- Al menos 34 organizaciones indígenas y campesinas de Bolivia están en contra de una norma que reclasifica la categoría de la tierra y algunos sectores iniciaron una marcha desde Pando a La Paz.
- El presidente Rodrigo Paz dijo que la ley favorece al campesino y a los pueblos indígenas, pero la promulgó en un acto con empresarios agroindustriales de Santa Cruz.
- En materia ambiental, esta norma, según expertos, auspicia el cambio de uso de suelos sin ningún tipo de control estatal, lo que podría ampliar la frontera agrícola, incendios y deforestación.
- El Gobierno intentó frenar la marcha indígena y campesina, pero fracasó el diálogo.
Bolivia atraviesa un nuevo conflicto social. Esta vez es por la promulgación de una ley que modifica la clasificación de la tierra: permite titular de manera voluntaria las pequeñas tierras como propiedades medianas. La norma generó rechazos de organizaciones indígenas y campesinas que señalan que beneficia a grandes empresarios agroindustriales y que se trata de un incentivo para avanzar en la deforestación y el cambio de uso de suelos. Estos sectores están en plena marcha desde la Amazonía boliviana, rumbo a la ciudad de La Paz. El gobierno de Rodrigo Paz ya anunció que no dará marcha atrás en la aplicación de esta normativa.
Se trata de la Ley 1720, promulgada por el presidente de Bolivia el mismo día que comenzó la marcha indígena y campesina: el 8 de abril. El mandatario aprovechó un acto con empresarios agroindustriales del departamento de Santa Cruz para promulgar la norma, que durante su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional ya había tenido rechazos. Esta iniciativa fue introducida al Legislativo por el senador Branko Marinkovic, de filas de la alianza Libre y empresario sojero.
“La medida es inconstitucional y regresiva en el tema agrario porque promueve una reconcentración de la tierra en manos de los grandes propietarios, con amenaza indirecta a la propiedad colectiva indígena”, señala un comunicado de la Fundación Tierra.
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Fátima Monasterio, abogada e investigadora de la Fundación Solón, afirmó a Mongabay Latam que la ley “es inconstitucional” porque altera el régimen agrario establecido en la Constitución en dos puntos: desprotege la pequeña propiedad y debilita el control sobre el uso de la tierra. La experta resaltó que esta norma hace “desaparecer” la protección de la pequeña propiedad y que beneficia a grandes agroindustriales.
Según Fundación Tierra, esta ley favorece a empresarios que durante el proceso de saneamiento (procedimiento técnico y jurídico para regularizar el derecho de propiedad agraria y que es un proceso permanente), fraccionaron medianas y grandes propiedades para ser tituladas como pequeñas propiedades ganaderas. Solo en Santa Cruz, dice esta organización, existen 7 000 de estas propiedades que tienen entre 100 y 500 hectáreas, y que suman 1.7 millones de hectáreas.
De este total, al menos en un 30 % están actualmente dedicadas a la agricultura mecanizada de exportación -soja y otros cultivos agroindustriales-, y estarían habilitadas para transformarse en medianas propiedades agrícolas ya que, por su elevado nivel de ingresos, en la práctica no constituyen pequeña propiedad en sentido estricto, es decir, no suponen esencialmente un espacio de vida y producción familiar.
“Esta ley debilita las garantías constitucionales establecidas para proteger las relaciones existentes con la tierra, el territorio y pueblos indígenas y campesinos que no tienen una lógica de mercado, sino de la pertenencia y de la vida misma”, afirmó Monasterio, quien añadió que el impacto ambiental con esta ley “no es indirecto, es estructural”. Se refiere a que la norma permite una reconversión agraria que suspende la Función Económico-Social (FES) por diez años y eso implica que durante ese tiempo no hay control estatal sobre esa tierra. “Así se ampliará la frontera agrícola, cambio de uso de suelos y presión de bosques”, asegura Monasterio.
El sistema de tierras en Bolivia
Fundación Tierra explicó que en Bolivia la pequeña propiedad agraria está orientada al sustento del productor y su familia, cumple una función social y, por lo tanto, es indivisible, inembargable, irreversible y no está sujeta al pago de impuestos. Su tamaño puede variar en función de la actividad realizada y la zona específica del país donde esté localizada. En el caso de las tierras bajas del país, como la Amazonía, la pequeña propiedad agrícola puede llegar a tener como máximo 50 hectáreas, mientras que la pequeña propiedad ganadera tiene un tamaño máximo de 500 hectáreas.
Por otro lado, la mediana propiedad agraria, que en tierras bajas puede llegar a tener 500 o 2500 hectáreas si se dedica a la agricultura o a la ganadería, respectivamente, es entendida como aquella que, además de sustentar a la familia del propietario, está destinada a la producción para el mercado. Por ello, la mediana propiedad agraria puede dividirse e hipotecarse. Además, debe pagar impuestos y es susceptible a la verificación de la Función Económico-Social (FES) cada dos años.
La FES en Bolivia es el uso sostenible de la tierra en actividades productivas, que pueden ser agropecuarias, forestales, ganaderas o ecológicas y que beneficia a la sociedad y al dueño. Además, es un requisito constitucional para mantener la propiedad mediana y empresarial.
Con la nueva ley, las propiedades pequeñas que se recategoricen como medianas conservarán todos sus beneficios. Pero hay otros puntos bajo la lupa de los expertos.
“Lo primero que hay que decir es que se trata de una ley inconstitucional porque elimina un pilar fundamental de la reforma agraria boliviana, que es el de la inembargabilidad de la propiedad pequeña, que es el lugar donde el campesino desarrolla, no solamente las actividades económicas para autosostenerse, sino su vida social y familiar”, afirmó a Mongabay Latam Leonardo Tamburini, director de la organización ORÉ.
El experto añadió que los beneficiarios con esta norma serán, por un lado, los medianos y grandes propietarios, quienes a través de la compra de activos de campesinos endeudados en zonas de alta producción podrán comprar a “precio de gallina muerta” dichas propiedades. Por otro lado -dijo-, se benefician quienes hayan subdividido grandes propiedades en pequeñas para poder sanearlas para apalancar capital como unidades productivas medianas o grandes.
“Según la definición que establece la Ley INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), la mediana propiedad debe destinar su producción para el mercado y emplear métodos técnico mecánicos en sus actividades, demostrando que la actividad es de una escala mayor a la de una pequeña”, resaltó Tamburini. “Esto multiplicado por 10 millones de hectáreas, que es lo que representan las unidades productivas pequeñas, significa aumentar la tasa de deforestación a niveles mucho mayores a los ya incontrolables que tenemos en la actualidad”, añadió.
Críticas por supuestos beneficios a agroindustriales
Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), afirmó que esta ley favorece principalmente a propietarios ganaderos y agroindustriales, especialmente a los que están asentados en los departamentos de Santa Cruz y Beni. El experto añadió que, durante el proceso de saneamiento, muchos de estos actores titularon sus predios en extensiones menores -incluso hasta 500 hectáreas- bajo la categoría de pequeña propiedad, lo que les permitió quedar exentos del pago de impuestos y de ciertas obligaciones propias de unidades productivas mayores.
Al igual que Monasterio, explica que “con la aplicación de la norma, no solo se consolidan esas superficies como medianas propiedades, sino que además se establece una suspensión de la verificación de la Función Económica Social por diez años, lo que limita seriamente la capacidad del Estado para fiscalizar el uso y la tenencia de la tierra conforme al régimen agrario constitucional”, dijo Vargas a Mongabay Latam.
El director del CEJIS resaltó que, en el caso de Santa Cruz, aproximadamente el 75 % de la superficie reconocida como pequeña propiedad está bajo control del sector ganadero. Esto implica que una porción significativa de tierras que hoy tienen carácter de patrimonio familiar podría transformarse en mediana propiedad, promoviendo procesos de especulación, mercantilización y concentración de tierras, aseguró.
“La norma facilita la conversión de categorías de propiedad sin mayores controles sustantivos, quedando el proceso principalmente en manos del INRA. Esto puede habilitar, de facto, cambios en el uso del suelo sin una fiscalización ambiental rigurosa. Como resultado, se incrementa el riesgo de intervención en ecosistemas de alto valor ambiental, como el Bosque Seco Chiquitano y los bosques amazónicos, que podrían ser afectados por la expansión de la frontera agropecuaria”, destacó Vargas.
El director de Fundación Tierra, Juan Pablo Chumacero, explicó que con esta ley un propietario de 400 hectáreas puede titular su tierra como pequeña propiedad ganadera, debido a que en el departamento de Santa Cruz, –por ejemplo,- este tipo de propiedad llega hasta 500 hectáreas, mientras que la agrícola alcanza solo hasta 50 hectáreas. El experto añadió que, en la práctica, se puede dar uso agrícola a tierras tituladas como ganaderas bajo esta nueva clasificación.
“En Santa Cruz una hectárea de tierra dedicada a soja cuesta 2000 dólares. Si tú tienes 400 hectáreas como pequeña propiedad ganadera y dedicada a la agricultura, tu tierra vale 800 000 dólares, solo la tierra, no pensemos en la producción de los ingresos”, remarcó Chumacero.
El 14 de abril se desarrolló en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el “Encuentro Nacional por la Tierra y Territorio” y ahí 34 organizaciones, entre indígenas y campesinas, exigieron la abrogación de la Ley 1720 y anunciaron su adhesión a la marcha que va a La Paz.
“Esta ley fue aprobada sin consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas y representa un oscuro antecedente que podría abrir el camino a la individualización de territorios colectivos, la reconcentración de la tierra en pocas manos y el avance del agronegocio sobre territorios indígenas y campesinos”, afirmó a Mongabay Latam Wilma Mendoza Miro, presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB).
El descargo del equipo de Paz
Para el Gobierno boliviano, esta ley pretende que los pequeños productores agropecuarios puedan disponer de sus tierras como garantía para acceder a créditos bancarios, fortalecer la producción rural y dinamizar la economía del sector agropecuario, manteniendo la seguridad jurídica sobre la propiedad.
El presidente Paz fijó posición con una frase: “No se puede ni se debe engañar a la gente”. Y fue más allá. Alertó que hay sectores que están “movilizando gente con falsos discursos”, en referencia a las críticas sobre el alcance de la ley. La ley “no toca tierras comunales, no toca reservorios nacionales, no toca nada que la Constitución y las normas hayan establecido”, sostuvo Paz.
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Las observaciones provienen de sectores sociales que expresan su rechazo y plantean la reversión de la norma. Entre sus principales argumentos figura la ausencia de consulta previa a los pueblos indígenas y campesinos y la preocupación por posibles efectos sobre el régimen de propiedad de la tierra. Ante eso, una marcha indígena y campesina se encamina a La Paz desde Porvenir, municipio del departamento amazónico de Pando.
Javier Fernández, presidente de la Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando, afirmó a Mongabay Latam que la generación de condiciones de crecimiento y desarrollo en el área rural del país –sobre todo en la Amazonía- no solo depende del acceso a un crédito hipotecario, sino también –dijo- de asistencia técnica, infraestructura, acceso a mercados, calidad de suelos y acceso a agua potable.
“Es un error plantear que la posibilidad de acceder a préstamos, hipotecando nuestras tierras, es la única y más determinante condición para capitalizar la pequeña producción agropecuaria. Esta ley beneficiará en general a aquellos productores que tienen un desarrollo productivo avanzado, que producen para el mercado, que ya generan ingresos importantes”, afirmó Fernández, quien es parte de la marcha.
El líder indígena acotó que esta norma incentiva los incendios y la deforestación, ya que los propietarios podrían ampliar la frontera agrícola sin controles efectivos, afectando bosques y ecosistemas. Además detalló que se reducirá la protección de suelos y aguas, porque al no existir una fiscalización clara, prácticas extractivas o intensivas podrían degradar la tierra y otros recursos naturales.
Por su parte, Marcelina Amironga, presidenta del Centro de Mujeres Indígenas Guarayas (CEMIG), calificó como un “atropello” por parte del gobierno de Paz la aprobación de la ley sin haber realizado la consulta a los pueblos indígenas. “Aprobaron una ley que ni siquiera sabemos cómo lo han hecho. Lo han hecho a espaldas de nosotros. Gracias a nosotros, Bolivia respira todavía aire puro», dijo la lideresa a Mongabay Latam.
Una comisión gubernamental se trasladó el pasado miércoles 15 de abril a la cabeza de la marcha, que estaba en el municipio de Rurrenabaque, en Beni. Tres viceministros encabezaron esta misión: el de Tierras, Hormando Vaca Díez; de Seguridad Ciudadana, Hernán Paredes; y de Desarrollo Agropecuario, Karel Rivero. Además, estuvo presente el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Hernán Pereira.
El viceministro Vaca Díez, en contacto con Mongabay Latam, afirmó que se llegaron a acuerdos con dos comunidades del departamento de Beni, que decidieron replegarse de la marcha. Sobre los demás sectores, que son organizaciones indígenas y campesinas de Pando y Beni, afirmó que se insistirá con el diálogo para intentar frenar la marcha.
“Hemos demostrado que la ley no les afecta; pero si ellos continúan bajo la exigencia de abrogación y mantienen la marcha, entramos en un diálogo de sordos. Nosotros estamos abiertos al diálogo dónde sea y cuándo sea”, afirmó la autoridad.
*Imagen principal: La marcha de sectores campesinos y organizaciones indígenas contra la Ley 1720 inició el 8 de abril. Foto: cortesía CIPCA.
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