- Un análisis de Mongabay Latam identificó que al menos 135 solicitudes fueron admitidas a evaluación, pese a que no se pueden otorgar nuevos permisos en la región.
- La mayoría de los petitorios mineros ingresó en 2025, mientras el Congreso impulsaba normas que podrían flexibilizar las restricciones.
- Imágenes satelitales muestran que 72 de las áreas solicitadas se superponen con comunidades indígenas, áreas protegidas y ríos, y la mayoría tiene dragas operando en sus cauces.
- La dirección regional de Energía y Minas en Madre de Dios señaló que se trata de “una artimaña” para seguir apareciendo en el catastro minero y presentarse ante la gente en territorio como operadores en proceso de inscripción.
Hace 15 años el Estado peruano le cerró las puertas a nuevas concesiones mineras en el sur de la Amazonía, específicamente en la región Madre de Dios. Más que una acción preventiva fue una reacción tardía ante la devastación generada por esta actividad: según datos del Ministerio de Ambiente, entre los años 2000 y 2011 se habían devastado al menos 35 000 hectáreas en el departamento asociadas a actividades mineras, un área equivalente a más de 49 000 canchas profesionales de fútbol. Para entonces, la fiebre del oro ya había arrasado bosques, dañado cauces de ríos y degradado la tierra con mercurio.
La restricción, sin embargo, no detuvo las ansias mineras: un análisis realizado por Mongabay Latam evidencia que se han presentado al menos 135 solicitudes para explotar el mineral en Madre de Dios y —como se puede observar en imágenes satelitales— ya hay dragas operando en los ríos que cruzan las áreas solicitadas.
Del total de solicitudes nuevas, 119 ingresaron desde 2011, cuando la suspensión ya estaba vigente, pero lo preocupante es que la mayoría (el 62 %) de este grupo fueron admitidas a trámite en 2025. Un año clave, pues el Congreso peruano impulsó un conjunto de iniciativas que flexibilizaron la normativa que regula la minería informal y que terminó ampliando, por quinta vez, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026. Con esto, se extendió también el estatus legal temporal a miles de mineros informales que extraen oro con dragas y mercurio en esta región amazónica.
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En 2025 también se reactivó un dictamen que apunta a levantar parcialmente la restricción minera en Madre de Dios. Se trata del Proyecto de Ley 3377, presentado por el congresista Eduardo Salhuana, que plantea otorgar nuevas concesiones sobre aquellas que hayan sido declaradas extintas o anuladas. Es decir, aquellas que fueron entregadas a terceros, pero que se revirtieron al Estado por falta de pago, inactividad u otras causales. La propuesta cuenta con el voto favorable de las comisiones de Energía y Minas y de Pueblos Andinos y Amazónicos, y estuvo encarpetada hasta marzo del año pasado, cuando el Consejo Directivo del Congreso la incluyó en la sesión de orden del día. En diciembre fue elevada al pleno y el pasado 12 de marzo se volvió a insistir en su debate.
El análisis de datos realizado por Mongabay Latam para la investigación Amazonía peruana: 215 concesiones mineras afectan ríos y comunidades indígenas de Madre de Dios reveló que la mayoría de los expedientes que fueron admitidos a trámite después de 2011 se superponen, precisamente, con concesiones que ya fueron anuladas por el Estado. También hay casos en los que los cuadrantes solicitados abarcan áreas que están tituladas a terceros. En ambas situaciones, las imágenes satelitales detectaron la presencia de múltiples dragas removiendo sedimentos en busca de oro, incluso en el cauce de los ríos. La minería en cauces de agua está prohibida por ley.
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) ha advertido que reabrir estas concesiones agravaría la superposición territorial y la presión sobre los bosques que ya están ocupados o en conflicto.
Para César Ipenza, vocero del Observatorio de Minería Ilegal, hay congresistas que buscan alinearse con los intereses de los mineros de su región. “No es casualidad que hayan ingresado tantas solicitudes a trámite. Aquí no hay coincidencias. Este mecanismo les permite decir que cuentan con una concesión en evaluación y, sobre todo, aparecer en el catastro”.
Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), cuestiona la lógica de admitir trámites que, por ley, no deberían proceder, y lo califica como un uso ineficiente de recursos públicos y horas de trabajo estatal. Ella sostiene que podría existir una expectativa, e incluso un cálculo estratégico, por parte de los solicitantes.
“Probablemente ellos están esperando que, una vez se apruebe una modificación al Reinfo o un proyecto de ley en el marco del proceso de formalización minera, aparezca alguna excepción que les permita operar estas concesiones. Sino, ¿para qué las pides y pagas el trámite? Sería una pérdida de recursos para ellos”, dice. En ese escenario, para Urrunaga esta sería una forma de “ganar terreno” hasta que ocurra un cambio normativo que los favorezca.
Sin embargo, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), la entidad encargada de tramitar dichas solicitudes junto con la Dirección Regional de Energía y Minas de Madre de Dios, respondió a Mongabay Latam que no existe una norma que impida a los administrados presentar nuevas solicitudes de petitorios mineros. También precisó que desde su área vienen evaluando y rechazando los pedidos que van en contra de la prohibición de entregar nuevas concesiones en la región. Esto a contracorriente de los intentos del saliente Congreso por lanzar un salvavidas a los solicitantes.
En ríos y comunidades indígenas
El análisis geográfico realizado para esta investigación evidencia que de los 135 pedidos que ingresaron a trámite, 20 se superponen con ríos de la región y 41 atraviesan comunidades indígenas de las etnias shipibo-konibo y harakbut. Se trata de terrenos de entre 100 y 800 hectáreas que ya presentan signos de deforestación y una intensa actividad de maquinaria pesada. Algunos de los solicitantes, además, figuran en el Reinfo.
En 16 de las 20 concesiones solicitadas sobre ríos, así como en 32 de los 41 petitorios que se superponen con pueblos indígenas, identificamos pérdida de bosque, maquinaria minera y dragas drenando los cauces, según imágenes satelitales registradas hasta junio del año pasado.
San José de Karene es una de las comunidades con más concesiones activas y solicitudes en trámite. Sus habitantes han sido testigos de la expansión de dragas en sus ríos y las consecuencias sociales del avance minero en su territorio. “Este territorio era ancestral, no se podía tocar, pero desde hace más de tres años lo explotan intensamente, sin respeto por los ancianos ni por nuestro plan de vida», relató a Mongabay Latam un comunero que pidió mantener su identidad en reserva. «Esa es hoy la principal preocupación en la comunidad. Más aún ahora que el precio del oro está alto, lo que los impulsa a seguir con la minería”, agregó el comunero.
Rodolfo Mancilla, extitular de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de Madre de Dios, explica que si un inscrito en el Reinfo es detectado operando con dragas en un río “incurre automáticamente en minería ilegal y debe ser excluido del proceso de formalización y pasar a investigación penal”. Esta misma regla aplica para quienes tienen solicitudes en trámite. Sin embargo, señala que la superposición de derechos dificulta identificar a los verdaderos operadores de las dragas.
Mongabay Latam revisó el proceso que siguen los expedientes de nuevas solicitudes y encontró que Ingemmet y la Dirección Regional de Madre de Dios evalúan los casos y los descartan en un par de semanas o meses, citando la norma de restricción minera que pesa en la región. Pese a ello, algunas concesiones en trámite permanecen en el catastro minero porque los solicitantes presentan apelaciones tras ser rechazados por la autoridad. Incluso después de que los casos se declaran inadmisibles en instancias superiores, el Ingemmet señala que no puede retirarlos con rapidez del sistema debido a que los solicitantes no cuentan con domicilios identificables para notificarlos.
“El Ingemmet alega que estos mineros no tienen domicilio legal para notificarlos, pero si no lo tienen, ¿por qué se les admite a trámite desde el inicio? Deberían notificarlos desde el primer momento a través del Diario Oficial El Peruano”, cuestiona Ipenza.
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Uno de los pedidos que fue presentado ante la autoridad minera es el petitorio Playa Edison: un polígono de 600 hectáreas que atraviesa el río Inambari. De acuerdo al expediente, la minera solicitante pagó la tasa de 631 soles (182 dólares) al gobierno regional para iniciar el proceso el 20 mayo de 2025. Durante su evaluación, la entidad identificó que el área solicitada atravesaba otras 10 concesiones con títulos anulados y en trámite, y las imágenes satelitales muestran que el terreno presenta pérdida de cobertura boscosa desde 2010. Al cabo de unas semanas, el pedido fue declarado “inadmisible”, citando la norma que confirma la restricción en Madre de Dios.
Lo mismo ocurrió con la concesión vecina Playa Maryori. Los documentos confirman que se superponía totalmente con otras concesiones mineras tituladas y con la faja marginal del río Inambari. Al cabo de un mes, el pedido también fue anulado por la autoridad porque no se pueden otorgar más concesiones en la región.
Las imágenes satelitales, a junio de 2025, evidencian que estos dos terrenos ya están gravemente degradados. Hay pozos de lodo rodeados por trochas por las que circulan camiones y se divisan construcciones temporales como las de un campamento.
El director regional de Energía y Minas en Madre de Dios, Luis Bocangel, confirmó que, aunque la entrega de nuevas concesiones está suspendida desde hace más de una década, algunos mineros presentan solicitudes como parte de una estrategia. “Han encontrado un vacío legal. Ellos ingresan el documento y hasta que se declare inadmisible sus nombres aparecen en el catastro minero. Es una artimaña. No les da ventaja legal, pero así ganan tiempo e intentan presentarse a otros actores o pueblos como un operador en proceso”, afirma.
Bocangel también explica que la autoridad no puede rechazar una solicitud de plano, sino que debe dar una respuesta formal donde sea declarada como «inadmisible» mediante una resolución. Este proceso —señala— es rápido, se responde en un par de semanas o un mes, pero “consume tiempo y dinero del Estado”. Además, los solicitantes pueden presentar recursos de revisión que llegan hasta el Consejo de Minería e incluso el Poder Judicial.
Mongabay Latam pudo confirmar que dos de las concesiones en trámite que insisten con los recursos de revisión son Yaguillo y Margarita Dos B, de Raúl Yaguillo Velásquez y César Herrera Gómez, respectivamente. Estas fueron ingresadas en mayo de 2025 y abarcan en conjunto 409 hectáreas de la comunidad indígena San José de Karene. Las imágenes satelitales muestran que ambas se ubican en territorios ya devastados, con múltiples dragas en actividad y extensas pozas contaminadas con mercurio.
Pese a ello, los solicitantes continúan apelando y presentando recursos de revisión para evitar que sus pedidos sean declarados inadmisibles, prolongando así —como señalaba Bocangel— su permanencia en el catastro minero. Intentamos comunicarnos con Yaguillo a un número de celular, y con Herrera, a través de redes sociales, pero no hubo respuesta hasta el cierre de este reportaje.
El oro de Amarakaeri y Tambopata
Los intentos de expansión minera también alcanzaron a la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA), un área protegida de más de 400 000 hectáreas que forma parte del corredor biológico del sur amazónico y en la que habitan pueblos indígenas en aislamiento y especies amenazadas como jaguares y nutrias gigantes.
De acuerdo con nuestro análisis satelital, cuatro de los petitorios en trámite atraviesan la Reserva Comunal Amarakaeri y otros siete cruzan la Reserva Nacional Tambopata, uno de los ecosistemas más biodiversos de la Amazonía, con hábitats frágiles como bosques inundables y aguajales. Todos los pedidos fueron presentados en 2025 y en seis de las 11 solicitudes se muestran señales de deforestación y presencia de maquinaria minera.
Eusebio Ríos, vicepresidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), una organización que representa a los pueblos indígenas de la cuenca del río Madre de Dios, señala que en los territorios comunales siguen apareciendo “concesiones fantasmas”, es decir, concesiones extinguidas en el papel, pero que siguen en actividad minera porque fueron ocupadas por invasores. “El sistema está plagado de prácticas irregulares, aquí operan gestiones por debajo de la mesa y se aprovecha el desconocimiento de las comunidades indígenas”, afirma.
El dirigente también advierte que los petitorios en trámite, junto con el uso del Reinfo, permiten reactivar informalmente los derechos caducados y expandir la minería ilegal bajo una fachada en la que los operadores alegan tener toda la documentación en regla.
Nuevo proyecto de ley para allanar el camino
El pasado 17 de marzo la comisión de Energía y Minas aprobó un dictamen que busca acelerar la caducidad de las concesiones formales, reduciendo de 30 a 15 años el tiempo de tolerancia para que puedan explotar el mineral y revirtiendo al Estado aquellas zonas que no cumplan con una producción mínima anual. La propuesta, además, establece que las comunidades indígenas ocupadas total o parcialmente con una concesión minera puedan buscar acuerdos de desarrollo comunal con el titular.
El Instituto Peruano de Economía (IPE) envió a la comisión una opinión institucional en la que advierte que acortar los plazos de producción generaría “ventanas de desprotección” en las áreas concesionadas, facilitando su ocupación por mineros ilegales. “Estos riesgos se agravan en un contexto en el que la minería ilegal ha alcanzado una magnitud sin precedentes. Las exportaciones de oro ilegal alcanzaron un máximo histórico de más de 11 500 millones de dólares en 2025, virtualmente igualando a los envíos legales”, indica el IPE.
El dictamen reúne ocho proyectos de ley enfocados en devolver al Estado las concesiones consideradas “ociosas” para asignarlas a nuevos mineros. Dos de las iniciativas pertenecen al congresista y candidato presidencial por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. Las otras son de los partidos Perú Libre, Renovación Popular, Bancada Socialista, Bloque magisterial, Podemos Perú y no agrupado.
La reversión de concesiones al Estado es una demanda de la Confederación Nacional de Mineros Artesanales y Pequeños Productores Mineros del Perú (Confemin), un gremio que agrupa a mineros informales y que en el último año lideró protestas para exigir la ampliación del Reinfo, medida que finalmente fue aprobada. Su presidente, Máximo Franco Béquer, ha señalado en varias oportunidades a la prensa que esta reforma es urgente, ya que la mayoría de mineros informales opera en concesiones de terceros.
Para César Ipenza, este grupo legislativo está actuando “como vocero de los mineros informales”. “Ese dictamen evidencia un desconocimiento técnico, ya que un proyecto minero grande puede tardar hasta 40 años en iniciar la fase de explotación, y si bien se orienta a la gran minería, en el debate final podrán extenderlo a todo tipo de concesiones. Esto solo motivará a que las concesiones sean invadidas apenas se reviertan al Estado”.
En los próximos meses, el Poder Ejecutivo deberá enviar al Congreso el proyecto de la nueva Ley MAPE (Minería Artesanal y de Pequeña Escala), en un nuevo intento por formalizar el sector. En la propuesta anterior —que fue rechazada en la Comisión de Energía y Minas en octubre de 2025, sin llegar al Pleno del Congreso—, parlamentarios de distintos partidos proponían permitir la explotación minera en los ríos y sus cauces.
Ipenza pide estar atentos, pues en este proceso también se pueden insertar nuevos intentos para “debilitar la lucha contra la minería ilegal”.
*Imagen principal: la minería ilegal de oro transformó zonas de bosque de La Pampa, en Madre de Dios, en un paisaje de suelo removido y cuerpos de agua contaminados. Foto: Max Cabello Orcasitas
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