- Expertos y exfuncionarios advierten que la ausencia de observadores en los barcos poteros no es solo un incumplimiento legal: es un agujero negro en el conocimiento científico del mar argentino y una puerta abierta a la impunidad.
- Las reacciones llegan luego de una investigación de Mongabay Latam que detectó que la mayoría de los barcos que pescan calamar en Argentina no llevan observador a bordo, incumpliendo la ley.
- Muchas de esas embarcaciones, si bien pertenecen a pesqueras argentinas, están controladas por empresas chinas, varias de las cuales tienen antecedentes por presunta pesca ilegal.
- La Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, el organismo que debe supervisar y fiscalizar la presencia de observadores a bordo de los barcos, guarda silencio.
Por normativa argentina, todo buque mayor o igual a 25 metros debe llevar, al menos, un observador a bordo y solo puede hacerse una excepción si la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura lo autoriza de manera fundada. El observador a bordo es clave, puesto que “tiene la función de informar sobre el manejo del recurso y las prácticas pesqueras, un rol fundamental para alertar en el caso de que se estuviera depredando”, explicó Nicolás Prandoni, investigador del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). Sin embargo esta obligatoriedad no se cumple.
Así lo demostró una investigación de Mongabay Latam que dio cuenta de que en 2025 sólo siete buques calamareros de un total de 78 dispusieron de observadores a bordo cubriendo apenas nueve viajes —mareas, en jerga pesquera— de un total de 354. Lo mismo ocurrió en 2024: solo 12 buques de un total de 74 tuvieron un observador a bordo, cubriendo sólo 19 mareas de las 302 realizadas por esta flota.
¿Qué se pierde exactamente cuando ese observador no está? La respuesta, según quienes han dedicado décadas a estudiar el mar argentino, es mucho más que un dato en una planilla.
Guillermo Cañete fue uno de los funcionarios del INIDEP que impulsó, a finales de los años 80, la figura del observador a bordo en Argentina. Lo hizo en un momento en que esta práctica comenzaba a expandirse a nivel internacional, empujada por una necesidad concreta: saber qué ocurre realmente en el mar, más allá de lo que declaran quienes tienen intereses directos en la pesca.
«Esto surge de una necesidad: tener mucha más información sobre lo que pasa arriba de los barcos», recuerda Cañete en diálogo con Mongabay Latam.
Saber las coordenadas donde se pesca, cuántas toneladas se recogen, de qué tamaño son los pescados o en qué estado de reproducción se encuentran son algunos de los datos que los científicos del INIDEP necesitaban, y necesitan actualmente, para poder evaluar el estado de las pesquerías y poder desarrollar estrategias que permitan asegurar la salud de los recursos marinos y con ella, la continuidad de la pesca.
Para obtenerlos, la única manera era mandar a alguien al océano. «Lamentablemente la pesca ocurre muy lejos de nuestros ojos», dice Cañete, y en ese sentido, agrega, “la figura del observador viene como un testigo”. El problema es que ese testigo ha dejado de estar presente en una de las pesquerías más importantes de la Argentina: el calamar argentino o pota argentina (Illex Argentinus).
Más que contar toneladas
Hernán Pérez Orsi, biólogo y activista en asuntos vinculados a la protección de los océanos, señala una distinción que suele perderse en el debate público: el observador a bordo no es un inspector ni un agente de control. Es, ante todo, una fuente de información científica. Y esa diferencia importa.
«Hay una diferencia sustancial entre la figura del observador y la figura del inspector», explica Pérez Orsi. «Una de esas figuras configura una persona que recaba estadísticas exclusivamente. Todo lo que emite, todo lo que envía al ente que lo pone a bordo —que es el INIDEP— no puede configurar evidencia en un proceso sancionatorio.»
Esto significa que el observador no va al barco a multar ni a detener capturas ilegales. Va a registrar, con rigor científico, todo lo que ocurre durante la faena: dónde se pesca, en qué momento de la marea, cuánto se captura y en qué condiciones se encuentra el recurso. Esa información alimenta los modelos con los que los investigadores del INIDEP calculan la captura máxima recomendada, determinan la apertura o cierre de temporadas y delimitan las zonas de veda.
Lo que sí hace —y de manera insustituible— es capturar la riqueza biológica que ningún parte de pesca (o declaración de captura que realiza el capitán del barco) puede registrar. «El observador no solamente anota los datos numéricos de la captura», dice Pérez Orsi. «Va a identificar tamaños, va a identificar madurez sexual, va a identificar el estadio de un proceso reproductivo, si es que lo está atravesando el animal”, asegura el biólogo. “El parte de pesca simplemente va a decir cuántas toneladas se capturaron y quizás el tamaño del ejemplar en una escala comercial, no en una escala biológica.»
Esa escala comercial versus biológica no es un detalle menor. Un capitán reporta lo que tiene en bodega y lo hace en los términos que le interesa: peso, talla aproximada por categoría de mercado. Pero el investigador necesita saber, por ejemplo, si el calamar que se está capturando ya se reprodujo o si fue sacado del mar antes de tener esa oportunidad. Si una flota entera está cosechando ejemplares inmaduros durante semanas, el impacto sobre el stock del año siguiente puede ser devastador. Sin el observador, esa señal de alerta nunca llega a tiempo.
«Sin observador se pierden datos de la temporalidad y la regionalidad de la captura», resume Pérez Orsi, «porque el acceso a la información se da pura y exclusivamente a través del parte de pesca”. “Y ese parte de pesca está confeccionado de acuerdo al interés del armador [el dueño del barco ] y del capitán», explica.
Una especie frágil en un ecosistema complejo
Para entender por qué la ausencia de observadores es tan grave en la pesquería del calamar, hay que entender primero qué tipo de especie está en juego. La pota tiene un ciclo de vida anual: nace, crece, se reproduce y muere en el lapso de doce meses. Eso lo hace extraordinariamente sensible a las condiciones ambientales y extraordinariamente vulnerable a la presión pesquera en momentos críticos de su ciclo.
«Tiene una dinámica muy particular», explica Cañete y una particular “fragilidad ambiental”, puesto que depende mucho de las condiciones ambientales como las modificaciones de temperatura y corrientes, entre otras, asegura.
Pero el calamar no es solo una especie comercialmente valiosa. Es un eslabón central en la cadena trófica del mar argentino. Es alimento, por ejemplo, de tiburones y elefantes marinos. «Hay monitoreos satelitales de elefantes marinos que están en la zona de cría en la costa y que pasan meses moviéndose y buceando en las zonas del calamar», señala Cañete. «Esos animales tienen al calamar como una de sus fuentes de alimentación principales.»
Pérez Orsi agrega la perspectiva del impacto indirecto: «El efecto que produce sacar toneladas año a año del calamar sobre otras especies es que definitivamente es parte de la dieta tanto de peces como de mamíferos. Entonces, el impacto de la pesquería tiene una correlación directa en la disponibilidad de alimento para otras especies.»
En ese contexto, los datos que el observador recopila —la estructura de tallas, el estado de maduración, la distribución espacial de las capturas— son insumos imprescindibles para gestionar no solo el calamar, sino el ecosistema en su conjunto. Y esos datos, hoy, en gran medida, no existen.
Un sistema que se debilita por decisión
Para Cañete, el deterioro del sistema de observadores no es accidental. Es el resultado de elecciones políticas concretas que priorizan la actividad económica por sobre los mecanismos de control.
«Las buenas prácticas requieren decisiones y disciplina», dice. «Disciplina en el sentido de invertir lo que se tiene que invertir para mantener sistemas de información.»
Su diagnóstico es contundente: «Hay una tendencia a dejar de lado el rol del Estado en los aspectos de monitoreo y control. Entonces eso genera un problema de incremento de la incertidumbre y el riesgo que está asociado con el manejo de recursos pesqueros”.
La contradicción resulta difícil de ignorar: mientras el presidente Javier Milei anunció un endurecimiento del control en altamar para evitar que embarcaciones extranjeras pesquen ilegalmente en territorio nacional, los barcos que zarpan desde los propios puertos argentinos lo hacen sin el observador que la ley exige. El mismo informe del INIDEP que confirmó que en 2025 solo siete de 78 buques poteros dispusieron de observadores señala que hay «una baja predisposición por parte de las empresas y/o armadores a subir un observador a bordo» y un escaso control al respecto por parte de las autoridades competentes.
Mongabay Latam envió preguntas a la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, el organismo que debe supervisar y fiscalizar la presencia de observadores e inspectores a bordo de los barcos, para saber por qué la ley no se está cumpliendo. Sin embargo, la Subsecretaría no respondió.
La flota china y la opacidad como estrategia
El problema adquiere otra dimensión cuando se considera quiénes son los principales beneficiarios de esa falta de monitoreo. Actualmente, el 68 % de la Cámara de Armadores Poteros Argentinos está conformada por capitales asiáticos, principalmente chinos, y varias de esas empresas chinas tienen antecedentes por pesca ilegal, incluso dentro del territorio argentino.
La resistencia de la flota china a los observadores no es un problema aislado. Alfonso Miranda, presidente del Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante en el Pacífico Sur (CALAMASUR), describe un patrón global: «Sistemáticamente la flota china se ha opuesto a tener observadores a bordo. Y una vez más decimos: solamente quien sabe que no se está portando bien teme esa figura. En todo el mundo esto es obligación para poder salir a pescar.»
Miranda traza además una comparación reveladora entre los dos océanos. En el Pacífico Sur, donde la flota de bandera china pesca calamar (Dosidicus gigas), existe una Organización Regional de Ordenación Pesquera (OROP) que, aunque imperfecta, al menos establece un marco donde se plantean medidas concretas de regulación para el calamar gigante. «Aunque hasta ahora no hayamos logrado implementar esas medidas, ya hemos trazado una ruta y por más que se resistan [en la flota china] vamos a ir teniendo cada vez más medidas para regular la pesca», dice Miranda sobre el Pacífico.
En el Atlántico Sudoccidental, en cambio, no existe ningún mecanismo equivalente. Establecer una OROP allí es una empresa diplomáticamente complicada por el conflicto de soberanía sobre las islas Malvinas: cualquier organismo que incluyera al Reino Unido como administrador del territorio chocaría con la legislación argentina, que no puede reconocer soberanía británica sobre las islas. «Establecer una OROP genera un conflicto diplomático y una incompatibilidad con la legislación argentina», explica Pérez Orsi.
El resultado es un Atlántico sin árbitro. Las flotas de aguas distantes pescan más allá de las 200 millas sin ninguna regulación internacional, y las flotas de bandera argentina —muchas de ellas controladas por capitales chinos— pescan dentro de la zona económica exclusiva sin observadores. En ambos casos, gran parte de lo que ocurre en el mar permanece en la oscuridad.
*Imagen principal: un barco chino se da a la fuga tras ser perseguido por la Prefectura Naval de Argentina. Foto: cortesía Shipspotting/Martin klingsick
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