- Sandra González es especialista en salvaguardas de pueblos indígenas y dialogó con Mongabay Latam sobre estas problemáticas y el futuro de estos pueblos en aislamiento.
- Los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial (PIACI) de Sudamérica enfrentan crecientes presiones de industrias extractivas y economías ilegales.
- Estos intereses ponen en riesgo su decisión de no contacto, amparada en su derecho a la autodeterminación, reconocido en instrumentos internacionales.
- El contacto genera graves consecuencias, como el desplazamiento, las enfermedades, la degradación ambiental y crisis sociales.
Con los bosques amazónicos y del Gran Chaco como domos de protección, decenas de pueblos indígenas en Sudamérica han decidido no tener contacto con el mundo exterior. Se los denomina Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial (PIACI). Esta elección está amparada por el derecho a la autodeterminación. Sin embargo, los intereses de las industrias extractivas y las economías ilegales avanzan sobre territorios que deberían estar protegidos, poniendo en riesgo su existencia.
“El contacto con estas poblaciones puede ser grave, puede ser catastrófico, puede acabar con grupos poblacionales, con familias completas. Un resfrío nuestro para ellos es fatal”, advierte Sandra González, especialista en salvaguardas ambientales y sociales de Wildlife Conservation Society para la oficina de Los Andes, Amazonía y Orinoquía.
González es abogada y lleva más de dos décadas trabajando con pueblos indígenas, principalmente en Perú. Se ha desempeñado en la defensa de los derechos humanos, de la niñez y la adolescencia y salvaguarda de derechos de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. “No somos vulnerables ni las mujeres, ni los pueblos indígenas, ni la población afrodescendiente, sino que nos han ubicado en esa situación. Se trata de hacer un cambio cultural”, afirma.
Los Estados tienen la obligación de respetar el derecho al aislamiento y de proteger a estos pueblos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló en 2013 que los Estados deben considerar el rechazo de estos pueblos al contacto con personas ajenas como su no consentimiento a intervenciones o proyectos que puedan afectar sus derechos sobre los territorios o recursos naturales. No respetar este derecho ha ocasionado “tragedias”, en palabras de González, como poner en situación de calle a personas de pueblos en contacto inicial.
La especialista conversó con Mongabay Latam sobre estos dilemas jurídicos, culturales, sanitarios y políticos y el futuro de los PIACI en la región.
–¿Cuántos pueblos indígenas en aislamiento voluntario hay en Sudamérica?
–Cuando hablamos de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial (PIACI), debemos hacer referencia a registros de grupos poblacionales. Sabemos que hay 189 registros en Sudamérica, distribuidos en siete países, principalmente en la Amazonía y el Gran Chaco. De estos registros, 40 están en zonas críticas de frontera. En Perú tenemos siete reservas indígenas que cuentan con protección para estos pueblos.
Pero no todos los pueblos de Sudamérica están reconocidos. Solo hay 61 registros oficiales, por lo tanto, hay una brecha. Lamentablemente, en Perú hay pedidos de creación de reservas [para la protección de los PIACI], pero no han sido reconocidas formal y oficialmente. Esto es una muestra de ciertos intereses que existen alrededor de estos territorios. Hay intereses en Perú, Brasil, Paraguay, en toda América Latina sobre estos territorios.
–¿A qué intereses se refiere?
–Estos intereses son ilegales, como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, pero también están las concesiones, como las petroleras y las forestales. Hay intereses reflejados en algunos proyectos de ley. Hay algunas normas en Perú y Brasil que dan cuenta de los intereses por desafectar las reservas indígenas y áreas protegidas para hacer actividades extractivas.
Por ejemplo, en Brasil hubo un proyecto de ley que proponía flexibilizar el licenciamiento ambiental para minerales estratégicos. Con el argumento de priorizar el interés nacional, se vulnera y se pone en una situación de muerte a los PIACI.
En el caso de Perú tenemos un proyecto de ley que está en el Congreso para debate y es el 11822/2024, que quiere permitir la explotación petrolera y minera dentro de las áreas naturales protegidas, como Machu Picchu. Por supuesto, aquí se incluyen las áreas vinculadas a los pueblos indígenas, donde habitan los PIACI. Este proyecto está a punto de ser aprobado en el Congreso. Hay opiniones legales y organizaciones indígenas y de la sociedad civil que se han pronunciado sobre la afectación.
En Paraguay ya se han otorgado solicitudes de prospección para litio. Son actividades que van a poner en una situación de mayor vulnerabilidad a estos pueblos.
–En este contexto, ¿qué está sucediendo con los derechos de los PIACI?
–En general, lo que podemos presenciar es un paquete de riesgos normativos, que los vemos en los diferentes congresos de América Latina. Se centran en debilitar los marcos legales respecto a los derechos de los PIACI y frente a un avance bárbaro de las industrias extractivas y la falta de implementación de las protecciones existentes.
Estos intereses están haciendo que los temas que tienen que ver con derechos y con protección estén siendo postergados. Todo esto sin desarrollar el derecho a la consulta previa, libre e informada. En ningún momento los pueblos indígenas han sido llamados para tener un diálogo respecto de estos proyectos. Se está incumpliendo el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo [OIT].
Sucede lo mismo en Bolivia, aunque tiene una Constitución que plantea la protección concreta de los PIACI, todavía no hay instituciones estatales dedicadas a la protección que puedan plantear salvaguardas efectivas.
–¿Cómo se materializan esas amenazas?
–En Bolivia hay proyectos mineros de gran envergadura como Rincón del Tigre, que se sobrepone a territorio indígena en situación de aislamiento.
Por otro lado, nos falta tener instituciones más sólidas destinadas para dar de manera más rigurosa protección a la población y que pueda hacer frente a estos intereses extractivos e ilegales, como el avance del narcotráfico. Sabemos que hay pistas del narcotráfico dentro de reservas, con el daño que esto trae para la población.
La vulnerabilidad que tienen los pueblos es mucho mayor porque cada vez más, más allá de avanzar en respeto, cuidado, rigurosidad, hacer frente a estos proyectos extractivos, estamos cediendo. Es mi impresión.
Si el Ministerio de Energía y Minas va a plantear un proyecto minero, hay que hacerlo, pero respetando los derechos indígenas que se sobreponen a estos intereses. La apertura de fronteras agrícolas, de carreteras, todo esto impacta, los contacta y los contactos tienen consecuencias nefastas.
–¿Cuáles son las consecuencias?
–Cuando hay invasión, los pueblos en aislamiento son desplazados. Las maquinarias y las cuadrillas de trabajadores los obligan a abandonar sus hogares, zonas de caza y pesca, sitios sagrados. Todo esto los desarticula, más allá de la degradación ambiental.
La característica de esta población es la relación que guarda con el territorio. Pero además está su supervivencia, viven de su territorio, viven de sus bosques, por lo tanto, estos proyectos legales o ilegales no solo vulneran sus derechos, violan los acuerdos internacionales que los protegen, también los someten a desplazamiento y carencias.
–¿Los pueblos en situación de contacto inicial también se consideran pueblos de no contacto?
–Ellos deciden tener relaciones esporádicas con el exterior. En realidad, en la mayoría de los casos, son sus hijos los que quieren salir. Aquí hay un problema que hay que considerar. En Perú, y en general, las empresas extractivas, de gas o petróleo ofrecen puestos de trabajo y esto genera interés especialmente con los jóvenes. Todas estas actividades promueven el contacto. Hay varias personas contratadas como operarios en estas empresas. Los que están en la comunidad y no han salido, al ver que los otros vienen con cosas nuevas, también salen a buscar empleo.
En la Amazonía peruana, en Sepahua, como es cercano a la reserva Kugapakori, Nahua, Nanti, las personas de contacto inicial que salen pasan necesidades, piden limosna, se los ve en situaciones difíciles. Tal es así que en Sepahua se ha tenido que habilitar un espacio físico para que puedan pernoctar. Ellos van y vienen de sus territorios, entonces llevan enfermedades y se generan grandes problemas de salud.
Además, hay grupos de contacto inicial con más tiempo de contacto que quieren convertirse en comunidad y ahí han surgido otros problemas. Esa es parte de las tragedias que hay.
–En muchos países, la protección de los territorios de los PIACI está condicionada a la existencia de estos pueblos, lo que ha alimentado rumores sobre desapariciones intencionadas. ¿Cree que la legislación debería proteger estos territorios?
–Hay un desconocimiento generalizado respecto de los PIACI. Así como en Ecuador, aquí en Perú se puede escuchar en pasillos argumentos como “dejen de ser salvajes”, “ya basta”, “tanto territorio para tan pocas personas, para que hagan qué, esto nos podría sacar de la pobreza”. Es un discurso que se extiende de manera muy ligera. Hay un desconocimiento absoluto sobre su vulnerabilidad, sobre el riesgo de salud y de muerte cuando se degradan los espacios físicos.
Hay una aparente intención de acabar con estos pueblos y de extraer recursos que se encuentran superpuestos a estas poblaciones. Es fundamental exigir el respeto de los derechos humanos de los PIACI, exigir que se respete su decisión de no contacto y, en el caso de los pueblos en contacto inicial, es fundamental la pertinencia cultural y la protección.
–¿Cuál es la situación de la creación de las reservas para los PIACI?
–En Perú tenemos una propuesta de reserva, la Napo Tigre, que ha cumplido 23 años desde que se solicitó su creación. Ya tiene un Decreto Supremo, de 2022, que prueba la existencia de los pueblos en aislamiento voluntario y reconoce la Reserva Napo Tigre. Sin embargo, aún no se ha creado.
Tenemos otros pedidos de reservas para estos pueblos, pero es una situación que sabemos que va a ser sumamente complicada. Algunas de las reservas se sobreponen a actividades que ya están siendo desarrolladas, petroleras, extractivas.
En este momento, en América Latina no estamos en una situación donde podemos decir que se está protegiendo a los PIACI. No sé qué va a pasar más adelante. La sociedad civil y las organizaciones indígenas siguen protestando, siguen exigiendo el reconocimiento de las reservas, pero creo que lamentablemente estamos en un contexto desfavorable para este reconocimiento. Los intereses de las industrias extractivas y de las presiones ilegales están en este momento más organizados que nosotros.
–La ONU solicitó al Estado peruano acciones urgentes por los crímenes durante la época del caucho. ¿Esto podría tener una repercusión en la protección de pueblos en aislamiento como el Mashco Piro?
–La historia del caucho en nuestro país lamentablemente está vigente. Hay un pedido y una gran demanda por parte de las organizaciones indígenas por el horror con el que se actuó. Es una obligación del Estado reconocer y resarcir a toda la población que fue víctima y aún es víctima de los abusos ocurridos en esta época.
Está todo por hacer, aunque hay muchas cosas que se van haciendo desde la sociedad civil. Tenemos un museo en Iquitos que da cuenta de la historia nefasta. Estos actos de brutalidad discriminatoria de toda índole siguen vigentes porque estamos hablando de poblaciones que siguen sufriendo esos daños.
–¿Cuál es el futuro de los PIACI en Perú y Sudamérica?
–El derecho de no contacto, el derecho a la autodeterminación, los ampara. Ellos han determinado cómo quieren vivir y ese es un derecho amparado, reconocido. Ya no está en debate. Lo que nos toca es respetar esos derechos.
Hay instituciones que están aportando a la protección de los PIACI en América en general. Apostaría por que sigamos haciendo presión por el respeto a los derechos de esta población. Sin embargo, creo que tenemos que tener más fuerza, ser más sólidos, hablar más de los PIACI.
En algún momento, alguien me habló de los no identificados, como hablar de los OVNI, lamentablemente sabemos más de los marcianos que de los pueblos indígenas en situación de aislamiento.
Creo que hay que mantener el optimismo. Hemos dado pelea hasta ahora para la protección de estos pueblos. Hay que poner el tema en la agenda, por ejemplo, de las Conferencias del Clima. Hay que hablar, hacer presión para que nuestros gobiernos tomen las medidas necesarias para la protección de la población en situación de aislamiento voluntario.
Imagen principal: Sandra González en el Pueblo Kichwa del Curaray, que limita con la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane de pueblos en aislamiento, en Ecuador. Foto: cortesía ©️Emilia Ulloa/WCS
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