- La provincia de Salta, en el norte del país, abandona su mayor área protegida, la Reserva Los Andes, mientras las mineras avanzan sobre ella.
- Así lo demuestra una investigación publicada este miércoles por Mongabay Latam y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en el especial Litio en Conflicto.
- La reserva de fauna provincial espera que comience a funcionar un plan de manejo oficial desde 1980, que incluyó entre 2017 y 2018 la inversión de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- Sin embargo, las autoridades lo sepultaron para expandir la minería de litio en los salares ubicados en la reserva sin respetar la zonificación que habían planificado expertos y funcionarios.
Los salares y sus lagunas y arroyos son oasis en el desierto de la Reserva Natural de Fauna Silvestre Los Andes, en la provincia de Salta, en el noroeste de Argentina. “La explotación del litio ya es en sí problemática, debido a que requiere de muchísima agua, justamente en un ecosistema donde el agua es escasísima. En Salta lo es aún más, debido a que las lagunas son mucho más pequeñas comparadas con las de otra provincia que explota y explora litio, como [la vecina] Jujuy”, explica el biólogo Flavio Moschione, de la Administración de Parques Nacionales, especializado en aves acuáticas y uno de los expertos que participó en el plan de manejo de la reserva, ideado entre 2017 y 2018 para proteger la biodiversidad y los salares de esta área protegida.
Dicho plan de manejo quedó en los papeles, como informa Mongabay Latam junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en una investigación del especial Litio en Conflicto.
Los Andes es un gran desierto lleno de vida, hogar de flamencos y lagartos en peligro donde confluyen las ecorregiones de la Puna y el Altoandino. La reserva es tan importante para la provincia de Salta que representa el 80 % de toda la superficie que el gobierno provincial ha declarado como área protegida. Desde su creación en 1980 necesita un plan de manejo pero las autoridades no consiguen implementarlo.
La reserva tiene una extensión de 14 450 kilómetros cuadrados en el noroeste de Argentina, más que países como Jamaica, Líbano o Montenegro. Pero apenas cuenta con un único guardaparque, sin vehículo, para cuidar sus salares y salinas de alta montaña, sus vicuñas y sus sitios arqueológicos y ceremoniales.
“La biota y la poca gente que vive en la Puna salteña dependen de esa agua, del agua de los salares”, agrega el biólogo Moschione. Por eso, el plan de manejo archivado incluía un programa de mejoramiento del acceso al agua para pobladores locales y a energías alternativas, además del aumento de los ingresos familiares a través del mejoramiento de la productividad ganadera.
“En la minería del litio lo que más importa es el agua. Estos ecosistemas son humedales, captadores de dióxido de carbono, reguladores climáticos e hídricos. Su destrucción no sólo afecta a las comunidades locales sino al conjunto de la ciudadanía”, dice Melisa Argento, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y quien ha documentado la relación entre comunidades indígenas y mineras de litio.
Son, además, cuencas endorreicas, es decir, cerradas. Funcionan como una olla. Como explican Argento y su colega Bruno Fornillo en su libro Todo sobre el litio, forman “un delicado equilibrio natural que garantiza la supervivencia de las cadenas de la vida microbacteriana, tróficas (interconexión alimentaria de especies) y antrópicas”. Las mineras miran solo al salar, explican, pero hay que pensarlo como si éstos fueran el iris de un ojo.
No sólo son ricos en litio: también en potasio, magnesio, calcio, boro y otros elementos químicos, explicó Argento junto a Ariel Slipak y Florencia Puente en un capítulo del libro La transición energética en Argentina.
Los científicos que trabajaron en el plan de manejo temen que la minería pueda impactar en las poblaciones de varias especies en riesgo y con poblaciones decrecientes. Una de ellas es el flamenco andino, cuyo estatus es Vulnerable.
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“La colonia reproductiva de flamenco andino del salar de Llullaillaco, ubicado muy cerca del Cerro Llullaillaco, dejó de reproducir hace unos años y no se ha vuelto a instalar en la zona. En el salar de Pastos Grande, este año hubo apenas 11 nidos, cuando usualmente tenían entre 150 y 200”, dice el biólogo Moschione.
En estos dos salares opera la china Ganfeng. Mongabay Latam se comunicó por varios medios con la compañía, incluyendo a Juan Gilly, su director de Legales, Relaciones Institucionales y Comunitarias en Salta, también presidente de la Cámara de Minería de la provincia, pero no recibió respuestas.
“Como en los lugares donde nifidicaban ya no lo pueden hacer, los flamencos tratan de colonizar otros sitios, como la Laguna Socompa”, pero no son óptimos, afirma el biólogo, como sí lo eran los que ahora ocupan las mineras. No supera los 25 flamencos, dice. Hay preocupaciones similares del otro lado de la frontera, en Chile.
Hay otras especies endémicas que requieren de lagunas con volumen de agua suficiente para nidificar, como la gallareta cornuda, considerada como Casi Amenazada y con una población decreciente. “Si hay mineras, hay gente. Si hay personas, hay basura. Si hay basura hay gaviotas. Estas gaviotas predan los nidos de las gallaretas”, explica Moschione.
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La zonificación abandonada
El plan de manejo aprobado planteó un plan concreto para elevar los estándares ambientales de la minería en la reserva, incluyendo estrategias para mejorar la gestión ambiental de las empresas y los procesos de evaluación de los Informes de Impacto Ambiental (IIA).
Sobre todo implicaba una zonificación del área protegida. Esa delimitación crearía una zona núcleo —la de conservación más restrictiva— limitada solo para actividades científicas y de educación. Luego habría una zona de uso restringido para actividades como la ganadería tradicional y el turismo, siempre que no causen impacto ambiental. Y, por último, una zona de uso sustentable que permitiría actividades como la minería, con algunas restricciones para procurar la mayor sustentabilidad posible y reducir los impactos no deseados.
Esa zonificación era central, coinciden exfuncionarios, funcionarios y expertos consultados por Mongabay Latam. Precisaba la ubicación de especies emblemáticas, los atractivos turísticos dentro de la reserva y los sitios de mayor prioridad para la conservación, como el Cono de Arita, el salar de Río Grande o el mirador de Llullaillaco. Incluso planteaba la posibilidad de ampliar los límites del área protegida.
Como advierte el documento oficial de 2018, “se requiere una negociación con el sector empresarial minero para poder concretar algunos de los polígonos de la zona de uso restringido que podrían estar lesionando derechos adquiridos de algunas empresas”.
El 3 de agosto de 2018, el Gobierno de Salta publicó la aprobación del plan de manejo en el Boletín Oficial de la provincia. Pero todo quedó en papel.
Los fondos del BID
El documento no especifica cuánto dinero se invirtió en el engavetado plan de manejo de la reserva Los Andes, pero sí quién lo financió: el préstamo 2835/OC-AR del Banco Interamericano de Desarrollo, como parte del “Programa de Desarrollo Turístico Sustentable de la Provincia de Salta, Argentina”.
Lo que sí precisaba el documento era la inversión necesaria para la ejecución de los 60 proyectos que el plan propuso desarrollar en un plazo de cinco años, es decir hasta 2023. Se calculó una inversión requerida de unos 65.9 millones de pesos argentinos (4,3 millones de dólares de la época). El 42.36 % de ese monto ya contaba con una fuente de financiamiento asegurada. Aún así, el Gobierno salteño decidió no ejecutarlo.
Del total invertido en la implementación, poco menos de la mitad (el 43 %) se iba a destinar a proyectos con beneficio directo para los pobladores locales, el 30 % al fortalecimiento de la gestión pública, el 15 % a impacto ambiental exclusivo y el 12 % a la generación y gestión de información.
Para cubrir los fondos que aún no tenían una fuente identificada, el plan proponía la creación de un fideicomiso, cuyos recursos provendrían de la cooperación internacional, aportes del Estado, empresas privadas y la generación de fondos propios mediante tarifas y cánones.
Mongabay Latam se comunicó a finales de enero con el BID para consultar si el organismo había tomado medidas o estaba al tanto de que había financiado un proyecto frustrado por las autoridades que recibieron los fondos. El banco multilateral no respondió.
La reserva, donde ese turismo sustentable que se buscaba promover es cada vez más escaso, especialmente después de la pandemia, ahora es tierra de mineras. El litio es prioridad para la provincia de Salta y también en la política productiva nacional. Como dice un funcionario público del área ambiental, “dentro de nuestros gobiernos, nuestros puntos de vista son considerados como un boicot a la producción y el desarrollo económico de la provincia”.
*Con la colaboración de Ruido.
*Imagen principal: laguna con una bandada de flamencos andinos en Argentina. Foto: Enrique Derlindati
Litio en Conflicto es un proyecto liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en alianza con Consenso (Paraguay), La Región (Bolivia), Quinto Elemento Lab (México), Repórter Brasil (Brasil), Ruido (Argentina), Climate Tracker América Latina, Dialogue Earth, Mongabay Latamy Columbia Journalism Investigations (CJI) sobre cómo está funcionando la industria del litio en América Latina. Con el apoyo del equipo legal El Veinte.
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