- Juan Luis Dammert Bello es doctor en Geografía por Clark University, Massachusetts, y licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
- Se especializa en la gobernanza de recursos naturales, el rol de las industrias extractivas en la transición energética, la minería ilegal en la Amazonía y los impactos de proyectos de infraestructura, entre otras temáticas.
- En diálogo con Mongabay Latam analiza la situación actual de Perú, que atraviesa la peor crisis energética de los últimos 20 años, luego de una falla en el sistema de distribución del gas.
- “El gas nos mantiene amarrados a un combustible fósil, cuando ya sabemos que las reservas existentes tienen fecha de caducidad”, dice frente a la alternativa de las energías renovables.
Perú atraviesa la peor crisis energética de sus últimos 20 años, según afirmó el ministro de Energía y Minas de ese país, Ángelo Alfaro, en una presentación ante el Congreso. A principios de marzo, una falla en el sistema de transporte de gas y líquidos de gas natural de la empresa Camisea en Cusco obligó a paralizar el servicio de transporte de este combustible hacia Lima.
La distribución del gas se ha reducido drásticamente, generando un aumento del precio de otros combustibles y largas filas de autos en las estaciones de servicio, en medio de un contexto internacional que agrava aún más la situación: el alza del precio del barril de petróleo por la guerra en Medio Oriente.
Además, el presidente de Perú, José María Balcázar, ordenó que las clases en las escuelas fueran virtuales y que la Administración pública realice teletrabajo. El suministro de gas comenzaba a normalizarse lentamente este fin de semana, según medios locales.
En un país cuya economía, el transporte y alrededor del 40 % de la electricidad dependen del gas, el incidente ha dejado en evidencia las patas cortas de esta dependencia, explica Juan Luis Dammert Bello en diálogo con Mongabay Latam.
Dammert es doctor en Geografía por Clark University, Massachusetts, y licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Actualmente colabora con la Iniciativa Amazonía Resiliente y Justa desde el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), impulsa la Iniciativa SUMA+ y es Investigador Senior en Extractives@Clark.
Sus principales áreas de investigación y trabajo aplicado se enfocan en la gobernanza de recursos naturales, el rol de las industrias extractivas en la transición energética, la minería ilegal en la Amazonía, los impactos de proyectos de infraestructura, el acaparamiento de tierras, la deforestación y la conservación de la biodiversidad.
En entrevista con este medio, analiza cómo y por qué Perú llegó a esta crisis energética y cómo podría salir de la dependencia del gas, además de las consecuencias de una posible expansión de la extracción de este combustible fósil en el país.
—¿Por qué llegó Perú a este estado de crisis energética?
—Lo primero que hay que entender es que Perú depende muchísimo del gas natural para su matriz energética. Y a pesar de la importancia y del hecho de que el gas es la columna vertebral del sistema energético peruano, hay un solo ducto que trae ese gas hacia la Costa. Entonces hay una situación de vulnerabilidad muy grande. Ocurrió como dicta la Ley de Murphy: si puede ocurrir, va a ocurrir. Y ocurrió. Hubo una deflagración en ese tubo y se cortó el suministro del gas, que viene de la selva de Cusco hacia la Costa. Entonces, la respuesta tiene esos dos elementos: la alta dependencia de Perú por el gas de Camisea y un accidente en una situación de vulnerabilidad en la cual no había alternativas fáciles para rápidamente reemplazar ese gas.
—Desde hace años, varios reportajes e investigaciones periodísticas resaltan que ese gas solo llega a Lima, pero que los propios habitantes de las zonas inmediatas al yacimiento no tienen provisión de gas. ¿Hay una discriminación o desigualdad en esa distribución?
—No hay un acceso al gas en las zonas de donde se extrae. La situación energética es precaria en esa zona y en toda la región del sur del país. Lo que se privilegió fueron dos cosas: la exportación, ya que alrededor de la mitad del gas que se extrae se exporta, y su distribución hacia Lima: industrias de Lima, casas en Lima. Es importante entender cuál es el origen de este proyecto de Camisea ¿Por qué es tan importante y por qué hay esta dependencia? Se trata de un gran yacimiento descubierto en la segunda mitad de los años 80 por Shell.
Luego de evaluaciones, la propia Shell decidió retirarse de esos yacimientos. Entonces el gas del lote 88 y del lote 56, que son los principales, revirtió al Estado peruano como una especie de regalo de Dios. Esto hizo que el Estado peruano tuviera la sartén por el mango para hacer una negociación de la explotación de esos lotes, que se pueda pagar una regalía alta al Estado y que también se puedan comercializar a precios baratos en Perú.
—¿Qué pasó luego?
—Perú apostó por una política y una serie de incentivos para que la matriz energética se vaya hacia el gas. Se desarrolló el proyecto Camisea. Pero en ese momento, con el gobierno de [Alejandro] Toledo, entre el 2001 y el 2006, hubo una renegociación de los contratos de Camisea para permitir la exportación de parte de ese gas y luego se renegoció para que solamente uno de los lotes sea para el mercado peruano, el lote 88.
Luego, en otro momento de esta historia, el presidente [Ollanta] Humala renegoció: impulsó el proyecto del Gasoducto del Sur Peruano. La idea era masificar el gas en el sur del país y que llegue a Cusco, Puno y Arequipa y a otros lugares en el sur de Perú. Al momento de renegociar eso se desestimó otra cosa: hacer un ducto secundario para evitar que ocurra lo que ha ocurrido ahora.
—No hay una alternativa…
—No hay un respaldo si pasa un accidente. Eso se descontinuó y se apostó por este proyecto del Gasoducto del Sur. Y en ese proyecto, la principal empresa era Odebrecht. Hubo acusaciones de corrupción. Se determinó que había habido corrupción en estos contratos y a pesar de que el proyecto ya había empezado, se paralizó. Entonces, este sueño de llevar el gas hacia el sur del país ha quedado trunco.
—¿Cuál cree que debe ser la alternativa para Perú ante esta dependencia del gas?
—Se ha promovido muchísimo el uso del gas para la generación eléctrica y actualmente alrededor del 40 % de la generación eléctrica del país es con el gas de Camisea a través de centrales térmicas. A pesar de que Perú tiene por un lado una fuerte tradición de energía hidroeléctrica. Una posibilidad que para mí es lo sensato es no priorizar el uso del gas para generación eléctrica, sino apostar por la fuentes renovables. Y también priorizar el consumo doméstico, el consumo de los automóviles, hacer el proyecto de masificación del gas en el sur para que también accedan las personas del sur a este combustible barato, que es la columna vertebral del sistema energético peruano.
—Hay sectores de la industria que están planteando que la solución es explorar en busca de más gas, incluso se habla de yacimientos en áreas protegidas…
—Lo que está planteando ahora la industria es que desarrollemos más exploración, identifiquemos más fuentes de gas y saquemos más gas. Lo cual, en un contexto de transición energética global, de reducción de emisiones, de alejamiento de los combustibles fósiles, lo único que te hace es un efecto de lock in: te amarra a la infraestructura del gas. Va a llegar un punto en el que no va a haber más gas y vamos a tener que importar gas. Esta crisis energética es un buen momento para discutir alternativas hacia el futuro y ante la dependencia del gas.
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Una de las cosas que se empiezan a discutir, por ejemplo, es la extracción de gas en el Parque Nacional Bahuaja Sonene, en el lote conocido como Candamo, donde hay también un yacimiento identificado, pero que está bajo un parque nacional. Esto llevaría a un conflicto con la comunidad ambientalista. Y por otra parte, se sospecha que hay gas en zonas donde hay reservas territoriales para Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial [PIACI], que también nos llevaría a otro tipo de problemas. Todo esto por el mal uso del gas y por continuar con una industria cuando ya deberíamos pensar en alternativas.
Es también la respuesta fácil de los sectores del sector público y de los políticos. La reacción inmediata de estos actores y en la opinión pública es que necesitamos más gas. Pero habría que estar muy seguros de que se cumplen con los más altos estándares ambientales y con una perspectiva de largo plazo que atienda a otras posibilidades como las energías renovables.
—Habló de Candamo, de territorio de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Voluntario (PIACI). ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de entrar a explorar gas en estas zonas?
—El Candamo está bajo un parque nacional donde no están permitidas actividades económicas como la extracción de hidrocarburos, minerales o forestales. Entonces requeriría hacer cambios en la legislación sobre áreas naturales protegidas, lo cual abriría una puerta sumamente peligrosa para el sistema de áreas naturales protegidas. Hay momentos políticos en los que el lobby de los hidrocarburos tiene éxito en abrir pequeñas puertas, pequeñas ventanas. Luego se dan cuenta de los problemas de viabilidad que esto tiene.
El yacimiento está en una zona en un hotspot de biodiversidad muy alto y de una zona de protección estricta. Habría un impacto fuerte en la biodiversidad. Es algo muy complejo, que no creo que tenga viabilidad, incluso por los acuerdos que ha firmado Perú vinculados con la protección de la biodiversidad, con la reducción de la deforestación, creo que le traería una mala imagen al país abrir un parque nacional para extraer más gas. Más aún cuando el país decidió exportar casi la mitad del gas que ya había encontrado. Y cuando tiene opciones para otras alternativas económicas y de generación energética, como las renovables, incluyendo las hidroeléctricas.
—El debate de las renovables está instalado en Perú, pero del debate a la práctica, ¿cuánto falta para que sea una estructura que pueda proveer de energía renovable e ir sustituyendo de a poco a los hidrocarburos?
—Creo que el debate sí ha estado, pero no es un debate que ha llegado a la gran opinión pública. Es un debate más bien marginal. Ha habido una promoción de las energías renovables no convencionales a través de un decreto y se hicieron unas subastas de recursos energéticos renovables para que cubran hasta 5 % de la demanda eléctrica, aunque ya podían cubrir más. Mantenía tarifas garantizadas, contratos a largo plazo, pero claro, ha avanzado poco.
Lo que pasa es que es difícil competir con precios bajos del gas y la facilidad de instalar estas plantas, estas centrales térmicas en base a gas, entonces sí requeriría una política de Estado más decidida para que esto avance porque el potencial está en en términos de las condiciones para los vientos de los parques eólicos y las condiciones de la radiación solar o la luminosidad para las plantas fotovoltaicas. Creo que es lo que se debe hacer. Hay cosas para las que se requiere gas, sobre todo las industrias que requieren altos niveles de calor. La penetración de los autos eléctricos es una cosa que va a demorar. Pero la generación eléctrica sí se podría cubrir con las renovables, que están avanzando rápidamente en su mejoras técnicas, superando los problemas de intermitencia.
Además de cobre, Perú produce otros minerales de transición importantes, como plata, zinc, molibdeno. Perú es un país polimetálico que podría aprovechar esa riqueza mineral para montarse en todo este boom de las energías renovables y el rol de los minerales de transición. Eso requeriría programas, políticas en partnership con Estados Unidos, con China, con Alemania y con otros países interesados en promover la industrialización y la promoción de los parques eólicos, de los paneles solares. Pero requeriría salirnos de la inercia de los hidrocarburos, que es una industria en declive. El gas nos mantiene amarrados a un combustible fósil, cuando ya sabemos que las reservas existentes tienen fecha de caducidad.
—¿Qué tanto ha influido la crisis política e institucional de Perú en los últimos diez años en la explosión de esta crisis energética?
—La crisis política es también un desmantelamiento de la capacidad regulatoria del Estado en general y también una reducción en las capacidades de los funcionarios públicos en general. Y quién sabe hacia dónde vamos a ir ahora después de las elecciones [presidenciales del 12 de abril].
Algo que ha ocurrido en Perú es que hay cada vez menos posibilidad de que en la opinión pública se discutan los temas de fondo, como la política energética, tener una discusión técnica, que se escuchen diferentes perspectivas, diferentes expertos, diferentes opciones políticas que traten de convencer a la opinión pública. Ahora la opinión pública, o sea, la discusión política, tiene que ver con la indignación que genera una acción más increíble que la anterior respecto del incumplimiento de normas o del hecho de aprobación de medidas totalmente arbitrarias que benefician intereses particulares. Eso es también una forma en que la crisis política agrava esto.
Luego también a nivel de los entes rectores, que tienen que asegurarse que otros organismos, sobre todo los gobiernos subnacionales, cumplan con sus obligaciones. Eso también ha decaído. El desorden en la implementación de políticas en el país. Definitivamente la crisis política sí afecta este tipo de performance en cuestiones energéticas, ambientales.
Ahora estamos un poco con la suerte de que los precios de los minerales han estado altos y mal que bien hay un crecimiento económico y que también tenemos estabilidad monetaria gracias al trabajo del Banco Central, pero yo creo que ese crédito se nos puede acabar pronto y la única solución es ponernos serios en términos de políticas públicas en el país.
—¿La crisis política también ha influido en la falta de inversión en la infraestructura?
—Sí, en parte. varias de las inversiones en infraestructura también están detenidas por malos manejos de parte del propio gobierno. No es que no haya disposición de invertir, sino que todo se hace complicado, por una parte, como una maraña burocrática muy alta y, por otra parte, con casos de corrupción. Ahí está esta doble debilidad del Estado de dar condiciones que no son beneficiosas para Perú. En algunos casos, benefician a los inversionistas. Yo no sé si hemos tocado fondo. Pero si tenemos un problema de gestión de las inversiones muy fuerte que empieza a pasar factura.
*Imagen principal: trabajos de reparación en el gasoducto de Camisea, marzo 2026. Foto: Agencia Anfina
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