- Luego de una investigación de Mongabay Latam sobre la situación de la minería y tala ilegales en el río Santiago, especialistas y autoridades hablan sobre las medidas que deberían adoptarse.
- Proponen la creación de una comisión investigadora en el Congreso de la República que evalúe el problema de manera puntual en zonas específicas como el río Santiago.
- También plantean generar un proyecto especial que responda a las brechas sociales, económicas y ambientales de la zona.
- La Fiscalía ambiental cuestiona la falta de recursos para atender la minería ilegal y los delitos conexos.
La minería ilegal se ha intensificado en el río Santiago, que nace en la Amazonía de Ecuador y continúa hacia Perú, donde tiene su recorrido más largo y en cuyas aguas se han instalado decenas de dragas para extraer oro, una actividad prohibida en ambos países. Durante un recorrido por el río medio y bajo Santiago, territorio del pueblo wampis en Perú, un equipo de Mongabay Latam logró identificar 20 dragas activas y 10 inoperativas, estas últimas escondidas entre los caños del río para eludir una posible intervención policial.
El reportaje publicado en enero de 2026 narra la violencia que enfrentan las comunidades wampís, muchas de las cuales se han visto obligadas a aceptar la extracción ilegal de oro en sus territorios debido a las amenazas de los mineros y la presencia del crimen organizado ligado a la minería ilegal. El reportaje de Mongabay Latam también da cuenta de la tala ilegal para la extracción de madera fina en el territorio wampis, cuya pérdida histórica de bosque ha sido de 18 000 hectáreas en las comunidades.
Tras la difusión del reportaje, Mongabay Latam conversó con expertos y autoridades que recomendaron algunas medidas urgentes y políticas específicas para atender los problemas de ilegalidad en la cuenca del Santiago.
Una investigación en el Congreso
Para la congresista Ruth Luque, de Juntos por el Perú, es necesario que se forme “una comisión investigadora en el Congreso de la República sobre lo que está sucediendo en la Amazonía respecto al tema de economías ilegales”. En ese sentido, la parlamentaria sostiene que debe ser una comisión puntual con temas concretos, “básicamente para zonas específicas como el río Santiago”. “Me parece que es una medida concreta que el Congreso debe tomar”, aseguró.
Luque también considera que se deben adoptar otras medidas urgentes contra estas actividades ilícitas. Una de ellas es fortalecer el marco legal contra la minería y tala ilegales. “Es fundamental perfeccionar varias leyes vinculadas al crimen organizado y delitos ambientales, porque actualmente los delitos ambientales no gozan de sanciones penales ejemplares, pero además, el sistema de Justicia atraviesa problemas. Creo que se debe fortalecer la investigación del Ministerio Público en articulación con las organizaciones indígenas”.
Un segundo tema, mencionado por Luque, corresponde a las capacidades de control y sanción a funcionarios. “Esto tiene que ver con la policía, que es el primer eslabón de contacto con la población. No basta la interdicción, porque al día siguiente aparecen más dragas, se necesita una articulación real con las organizaciones indígenas, que han venido desarrollando iniciativas de vigilancia comunitaria”. Luque sostiene que el Estado no está garantizando un trabajo conjunto que respalde a las organizaciones indígenas frente a las ilegalidades en sus territorios. En tercer lugar, afirma, se debe romper la cadena del mercado criminal, llegar a acuerdos bilaterales y multilaterales para restringir la exportación de oro.
Otra medida importante para Luque es derogar la ley que modifica el delito de organización criminal y retomar su versión original. “Creo que se debe incorporar un agravante que es la conjugación de estos delitos de minería ilegal con tala ilegal. Pero lo primero es derogar esta ley procrimen”.
La norma a la que se refiere Luque es la Ley 32108, publicada en agosto de 2024, que modifica la Ley contra el Crimen Organizado que cambia los criterios para determinar la existencia de una organización criminal.
Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, considera que son importantes las acciones de control territorial que realizan las organizaciones indígenas, así como los pronunciamientos que han emitido estas organizaciones exigiendo una Amazonia libre de minería.
No obstante, debido al elevado precio del oro, dice Castro, “la minería está prácticamente fuera de control y cada vez es más difícil realizar acciones de interdicción”. A ello se suma “la presencia del crimen organizado, fuertemente armado, actuando violentamente e irrumpiendo en los territorios”.
Para Castro los daños ocasionados por las actividades ilícitas, como la contaminación por mercurio, está rebasando todas las capacidades de control y de resiliencia tanto estatal como social. “La contaminación creciente y los daños a los tejidos sociales y culturales en la zona son graves”. El mercurio se utiliza para separar el oro y termina contaminando los ríos y los peces que luego sirven de alimento a las comunidades.
El panorama expuesto por Castro requiere respuestas de las instituciones responsables de la salud de la población. “El Ministerio de Salud debe intervenir con análisis a las personas sobre la presencia de mercurio”. En cuanto a la contaminación de los peces, Castro detalla que debe intervenir la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes), “puesto que es la dieta principal de la población ribereña y en general de la zona”. De manera similar debe actuar el Ministerio del Ambiente, afirma Castro, para determinar las condiciones del suelo y “tener una claridad respecto al daño que está causando la minería en la zona”.
Castro también considera importante generar un proyecto especial para el río Santiago. “Estamos hablando de más de 200 kilómetros, de carácter binacional y con presencia de crimen organizado transnacional, por eso se requiere un proyecto especial que responda a las brechas sociales, económicas, ambientales de la zona y que, además, cuente con recursos, porque no basta con declarar emergencias”, asegura.
Otro aspecto que considera importante es “involucrar a los principales países consumidores de oro, de tal manera que se puedan asegurar alternativas al tema. Es una cuestión no solamente peruana y no solamente de los países amazónicos, sino también de aquellos países consumidores que están optando por comprar oro, sin preocuparse de dónde viene y cómo se produce”.
La intervención fiscal
Ana María Trillo Delfin, fiscal adjunta superior de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), habla de la poca presencia del Estado tanto para apoyar a la población como para cumplir con el apoyo al trabajo que realizan las secretarías ambientales.
En ese sentido Trillo menciona que en la zona el personal policial no supera los 20 efectivos para apoyar las labores que realizan las fiscalías ambientales. Además, por su jurisdicción, esta Policía tiene que brindar apoyo tanto a la FEMA de Bagua, donde está el río Santiago, como a la fiscalía ambiental de Chachapoyas, capital del departamento de Amazonas en el norte de Perú.
“Con ese reducido número de efectivos policiales, no se puede hacer muchas investigaciones y mucho menos operativos de interdicción que correspondan, porque incluso para los operativos se necesita personal especializado”, comenta la fiscal Trillo.
La fiscal dice que se han presentado múltiples documentos ante la Dirección de Medio Ambiente de la Policía solicitando que se refuerce la dotación policial en esta zona, sin embargo, dice Trillo, han recibido por respuesta que la falta de presupuesto no lo hace posible. “Esta situación ha dado lugar a que la minería ilegal, con todo lo que conlleva en este momento, como delitos conexos de sicariato o extorsiones, se vea incrementada de una manera exponencial”.
Trillo también menciona que se tiene conocimiento de que grupos armados han ingresado a la zona para dedicarse a la minería ilegal. “Estamos hablando, por ejemplo, de Los Choneros y Los Lobos [ambos grupos de Ecuador] que desde el Ministerio Público los tenemos mapeado”.
La fiscal Trillo explica que en la zona de Condorcanqui, que abarca el río Santiago, no se han ejecutado operativos ordinarios que surjan de los despachos fiscales en la zona, sino que solo se han realizado dos operativos extraordinarios, que se ejecutaron desde Lima, la capital de Perú, y que han tenido una duración aproximada de tres días cada uno.
“Nosotros entendemos que en esta zona, como en otras, sobre todo en zonas fronterizas en los que hay una alta incidencia de minería ilegal, se tiene que dar una respuesta más orgánica desde el Estado”, dice Trillo. Por ese motivo, agrega la fiscal, en diciembre de 2025 se emitió un decreto supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que declara en estado de emergencia varios distritos de las provincias fronterizas de Amazonas, Cajamarca, Madre de Dios, Piura, Puno y Ucayali, aquellos en los que existe una alta incidencia y un aumento pernicioso de la minería ilegal.
“Este decreto supremo conlleva una mirada integral a las posibles soluciones que se tengan que adoptar ante estas situaciones, que van más allá del tema represivo de volar o destruir los equipos utilizados en minería ilegal, para que se adopten acciones más concretas que permitan ver una presencia del Estado en la zona y que permita analizar oportunidades de desarrollo en esos espacios”, finaliza Trillo.
*Imagen principal: una draga drena el río en territorio awajún, en el Santiago, Amazonía de Perú. Adolescentes del pueblo indígena son usadas por los mineros como cocineras y explotadas sexualmente. Foto: Luis Taijin
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