- Tanto los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos como otros tipos de agresión se incrementaron durante 2025 en el país, de acuerdo con un reciente informe de la organización Somos Defensores.
- Líderes indígenas, comunales, comunitarios y campesinos fueron los más afectados por esta violencia que provino en su gran medida de autores desconocidos.
- Además, la violencia contra personas defensoras de derechos humanos llegó a cerca del 88 % de los departamentos del país.
- La impunidad y la falta de un esquema real de protección colectiva contribuye a que esta violencia persista, comentan autores del informe.
Fue el año más violento para las personas defensoras de derechos humanos en Colombia bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro. En 2025, asesinaron a 165 defensores, un aumento del 5 %, respecto al año anterior, de acuerdo con el informe “Promesas rotas”, realizado por el Programa Somos Defensores.
El aumento de la violencia no solo ha sido mortal. En todo 2025, ocurrieron al menos 874 agresiones contras personas defensoras, 20 % más que el año anterior y que se tradujeron en más casos de judicializaciones, desapariciones, secuestros, desplazamientos forzados, atentados y amenazas.
Somos Defensores señala que el actual gobierno no ha priorizado la protección de defensores de derechos humanos, al no atender planes de emergencia y medidas concretas para los escenarios de riesgo que enfrentan estos liderazgos en los territorios.
Además, el incremento en la violencia contra defensores de Colombia ocurre a casi semanas de las elecciones presidenciales y el final del gobierno de Petro, con una mayor polarización en el país que termina impactando las vidas de quienes defienden derechos y territorios.
Silencio y elecciones, factores en la violencia
Pese a que Colombia había reducido ligeramente las agresiones contra defensores en años anteriores, los autores del informe consideran que hubo un silenciamiento estratégico de comunidades y organizaciones para sortear la violencia, algo que ha cambiado ante la cercanía de los procesos electorales.
“Candidatos y candidatas, así como actores políticos (concejales y congresistas), han optado por utilizar discursos de odio, intimidación y tergiversación de la realidad, lo que ha puesto en riesgo a líderes, lideresas, personas defensoras de derechos humanos y comunidades, configurando con ello entornos aún más inseguros”, sostiene el informe.
Para Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores, las crisis humanitarias, el recrudecimiento de conflictos socioambientales y la antesala de las elecciones parlamentarias y presidenciales explican en gran parte el repunte de la violencia para 2025.
“Se recrudeció la situación en los territorios, se hace absolutamente insoportable en crisis humanitarias exacerbadas y muy visibles. 2025 muestra esa dramática situación territorial donde la violencia se manifiesta en todas sus dimensiones”, explica la defensora a Mongabay Latam.
Líderes indígenas, comunitarios y campesinos en la mira de grupos armados
En medio de este complejo panorama, los liderazgos indígenas son el grupo más afectado por la violencia. En 2025 recibieron 257 agresiones —32 % más que en 2024—, entre ellas 27 asesinatos y 22 atentados, de acuerdo con el informe.
En el departamento del Cauca, por ejemplo, esta violencia se ha hecho evidente contra las personas defensoras del territorio, especialmente quienes ejercen como autoridades tradicionales.
La violencia contra los liderazgos comunitarios también se recrudeció, al registrar 206 agresiones, un incremento del 89 %. De acuerdo con el estudio, esto evidencia el interés de distintos actores de atentar contra quienes cumplen papeles fundamentales en la convivencia local, especialmente determinantes para la educación, el desarrollo de la personalidad y el disfrute del espacio público.
En tanto, el liderazgo comunal (desempeñado por personas que son partes de las Juntas de Acción Comunal) tuvo una disminución del 21 % en las agresiones, con 124 casos. Sin embargo, la organización matiza la posibilidad de que haya un subregistro, ante la falta de condiciones para denunciar.
“Numerosas amenazas colectivas a directivas de Juntas de Acción Comunal (JAC) no se reportaron porque sus víctimas no se lograron individualizar y/o las comunidades prefieren no aparecer en los registros oficiales ni de organizaciones de la sociedad civil, como una medida de autoprotección frente a las presiones ejercidas de los grupos armados en la región”, sostiene la organización.
Le siguen los casos de agresiones contra liderazgos campesinos (60 casos); activistas de derechos humanos (41), así como sindicales (37), quienes en estos procesos electorales y de reformas legales han aumentado también su visibilidad.
Torres sostiene que las agendas de estos principales liderazgos violentados abordan conflictos que los ponen en la mira de actores armados.
“Los conflictos ambientales se van recrudeciendo. Se han combinado con la situación en los territorios. Por ejemplo, en el Meta, el Guaviare, Caquetá, donde la deforestación aumentó. También los intereses de sectores empresariales tienen un peso sobre la situación de riesgo de personas defensoras”, sostiene.
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Violencia contra defensores en el 88 % del país
El estudio detecta que las 874 agresiones durante 2025 ocurrieron en 28 departamentos del país y el Distrito Capital, el 88 % de la división administrativa del país, una proporción territorial que no cambió respecto al año anterior, y donde el suroccidente del país sigue siendo la región que concentra más actos de violencia.
Solo los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo concentran casi el 39 % del total de las agresiones en 2025. Incluso, en tres de ellos aumentaron los asesinatos de personas defensoras y concentran el 41 % de las muertes.
En el Cauca, que ocupa el primer lugar entre los departamentos, las agresiones se incrementaron 21 % en un año, con 153 amenazas, 37 asesinatos, 18 atentados, dos actos de tortura, tres desapariciones forzadas, 12 secuestros, un hecho de violencia sexual, dos robos de información y 10 desplazamientos forzados.
El estudio destaca que en este departamento ocurrieron acciones que ponen en riesgo a las comunidades que viven principalmente en zonas rurales, por ejemplo a los procesos étnicos organizativos que realizan acciones en defensa de la tierra y la autonomía, y que además están en una continua lucha por evitar que las infancias sean víctimas del reclutamiento forzado.
En Antioquia, que ocupa el segundo lugar a nivel nacional, las agresiones se dispararon un 130 %. Aquí el reporte destaca el dominio de los grupos paramilitares, principalmente de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que insisten en controlar el suroeste antioqueño en una lucha no solo por las rentas del narcotráfico, sino por la explotación de oro. Esto podrían estar asociados a la llegada del Bloque Edwin Román Vásquez, que utiliza tácticas violentas para la extracción del mineral.
En diciembre de 2025, defensores, organizaciones y habitantes de Jericó, al sur de Antioquia, dieron a conocer la incursión de actores armados en la zona del conflicto que ha dividido a la comunidad por el proyecto minero Quebradona y que actualmente se encuentra detenido ante la resistencia de campesinos y defensores que promovieron acciones legales buscando su cancelación.
Otro caso que destaca es el departamento de Nariño, que mantuvo las mismas agresiones que el año anterior y donde continúa el diálogo con grupos armados ilegales como parte de la política de paz total. Sin embargo, el informe destaca que también aumentó la ofensiva militar, el “reciclaje” de grupos armados ilegales y la violencia letal contra personas defensoras.
En este departamento se documentó el asesinato de autoridades tradicionales del pueblo awá, que habitan un área de influencia de Comuneros del Sur, uno de los grupos armados ilegales que participa en los diálogos con el Gobierno. Un caso es el de Aurelio Araujo Hernández, coordinador indígena del Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (Camawari), que fue asesinado junto a sus escoltas en junio. Su círculo cercano contó a Mongabay Latam cómo la influencia de los grupos armados en la zona se ha ido permeando entre las comunidades.
En otros departamentos como Guaviare, el reporte advierte que la deforestación, la construcción ilegal de infraestructura y la minería ilegal de oro también ponen en riesgo a los liderazgos que denuncian su operación.
Sin responsables claros
La mayoría de la violencia contra defensores de derechos humanos de Colombia, un 41 %, provino de autores desconocidos. De las 357 agresiones sin un responsable identificado, 152 corresponde a amenazas, 103 son asesinatos, 59 atentados, tres actos de tortura, 10 despariciones forzadas, 13 secuestros, un hecho de violencia sexual, cinco robos de información y 11 desplazamientos forzados.
Los grupos posacuerdo de paz incrementaron un 35 % su presunta participación en las agresiones contra personas defensoras, al registrar 147 amenazas, 21 asesinatos, 21 desplazamientos forzados, 12 secuestros, 9 desapariciones forzadas, cuatro atentados, una tortura y un acto de violencia sexual.
En tanto, los grupos paramilitares tuvieron una presunta participación del 16% en las agresiones, una reducción del 20 %, respecto a 2024.
En el cuarto lugar, se mantiene el Ejército de Liberación Nacional (ELN), presuntamente responsable del 7 % de las agresiones documentadas en 2025, de acuerdo con el informe. “Tras la suspensión de los diálogos con el Gobierno, el ELN continúa intensificando actuaciones que afectan a la ciudadanía y a sus liderazgos, especialmente en zonas de crisis humanitaria, como en el Catatumbo”, sostiene el reporte.
La plataforma también detectó una presunta participación de instituciones del Estado, con 21 agresiones, que incluyen 15 judicializaciones impulsadas por civiles que integran instituciones estatales. Mientras que la Fuerza Pública tuvo presunta responsabilidad en cinco amenazas, tres asesinatos, un atentado, dos detenciones arbitrarias y dos desplazamientos forzados.
Impunidad y falta de protección
Somos Defensores destaca la impunidad como un factor clave que permite que persista la violencia contra personas defensoras de derechos humanos. De acuerdo con la organización, de 1840 asesinatos que han ocurrido entre 2002 y 2025, solo 12 % de ellos ha llegado a una sentencia condenatoria.
“La ausencia de una investigación efectiva que dé lugar a avances procesales es aún más alarmante si se tiene en cuenta que la violencia selectiva y letal en contra de quienes defienden el derecho a defender derechos registra altos índices de desconocimiento respecto a la autoría material e intelectual de los presuntos responsables”, sostiene el documento.
El informe también señala que pese a que existen fallos judiciales que ordenan a la Fiscalía General de la Nación establecer lineamientos generales para la investigación de delitos cometidos contra defensores de derechos humanos, más allá de los autores materiales, esto sigue pendiente por parte de la institución.
“No teníamos que llegar a este punto. Ya había evidencia suficientemente traumática para que los ajustes institucionales recientes presentaran cambios mucho más profundos. Colombia ha sido no solamente el país donde se presenta la mayor cantidad de asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, sino uno de los que seguramente concentra mayores índices de impunidad en torno a estos hechos, un diagnóstico que no ha podido reversar de forma significativa la Fiscalía General de la Nación”, concluye el informe.
Torres también advierte que la falta de investigación se da frente a las amenazas y la cada vez mayor violencia digital contra este sector, así como un modelo de protección que sigue siendo solo reactivo y que no previene la violencia.
“Si bien se han entregado más de 58 000 medidas [de protección] de carácter colectivo, termina siendo insuficiente si no se cambia el enfoque del modelo de protección por un sistema nacional de prevención y protección que sea capaz de hacer frente no solo a las amenazas de los actores armados ilegales, sino también al extractivismo, a los temas que tienen que ver con megaproyectos”, expone.
A unos meses de que concluya el gobierno de Petro, la defensora comenta que aún se puede dejar una ruta para cambiar y mejorar el modelo de protección.
“Solo si se responde a esos dos retos, el cambio del modelo de protección e injusticia, vamos a ver cambios reales en la vida de las personas defensoras para que sean protegidas en Colombia”, advierte.
*Imagen principal: minga nacional, movilización convocada por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que agrupa a 11 pueblos indígenas de Colombia. Foto: Ivonne Tatiana Camargo Jiménez/CRIC
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