- El líder q’eqchi’ Bernardo Caal estuvo encarcelado entre 2018 y 2022 cuando encabezaba acciones legales contra hidroeléctricas en el río Cahabón, en un caso que organizaciones internacionales calificaron como criminalización por defensa del territorio.
- El defensor denuncia que, además de las hidroeléctricas, el río Cahabón enfrenta contaminación y minería, lo que representa no solo daño ambiental sino una ruptura cultural para las comunidades indígenas.
- Caal advierte que la actual propuesta de Ley de Aguas impulsada por el Ministerio de Ambiente podría consolidar el control empresarial del recurso si no se garantiza una participación real de los pueblos indígenas.
- Aunque ya se han presentado doce iniciativas de ley de aguas, Caal asegura que éstas no han avanzado por falta de interés político.
Bernardo Caal Xol fue encarcelado mientras defendía el río Cahabón, en el norte de Guatemala. Jamás sospechó que pasaría cuatro años en prisión después de denunciar ilegalidades en el otorgamiento de licencias ambientales para la construcción de hidroeléctricas.
Caal dejó su hogar, ubicado en la aldea Semococh, a los siete años para estudiar en la cabecera municipal de Santa María Cahabón, en el departamento de Alta Verapaz. Después de más de 10 años regresó a la aldea convertido en maestro bilingüe: además de hablar en q’eqchi’, idioma que lleva el mismo nombre que su identidad étnica, también dominaba el español.
“Cuando regresé a la aldea, la encontré en las mismas condiciones en que salí años atrás”, recuerda hoy, a sus 54 años. En ese momento se convirtió en el maestro de la comunidad, profesión que ejerció durante 18 años.
En la década de 2000 comenzaron a construirse las centrales hidroeléctricas en la cuenca del río Cahabón, que nace en la cadena montañosa llamada Sierra de las Minas, recorre 195 kilómetros y se une al río Polochic. Unas 150 comunidades q’eqchi’ se organizaron para hacer oposición. Iniciaron una lucha legal, basada en la ausencia de una consulta previa, como lo estipula el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Las comunidades reconocieron a Caal como el facilitador que podría traducir sus demandas al español y lo nombraron ‘vocero de la resistencia’.
“Cuando iniciamos la lucha contra las hidroeléctricas, las comunidades confiaron en mí. Decían: ‘Que Bernardo lo diga, que vaya Bernardo, que Bernardo firme el amparo, que Bernardo escriba un documento, que Bernardo llame a los abogados, que denuncie’… Yo no me negué a hacerlo”, recuerda Caal.
Fue él quien presentó un amparo en contra de las hidroeléctricas ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En 2016, el tribunal les dio la razón y reconoció que no hubo consentimiento libre, previo e informado de las comunidades q’eqchi’. Un año después, el caso fue apelado y llevado a la Corte de Constitucionalidad (CC) que, si bien falló en favor de las comunidades, no suspendió la operación y construcción de los proyectos hidroeléctricos.
En 2017, el Ministerio Público (MP) acusó a Caal del delito de estafa, por supuestamente no acudir a su puesto de maestro y quedarse con el salario. Él se presentó en los tribunales y, después de asignársele una fianza, quedó en libertad. En enero de 2018 fue detenido y acusado de robo agravado y detención ilegal de empleados de una central hidroeléctrica, hecho que presuntamente ocurrió en 2015. En noviembre de 2018 fue sentenciado a siete años y cuatro meses de prisión.
“Es muy doloroso estar en la cárcel. Ahí entré en reflexión. Pensaba: ‘Si yo no hubiera aprendido español, no estaría en la cárcel’”, recuerda.
Caal estuvo cuatro años en prisión, hasta 2022, cuando un juez lo declaró inocente. Durante ese tiempo escribió cartas a su familia y fue declarado como preso de conciencia por Amnistía Internacional (AI). El término fue acuñado por esta organización en 1961 y define a quienes sufren privación de libertad sin haber utilizado ni defendido la violencia.
“Yo nunca voy a dar un paso atrás en haber denunciado a las empresas o alzar la voz por el río Cahabón”, dice cuatro años después. En entrevista con Mongabay Latam el defensor del territorio reflexiona sobre las condiciones de los ríos y lagos de Guatemala y cómo una Ley de Aguas ayudaría con su protección.
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—¿Valieron la pena cuatro años en prisión?
—A nadie se le desea, claro. Ellos [la industria] estaban acostumbrados a asesinar.
Con el encarcelamiento se equivocaron. No analizaron mi entorno ni con quién estaban tratando, porque yo sí sé leer y escribir en español. Si no supiera, ¿cómo habría expuesto [el caso]?, ¿cómo me habría manifestado ante lo que me estaba pasando?
Los que estuvieron detrás de esto no son solo las hidroeléctricas, es todo el sistema. Conmigo les fue muy mal y les va a seguir yendo muy mal porque yo no logro estar callado, yo sigo denunciando. Aún estando dentro de la prisión, yo seguí denunciando. Gracias a esa equivocación que ellos tuvieron, ahora se les conocen las artimañas que utilizan para el despojo y el saqueo.
Tenían planificado hacer muchas hidroeléctricas más, pero desde que me encarcelaron, las pararon. No han avanzado porque las comunidades ya no son fáciles de engañar. Todas las comunidades se pusieron en alerta. No solo en Guatemala sino también en muchas partes de América porque mi encarcelamiento coincidió con la muerte de [la defensora lenca y ambientalista de Honduras] Berta Cáceres [asesinada en marzo de 2016].
—¿Cuál es el principal problema con las hidroeléctricas en el río Cahabón?
—Atentan contra la cultura de los pueblos. A nosotros, los pueblos originarios que nacemos en las montañas, en los bosques, en la orilla de los ríos, desde pequeños se nos enseña que un río es sagrado, que el cerro es sagrado, que los pajaritos son sagrados. Crecemos con todas esas enseñanzas y por lo tanto, cuando vimos la maquinaria que estaba escarbando piedras y derrumbando los cerros en la orilla del río, nos impactó. ¿Por qué le hacen eso a un río?
Fue sorprendente porque no era algo de nuestra cultura. Cualquier persona de los pueblos originarios siempre va a defender el río. Sólo cuando los pueblos originarios dejen estas enseñanzas de lo sagrado, que es lo que nos rodea, ahí tal vez van a lograr [las empresas] sus objetivos. Mientras tanto, seguimos en comunicación con la madre naturaleza.
—¿Cuáles son las amenazas actuales que enfrentan los ríos, lagos y mares de Guatemala?
—Los que se dedican a este saqueo y despojo no se detienen en todo el mundo, creo que hay una política mundial de arrasar con todo.
El gobierno que esté, ya sea de izquierda, socialdemócrata o de derecha, como lo quieran llamar, siempre se va a poner al servicio de estas empresas. Por el momento, no creo que haya algún gobierno que detenga esto y que diga: «Bueno, ya no permitiremos más minería ni hidroeléctricas ni monocultivo sino que defenderemos el territorio”.
No solo es en Guatemala sino en toda América porque los países de potencia mundial acá tienen sus ojos y los gobiernos se ponen a su servicio. Los únicos que seguimos y seguiremos defendiendo y salvando el mundo somos los pueblos originarios.
Lamentablemente, muchos de nosotros vamos a tener que seguir dando la vida por esta defensa.
—El Congreso de la República ha conocido ya unas doce iniciativas de ley de agua desde 1991, pero ninguna ha sido aprobada. ¿Por qué?
—Hay mucho interés de quien quiere apropiarse del agua en Guatemala. Hay intereses muy fuertes, pero excluyen a las comunidades y los pueblos originarios.
La marcha del agua [2016] llevó una propuesta de ley, pero no les pareció. Para que podamos tener una ley de aguas, que realmente vaya a favor de los pueblos, de las comunidades y de todos los habitantes de Guatemala, tendría que haber un presidente que realmente represente al pueblo y sus intereses. Pero no lo hay, no existe.
También tendríamos que tener al menos 100 diputados que representen los intereses del pueblo. Así, cuando se discuta la ley de aguas, estos pensarán en las comunidades y en los pueblos, en los habitantes de Guatemala.
Pero ahora, probablemente, entre los diputados que nos representarán hasta 2027 serán tal vez unos 30: 23 del partido político Movimiento Semilla [8 de ellos permanecen allí y los otro 15 se separaron en otra facción, la cual llamaron Raíces], la del partido político Winaq y algunos otros que podamos empujar hacia los intereses del pueblo. El resto está al servicio de las empresas que han corrompido y que tienen los grandes negocios que utilizan el agua en Guatemala.
No tenemos fuerza. Yo no veo alguna luz ahí [en el Congreso] para que se apruebe una ley de aguas. Lo que no podemos negar es que es urgente que exista una ley que proteja a las comunidades y a los pueblos con el tema del agua.
—Uno de los estandartes de la actual administración del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) es el proceso nacional del agua, que busca construir una iniciativa de ley de aguas basada en las necesidades del pueblo. ¿Cómo evalúa esta propuesta?
—Mal. Malísima. Para explicarlo con mis propias palabras, es como lo que pasó con la garita de peaje en Palín, Escuintla. El Estado construyó una carretera y luego se la otorgó a una empresa para que cobrara por el paso. Cuando se arruinó la carretera, se terminó el contrato. La empresa la devolvió ya con derrumbes.
¿Quién se benefició ahí? Solo la empresa, pero, ¿quién tuvo la culpa? El Estado que se la entregó.
Entonces, la ley de aguas del MARN es algo parecido. Eso es lo que nos quieren dar. Esa ley no sirve, nos daña muchísimo.
Lo que presentan ahora es un atentado contra las comunidades, es peligroso lo que están planificando hacer porque, si pasara así como lo están presentando, el Estado otorgaría poder a las empresas para que controlen el agua. A ellos se les va a dar el poder sobre el agua, no a las comunidades, no a los pueblos.
Mucho se habla de que esta ley vendría a “regular a las empresas”. Al contrario, al darles permiso, se les estaría dando todo el poder.
Ahorita tienen el control sobre el agua, sólo que sin ley y sin reglas. Ya con las reglas, se les estaría dando un superpoder sobre el agua.
—En la conferencia de prensa realizada en 2025 por la sociedad civil frente a un diálogo sobre el agua realizado con el sector empresarial, ustedes denunciaron la exclusión de los pueblos indígenas en el proceso. Un año después, ¿cuál es el panorama?
—Cuestionamos por qué estaban excluyendo a los pueblos originarios y a las autoridades de los pueblos, si somos nosotros quienes cuidamos, protegemos y defendemos el agua. Solo se estaba tomando en cuenta a personas que están en un escritorio, que no están en el campo.
Nos explicaron [el MARN] que se iban a recoger insumos para plasmar en esa propuesta de ley lo que se decía desde los territorios, desde las comunidades, pero en esos diálogos no se nos dio participación. Mucha gente no se enteró ni les llegó la invitación para ir a participar. Las comunidades no participaron. Solo a ciertas personas les llegó una notita para que fueran a escuchar, no a elaborar. Les dieron un almuerzo y les tomaron una foto, que era lo que les servía para decir: “Miren, sí se lograron consensos”.
—Cree que en estos diálogos sí se deben incluir, como lo han hecho hasta ahora, sectores como la agroindustria?
—Todos quienes estamos en Guatemala tenemos derecho a participar, pero yo creo que tomaron más en cuenta las propuestas de estas empresas [de la agroindustria]. Todo depende también de quién está detrás de todo esto.
A nosotros nos interesa, pero son las empresas quienes tienen poder actualmente sobre el agua.
Los pueblos indígenas estuvimos manifestándonos durante [106] días para que tomara posesión este gobierno y para que estuviera esa ministra en el puesto. Ahora vienen algunos con mucha sagacidad a querer apropiarse del agua en forma legal.
Va a salir una ley eminentemente atentatoria, violatoria contra los pueblos indígenas en Guatemala, contra las comunidades donde tenemos el agua. Entonces, yo creo que no hay ninguna comunidad que apoye esta propuesta del MARN.
—Hace unos meses, en uno de los diálogos del Proceso Nacional del Agua, la ministra Patricia Orantes dijo que la ley de aguas podría “traer paz porque pondría las reglas claras del juego”. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación?
—Sí, pero si la propuesta realmente no afecta a las mayorías. La ley de aguas es para poner las reglas de juego, pero la propuesta que tienen no es para eso, sino para entregar el agua a la iniciativa privada, a las empresas. Entonces eso no va a traer paz.
*Imagen principal: Bernardo Caal, líder del pueblo q’eqchi’, en Guatemala, estuvo preso por la defensa del agua en su región. Foto: cortesía Christian Gutiérrez/Agencia Ocote.
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