- Ocho predios que una colonia menonita compró por más de 6.25 millones de dólares presentan posibles irregularidades en su adjudicación, pues fueron vendidos por una familia que no cumplía los requisitos para ser beneficiarios de la reforma agraria.
- La comunidad indigena sikuani Barrulia regresó a un predio que recuperó la Agencia Nacional de Tierras, pero su territorio está rodeado de fincas controladas por los menonitas.
- La Fiscalía acusa a 12 menonitas en Puerto Gaitán, en el departamento de Meta, por delitos ambientales entre los que se encuentran la deforestación de 100 hectáreas de bosque, quemas no autorizadas y aprovechamiento forestal sin permisos.
- Rutas del Conflicto y Mongabay Latam viajaron a la zona donde, a pesar del proceso penal de la Fiscalía, las actividades agrícolas de los menonitas se han expandido rápidamente.
Después de nueve años la comunidad indígena sikuani de Barrulia pudo retornar a un predio de 64 hectáreas llamado Cuba Libre, en el municipio de Puerto Gaitán, en el departamento de Meta, y que hace parte de su territorio ancestral. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) de Colombia entregó el pasado febrero el predio a la gobernadora Alba Rubiela Gaitán, que representa a la comunidad.
Los fundadores de la comunidad fueron su abuelo, Ramón Gaitán, y su padre, el líder Ángel Gaitán, quienes fueron desplazados, primero por la violencia de los años 50 y, posteriormente, por los grupos paramilitares que llegaron a la región. Ahora, la comunidad de Barrulia se enfrenta a los proyectos agroindustriales que tiene una comunidad religiosa en el territorio donde están enterrados sus ancestros.
Desde hace seis años Rutas del Conflicto y Mongabay Latam le han seguido la pista a la expansión de una colonia menonita proveniente de México. Esta colonia ha ocupado más de 44 000 hectáreas en Puerto Gaitán, tierras en su mayoría de origen baldío, predios que pertenecían a la Nación y que, en los años 90, en el marco de la reforma agraria, se determinó que debían destinarse a campesinos pobres, según las leyes colombianas.
En las investigaciones anteriores se mostró cómo esta colonia había generado impactos ambientales en el territorio colombiano y cómo compró tierras con varias irregularidades en la adjudicación. Se trata de baldíos de Colombia que se otorgaron a personas que tenían más predios a su nombre cuando esto no está permitido por la ley nacional. Incluso, parte de estas tierras estuvieron en poder de un exnarcotraficante, socio del exparamilitar Guillermo León Acevedo, conocido como ‘Memo Fantasma’.
Pero la historia no terminó ahí. Este equipo periodístico encontró que una empresa llamada Isla y El Rosario, gerenciada por una familia antioqueña que tiene diversas empresas de textiles y de tecnología en el país, adquirió el predio baldío Cuba Libre mediante un mecanismo de adjudicación que no cumple con las condiciones de la ley. Luego, hizo mejoras en el predio —como la construcción de casas, cercas y una serie de modificaciones que aumentan su valor económico— y vendió a los menonitas esas mejoras, más no la tierra. Es decir, los empresarios poseían de manera irregular un predio del Estado y vendieron su ‘ocupación’ al grupo religioso.
Además, en 2024 la colonia menonita también le había comprado a esta empresa 6762 hectáreas de tierra de origen baldío por las que pagaron cerca de 25 000 millones de pesos (6.25 millones de dólares).
De acuerdo con la investigación de esta alianza periodística, estos predios tienen varias irregularidades en su adjudicación y fueron acumulados bajo un mismo propietario, violando la ley 160 de 1994, con la que se creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino. Esta norma pretendía evitar la concentración de la tierra que el Estado le entregaba a campesinos pobres.
Serias dudas en la adjudicación de tierras
A dos horas y media del casco urbano de Puerto Gaitán hay un letrero gigante que dice “Liviney”, el primer sector de la colonia menonita. Un puesto de seguridad divide la extensa tierra rojiza que da acceso al hogar del grupo religioso, donde las casas grandes, los jardines, los postes de luz, las calles pavimentadas y los extensos cultivos de soja y maíz dominan el paisaje.
Después de Liviney se encuentran otros predios llamados El Palmar, El Olvido, El Rosario, La Chaparrera, El Arrendajal, El Rincón de la Casa, El Algarrobo y El Rincón de la Culata. El extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) adjudicó, entre 1995 y 1997, estas ocho fincas a diversos miembros de una familia empresaria antioqueña.
Según Nury Martínez, coordinadora de litigio en la restitución de tierras de la Comisión Colombiana de Juristas, la reforma agraria de 1994 tenía una serie de requisitos para aquellos que quisieran la titularidad sobre la tierra baldía. Los beneficiarios de estos terrenos debían ser mayores de 16 años, no tener otros predios y “hacer una explotación económica de al menos dos terceras partes del terreno que se solicitaba durante al menos cinco años antes del momento de la solicitud”, explica la abogada.
Según se pudo verificar en esta investigación, varios de los adjudicatarios no cumplirían con dichas condiciones.
Por ejemplo, en 1997 el antiguo Incora le entregó una de las fincas a Juan Rafael Trujillo Mejía. Rutas del Conflicto y Mongabay Latam le preguntaron a varios habitantes de la zona si conocían a Trujillo Mejía, pero respondieron que no habían escuchado nunca ese nombre. Tres meses después de la entrega del título, el predio fue vendido a Agrícola El Imán por 3.7 millones de pesos (unos 3300 dólares de la época).
Según consta en la Cámara de Comercio de Bogotá, esta empresa fue creada por Álvaro José Trujillo Mejía y su esposa, Luz Victoria Mejía de Trujillo, quienes también eran dueños de una empresa de tecnología creada en 1996. Y lo que llama la atención es que mientras que la mujer figuraba como copropietaria de una compañía registrada en Bogotá, el Estado le entregó otro predio baldío llamado El Olvido en 1998, el cual vendió seis meses después a una sociedad de su misma familia.
Esta misma operación de compraventa entre personas naturales y pequeñas empresas de la misma familia se repitió con los ocho predios. Para 2003, los Trujillo habían creado ocho empresas y cada una era dueña de una de las fincas.
Un año más tarde, en 2004, Luz Victoria Mejía de Trujillo, Hernando Trujillo Palacio y Álvaro José, Luis Hernando y Juan Diego Trujillo Mejía crearon la empresa La Isla y El Rosario, que inmediatamente compró las ocho empresas propietarias de la tierra. Según consta en la Cámara de Comercio de Bogotá, el objeto social de la empresa La Isla y el Rosario incluía la compra, venta, administración y parcelación de bienes rurales o urbanos.
En otras palabras, esta compañía terminó siendo propietaria de ocho predios de origen baldío, bajo una estrategia en la que varios miembros de la familia Trujillo Mejía se presentaron ante el Incora para solicitar la propiedad de estas tierras, para luego realizar transacciones que les permitieron acumular todos los terrenos a nombre de una empresa que pertenecía a la misma familia.
Nury Martínez enfatiza en que la Ley 160 de 1994 “establece en diversos artículos que se busca prevenir la concentración inequitativa de la propiedad rural”. Por ello, hoy la ANT —entidad encargada de la gestión de tierras en el país y que ahora tiene a su cargo gran parte de las responsabilidades que tenía el Incora— determina que ningún actor privado puede adquirir más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF), es decir, la cantidad de tierra máxima que puede tener un baldío que se entrega bajo el esquema de la reforma agraria.
La extensión de la UAF es definida por el Estado y debe ser suficiente para garantizar la subsistencia digna de una familia campesina, según las condiciones productivas de cada región.
Por ejemplo, en los Llanos Orientales, debido a la menor fertilidad de los suelos y a las condiciones agroecológicas, una UAF puede ser considerablemente mayor que en otras zonas del país, alcanzando en algunos casos entre 1000 y más de 1500 hectáreas, dependiendo del municipio y de los criterios técnicos establecidos por la autoridad agraria.
El punto clave es que la reforma agraria de 1994 tenía como propósito adjudicar tierras a campesinos sin tierra y con vocación agrícola, requisitos que, al parecer, no reúnen quienes recibieron estos predios.
Esta alianza periodística intentó contactarse con el empresario Juan Diego Trujillo Mejía —quien en 2020 formó parte de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá y en la actualidad es el representante legal de la empresa La Isla y El Rosario— para saber la versión de su familia y preguntarle sobre los procesos de adjudicación y la acumulación de predios de origen baldío. En dos oportunidades se enviaron mensajes a las empresas que él maneja a través de Linkedin, también se escribió al correo de Isla y El Rosario que aparece registrado en la Cámara de Comercio, pero hasta el cierre de esta investigación no se obtuvo respuesta.
Los predios vendidos por la empresa La Isla y El Rosario a la colonia menonita en 2024 forman parte del territorio ancestral de Barrullia. Es más, en 2018 la comunidad indígena solicitó 44 predios ante la ANT (entre los que están los ocho que fueron comprados por los menonitas) como parte del territorio del que fueron desplazados por las distintas olas de violencia. Este proceso de adjudicación de tierras para los indígenas sikuani continúa abierto mientras que, al mismo tiempo, la entidad le aseguró a esta alianza periodística que está investigando las presuntas adjudicaciones irregulares de los predios que la empresa le vendió a la comunidad religiosa.
El complejo proceso para recuperar un baldío
Los ocho predios vendidos por la empresa La Isla y El Rosario a la colonia menonita fueron adjudicados a miembros de la familia Trujillo en el marco de la reforma agraria y luego vendidos hasta llegar al grupo religioso. A diferencia de esos predios, Cuba Libre aún tenía la condición de baldío de la Nación, pues en este caso los menonitas no adquirieron la tierra, sino únicamente las mejoras realizadas sobre el terreno. Ese detalle permitió que la ANT recuperara Cuba Libre con mayor rapidez.
Estas transacciones de mejoras no son excepcionales. Por el contrario, han sido una práctica legal y recurrente en el campo colombiano, aunque no está vinculada a la propiedad formal de la tierra. Incluso estas operaciones se formalizan ante las oficinas de notariado y registro. Aunque suene extraño, estos registros solo amparan la propiedad de las personas o empresas sobre las mejoras —como construcciones, cercas o cultivos— pero no transfieren la propiedad de la tierra, especialmente cuando se trata de baldíos de la nación.
Las mejoras de Cuba Libre fueron vendidas a tres menonitas: Peter Rempel, Bernhard Rempel y Cornelius Rempel.
La ANT llevaba más de seis años en proceso de recuperación de este predio, hasta que en 2023 se expidió la resolución administrativa que determinó que Cuba Libre era un baldío de la Nación y que estaba siendo indebidamente ocupado por la colonia menonita.
Ana Jimena Bautista, directora jurídica de la ANT, comenta que fue un trabajo complejo porque “para poder entrar a Cuba Libre era necesario atravesar una carretera que hicieron los menonitas». «Nos impidieron el ingreso”, afirmó.
En enero de 2025, funcionarios de la entidad intentaron ingresar por el sector Liviney de los menonitas, que cuenta con las vías de acceso para llegar al predio, pero los propietarios negaron la entrada. La única forma de garantizar el retorno de los comuneros indígenas era establecer un paso de servidumbre, pero la comunidad religiosa se negó. De hecho, en mayo de ese mismo año la ANT presentó una querella policiva por la oposición de los menonitas al derecho de servidumbre y le pidió al gobierno municipal de Puerto Gaitán una medida cautelar para asegurar ese paso.
La Alcaldía de Puerto Gaitán nunca contestó ese requerimiento, por lo que en julio de 2025 la ANT llevó la solicitud ante el Juzgado de Puerto Gaitán.
Paralelamente, la Defensoría del Pueblo presentó una demanda al Juzgado de Puerto López (municipio vecino), dado que en varias oportunidades el personal de los puestos de seguridad de la colonia menonita impidió el ingreso de funcionarios de esta entidad y les exigían registro fotográfico y una autorización de ingreso otorgada por el representante de la colonia menonita a otras comunidades sikuani que deben pasar por estos predios para acceder a sus tierras.
El pasado 14 de enero de 2026, el Juzgado de Puerto López le ordenó a la colonia menonita no impedir, restringir u obstaculizar el ingreso de las comunidades indígenas hacia sus territorios. Esto permitió que finalmente el 9 de febrero la ANT pudiera ingresar a Cuba Libre y entregarle las 63 hectáreas del predio a la gobernadora indígena Alba Rubiela Gaitán. “El territorio lo es todo”, dice esta lideresa que insiste en recuperar las tierras ancestrales de su comunidad.
A principios de abril la Corte Constitucional también ordenó la recuperación del predio “Cuba Libre” y dispuso que la ANT garantice el ingreso y permanencia de la comunidad indígena sikuani de Barrulia. Además, el alto tribunal pidió remover los obstáculos impuestos por terceros, como los puestos de seguridad y, de ser necesario, contar con apoyo de la fuerza pública para proteger los derechos de la población sikuani, que enfrenta una situación humanitaria crítica tras su desplazamiento y desalojo del territorio ancestral en 2024.
Pese a la decisión de la Corte, la situación de la comunidad de Barrulia no ha cambiado. La ANT le entregó de manera provisional el predio a los habitantes indígenas, pero los sikuani aún esperan que les entreguen los títulos de propiedad de Cuba Libre antes de que finalice el gobierno de Gustavo Petro.
Como si esto fuera poco, la ANT también tiene a su cargo el proceso de recuperación de Campo Alegre, un baldío de la Nación de 6200 hectáreas, cuyas mejoras también fueron adquiridas por la colonia menonita y que colinda con las 6762 hectáreas de tierra que vendieron los Trujillo. Según informó la entidad, este proceso se encuentra en apelación por parte de los menonitas.
Campo Alegre, como se contó en pasadas entregas de esta alianza periodística, fue comprado por Abraham Wolle Frosse. Es uno de los 12 integrantes de la colonia que desde 2023 enfrenta un juicio penal por delitos ambientales. Los hechos ocurrieron en 2020 cuando Wolle deforestó 93 hectáreas de este predio, hizo aprovechamiento forestal ilegal de árboles nativos y quema a cielo abierto.
Un territorio ancestral en medio de una colonia menonita
Rutas del Conflicto y Mongabay Latam llegaron hasta el predio Cuba Libre que recuperó la ANT y que se ubica en medio de la colonia menonita de Puerto Gaitán. Este equipo periodístico ya había visitado la zona en 2021.
Aún es necesario pasar por dos controles de seguridad, a pesar de que la Corte Constitucional ordenó retirarlos. El primero está ubicado en la entrada de la colonia y el segundo se encuentra después de pasar por algunas casas, un restaurante y una tienda de productos agrícolas. Este segundo punto es controlado por personal de seguridad sin uniforme y sin identificación. Cada puesto de control tiene cámaras que registran quién entra y sale por el camino de servidumbre.
“La seguridad es la que nos deja entrar. Nos pide que nos identifiquemos si somos de Barrulia. A las 8 PM nadie puede entrar y los domingos tampoco porque el personal no trabaja”, explicó un capitán de la comunidad indígena sikuani.
Aunque la ANT entregó el predio el 9 de febrero de 2026 a la comunidad de Barrulia, sólo hasta el pasado 10 de marzo la comunidad se trasladó al predio. Durante más de un año y medio habían estado viviendo en el polideportivo de Unuma, en la zona urbana de Puerto Gaitán, tras un desalojo policial que se hizo en predios también explotados por los menonitas.
Después de la entrega de Cuba libre, la comunidad decidió, inicialmente, trasladar al territorio a 40 de las 164 familias. Alrededor de 10 capitanes estaban viviendo allí. Con algunos palos y plástico construyeron viviendas improvisadas en medio de los fuertes vientos que levantan la arena rojiza de la zona.
Los habitantes indígenas que hoy están en Cuba Libre no tienen acceso a agua potable, ni alimentos y mucho menos a un baño. “Nosotros todavía no podemos cultivar nada. Estamos tomando agua del caño y la mayoría de los niños se está enfermando”, enfatizó la capitana Soraida Matanegra.
Alba Rubiela Gaitán también confirma que la comunidad accede a agua estancada y posiblemente contaminada con agroquímicos. Esto ocurre, dicen los sikuani, porque los menonitas a finales del año pasado recogieron la cosecha de maíz y soja y trabajaron la tierra hasta el borde del cuerpo de agua, eliminando los bosques ribereños que crecen cerca y que protegen el ecosistema en épocas de sequía, como la que se vive actualmente.
Además, la tierra, tal como la encontraron, no es apta para cultivar los alimentos básicos de su dieta, como la yuca brava y la batata. La comunidad pide acceso a semillas y herramientas para poder empezar a adecuar su territorio. “Estamos esperando reunirnos con Abraham Wolle Frosse para llegar a acuerdos de movilización y de límites del territorio”, afirmó Alba Rubiela Gaitán.
Durante el recorrido en el territorio sikuani recién recuperado se observaron algunas quemas y amplias áreas de terreno preparadas para el arado. Pese a los procesos sancionatorios de Cormacarena —autoridad ambiental en la región— en contra de miembros de la colonia menonita, al proceso penal actual por delitos ambientales y a las acciones de la ANT, la colonia menonita sigue creciendo y fortaleciéndose cada día más.
Pudimos observar que las casas ahora son mucho más grandes y modernas. Incluso hay un supermercado, tiendas y hasta una estación de gasolina dentro de la colonia.
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El juicio ambiental
Al tema de compra y venta presuntamente irregular de predios que fueron baldío de la Nación y el conflicto entre el grupo religioso y los indígenas sikuani se suma que, desde 2023, la Fiscalía General de la Nación llevó a juicio a 12 menonitas por deforestar más de 100 hectáreas en Puerto Gaitán. Los hechos ocurrieron entre 2016 y 2021, cuando empezaron a construir su colonia en los Llanos Orientales y mientras adecuaban la tierra para sus actividades agrícolas de soja y maíz.
Según el ente investigador, ninguno de los integrantes de la colonia tenía los permisos necesarios de Cormacarena para el aprovechamiento forestal ni para la realización de quemas, lo que generó la erosión del suelo y la eliminación de corredores estratégicos para mamíferos y aves de la región.
El pasado 20 de febrero se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos. En el escrito de acusación de la Fiscalía se señala a 12 menonitas de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, daño en los recursos naturales e invasión de área de especial importancia ecológica. El fiscal del caso explicó, además, que los menonitas habían construido, por lo menos, cuatro puentes sobre cuerpos de agua.
Uno de ellos es de alrededor de 6.9 metros de ancho y 16.2 m de largo sobre el cauce natural del caño Barrulia —dentro del territorio ancestral de Alba Rubiela Gaitán y su comunidad—, así como sobre los caños Chavilonia y Merey.
En la visita a terreno que hizo el equipo periodístico se pudo constatar que este primer puente continúa en funcionamiento, pese al proceso judicial en curso. Por allí circulan, a grandes velocidades, camiones y maquinarias de los menonitas.
Según explicó el fiscal en la audiencia, el puente construido sobre el caño Barrulia une los predios Liviney y La Chaparrera. La estructura, hecha en concreto, fue levantada para facilitar la comunicación entre la colonia y permitir el paso de vehículos y carga pesada: “Invadiendo su cauce y su ronda hídrica o zona de protección, la cual es de hasta 30 metros de ancho, medidos desde el cauce permanente. La ronda hídrica es considerada legalmente como un área protegida, al estar definida como un área forestal protectora en la que no se pueden realizar actividades distintas a las orientadas a su conservación”, puntualizó el fiscal.
En julio de 2026 continuará la audiencia contra los miembros de la colonia. Sin embargo, los menonitas y la autoridad ambiental del departamento están construyendo un plan de reparación ambiental para acogerse a un principio de oportunidad, una figura legal en Colombia para evitar llegar a una eventual condena. La mayoría de los cargos pueden acarrear hasta 48 meses en prisión y multas que están entre los 35 salarios mínimos y los 50 000 salarios mínimos (entre 19 000 y 21.5 millones de dólares).
Esta alianza periodística quiso conocer la versión de los menonitas frente a las presuntas irregularidades en la compra de tierras, la expansión de su colonia, el juicio penal por delitos ambientales y la obstaculización del paso a los indígenas. Intentamos contactar a varios de sus líderes a través de sus números de celular, de la abogada que llevaba la gestión de compra de tierra hasta 2024 y por medio de personas cercanas a la colonia, pero hasta el momento de publicación de este reportaje no fue posible obtener su versión.
Lo cierto es que Alba Rubiela Gaitán continúa exigiendo al Estado la reparación para su pueblo y pidiendo ayuda humanitaria para cultivar y adecuar la tierra. “Estamos contentos de regresar, pero sabemos que este es solo el inicio de una lucha por volver a nuestros sitios sagrados y donde están enterrados nuestros ancestros”, afirma Gaitán.
*Este reportaje es parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y Rutas del Conflicto.
**Imagen principal: ilustración de Johnny Calderón
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