- Redes de desinformación en Facebook, X (antes Twitter) y TikTok realizan campañas contra comunidades y líderes defensores del territorio en Guatemala, de acuerdo con una investigación de Global Witness.
- Los ataques van dirigidos contra dirigentes indígenas, pero también contra comunidades y organizaciones campesinas que buscan ejercer sus derechos territoriales.
- El análisis muestra que cuentas anónimas, medios cercanos a grupos de poder y figuras públicas amplifican la desinformación y en ocasiones cuentan con datos confidenciales del Ministerio Público de Guatemala.
- Estas campañas, precisa el informe, facilitan el camino para la persecución judicial y la criminalización contra defensores, quienes viven un momento crítico en el país.
Redes de desinformación que operan a través de diferentes plataformas digitales han facilitado la violencia y la criminalización que viven las personas defensoras del territorio y liderazgos indígenas en Guatemala, de acuerdo con un informe de la organización internacional Global Witness. El documento expone campañas coordinadas de difamación en redes sociales, las cuales coinciden —o incluso anuncian— procesos penales contra quienes exigen derechos sobre tierras ancestrales o denuncian desalojos de comunidades.
Estos ataques organizados ocurren en un momento crítico para Guatemala, que en 2024 quintuplicó los asesinatos contra defensores del territorio, de acuerdo con la misma organización, quien ha dado a conocer que la mayoría de las víctimas son indígenas o campesinas.
Hoy, ese mismo sector está siendo objeto de campañas de desinformación y difamación que los presentan como “terroristas”, “invasores” o “criminales”, facilitando su persecución judicial.
La investigación de Global Witness destaca no solo la coordinación de estos ataques, sino también las redes digitales que replican la desinformación, el tipo de liderazgos indígenas acusados y los conflictos territoriales por los que son señalados en el país.
Liderazgos indígenas y campesinos, el blanco de los ataques
De acuerdo con el informe, las campañas de desinformación se han enfocado en líderes y defensores que no solo tienen una trayectoria campesina y territorial, sino que también ya han sido perseguidos judicialmente o fueron víctimas de actos violentos. Uno de los casos del informe es el de Leocadio Juracán, dirigente maya kakchiqel detenido en agosto de 2025 por usurpación agravada y tentativa de provocar incendios forestales. El líder es parte del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), una organización indígena y campesina que apoya a las comunidades que reclaman tierras y que también ha sido objeto de violencia en medio de las disputas territoriales en zonas rurales de Guatemala.
El informe detectó que meses antes de la detención de Juracán, la Asociación Civil en Defensa de la Propiedad Privada (ACDEPRO), una agrupación de terratenientes, había realizado varias publicaciones donde exigía su detención, así como la de otros activistas del territorio.
Estas publicaciones, sostiene el informe, forman parte de un patrón de ataques en las redes sociales, donde se califica a Juracán de “criminal violento” y “terrorista” que “ordena invasiones de fincas disfrazado de defensor de los DD. HH. [derechos humanos]”.
Previo a la detención, el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada, Balakrishnan Rajagopal, visitó Guatemala para documentar desalojos forzados de comunidades, los cuales señaló que fueron realizados “de manera despiadada, sin oportunidad de presentar pruebas de la propiedad de la tierra, sin previo aviso ni oportunidad de salvar sus cosechas y pertenencias”.
«Las viviendas suelen ser incendiadas durante los desalojos, junto con los cultivos alimenticios y las pertenencias privadas de personas en situación de extrema pobreza, lo que constituiría un trato cruel e inhumano y una grave violación del derecho internacional», declaró Rajagopal, quien solicitó medidas cautelares urgentes para evitar mayores daños irreparables a las comunidades.
La ACDEPRO rechazó estas conclusiones y dijo a Global Witness que “en Guatemala no hay desalojos forzados, son desalojos judiciales”. Además, argumentó que la mayoría de los conflictos en las zonas rurales son un engaño, en el que la delincuencia organizada y agentes mienten a las comunidades pobres prometiéndoles ayuda para reclamar territorios.
El informe destaca la creación de la Fiscalía Especializada contra Delitos de Usurpación en Guatemala, una unidad del Ministerio Público que inició labores en 2021 para investigar la ocupación ilegal de territorios.
Sin embargo, defensores del territorio han advertido que este tipo de medidas sólo han hecho más sofisticado el hostigamiento contra comunidades indígenas y defensores, mediante figuras legales que facilitan la apertura de procesos judiciales.
“La creación de la Fiscalía contra la Usurpación plantea una modificación al Código Penal para que a los defensores, a través de la judicialización, se les acuse de usurpación agravada y el aumento de la sentencia judicial”, dijo Neydi Juracán, también integrante del Comité Campesino del Altiplano, a Mongabay Latam en septiembre pasado, al hablar del aumento de la violencia contra esta población.
Lesbia Artola, dirigente maya q’eqchi de Alto Verapaz e integrante del Comité Campesino del Altiplano, también fue objeto de estas campañas, luego de ser vinculada a la delincuencia organizada y al asesinato de compañeros del comité en 2018.
El análisis de Global Witness detectó que una red de sitios de noticias locales y cuentas anónimas aumentan el alcance tanto de desinformación como de publicaciones de odio contra personas defensoras.
Tras la detención de Juracán, por ejemplo, diversas cuentas lo calificaron como un “exguerrillero” que “lideraba una estructura criminal […] que incendiaba fincas y luego las invadía”. Incluso, algunas de las cuentas detectadas afirmaron falsamente que el defensor había sido detenido por “violación de menores”, según Global Witness.
Comunidades criminalizadas
El informe destaca también que las campañas de desprestigio y desinformación no solo van dirigidas a líderes y defensores visibles, sino también contra comunidades que deciden reclamar territorios ancestrales.
Un caso analizado por la organización es el de dos aldeas maya poqomchi’: Washington y Dos Fuentes, situadas en la provincia de Baja Verapaz, donde 300 de sus 500 habitantes enfrentan cargos penales tras un litigio con una empresa ganadera que los acusa de ocupar ilegalmente las tierras en las que viven.
La comunidad maya Poqomchi’, que en 2020 recibió medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras un intento de desalojo extrajudicial, defiende sus asentamientos señalando que desde el siglo XIX los finqueros de ascendencia alemana forzaron a sus integrantes a trabajar sin remuneración en su propio territorio ancestral.
Las redes digitales de desinformación también se activaron en este conflicto calificando a las comunidades como “delincuentes terroristas”, “grupo violento terrorista” e “invasores terroristas”.
Aunque los señalamientos van contra las comunidades enteras, Global Witness destaca que las campañas en redes sociales se han dirigido especialmente contra dos dirigentes de Dos Fuentes: José Antonio Juc y Lázaro Choc, a quienes acusan de cometer supuestos delitos como “usurpación”, “violaciones”, “intento de asesinato”, “secuestro” y robo.
Los ataques han implicado incluso la violación de datos personales en el caso de Juc, dando a conocer el número de su documento nacional de identidad.
Para Global Witness, este caso refleja cómo se utilizan las plataformas digitales para amenazar y acosar a defensores indígenas del territorio, incluso cuando son beneficiarios de medidas cautelares internacionales.
“También pone de relieve las repercusiones del recurso al derecho penal para resolver complejas disputas por la tierra. Cientos de mayas de la comunidad Poqomchi’ siguen enfrentándose a procesos penales por usurpación, a pesar de que, como se afirma en el informe pericial de 2025, el derecho penal no tiene competencia para pronunciarse sobre la propiedad de un bien concreto”, señala el informe.
Para Brenda Guillén, coordinadora de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA), el inicio de esta violencia digital contra defensores empezó en 2020, en medio de la pandemia, donde bajo la restricción de movilidad se incrementan las difamaciones y los ataques de desinformación.
“Ahora se tiene este espacio digital para ejercer esas agresiones y evidentemente quienes las ejercen se dan cuenta del impacto que puede tener con actos de difamación que no sólo llegan a esa persona, sino que tienen un alcance mucho mayor y casi como de dinamita”.
La defensora precisa que esto no implica que otras violencias hayan cedido, sino al contrario, se han recrudecido. “El ámbito digital ya dejó de ser un estrictamente intangible. Ese inicio de discurso, de odio, de estigmatización, de hostigamiento en redes sociales llega a un plano físico. Y ese es el temor”, dice Guillén a Mongabay Latam.
Actores políticos detrás de los ataques digitales
El informe señala que una red de cuentas, medios digitales y figuras públicas operan de forma coordinada para amplificar la desinformación contra defensores del territorio en Guatemala.
Las páginas digitales y sitios de noticias que participan en esta red reproducen las acusaciones contra las personas defensoras sin aportar evidencia o difunden información que nace de “cuentas madre” que generan la información desde cuentas anónimas.
Otros reportes periodísticos en Guatemala han señalado a estas cuentas por difundir información sensible y confidencial del Ministerio Público, lo que indica una presunta coordinación de autoridades judiciales con la filtración de datos, sostiene el reporte.
Mongabay Latam buscó al Ministerio Público de Guatemala para tener su versión al respecto, pero hasta la publicación de esta nota no obtuvo respuesta.
“En conjunto, esta red de sitios de noticias falsas, perfiles anónimos y personas reales ha actuado de forma coordinada para desprestigiar a dirigentes indígenas y activistas del territorio. Dichos ataques separan a las personas activistas de sus comunidades y allanan el camino para su criminalización”, concluye el documento que identifica a esta redes como “net centers” activos principalmente en Facebook, X (antes Twitter) y TikTok.
Global Witness destaca que la mayoría de los ataques se produjeron después de que las redes sociales recortaran el servicio de soporte de verificación de hechos y la moderación de contenidos en los Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump en las elecciones de 2024.
Estos cambios, precisa la organización, se promovieron como una manera de fomentar la libertad de expresión, caso que en Guatemala no se dio: “Esas medidas podrían volver a quienes luchan contra la corrupción y el autoritarismo más vulnerables que nunca ante el acoso, la estigmatización y la criminalización”.
Durante 2026, en Guatemala se elegirán altos cargos del sistema de Justicia, entre al fiscal general del Ministerio Público, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral, así como el de Contralor General de Cuentas.
Este proceso se desarrolla en medio de una crisis política en el país, donde el Ministerio Público mantiene un enfrentamiento constante con el presidente Bernardo Arévalo, a quien incluso le intentó abrir una investigación penal antes de que asumiera el cargo, lo que ha sido considerado por su administración como un intento de golpe de Estado.
Previo a la publicación de esta nota, Mongabay Latam consultó al Ministerio Público de Guatemala, quien respondió este 11 de marzo para rechazar cualquier señalamiento que vincule a la institución con campañas de desinformación o procesos de estigmatización contra líderes comunitarios o defensores indígenas.
Sobre las presuntas filtraciones de investigaciones a actores externos, la institución dijo que “es simple narrativa”, negó casos en los que se haya detectado este esquema, aunque no aclaró si se ha iniciado alguna investigación interna por posibles filtraciones. “De presentarse indicios concretos sobre una posible divulgación irregular de información bajo reserva, se deberán iniciar las acciones correspondientes”, respondió.
Imagen principal: Leocadio Juracán, defensor del territorio y dirigente maya kakchiqel, fue detenido en agosto de 2025. Foto: cortesía Comité Campesino del Altiplano (CCDA)
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