para seguir trabajando conjuntamente, porque esa es la forma en la que podemos proteger lo que nos pertenece y lo que le pertenece al Estado ecuatoriano”, dice Héctor Vargas, coordinador de los Tayak Runakunas, el nombre que reciben los defensores del territorio de los 16 pueblos que conforman la Nacionalidad Kichwa de Pastaza.
Para los defensores del Kawsak Sacha, el territorio es selva viviente
Tras el taller, las mujeres de la comunidad llegan con grandes tinajas de chicha de yuca. La reparten entre los kichwa y los visitantes en unos pequeños cuencos de origen vegetal. Mientras se rompe la formalidad del evento, Vargas cuenta a Mongabay Latam que los Tayak Runakuna no son una conformación reciente. Es el nombre que llevan los defensores del territorio desde épocas ancestrales.
En términos biológicos, el Yasuní es importante porque es el área protegida continental más grande del país y alberga una de las muestras más representativas de la biodiversidad de la Amazonía ecuatoriana. Para los kichwa de Pastaza, el bosque está vivo, por lo que tiene conciencia y derechos. Eso los llevó a declarar a su territorio como Kawsak Sacha, Selva Viviente.
En los últimos años, frente a amenazas como la cacería ilegal, la deforestación, la minería ilegal, los anuncios gubernamentales de licitaciones petroleras inconsultas, la expansión de carreteras e incluso la presencia de grupos delincuenciales, PAKKIRU conformó de manera oficial a los Tayak Runakuna, que agrupa, entre otros, a los Sacha Runa.
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“Nosotros no llevamos armas, sino nuestra identidad, nuestra simbología, nuestra cultura y nuestro derecho”, aclara el coordinador. Una de sus mayores fortalezas es el conocimiento de la selva, de acuerdo con Dalia Aragón.
Patrullan regularmente los límites del territorio y detectan la presencia de actividades que amenazan la integridad del Kawsak Sacha. Aragón cuenta que en dos ocasiones ya identificaron puntos de minería ilegal. En un caso, un socio de la misma comunidad permitió la entrada de personas ajenas con maquinaria para la extracción de oro aluvial.
Los Sacha Runa llevaron la información a una asamblea, donde se decidió retirar la maquinaria con el apoyo de la comunidad. Para la defensora, esto envió un mensaje claro a los mineros ilegales y puso un alto a nuevos intentos de minería ilegal.
La iniciativa Guardianes del Yasuní reconoce estas capacidades. “No llegamos con una receta de cómo deberían hacer el control y vigilancia, sino que aportamos ciertos recursos para facilitar la logística, la movilización, la alimentación”, puntualiza Valdivieso.
Capacitación en derechos y tecnología
Con los rostros pintados con gruesas franjas negras, los Sacha Runa navegaron desde las distintas comunidades del Pueblo Kichwa del Curaray hasta Jaime Roldós. Allí les esperaban especialistas de WCS y de la dirección del Parque Nacional Yasuní.
El taller se inició con una clase sobre el funcionamiento del área protegida y siguió con el mecanismo de quejas y reclamos, que busca mantener el diálogo abierto para mejorar constantemente la iniciativa. Esa tarde se habló también sobre derechos humanos, de los niños, de las personas con discapacidades y de las mujeres. Dalia Aragón fue la primera en firmar el acuerdo de respeto a estos derechos. Aunque no era obligatorio, sus compañeros le siguieron.
En la misma línea de derechos, se dedicó gran parte de la tarde a conocer qué hacer y qué no hacer ante señales de presencia de los pueblos en aislamiento voluntario. “WCS cuenta con protocolos estrictos para prevenir cualquier ingreso accidental a la Zona Intangible”, dice Valdivieso.
En el PAKIC se conoce bien que ante indicios como pisadas, senderos, viviendas temporales, fogones o lanzas no deben acercarse, pues su vida, como la de los pueblos aislados podría ponerse en riesgo. Durante el taller, el mensaje fue claro: retirarse con calma, reportar el encuentro por canales oficiales y proteger la ubicación para respetar su derecho a mantenerse aislados.
El segundo día se reconocieron los distintos tipos de amenazas que pueden detectarse durante los monitoreos, como actividades ilegales de tala, caza y pesca. Los especialistas de WCS no tuvieron que ahondar en el reconocimiento de huellas de fauna, pues es algo que incluso los niños son capaces de hacer.
El último día recibieron clases de fotografía para hacer una mejor documentación de la biodiversidad y de las amenazas. Después recibieron una capacitación de Smart, una aplicación de monitoreo espacial y reporte que ya usan los guardaparques de al menos 36 áreas protegidas del país. Con esta herramienta podrán documentar, por ejemplo, las coordenadas y la superficie de un área deforestada y las especies afectadas.
Así, el trabajo de los Sacha Runa se articulará progresivamente con el sistema de reporte que usa el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La información se compartirá con distintos niveles: con PAKKIRU, el Parque Nacional Yasuní y el Comité de Gestión de la Reserva de la Biósfera, con miras a que se tomen acciones articuladas.
“Queremos que esto inspire a otras organizaciones y al mismo Ministerio de Ambiente a comenzar procesos de integración de la gestión territorial indígena y de la gestión de las áreas protegidas”, dice Valdivieso.
El último día del taller comenzó antes del amanecer. La comunidad planificó una guayusa upina, una tradición en la que los kichwas toman una infusión de hojas del árbol Ilex guayusa alrededor del fuego. En ese espacio hablan de sus sueños y de sus planes para el día. Los mayores aconsejan y enseñan a los más jóvenes. “Tomamos guayusa para conectarnos con el territorio”, dijo Ottorino Santi, presidente del PAKIC, y Bill Saant reafirmó: “Somos guardianes del Kawsak Sacha”.
Foto principal: Los Sacha Runa son conocedores de los bosques y los ríos del Pueblo Kichwa del Curaray. Foto: Cortesía ©️ Emilia Ulloa / WCS
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