- Colombia será sede de la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que reunirá en Santa Marta a más de 45 países y 1000 organizaciones para debatir cómo reducir la producción y uso de combustibles fósiles.
- El evento busca llenar un vacío en la agenda climática global, haciendo foco en un tema que suele quedar diluido en las negociaciones internacionales.
- América Latina recibe esta reunión con avances en energías renovables pero fuerte dependencia económica de los hidrocarburos.
- Expertos explican los desafíos fiscales, sociales y políticos que estarán en el centro de las discusiones.
“Los gobiernos somos responsables de decisiones que dejarán huella en futuras generaciones, y tenemos la obligación moral de responder al llamado por justicia climática y la eliminación de los combustibles fósiles”.
Con estas palabras, la ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez Torres, anunció en noviembre de 2025 —desde la conferencia de cambio climático de Naciones Unidas, COP30 en Brasil— la creación de un nuevo espacio internacional de diálogo para acelerar el abandono del petróleo, el gas y el carbón. “Sabemos que esta conversación no puede terminar aquí”, agregó.
Ese debate será el eje de la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que se celebrará en Santa Marta, Colombia, entre el 24 y el 29 de abril, con la participación de al menos 45 países y más de 1000 organizaciones de la sociedad civil.
A diferencia de las negociaciones climáticas tradicionales, el encuentro, organizado entre Colombia y Países Bajos, busca enfocarse directamente en uno de los temas más evitados: cómo reducir la producción y el uso de combustibles fósiles de manera coordinada. Pero no será un espacio de negociaciones entre los países sino de debate, como informó Mongabay Latam este miércoles.
El contexto es complejo. Mientras la ciencia insiste en la urgencia de reducir estas fuentes de energía, que representan más del 75 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, las crisis geopolíticas recientes y la volatilidad de los mercados han reforzado la dependencia en ellos para garantizar la seguridad energética de muchos países.
“Es sorprendente que un tema tan relevante solo sea abordado por unas cuantas iniciativas estructuradas. Muchos temas están siendo debatidos en varios espacios, pero la salida de los combustibles fósiles aún no se está abordando de manera coordinada”, dijo André Corrêa do Lago, presidente de la COP30, en un conversatorio online el 24 de marzo sobre la transición energética.
Para entender por qué esta conferencia podría ser clave, es necesario mirar dónde se encuentra hoy el mundo —y América Latina en particular— en el camino para abandonar estas fuentes de energía.
Los combustibles fósiles están en la mira
La reducción del uso de combustibles fósiles se ha convertido en una parte central de la agenda climática en la última década, especialmente desde la adopción del Acuerdo de París en la COP21 en 2015. El acuerdo busca limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de 2 grados centígrados en comparación con los niveles preindustriales.
Los llamados a acelerar este proceso se intensificaron en la COP28 en Dubái, en 2023, durante el primer balance global del acuerdo. Allí los países acordaron “transitar desde los combustibles fósiles en los sistemas energéticos de manera justa, ordenada y equitativa”, con el objetivo de alcanzar emisiones netas cero hacia 2050.
Esta línea se consolidó en la COP30 con la Declaración de Belém, un compromiso voluntario para la transición de los combustibles fósiles impulsado por Colombia y firmado por 24 países. “Esta declaración se basa en una simple verdad científica: los combustibles fósiles son el principal motor de la crisis climática”, afirmó la ministra Vélez.
En paralelo han surgido iniciativas como el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles (Fossil Fuel Treaty), una iniciativa presentada en 2020 por un grupo de países y organizaciones de la sociedad civil para detener de manera explícita la expansión de la explotación de combustibles fósiles y gestionar una transición justa. Colombia es uno de los 18 países que apoya este enfoque.
“Se necesita un instrumento distinto, y ese instrumento tiene que abordar necesariamente la oferta fósil”, explica Andrés Gómez, coordinador para Latinoamérica de la iniciativa. “El Acuerdo de París se centra principalmente en la demanda, a través de los planes nacionales de cambio climático (NDC por sus siglas en inglés), pero estos no son legalmente vinculantes”.
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La transición energética en Latinoamérica
En América Latina el panorama es complejo y desigual. Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA por sus siglas en inglés), la inversión en energías renovables ha aumentado un 25 % en la última década, mientras que la inversión en combustibles fósiles se ha reducido en más de un 20 %, con la mayor parte de estos recortes sucediendo en Brasil, Argentina y México.
Un informe de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) señala que, aunque los empleos en el sector de petróleo y gas están disminuyendo, nuevos trabajos en energías limpias, eficiencia energética y redes eléctricas podrían compensar esas pérdidas.
Sin embargo, la región enfrenta tensiones estructurales.
“Es muy difícil comparar países, porque cada uno tiene particularidades según su rol como productor, exportador o importador de energía”, explica Diana Carolina Barba, directora adjunta del centro de pensamiento y acción Transforma.
Brasil, por ejemplo, combina liderazgo en energías renovables con planes de expansión petrolera. México, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, ha reforzado el discurso climático mientras busca sostener su industria petrolera. Uruguay, en cambio, aparece como un referente regional en energías limpias y en la reducción progresiva del uso de combustibles fósiles.
Los planes de transición varían de país en país, dependiendo también del grado de dependencia económica que tengan hacia los hidrocarburos. Naciones como Colombia, México y Brasil enfrentan riesgos y dificultades sociales y económicas en sus procesos de transición energética, por lo que tienen la necesidad de diversificar sus finanzas para no dejar a la deriva poblaciones y gobiernos subnacionales que dependen de estas industrias.
Todo esto refleja un desafío común: muchas economías dependen fiscalmente de los hidrocarburos. Según el Stockholm Environment Institute (SEI), los ingresos provenientes de estas industrias no solo sostienen economías locales, sino que también financian, en parte, los propios esfuerzos de transición energética.
“En la región vemos un aumento de las renovables que no necesariamente está reemplazando a los combustibles fósiles”, advierte Gómez.
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Lo que se espera de Santa Marta
La conferencia de Santa Marta busca llenar un vacío, ya que pretende generar una conversación directa sobre cómo avanzar en la reducción de la producción y el uso de combustibles fósiles, un tema que suele quedar diluido en las negociaciones climáticas más amplias.
A diferencia de las COP, que operan bajo consensos globales complejos, este encuentro apunta a construir una coalición más enfocada de países dispuestos a avanzar más rápido, así como a identificar barreras concretas —económicas, fiscales y políticas— que dificultan este proceso.
El lugar elegido no es menor. Santa Marta, en el Caribe colombiano, simboliza tanto el potencial como las contradicciones de este proceso. La región concentra decenas de proyectos de energía eólica y solar, así como iniciativas de hidrógeno verde. Pero también ha sido escenario de conflictos sociales y ambientales asociados a la minería de carbón.
Esta coexistencia ilustra los dilemas que estarán en el centro de las discusiones.
Uno de los principales resultados de la conferencia será un informe que analice las condiciones necesarias y los obstáculos para avanzar en este proceso. Según Gómez, el documento se estructurará en torno a tres ejes: desafíos económicos y fiscales, dinámicas de oferta y demanda, y vacíos en la gobernanza global.
El informe será entregado a las presidencias de la COP30 y la COP31, prevista en Turquía en noviembre de este año, con la intención de alimentar futuras negociaciones internacionales.
Además, el proceso ha incorporado aportes de más de mil organizaciones de la sociedad civil a través de diálogos virtuales, incluyendo pueblos indígenas, sindicatos, gobiernos subnacionales y actores empresariales. Aunque participarán empresas estatales como Ecopetrol (Colombia) o Petrobras (Brasil), los organizadores han señalado que limitarán la presencia de lobistas de la industria fósil.
Olivia Bisa, presidenta de la nación Chapra de la Amazonía y vicepresidenta de la Alianza Cuencas Sagradas de Perú, indica que si bien van más de 30 años de espacio de discusión sobre cambio climático, los resultados han sido pobres. “Hemos dicho en casi todas las conferencias de la COP que mientras en los espacios de discusión no estén presentes los pueblos indígenas, no vamos a sacar nada; y mientras no se debata la salida de los combustibles fósiles, nada se va a sacar”. Reconoce que la conferencia en Santa Marta es un avance, pero uno al que todavía le falta. “Por primera vez sentimos que va a haber participación de los pueblos en estos debates, pero no en la cantidad adecuada”.
Bisa espera que después de este evento surja un debate sobre la transición que reivindique y reconozca las necesidades de los pueblos indígenas. Este es un sentimiento que también comparte Alejandra Quiguantar, lideresa indígena pasto y perteneciente a la organización Tejiendo Pensamiento de Colombia, quien asegura que toda hoja de ruta hacia la eliminación progresiva de combustibles fósiles tiene que basarse en principios de justicia climática, respeto del territorio y reconocimiento del conocimiento de los pueblos indígenas. “No es posible avanzar hacia economías descarbonizadas sin garantizar el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades”, dice Quiguantar.
Por otro lado, para expertos como Diana Carolina Barba y Ana Carolina González, del Natural Resource Governance Institute, el valor del encuentro radica también en abrir un espacio de conversación franca sobre un tema que ha sido evitado.
La situación del Delta del Níger —una de las principales regiones petroleras de África, marcada por derrames, degradación ambiental y tensiones con comunidades locales— es similar a la del Putumayo, en Colombia, una región amazónica donde la economía depende del petróleo, pero también enfrenta conflictos sociales y presión ambiental, señala González. “Hay desafíos compartidos: dependencia fiscal, necesidad de diversificación económica y riesgos sociales. Aquí hay una oportunidad de aprendizaje entre países”, agrega.
La geopolítica de la conversación
Hasta ahora, 45 países han confirmado su participación. Aunque no estarán presentes algunas de las principales potencias productoras, sí asistirán países como Canadá, Brasil y México, que figuran en los puestos cuarto, noveno y decimotercero de los mayores productores de petróleo del mundo, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.
También participarán pequeños estados insulares del Pacífico, como Fiji, Palau y Papúa Nueva Guinea, para quienes la reducción del uso de combustibles fósiles es una cuestión de supervivencia.
“Son los países más vulnerables al cambio climático. Para ellos, esto no es una opción, es una necesidad”, explica Barba. “Ellos ya se ven prácticamente bajo el agua y necesitan liderar este tema”.
La ausencia de grandes actores plantea interrogantes sobre el peso político de la conferencia. Sin embargo, los expertos señalan que estos espacios pueden influir en la narrativa global.
Las crisis recientes —como la guerra en Ucrania o las tensiones en Medio Oriente— han reactivado debates sobre seguridad energética. “Existe el riesgo de que se argumente que se necesita más petróleo”, dice González. “Pero también hemos visto que estas crisis pueden acelerar la inversión en energías renovables, que ofrecen mayor seguridad y menor dependencia externa”.
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Lo que está en juego
En última instancia, más allá de los resultados concretos, la conferencia de Santa Marta será una prueba de si un grupo de países —muchos de ellos del sur global y altamente vulnerables— puede empujar la conversación climática hacia un terreno más incómodo pero crucial: el fin de la dependencia de los combustibles fósiles.
También será un intento de construir una señal política en ausencia de algunos de los mayores productores del mundo: una coalición dispuesta a avanzar, incluso sin consenso global.
La siguiente edición del encuentro, prevista en Tuvalu, en Oceanía, sugiere que el proceso podría extenderse en el tiempo.
“Se trata de que los países más vulnerables envíen un mensaje a los grandes productores y consumidores”, concluye Barba. “Si no están en esta primera conferencia, deberían empezar a liderar este tipo de acciones”.
*Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina.
**Imagen principal: protesta contra combustibles fósiles en la COP30, noviembre de 2025. Foto: cortesía UNclimatechange
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