- Comunidades de 27 municipios de Veracruz se han organizado durante más de una década para defender el río La Antigua frente a proyectos hidroeléctricos, concesiones de agua y la creciente contaminación.
- Tras frenar una presa y un decreto que abría la puerta a privatizar el agua, los pueblos de la cuenca impulsaron monitoreo comunitario que evidenció altos niveles de contaminación en el río.
- Haciendo el monitoreo que le correspondería al Estado, lograron que la justicia mexicana ordenara acciones para recuperarlo.
- Hoy la defensa del río se centra en su saneamiento: comunidades, organizaciones y jóvenes buscan restaurar el agua que sostiene la economía, la cultura y la vida en la región.
Desde la zona montañosa de la Sierra Madre Oriental hasta su desembocadura en el Golfo de México, el río La Antigua, en Veracruz, recorre cerca de 148 kilómetros y atraviesa 27 municipios, donde miles de personas dependen de él para actividades como la pesca, el turismo y el deporte. Sin embargo, los altos niveles de contaminación por descargas de aguas residuales ponen en riesgo no sólo estas actividades, sino toda la biodiversidad que depende del río, incluida la de importantes áreas protegidas: el Parque Nacional del Cofre de Perote y el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV).
Para las comunidades de esta cuenca, La Antigua no es únicamente un cuerpo de agua: representa vida, sustento e identidad. Por eso, a lo largo de los años, se han organizado para defender el río de diferentes amenazas. Hoy lograr su saneamiento es el principal objetivo.
“Si no amas tu territorio no lo vas a defender. Para nosotros el río está vivo. Aquí la gente le dice el patrón, el amigo, el que te da consejos y también te regaña”, explica Alejandro Gallardo, habitante de Jalcomulco, uno de los pueblos asentados a la orilla del cauce y donde surgió el Colectivo Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua por Ríos Libres (PUCARL).
Ese vínculo con el territorio fue el detonante de un movimiento social que se organizó cuando, en 2013, un megaproyecto hidroeléctrico del consorcio brasileño Odebrecht quiso instalarse en el río.
“Cuando se metieron con el río se metieron con todos, con algo muy importante para nosotros”, recuerda Gallardo al hablar de la movilización comunitaria que tomó fuerza entre 2013 y 2014.
Aunque el proyecto fue detenido, los riesgos no han desaparecido.
Durante un año, en 2022, las comunidades monitorearon el río para conocer el estado real del agua. Los resultados fueron alarmantes: el 100 % de los sitios analizados presentaron niveles de Escherichia coli —una bacteria que indica contaminación por materia fecal—, por encima de los límites permitidos para el contacto humano y para la vida acuática.
A partir de estos hallazgos, las comunidades promovieron un amparo por el derecho a un ambiente sano y lograron una resolución legal histórica: una jueza federal del juzgado quinto del distrito de Veracruz ordenó en 2025 a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a 12 ayuntamientos y a dos comisiones municipales del agua implementar acciones inmediatas para reducir la contaminación en los ríos de la cuenca La Antigua.
Los integrantes dicen que la defensa del río, desde que llegó la primera amenaza hasta ahora, ha cambiado: “pasamos de la lucha, atacar, a agarrar el sartén por el mango”, dice José Luis Rodríguez Six, integrante del colectivo y uno de los monitores del río.
Cuando el río estuvo a punto de convertirse en una presa
La central hidroeléctrica que pretendía instalar Odebrecht contemplaba levantar una presa de 100 metros de altura y 700 metros de longitud, alimentada por los ríos Texolo y Los Pescados. Dicha presa sería capaz de almacenar 135 millones de metros cúbicos de agua y formar un embalse artificial de 440 hectáreas.
Representantes de la empresa visitaron las comunidades para promover el proyecto con promesas de desarrollo económico y nuevas oportunidades para la región: “Nos decían que no nos preocupáramos, que el proyecto iba a ser bueno para el pueblo, que nuestros botes iban a seguir funcionando y que habría más turismo”, recuerdan habitantes de la zona.
Los pobladores, sin embargo, concluyeron que el proyecto beneficiaría principalmente a la empresa: “Les dijimos: va a ser bueno para ti, para tu negocio, no para el pueblo”, relatan.
A partir de entonces comenzaron a desarrollarse asambleas comunitarias a lo largo de la cuenca, además de protestas y acuerdos colectivos para impedir el avance del proyecto. Los ejidos y comunidades negaron el acceso a la empresa y establecieron mecanismos de vigilancia territorial.
Incluso se instaló un campamento permanente de vigilancia llamado Centinelas del Río, ubicado en el predio Tamarindo, entre Coatepec y Jalcomulco, donde se había detectado actividad relacionada con la obra.
El campamento funcionó durante casi siete años, con turnos de vigilancia las 24 horas y la participación rotativa de habitantes de distintos municipios de la cuenca.
“El río unió a la gente. En el campamento llegaban personas de distintos pueblos, más allá de partidos o diferencias, a contar su historia con el río”, recuerdan los participantes.
Con el tiempo, el proyecto hidroeléctrico fue abandonado. Años después, además, Odebrecht fue involucrada en un escándalo internacional de corrupción, al admitir en 2016 que pagó sobornos a funcionarios en varios países para obtener contratos de obras públicas.
Una nueva amenaza: el levantamiento de la veda del agua
Tras frenar el proyecto hidroeléctrico, las comunidades enfrentaron un nuevo desafío.
En 2018, al final del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se emitió un decreto para levantar las vedas hidrológicas establecidas desde 1950 en 10 cuencas del país, entre ellas las de los ríos La Antigua y Actopan. La intención entonces era regular la pesca y la sobreexplotación de especies.
La medida abría la posibilidad de otorgar concesiones de grandes volúmenes de agua —hasta 70 % del caudal disponible— a empresas privadas.
Ante ese escenario, comunidades de la cuenca iniciaron una estrategia de defensa jurídica junto con abogados ambientalistas.
Argumentaron que el decreto vulneraba derechos fundamentales como el acceso a la información, la participación ciudadana, el derecho al agua y a un ambiente sano.
En mayo de 2020, un juez federal del Juzgado Décimo Octavo de Distrito en Veracruz declaró inconstitucional el levantamiento de las vedas, las cuales finalmente fueron restablecidas en 2022.
El monitoreo comunitario que evidenció la contaminación
Mientras se desarrollaban estas disputas legales, las comunidades comenzaron a identificar otro problema creciente: la contaminación del río.
Ante la falta de información pública sobre la calidad del agua, organizaciones locales impulsaron un proceso de monitoreo comunitario. Loni Hensler, integrante de la organización defensora ambiental, Territorios Diversos para la Vida A.C. (TerraVida), explica que en 2022 el movimiento dio un paso hacia una organización más estructurada.
“Debido a la falta de transparencia de las autoridades, decidimos formar un grupo de monitoreo comunitario y capacitarnos con la metodología del programa Global Water Watch”, explica Hensler.
Global Water Watch es una organización civil y red de monitoreo ciudadano del agua que trabaja con comunidades, académicos y voluntarios para medir la calidad de ríos, arroyos y cuerpos de agua.
Se establecieron 13 sitios de monitoreo en la cuenca del río La Antigua y cinco más en manantiales de la cuenca vecina del río Actopan. Más de 40 personas participaron en el proceso, realizando muestreos mensuales durante un año.
“Tomábamos muestras, analizábamos parámetros con reactivos y después comparamos los resultados”, explica José Luis Rodríguez Six, uno de los monitores.
Los resultados fueron preocupantes.
El diagnóstico identificó la presencia de contaminación por materia fecal producto de las descargas de drenaje sin tratamiento.
Además, los habitantes de la comunidades identificaron, a través de solicitudes de acceso a la información, la falta de infraestructura sanitaria, la ausencia de plantas de tratamiento y fallas en las mismas. Es el caso de Jalcomulco, donde la planta de tratamiento permanece abandonada desde hace años, por lo que las aguas residuales impactan directamente en el río. Mongabay Latam solicitó al ayuntamiento su versión, pero no respondió a la petición.
“Antes de que llegue el momento en que ya no podamos meternos al río, todavía estamos a tiempo de identificar el problema y sanearlo. Y el diagnóstico nos permite decirle a la autoridad estás contaminando, haz algo”, señala Rodríguez Six.
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La vía legal para exigir el saneamiento
Con base en la información recopilada, las comunidades presentaron un amparo ante la justicia federal. En mayo de 2025, una jueza de distrito concedió una suspensión definitiva, una decisión judicial que ordena corregir de inmediato la contaminación generada.
La resolución ordena a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a 12 ayuntamientos y a dos comisiones municipales de agua implementar acciones para reducir la contaminación.
Mongabay Latam envió preguntas a la Conagua, pero hasta la publicación de esta nota la entidad no respondió.
La decisión judicial consideró que los estudios comunitarios evidencian un escenario de contaminación severa, con riesgos para los ecosistemas y la población. Además, se fundamentó en principios del derecho ambiental precautorio, es decir, que ante la incertidumbre científica las autoridades deben privilegiar la protección del agua y de la naturaleza.
Para Hensler, el proceso demuestra el papel de la sociedad civil en la defensa ambiental: “La sociedad civil está cubriendo una obligación que por ley corresponde al Estado”, afirma.
Desde la resolución en mayo pasado, una comisión del PUCARL ha realizado reuniones con los ayuntamientos y llevado oficios para señalar las acciones prioritarias a realizar. También han organizado foros sobre la gestión y manejo de aguas residuales con el fin de hacer un diseño técnico del tema.
Mientras los ayuntamientos han tenido una respuesta lenta, otros como el de Xalapa, han interpuesto recursos de revisión contra el amparo. “Algunos tienen muy buena disposición y han pedido asesoría para saber cómo gestionar el tema. Otros como Tlaltetela organizaron el primer foro por el agua”, contó Hensler.
Un río que conecta la montaña con el mar
La contaminación del río La Antigua no solo afecta a las comunidades locales. Especialistas advierten que el problema también impacta ecosistemas río abajo, hasta su desembocadura en el Golfo de México puesto que transportan sedimentos, bacterias y nutrientes que pueden alterar incluso los ecosistemas marinos, generando pérdida de biodiversidad y daños a los arrecifes.
De hecho, la cuenca conecta dos áreas naturales protegidas de gran relevancia: el Parque Nacional del Cofre de Perote y desemboca en el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, cerca del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV).
En una investigación publicada en 2025, investigadores de Terravida advierten que “las descargas de los ríos traen consigo contaminación por residuos urbanos, agrícolas, industriales, residuos sólidos humanos y de ganadería, sedimentos a gran escala y plásticos, entre otros. Todo ello genera un impacto acumulado y un fuerte estrés en la vida arrecifal, así como diversas enfermedades”.
Loni Hensler, quien es parte de la investigación, señala que las fuentes de contaminación sobre el Parque Nacional Arrecifal han aumentado en los últimos años, primero por las descargas directas de aguas negras —hasta 2019 se encontraron 210 descargas— y otras indirectas a través de los ríos de las cuencas de La Antigua, Jamapa y Papaloapan.
“Hay estudios que evidencian el impacto de la contaminación de los ríos y el mar en los arrecifes del parque arrecifal con alteraciones ecológicas, daños a los hábitats acuáticos, pérdida de biodiversidad y especies, y efectos en la salud humana”, dice Hensler.
Por ello, el saneamiento de la cuenca es considerado clave para la conservación de los ecosistemas costeros.
De la resistencia al saneamiento del río
Tras más de 15 años de organización, las comunidades continúan desarrollando estrategias para proteger el agua. Una de ellas son las Asambleas Comunitarias por el Agua de la Cuenca La Antigua, impulsadas por el colectivo PUCARL.
En estos encuentros participan habitantes, organizaciones y especialistas para analizar los problemas ambientales y definir acciones colectivas. Las reuniones se realizan de forma trimestral y rotativa en distintos municipios de la cuenca.
Laura Aguirre, integrante de Guardianes del Agua y quien participa en estas asambleas, explica que estos espacios han fortalecido la organización comunitaria: “Es un espacio donde se crean relaciones de confianza entre personas de distintas comunidades que comparten la defensa del agua”, señala.
Las asambleas permiten intercambiar información sobre la situación de los ríos y coordinar acciones para su saneamiento.
Para Aguirre, enfrentar la crisis del agua requiere una estrategia de largo plazo que combine inversión pública, planeación y coordinación entre autoridades y comunidades.
“El reto más importante es político: lograr que quienes administran el agua cumplan con su responsabilidad de sanear los ríos y evitar su contaminación”, afirma.
Para quienes crecieron a la orilla del río, la defensa del agua forma parte de una historia que se transmite entre generaciones.
“A nuestros abuelos les tocó defender la tierra; ahora a nosotros nos toca cuidar el río, conservarlo y sanearlo para las generaciones que vienen”, dicen los integrantes del movimiento.
Las comunidades saben que evidenciar la contaminación es solo una parte del camino. El desafío ahora es restaurar el río y garantizar que siga siendo fuente de vida para quienes habitan la cuenca.
*Imagen Principal: Actividades de vigilancia y monitoreo de la cuenca del río La Antigua. Foto: PUCARL
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