- Expertos señalan que no existe una política ambiental tras la disolución del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
- La minería ilegal no fue abordada en estos primeros meses de gestión, según los especialistas, y esta actividad extractiva avanza en la Amazonía.
- Además, cuestionan que, a nombre de solucionar la crisis económica, no se contempla al medioambiente a la hora de tomar decisiones.
- Las áreas protegidas y los territorios indígenas tuvieron escasa atención en la primera etapa del Gobierno.
Rodrigo Paz cumplió el 26 de febrero 120 días de gobierno en Bolivia. Su trabajo está centrado en la reestructuración económica y política del país y su gestión ambiental quedó relegada al menos en esta primera etapa de su administración. Expertos, activistas y líderes indígenas exponen las claves para entender cómo deberá accionar el Presidente en favor del medioambiente y los retos que vienen para el Gobierno boliviano.
El debate ambiental en Bolivia se centra entre cuatro ejes: la disolución del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la lentitud del funcionamiento de la nueva estructura de esta cartera; el avance de la minería ilegal en ríos amazónicos; el cuidado de las áreas protegidas; y enfrentar la crisis económica sin que haya daños al medioambiente.
Una de las primeras medidas de Rodrigo Paz fue disolver el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y reducirlo a dos viceministerios, uno encargado de temas ambientales y otro a proyectos del agua. Esa decisión fue criticada y por ahora no se conoce una estrategia ambiental gubernamental, más allá de algunas declaraciones de autoridades sobre temas coyunturales.
La temática ambiental ahora es manejada por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente. La gestión sobre el agua fue absorbida por el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua. Ambas entidades pertenecen a la cartera económica y son dirigidas por ministros con trayectoria en el empresariado agroindustrial.
En su discurso de posesión, el 8 de noviembre pasado, el presidente Rodrigo Paz planteó que no debería haber “un divorcio entre crecimiento y naturaleza” y apuntó a un “Gobierno del futuro verde”. Mientras asumía su mandato, los Estados se alistaban para participar de la COP30, que se desarrolló en la ciudad de Belém do Pará, Brasil. Bolivia no tuvo una delegación amplia en ese evento. El vicepresidente boliviano, Edman Lara, acudió a Belém do Pará junto al ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Justiniano.
Mongabay Latam consultó a expertos en Bolivia para conocer las claves de los 120 primeros días de gestión de Rodrigo Paz.
1. Reestructurar la política ambiental
Marlene Quintanilla, ingeniera forestal independiente y magíster en Evaluación de Recursos Hídricos, consideró que el Gobierno se ha enfocado en reestructurar la cartera de Medio Ambiente y Agua y espera que esta reestructuración, “que le ha quitado independencia al exministerio, no genere lentitud, burocracia o debilitamiento para impulsar las reformas y acciones políticas que requiere el medio ambiente en el país”.
“Dado que las medidas del nuevo gobierno se han enfocado más en mejorar las condiciones económicas difíciles del país, en este tiempo se destaca que los principales organismos e instituciones estatales en materia ambiental están liderados por un personal especializado en formaciones técnicas que se requieren [en lugar de puestos políticos]; por lo tanto, la expectativa es que en el mediano plazo se refleje en reformas estructurales medioambientales para el país”, afirmó Quintanilla a Mongabay Latam.
La experta añadió que después de estos 120 días de gobierno de Paz urgen reformas y actualizaciones ambientales, como la Ley del Medio Ambiente, que data de 1992; y la Ley Forestal, que desde 1996 requiere ajustes para mejorar el manejo sostenible de los bosques del país. Quintanilla también puso en la mesa la necesidad de contar con una nueva Ley del Agua, ya que la actual data de 1906.
“La reforma a esta ley [del Agua] es la base para todos los ejes de desarrollo del país, ya que a menudo se transgrede el derecho fundamental al agua porque en la jerarquía legal se suelen anteponer actividades extractivas como la minería, explotación hidrocarburífera y otras”, aseguró la experta. “Este tema es muy amplio y urgente, requiere de una reingeniería en los marcos normativos que actualmente rigen en otras normativas que acompañan a la Ley del Medio Ambiente, la Ley Forestal y otras”, dijo Quintanilla.
Otro eje, según detalló la especialista, es elaborar un Plan de Adaptación al Impacto Climático, el cual debe ser desarrollado –dijo- con una visión integral, donde la base tiene que ser el medioambiente. “Bolivia, a nivel global, es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático y requiere que el país esté preparado y resiliente a los múltiples impactos climáticos porque lo que impacta al medioambiente impacta directamente a la gente y a la biodiversidad”, explicó.
El viceministro de Medio Ambiente, Jorge Ávila, sostuvo en una conferencia de prensa que el Gobierno boliviano tiene una política ambiental clara que se basa en tres pilares y una visión orientada al desarrollo sostenible. “Sí, va a haber un profundo cambio, especialmente de comprensión, de entendimiento y de proyección de la variable medioambiental”, dijo.
El funcionario explicó que la disolución del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas responde al criterio de recuperar la esencia medioambiental con la que nació en los años 90, cuando la temática ambiental estaba bajo el paraguas del Ministerio de Planificación y Desarrollo Sostenible.
2. Sin freno a la minería ilegal
En Bolivia, la minería avanzó sin respiro en 2025 sobre ríos, territorios indígenas y áreas protegidas, sobre todo en la Amazonía. En lo que va de este año, la situación no es diferente: no hay control estatal. Además, no existen avances en el Plan de Acción Nacional (PAN) para reducir el uso de mercurio en la minería aurífera legal.
Fátima Monasterio, abogada e investigadora de la Fundación Solón, consideró que una tarea clave que no tuvo atención en esta primera etapa de gobierno es el avance de la minería ilegal y que no existe un plan ambiental gubernamental tras la disolución del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
“El principal foco de degradación en la Amazonía boliviana es la minería aurífera. Actualmente se tramitan y otorgan derechos mineros sin que exista una evaluación técnica ambiental clara sobre la capacidad de los ríos, recarga de las cuencas, sin que exista el estudio serio y oficial que limite dónde sí y dónde no puede haber actividad minera”, dijo Monasterio a Mongabay Latam.
La experta afirmó que es “urgente” establecer canales de coordinación entre la autoridad ambiental, en este caso, el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), la encargada de otorgar los permisos de operaciones mineras. “Hoy se concede el derecho minero y si hay suerte luego se evalúa el daño ambiental. Entonces, es importante que revierta esa lógica”, dijo.
Sobre el tema, Alfredo Zaconeta, experto en temas mineros e investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), afirmó a Mongabay Latam que en esta etapa de gestión es difícil desmontar el aparato que instaló en 20 años de gestión el Movimiento Al Socialismo (MAS), pero tampoco ve una línea clara por parte del Gobierno de Paz referente a la minería y la gestión ambiental.
Zaconeta ve como un único punto la sugerencia de reemplazar el mercurio con el cianuro en la explotación minera aurífera, algo que el experto calificó como inviable porque el sector cooperativista, que maneja el 99 % de producción del oro en Bolivia, lo rechazaría porque el cianuro puede afectar la salud de los mineros. También hay posturas sobre posible daño a la salud de las personas en general y del medioambiente.
“En materia ambiental, poco o nada se avanzó en estos 120 primeros días de gobierno. Existen varias medidas ambientales que debería poner atención el Gobierno. Una de ellas es la aplicación del Convenio de Minamata -que regula el uso de mercurio a nivel internacional- , porque estamos sujetos a condicionantes internacionales para que se dé cumplimiento a este convenio”, detalló Zaconeta.
El experto añadió que para aplicar el convenio a cabalidad “se necesita definir una política pública, específicamente para el oro, que permita actuar de forma debida y permita avanzar en los protocolos que dan cumplimiento a este convenio”.
3. Revertir la crisis económica sin dañar el medio ambiente
En Bolivia todavía se vive una dura crisis económica. El Gobierno ajustó medidas para revertir esta situación, como la solicitud de créditos externos y la aprobación de normas para lograr inversiones para actividades productivas, pero flexibilizando las normas ambientales. Los expertos piden un equilibrio para no dañar el ambiente con la ejecución de proyectos extractivos.
El Gobierno aprobó en diciembre de 2025 un decreto supremo que encendió la alerta sobre la situación de los derechos ambientales en territorios indígenas y áreas protegidas. Diferentes organizaciones indígenas, expertos y defensores ambientales alzaron la voz en contra de la norma, que fue considerada “inconstitucional” y contraria a normas internacionales a las que suscribió el Estado boliviano. Ese decreto fue anulado en enero pasado.
El artículo 10 del decreto derogado declaraba “estratégicas y prioritarias” a las inversiones destinadas al desarrollo de los circuitos productivos de los recursos naturales estratégicos como minería, hidrocarburos y renovables, además de agroindustria y alimentos, infraestructura logística y transporte y manufactura con orientación exportadora.
Leonardo Tamburini, director de la organización ORÈ, ve que el Gobierno tiene una “lógica para habilitar obras de infraestructura o de exploración o explotación de recursos naturales sin cuidado ambiental”. Además, el experto añadió a este medio que el principal y mayor desafío es poder llegar a un mayor equilibrio entre las necesidades económicas y el cuidado del medioambiente.
Una acción, para Jorge Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), es la situación en la reserva de Tariquía, al sur de Bolivia. El experto afirmó que el Gobierno en este caso enfrentó su primer conflicto ambiental debido a que la administración de Paz autorizó a la empresa Petrobras trabajos en la zona de amortiguamiento del área protegida, esto a pesar de no haber un proceso de consulta claro.
Campanini también observó que en estos primeros 120 días el Gobierno boliviano se enfocó en aprobar medidas económicas sin atender las consecuencias ambientales. “Las medidas económicas anunciadas reducen la temática ambiental a negocios y se superpone la mercantilización de la naturaleza. Ahora no se habla de conservación estratégica”, dijo a Mongabay Latam.
“En estos 120 días han surgido más preocupaciones que aciertos. Los problemas del mercurio en la Amazonía, el impulso a la ampliación de la frontera agrícola, la contaminación de fuentes de agua o la judicialización de defensores ambientales, como en la reserva de Tariquía, evidencian que los posibles cambios estructurales tan anunciados puedan añadir riesgo al deterioro existente”, lamentó Campanini.
4. Poca atención a las áreas protegidas y los pueblos indígenas
Bolivia tiene 23 áreas protegidas de alcance nacional y cada una de estas reservas esquiva diferentes amenazas, como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala de árboles, los avasallamientos, incendios, proyectos petroleros o deforestación. Además, estas áreas también tienen que enfrentar peligros internos: reducción de guardaparques y de recursos económicos, que es un problema que se arrastra desde la gestión anterior. Con estos factores adversos, los parques naturales en Bolivia están en crisis y los 120 primeros días de gestión de Paz no hubo un cambio a favor de las reservas, pero tampoco hay atención a los pueblos indígenas.
Alex Villca, miembro de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), aseguró a Mongabay Latam que las políticas del Gobierno boliviano no benefician a las áreas protegidas y que todavía existe un debilitamiento de las reservas, cambiando los planes de manejo o permitiendo el ingreso de actividad extractiva. Villca pone como ejemplo el Parque Nacional Madidi.
“En las regiones de la Amazonía, los territorios indígenas y las áreas protegidas continúan siendo avasalladas por actividades extractivas, como la minería ilegal, el narcotráfico o la tala de árboles. Hemos visto expediciones por parte del Gobierno, pero son actividades distractivas porque no se erradica el problema de fondo. Nos preocupa que, en áreas tan sensibles, como el Madidi, haya operaciones mineras, hay más de 40 actividades en la parte alta del río Tuichi y en 120 días no pudieron hacer nada”, dijo Villca a Mongabay Latam.
El dirigente indígena también manifestó su preocupación por la situación de los defensores indígenas y ambientales que defienden sus territorios y que son judicializados y amenazados porque se oponen a proyectos extractivos. “Por ejemplo, el agronegocio está cerca del Madidi, del Pilón Lajas, y muchos líderes se oponen, pero son amenazados”, reclamó.
Al respecto, la directora del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), Cecilia Miranda, explicó a Mongabay Latam que todavía existe un plan de restructuración de su oficina y observó que existen limitantes para mejorar la gestión de las reservas: el bajo presupuesto económico y la escasa cantidad de personal para enfrentar las amenazas.
“Me ha tocado una terrible intervención del SERNAP porque he recibido una institución destruida, devastada, con una credibilidad muy baja, la institucionalidad totalmente quebrada y con muchos indicios de corrupción. Entonces, mi ingreso ha sido como un campo de batalla”, afirmó Miranda.
Imagen principal: la minería ilegal, que avanza sobre los ríos de la Amazonía boliviana, es una de las cuestiones pendientes del Gobierno de Rodrigo Paz. Foto: cortesía Javier Mamani
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