- La Superintendencia de Medio Ambiente inició 70 procesos sancionatorios contra empresas salmoneras por infracciones cometidas en áreas protegidas entre 2012 y 2025.
- Algunas de las infracciones implican un daño ambiental “gravísimo”, según determinó la autoridad, y las multas alcanzan hasta el millón y medio de dólares.
- La industria reclama que la excesiva fiscalización afecta su negocio y apuesta a que las nuevas autoridades desregulen el sector, tal como prometió el presidente José Antonio Kast.
- Aunque la normativa prohíbe la actividad salmonera en parques nacionales, en la práctica la industria opera allí decenas de centros de producción.
Es una anomalía del sistema, pero al interior de parques nacionales y otras áreas protegidas por el Estado de Chile, existen decenas de centros de engorda de salmones operando, a pesar de que originalmente la legislación prohibía esas actividades. No solo eso, la fiscalización ambiental reveló que las empresas salmoneras han cometido faltas graves y gravísimas dentro de esas zonas bajo protección ambiental.
Un 30 % de los procesos sancionatorios impulsados por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en contra de empresas salmoneras en los últimos 13 años apuntan a centros de producción ubicados dentro de zonas protegidas. Allí se han detectado daños graves al ecosistema.
Desde hace dos años Chile implementa una nueva ley que creó el Sistema Nacional de Biodiversidad y Áreas protegidas (SBAP), que pretende, entre otras cosas, ordenar la fiscalización al interior de parques y reservas nacionales. Su implementación ha traído disputas entre la industria salmonera y las autoridades encargadas de su fiscalización.
La industria, que según cifras internas de las empresas representa cerca del 2 % del PIB de Chile, reclama que en el país las regulaciones son excesivas y estarían frenando su negocio. La otra cara de esa versión son las cifras públicas: durante los últimos años las salmoneras acumulan 710 denuncias y procesos sancionatorios por presuntamente incumplir las normas, como detectó una investigación de Mongabay Latam.
Por ejemplo, entre marzo y junio de 2019, la salmonera Nova Austral, entonces bajo propiedad de un fondo de inversiones noruego, alteró de forma artificial la columna de agua y fondo marino de su centro de engorda de salmones ubicado en Isla Capitán Aracena, en la Región de Magallanes, al interior del Parque Nacional Alberto de Agostini.
La alteración habría buscado esconder el daño ambiental generado por la salmonera. Según la formulación de cargos realizada por la SMA, Nova Austral contrató a la empresa Marine Duty para limpiar el fondo marino a través de la incorporación de arena y un agente químico oxidante. En julio de 2021 la SMA ordenó una multa por alrededor de 1.1 millón de dólares, según el valor de cambio de entonces. En 2024 la Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó la sanción.
Ese no es un caso aislado. Mongabay Latam elaboró una base de datos propia a partir de los registros del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (Snifa). Los resultados son elocuentes: de los 235 procesos sancionatorios que ha iniciado la SMA contra empresas salmoneras desde que comenzó a funcionar la entidad, a fines de 2012, hasta 2025, 70 (el 30 %) son por episodios en zonas protegidas.
Descubre en esta visualización cada uno de los procesos sancionatorios abiertos en áreas protegidas de Chile:
¿Por qué se permite la actividad salmonera en áreas protegidas?
Un catastro realizado por Alianza por la Defensa de las Áreas Protegidas —que forma parte de la campaña Salvemos La Patagonia, que busca eliminar las concesiones salmoneras de parques y reservas nacionales—, concluyó, en un estudio publicado en julio de 2024, que existen 399 concesiones otorgadas al interior de áreas protegidas. Llegaron a esa conclusión luego de analizar bases de datos oficiales del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y los ministerios de Medio Ambiente, Bienes Nacionales y Defensa.
¿Cómo se explica que haya concesiones dentro de parques y reservas nacionales a pesar de que son áreas protegidas?
En el caso de los parques nacionales, la ley en Chile es explícita: está prohibida la actividad salmonera. Esto es así desde 1989, pero no se respeta.
En 2013 la Contraloría emitió un pronunciamiento en el que aclaró que no era posible la actividad salmonera dentro de parques nacionales. Esto a raíz de una solicitud del gobierno de la época (encabezado por Sebastián Piñera) que pidió aclarar el punto. Pero entonces ya había actividad salmonera dentro de los parques, aprobada por el Estado.
Una investigación de 2022 de la Universidad Austral, determinó que existen 26 concesiones salmoneras dentro de parques nacionales en las regiones de Aysén y Magallanes. El catastro de Alianza por la Defensa de las Áreas Protegidas, publicado dos años después, ajusta la cifra a 25 dentro de los parques nacionales Alberto de Agostini, Isla Magdalena y Laguna San Rafael. El estudio precisa que, según datos de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SSFFAA), “las concesiones comenzaron a ser otorgadas durante 1998, es decir, después de la creación de estos parques nacionales”.
Que una concesión esté otorgada, no implica que allí opere un centro salmonero, pero sí que existe el permiso para que eso ocurra y, de hecho, ocurre. Mongabay Latam revisó bases de datos de la SMA y pudo determinar que se han iniciado 11 procesos sancionatorios por actividad salmonera dentro de parques nacionales. Fundamentalmente por sobreproducir salmones más allá de los límites establecidos por los permisos ambientales. Los parques nacionales afectados son Alberto de Agostini, Melimoyu, Isla Magdalena y Laguna San Rafael.
Las irregularidades de la industria salmonera detectadas por la SMA al interior de otras áreas protegidas (como reservas nacionales o forestales) disparan las cifras. Pero ahí la regulación es distinta.
La normativa chilena ha variado con el tiempo. En 1989 la ley estableció que las áreas protegidas por el Estado quedarían excluidas “de toda actividad pesquera extractiva y acuicultura”, pero en 2002, durante el gobierno de Ricardo Lagos, se le abrió la cancha a la industria. A través de una ley de artículo único, se permitió la actividad salmonera dentro de las reservas nacionales y forestales, “previa autorización de los organismos competentes”. En los cambios normativos de los últimos años se mantuvo ese permiso.
Los procesos sancionatorios de la SMA contra empresas salmoneras al interior de reservas nacionales son 59. Eso, sumado a los 11 procesos en parques nacionales, suma 70 procesos en áreas protegidas.
Para Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, esto es una vulneración flagrante a tratados internacionales: “Producto de la poca claridad con que han operado los servicios públicos durante décadas, se otorgaron concesiones para la engorda de salmones al interior de áreas protegidas. Esto nunca debió haber ocurrido, ya que fueron las propias instituciones encargadas de resguardar el patrimonio natural del país quienes avalaron el desarrollo de esta industria al interior de áreas protegidas y con ello vulneraron la Convención de Washington y la propia Ley Ambiental [N° 19.300]”.
La Subsecretaría de Pesca y la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, instituciones de gobierno que participan en el proceso de otorgamiento de concesiones para las salmoneras, no estuvieron disponibles para responder preguntas para este reportaje.
Según la investigación de la Universidad Austral, en 2022 existían 467 concesiones salmoneras al interior de reservas, solo en las regiones de Aysén y Magallanes. La cifra es mayor a la registrada por el catastro de la Alianza por la Defensa de las Áreas Protegidas, y eso se explica porque ese estudio solo consideró concesiones otorgadas, mientras que la universidad Austral contó todas las concesiones, incluyendo las que estaban en trámite.
Faltas graves dentro de Parques Nacionales
De los 11 procesos sancionatorios iniciados por la SMA contra salmoneras que operan dentro de parques nacionales, siete son contra Nova Austral, la empresa que hasta 2024 fue propiedad del fondo de inversiones Larta y que actualmente está en poder de sus acreedores.
Las infracciones a la normativa influyeron en ese cambio de dueños. Entre 2016 y 2019 la firma habría entregado información falsa al regulador sobre indicadores ambientales y de mortalidad de peces, lo que al ser descubierto abrió investigaciones penales. El Consejo de Defensa del Estado solicitó multas por casi 30 000 millones de pesos (unos 33 000 000 de dólares, según el valor de cambio actual) y penas de cárcel contra cinco exejecutivos, informó el Diario Financiero.
Los procesos contra la empresa que aparecen en la base de datos de la SMA indican que dentro del Parque Nacional Alberto de Agostini, ubicado en la región de Magallanes, se sobreprodujeron salmones y también se contaminó el fondo marino. La empresa no respondió la consulta de Mongabay Latam.
Pero Nova Austral no es la única.
Le sigue Exportadora Los Fiordos, filial de Agrosuper, una de las mayores productoras de alimentos en Chile, con dos procesos sancionatorios. Uno al interior del Parque Nacional Melimoyu y el otro en una zona que colinda con los parques nacionales Queulat e Isla Magdalena. Todo dentro de la región de Aysén. Ambos procesos son por supuestas irregularidades cometidas en el manejo de los salmones muertos durante el proceso de producción. Según advierten los expertos, un manejo deficiente de la mortalidad en los centros puede afectar gravemente el ecosistema. Por ejemplo, la descomposición de peces en el mar puede afectar la disponibilidad de oxígeno y emanar gases tóxicos.
La compañía no respondió las preguntas de este medio.
En el mismo parque Isla Magdalena opera un centro de producción de AquaChile —también de Agrosuper y la salmonera más grande del país y segunda a nivel mundial, según consigna en su sitio web—, la que registra un proceso sancionatorio abierto en 2024 por supuestamente producir más salmones de lo permitido por su permiso ambiental. AquaChile tampoco respondió la consulta de Mongabay Latam.
Cuando se otorgan los permisos ambientales, estos consideran el sector donde se realizará la iniciativa y fijan un límite de producción acorde a las características del lugar, buscando aminorar los daños ambientales. Por ello, la SMA califica como “grave” o “gravísima” la práctica de sobreproducir.
Sobreproducir salmones por encima de lo estipulado tiene varias consecuencias en el ecosistema marino.
Investigaciones científicas han demostrado que uno de los mayores problemas de la salmonicultura es cuando se acaba el oxígeno en el agua y, como consecuencia, muere la vida bajo el mar. Eso ocurre cuando bajo las balsas jaulas, donde se crían los salmones, se acumulan las heces de los peces y parte del alimento que se les entrega y que no alcanzan a devorar. Tanto las heces como el alimento son nutrientes y, por lo tanto, cuando se acumulan, se genera una floración de microalgas que son consumidas por bacterias que gastan el oxígeno, un fenómeno que se conoce como hipoxia.
Un exceso de salmones, por encima de lo autorizado, puede agravar este problema. A pesar de esto, un reportaje de Mongabay Latam advirtió que la sobreproducción es la principal falta normativa en la que incurre la industria.
En el Parque Nacional Laguna San Rafael —en la región de Aysén (patagonia chilena) y donde habitan especies como la nutría de río (Lontra provocax), clasificada En Peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)—, la empresa canadiense Cooke Aquaculture opera dos centros de producción de salmones que fueron sancionados por la SMA.
Se detectó que en ellos existían estructuras, como módulos de cultivo, un pontón (barco que sostiene oficinas, bodegas y salas de operaciones) y plataformas donde se tratan los salmones muertos, que estaban fuera del área de concesión permitida. Además, la SMA consignó que existía contaminación en playas aledañas.
Una de las faltas más graves fue el nivel de sobreproducción detectada en esos centros. Si en el Centro de Engorda de Salmones Huillines 2 la producción autorizada era de 375 toneladas, en 2013 produjeron 6880; en 2016, 5306; y en 2020, 4826. En el otro centro de la empresa, “Huillines 3”, el nivel fue similar: miles de toneladas por encima de lo autorizado.
Según el razonamiento de la SMA, Cooke buscó saltarse la normativa ambiental, ya que al tener autorización para producir volúmenes relativamente bajos de salmones (375 y 125 toneladas en cada centro), no debían ingresar los centros al sistema de evaluación ambiental. Pero luego de que se detectaron los niveles reales de producción, la autoridad estimó que “la conducta de la titular da cuenta de una intención inequívoca e indubitada de modificar su proyecto mediante el aumento de la producción de cada centro (…) al haber producido sostenida y consecutivamente por sobre lo autorizado, durante varios ciclos productivos”.
El proceso imputó nueve cargos contra Cooke. A pesar de que se inició en 2021, recién a fines de 2025 se dictaron sanciones, las que se cuentan entre las más graves registradas por el sistema. La multa económica se estableció en unos 1.5 millones de dólares, además de la clausura de los centros ubicados al interior del Parque Nacional Laguna San Rafael.
En todo caso, la empresa aún puede apelar a los tribunales, que es una práctica habitual de la industria al momento de enfrentar las sanciones de la autoridad ambiental.
La interpretación de Cooke es diferente. En las respuestas por escrito que la empresa envió para esta investigación, indicó que a su juicio los centros de producción Huillines 2 y 3, donde la SMA detectó sobreproducción, no están dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael, lo que difiere de lo indicado por la autoridad fiscalizadora. A pesar de esa interpretación, la empresa asegura estar dispuesta a relocalizar esos centros: “Cooke estuvo siempre disponible para relocalizar voluntariamente sus centros de cultivo, que no están ubicados en áreas protegidas” y sostiene que lo está “con el objetivo de dar una clara señal de colaboración con el Estado de Chile en su intención de fortalecer la protección de determinados sectores de relevancia natural, situados en las cercanías de nuestros centros”, indicaron desde Cooke, agregando que en diciembre de 2023 ingresaron una solicitud para relocalizar sus centros, proceso que aún está en trámite.
Respecto a las sanciones aplicadas por la SMA, en Cooke señalan que se trata de una diferencia de interpretación con las autoridades: “En cuanto a las contingencias judiciales con la SMA, éstas han estado referidas a diferencias de interpretación acerca de la cantidad autorizada de producción. A pesar de que Cooke cuenta con una determinada masa de producción anual, autorizada expresa y formalmente por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, las autoridades de la SMA tienen una interpretación que difiere de la establecida por la autoridad acuícola. Esa incongruencia entre las interpretaciones de dos organismos del Estado es lo que se ha presentado ante los Tribunales correspondientes para su debida aclaración”.
Sobreproducción en áreas protegidas
De los 235 procesos sancionatorios que ha iniciado la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) contra empresas salmoneras en la última década, al menos 70 de ellos han ocurrido en zonas protegidas (incluyendo parques y otras áreas de conservación), según la base de datos elaborada por Mongabay Latam. La mayoría se ha concentrado en dos: la Reserva Nacional Kawésqar, en la región de Magallanes, donde según las cifras levantadas por el Programa Austral Patagonia, de la Universidad Austral, actualmente existen 130 concesiones de salmones, y la Reserva Nacional Las Guaitecas, en la región de Aysén, que cuenta con 337 concesiones.
La Reserva Nacional Kawésqar es la principal puerta de acceso a las Torres del Paine (un parque nacional que ha concentrado la atención del turismo mundial durante los últimos años). Con una superficie de casi 3 000 000 de hectáreas, al interior de Kawésqar habitan especies marinas como la foca leopardo (Hydrurga leptonyx), ballenas como la jorobada (Megaptera novaeangliae), sei (Balaenoptera borealis) y azul (Balaenoptera musculus); cuatro distintos tipos de delfines, lobos y elefantes marinos, pingüinos y distintas aves marinas como el albatros de ceja negra, la golondrina de mar y el cormorán. También hay glaciares, bosques y actividad salmonera.
Entre 2021 y 2025, la SMA ha iniciado al menos 32 procesos sancionatorios contra empresas acuícolas que habrían cometido irregularidades en centros ubicados en esta reserva nacional. Según la revisión de Mongabay Latam, todos esos procesos incluyen superar la producción máxima de salmones autorizada en los respectivos permisos ambientales. Entre las empresas que habrían incumplido las normas están Cermaq Chile, Salmones Blumar, Australis Seafoods, AquaChile, MultiExport Foods, Salmones Islas del Sur y Acuícola Cordillera.
La misma situación se repite en la Reserva Nacional Las Guaitecas, la que forma parte del archipiélago Los Chonos, en la Región de Aysén. Cuenta con una superficie superior al millón de hectáreas y dentro de ella habitan ballenas, lobos marinos, pingüinos y chungungos. La SMA inició 27 procesos sancionatorios por irregularidades cometidas allí por las empresas Exportadora Los Fiordos, Multi X, Australis Seafoods, Cultivos Yadran, Salmones Humboldt, Fiordo Azul y Salmones Blumar, entre 2015 y 2025.
Estas empresas no respondieron las preguntas de este medio.
Mientras científicos, ambientalistas, comunidades, fiscalizadores, empresarios y gremios del salmón se debaten entre si debiera haber más o menos controles para el desarrollo de esta industria, en Chile asumió el gobierno de José Antonio Kast, que trae bajo el brazo la promesa explícita de desregularizar el sector para impulsar la actividad económica.
*Imagen principal:jaulas de engorda de salmones. Foto: Nicolás Sepúlveda
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