- Alfredo Zaconeta es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral (CEDLA) en La Paz.
- En diálogo con Mongabay Latam, analiza el trasfondo de la crisis que azota a Bolivia y que ha llegado a su máxima expresión con bloqueos, desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustible alrededor de la ciudad sede de Gobierno.
- Profundiza sobre el rol de los mineros y el impacto de su poder político, económico y territorial.
- También ahonda en los grises entre minería legal e ilegal, la expansión geográfica y el uso de mercurio en los ríos de la Amazonía.
Desde hace casi un mes, Bolivia vive jornadas de bloqueos, desabastecimiento, reclamos y violencia. Manifestantes campesinos e indígenas han bloqueado las principales ciudades, exigiendo respuestas del gobierno de Rodrigo Paz a sus demandas. La crisis provocó escasez de alimentos, combustible y suministros médicos. Mientras tanto, otros sectores afectados por las protestas exigen al Presidente que declare un estado de excepción para contener la situación.
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El Gobierno intentó abrir un “corredor humanitario” para que puedan circular suministros básicos y vehículos atrapados en las rutas. Sin embargo, el aumento de la tensión, en medio de lo que el oficialismo identificó como “grupos violentos” que atacaron a policías y militares, desató más violencia. Seguidores del expresidente Evo Morales intensificaron la presión en las calles.
Uno de los actores en la crisis son los mineros. Pero detrás de la minería hay un mundo complejo y heterogéneo en Bolivia. Alfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral (CEDLA) en La Paz, ha investigado durante años la minería en su país y, en especial, la minería ilegal.
En entrevista con Mongabay Latam, Zaconeta analiza la crisis que azota a su país y el rol del factor minero, en el momento en el que ciertos sectores buscan ingresar en las áreas naturales protegidas.
—¿Qué compone este caldo de cultivo que termina gestando un mes de bloqueos, protestas y de enfrentamientos entre mineros, pueblos indígenas, campesinos y el Gobierno de Paz?
—Creo que hay que mirarlo desde dos puntos, dos frentes. El primero radica en necesidades o demandas legítimas que se dan por grupos, particularmente el caso de los indígenas de la Amazonía, que planteaban la abrogación [derogación] de la Ley 1720, que atentaba contra sus propios territorios, en una distorsión de lo que sería liberalizar el tema de la comercialización de tierras, entre otras afectaciones. Este proyecto de ley no fue socializado en las debidas instancias con ellos, no compartiendo los criterios, los alcances. Entonces ellos se sentían excluidos de este debate y, además, en confrontación con un sector tan poderoso como es el agroindustrial de Bolivia.
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A partir de eso que consideramos una demanda legítima, surgen en el escenario otras demandas, como el incremento salarial de los trabajadores, que no fueron atendidas directamente por el Gobierno. Lo lamentable de este hecho es que el Gobierno no destinó ni siquiera un espacio para poder reunirse con el sector de los trabajadores, entre los cuales estaban, por ejemplo, los mineros asalariados, demandando un incremento salarial. El Gobierno no propició ningún espacio para poder abordar este tema y lo descartaron.
Un factor común en estos dos ejemplos que te doy es que hubo un marginamiento en la consulta con organizaciones sociales de proyectos o demandas que directamente tienen que ver con ellos. ¿Ahora, por qué se complica este panorama? Porque en los últimos 20 años el mecanismo de negociación del gobierno del Movimiento al Socialismo [MAS] fue la inclusión de estos sectores para poder atender sus demandas.
Había una suerte de consulta, consensos y en algunos casos se apuntaban acuerdos para la construcción de una agenda común y demás. Entonces, las organizaciones sociales de alguna forma se sentían identificadas o consultadas. El actual gobierno quiso cambiar [esta dinámica], bajo el argumento de que en muchos de los casos se caía en prebendas o condicionamientos que no permitían una gestión adecuada. Eso provocó indignación. Y a esto no se puede negar que hay un componente político partidario de algunas organizaciones que están siendo parte de la movilización dentro de la estructura de la COB, la Central Obrera Boliviana, y otras como la Federación de Campesinos Túpac Katari. Ellos si han sido partidarios no solo con una mirada política, sino partidaria, afín al MAS, y es ahí donde surge una demanda de renuncias. Ya no de reivindicaciones de derechos, ya no de incremento salarial.
Este hecho contraviene normas constitucionales y otras leyes que señalan los aspectos de reconocimiento democrático o las vías por las cuales alguien podría no estar de acuerdo con el Gobierno y plantear una salida, pero dentro del orden democrático y legal. Entonces por ahí va que todo esto es un cúmulo de distorsiones que nace evidentemente con demandas legítimas del incremento salarial o el respeto a las áreas protegidas y tierras de que son parte de los indígenas.
Para muchos sectores esto se complica con un doble discurso del Gobierno cuando se niega a reunirse con ciertos sectores como la COB o los manifestantes indígenas que estaban movilizados acá en La Paz con la Ley 1720, pero sí se reúne con un sector minero cooperativo que entre sus demandas pide la autorización de más áreas [de explotación minera] y dentro de estas áreas, algunas áreas protegidas para poder otorgarles derechos mineros. Esta indignación se traduce también en movilizaciones.
—¿Es el diálogo la clave para destrabar el conflicto?
—Pero tiene que darse con un diálogo sincero, despojándose de criterios partidarios. El ejemplo más claro de esto es la convocatoria al diálogo que se dio mediado por la Iglesia, el Defensor del Pueblo e instancias parlamentarias. Hubo una convocatoria para poder sentarse a dialogar con una agenda abierta, pero al cual no asistieron la Central Obrera Boliviana ni la Federación de Campesinos Túpac Katari. Entonces ahí ves que no hay una voluntad para poder dialogar. Lo que sí no se debería negociar es el tema de los derechos. Hay mucha gente afectada por el tema de los bloqueos y no solamente por un tema de alimentación o aprovisionamiento, sino que hay derechos que se están violando, como el caso de enfermos renales que requieren diálisis.
Se deben buscar los canales de diálogo, pero esta no tiene que estar condicionada necesariamente a la liberación de gente que ha realizado actos de vandalismo y otros acá en el centro de La Paz [como reclaman algunos sectores de los manifestantes].
Este es un hecho que ya hemos vivido en anteriores gestiones, donde claramente gente vinculada al MAS utiliza el mecanismo de la reivindicación y de la movilización para sus fines políticos, que se constituyen al final en hechos que desestabilizan la democracia. Entonces sí hay que agotar canales de diálogo, pero con agendas certeras, despojando de visiones político partidarias en beneficio de ciertos personajes.
—Como explicaba, sectores de las cooperativas mineras han planteado al Gobierno sus intenciones de ingresar a operar a áreas naturales protegidas. El Gobierno ha dado señales de que accedería a este pedido como carta de negociación con los manifestantes. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias ambientales de permitir el ingreso de las cooperativas a estas áreas de naturaleza protegida por el Estado?
—Primero, la contravención de normativas que están antepuestas, que han resguardado estas áreas protegidas. De hecho, dentro de muchas áreas protegidas actualmente ya hay operaciones mineras que alegan tener derechos preconstituidos. Entonces esto ha generado una contravención porque sienta jurisprudencia para que otras quieran valerse de este recurso y quieran ingresar a áreas protegidas. Y al margen de que este sería un efecto de orden legal, los efectos medioambientales serían realmente muy, muy devastadores.
Estas reservas fueron declaradas por su característica para preservar fauna y flora, especies que están en extinción. Bolivia tiene una diversidad en su fauna, especies que no se encuentran en muchas partes del mundo. Ahora, en 2018, 2019 y hasta casi 2020, Bolivia ya tuvo incendios que se habían desarrollado con mucha agresividad sobre la Amazonía y la Chiquitanía, atentando contra estas zonas y otras. Parte de estos incendios se dieron por los chaqueos [una práctica agropecuaria tradicional que consiste en talar y quemar la vegetación de un terreno para limpiarlo y prepararlo para la siembra o el pastoreo] pero también fue por operaciones mineras que en su momento se han ido asentando en estos territorios. Entonces, el efecto que se ha dado sobre la biodiversidad ya ha sido en algunos casos irreversible y esto podría crecer de forma atentatoria contra toda la riqueza que tenemos en fauna y flora en estas áreas.
En este último tiempo se ha detectado ya la presencia diversa de operaciones mineras que alegan tener un derecho preconstituido sobre esas áreas protegidas. Y esto siempre resulta algo complejo de entender por el tema de que hay declaratorias de áreas protegidas que datan de los años 70. Hay un debate abierto sobre el tema de lo preconstituido porque los pueblos originarios alegan que ellos deberían ser quienes tengan el derecho prioritario, el derecho preconstituido por el hecho de haber nacido en estas zonas, por lo cual tendría que anteponerse este como derecho a la vida para poder permanecer en sus territorios y no ser afectados por la actividad minera.
Ahora, pasando al orden jurídico, estos hechos han sentado de alguna forma jurisprudencia para que varias otras operaciones pretendan hacer lo mismo. Sujetos a que el poder político que ejercen particularmente las cooperativas desean acogerse a esta y continuar ingresando a las áreas protegidas.
El otro detalle es el factor ambiental, contaminación, especies que se ven afectadas entre su posible extinción. Es un hecho que genera preocupación.
—Usted mencionaba distintos sectores mineros que están participando de las protestas, como los mineros asalariados. ¿Cómo es este grupo? ¿Cómo está compuesto?
—Los mineros asalariados, en este momento, deben estar bordeando alrededor de los 8000 trabajadores. Dependen de la minería estatal, sus empresas y de la minería privada, muchas de ellas vinculadas a capitales canadienses, transnacionales y demás. La minería asalariada o empresa minera es la que menos presencia ha logrado en el país. Esto si tú lo comparas con el sector cooperativo, donde las cooperativas en este momento tranquilamente están superando las 150 000 personas, solamente en socios. Con los jornaleros y peones se cuadruplicaría o llegarían casi al medio millón de personas. Se estima con estadística oficial que, por ejemplo, en Bolivia de cada diez empleos que genera la actividad minera, nueve son cooperativistas.
El trabajador minero, tanto asalariado como cooperativista, está atravesando por un buen momento, efecto de los precios altos que tienen los minerales. Ya no es la imagen del trabajador de pobreza que se tenía acá entre los años 70, 80. Lo que no quiere decir que sus condiciones de precariedad hayan sido superadas. No estoy mirando los parámetros de pobreza multidimensional, salud, educación y otros aspectos. El bolsillo no les ha permitido superar esas condiciones que tienen todavía por los niveles de mortalidad, niveles de deserción escolar, salud, precariedad en la alimentación. En especial en la Amazonía boliviana, donde se explota oro.
—¿Cómo funcionan estas cooperativas?
—Está el sector tradicional minero en Bolivia, de larga data. Es histórico. En la crisis de 1930, cuando se da el gran shock en Estados Unidos [por la caída de la bolsa de comercio], esto tiene un efecto muy duro sobre Bolivia porque genera muchos despidos en las empresas mineras, de quienes eran los barones del estaño y otros. Luego vinieron las dictaduras en 1960 hasta los años 80 y posteriormente la relocalización masiva de trabajadores en 1986. Esta minería tradicional es minería de estaño, plata, plomo, zinc, cobre y wólfram, bismuto, antimonio, que están diseminados por minas en el occidente boliviano, departamento de Oruro, La Paz, Potosí, parte de Cochabamba.
Actualmente, estas cooperativas tradicionales tienen un margen de ganancia por los precios altos, pero que no les ha permitido superar, por ejemplo, la precariedad de sus operaciones. En una cooperativa del sector tradicional, en algunos puntos se ha podido encontrar, por ejemplo, cooperativas hasta con 400 socios. Es masivo porque para sacar algo rentable tienes que mover toneladas de carga de zinc, plata, plomo, comercializarlo y demás, que no es lo mismo que sucede con las cooperativas auríferas, que están concentradas en La Paz, Beni y algunas diseminadas ya por Pando, Santa Cruz, la Amazonía.
Estas cooperativas pueden llegar a funcionar con lo mínimo que te exige la norma: 12 personas se juntan, hacen todo el papeleo y ya tienen la cooperativa y por un factor de ganancia el precio es alto. Para que la ganancia sea mayor, tratan de no incluir a muchos socios. Conocí algunas cooperativas donde la cantidad no excedía las 40 personas. Entonces el funcionamiento es distinto, la ganancia es mayor. Con el oro no necesitas mover toneladas, sino solamente kilos y con un kilo ya estás con una ganancia considerable.
Estas diferencias han llevado a muchas distorsiones en lo que es el ámbito cooperativo. Y estas distorsiones han tenido un pico hace tres años, cuando las cooperativas auríferas han decidido organizarse en una propia federación nacional. Y esto no les cayó bien al sector tradicional. Hubo enfrentamientos, confrontaciones.
—Las cooperativas mineras tienen un rol protagónico en Bolivia. ¿A qué se debe su poder? ¿Es solo económico o también territorial?
—A lo largo de los últimos 20 años las cooperativas han estado presentes en los gobiernos, con cargos incluso de ministros de minería designados o representantes directos del sector o con participación en viceministerios, asambleas legislativas, la plurinacional con diputados, senadores, gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes, concejales, municipios. Tienen un poder bastante diseminado que les permite dirigir de alguna forma la política minera del país.
Es el poder económico, eso les ha permitido expandirse. En ese momento, en los nueve departamentos que tiene Bolivia, tienen presencia en los nueve departamentos. Por la estadística oficial se estima que la actividad minera legal está en 180 municipios de los 340. Por vía ilegal, tiene una presencia mucho mayor que incluso podría estar oscilando en los 250 municipios. Esto les ha permitido tener una posición geográfica dispersa. Tiene una presencia en toda la gama de minerales que explota Bolivia, desde los minerales no metálicos en el Salar de Uyuni, explotando ulexita y bórax. Tienen presencia explotando en el occidente del país plata, plomo. zinc. Todos los minerales complejos, cobre, antimonio y demás.
Tiene una fuerte presencia explotando el tema del oro en la Amazonía e incluso se habla de que ellos tienen poder sobre ciertas concesiones que tendrían tierras raras. Esto bajo unos contratos ilegales que lo estarían explotando con algunas empresas. Esto les da una capacidad de movilización, pero además dispersa por toda la geografía nacional. Entonces, el poder económico, su presencia geográfica dispersa, ha hecho que ellos tengan espacios de poder en los diferentes niveles de gobierno de Bolivia. Y esto pesa al momento de las decisiones políticas. Son un actor protagónico. Me animo a decir que es el único sector social que sí podría tranquilamente bajar tumbar a cualquier gobierno por esa presencia que tiene y ese poder económico del que dispone.
—¿Cuándo es legal y cuándo es ilegal la minería en Bolivia?
—La diferencia se da en que nosotros podemos hablar en Bolivia de tres categorías. La minería legal, que es aquella que ha cumplido con todos los requisitos que te exige el Estado. La informal, que, si bien ha logrado su certificación como cooperativa, todavía no dispone de una autorización plena de las autoridades para realizar explotación minera pero tiene un derecho, de alguna manera, de nacimiento en el territorio, porque han sido mineros artesanales a los que después la única vía que les quedó para poder formalizarse es conformar cooperativas.
Luego está la categoría ilegal que es muy amplia en Bolivia. En los estudios que hice pude identificar hasta siete tipos de minería ilegal, pero le doy solo un par de ejemplos.
Uno es la cooperativa que ha logrado todas las autorizaciones del Estado, tiene la titularidad del área, pero no la opera sino que se la ha arrendado a un ciudadano colombiano, chino, peruano para que la explote. Es una forma de vulneración a la ley porque está prohibido por la normativa.
Otra forma son las cooperativas que no declaran la totalidad de lo que ganan o sencillamente se prestan en contubernio con alguna empresa privada unipersonal: esta empresa utiliza los papeles de la cooperativa para registrar su producción y así evitar el pago de impuesto por las cooperativas. En Bolivia las cooperativas están sujetas al pago de regalías minera, pero tenemos cuatro impuestos que se aplican a los operadores, a las empresas estatales y privadas, pero las cooperativas están exentas.
Cuando ya entramos a lo ilícito, el tema se torna un poco más complicado. Mucha gente estaba dedicada al al cultivo de la hoja de coca, sobre todo en el lado del Chapare. La hoja de coca ha ido reduciéndose en su costo, sobre todo por la incursión de la coca peruana, entonces su valor está caído en el mercado y esto ha hecho que mucha gente que se dedicaba a este rubro de la coca lo deje y la ha invertido en operaciones de explotación de oro.
Sabemos en Bolivia que toda la hoja de coca que se va produciendo en el Chapare tiene destino al narcotráfico. Entonces ya hay una vinculación ilícita.
Ahora, otro hecho es la incursión de mercurio destinado a las explotaciones de oro en Bolivia, que proviene de México, donde la explotación y exportación de esto era del cartel Nuevo Jalisco, vinculado al tema del narcotráfico.
—¿Cuáles son los impactos ambientales de la minería en Bolivia? ¿Son diferentes los impactos de la minería legal de los de la ilegal o se entremezclan?
—Creo que se entremezclan. Primero, porque no tenemos una clasificación exacta de lo que es la presencia ilegal, salvo por lo que alguna vez vemos con remoción de tierras, que se puede detectar con imágenes satelitales. Pero indistintamente, sea legal o ilegal, el punto es el impacto por el uso desmedido del mercurio y la falta de tecnologías que les permitan un aprovechamiento de lo que es hasta el mismo uso del mercurio. Como hay una falta de control, el comercio de mercurio es libre en Bolivia, pese a que nosotros estamos adheridos al convenio de Minamata.
Lo único que en Bolivia se ha aplicado es un decreto supremo para el Registro Único del Mercurio para registrar a quienes importan, comercializan y exportan mercurio. No hay un factor de trazabilidad para que el que compra declare el destino de ese mercurio. Y si es la minería, claramente diga dónde lo va a usar y qué cantidad, y esta tendría que cruzarse, por ejemplo, para decir tú compras tantos kilos en mercurio, bueno, tendrías que estar produciendo tantos kilos de oro.
El efecto del mercurio es la contaminación de ríos, con su impacto a todo lo que es fauna y flora. Además, hay un tema de deforestación agresiva que se ha ido dando en varios puntos. Parte de esta deforestación ha estado vinculada al tema de chaqueo por aspectos de costos que se ahorran ellos, tienen que bajar árboles, remover tierras y desviar ríos. Porque lo que ha provocado esto es que la gente siga queriendo desviar ríos para optimizar el uso del agua. Se han comido cerros enteros removiendo tierra y esto ha provocado una afectación considerable al ecosistema, algunas con saldos más complicados y lamentables. Porque en el caso de Tipuani, todo este cúmulo de desvío de ríos, deforestación y remoción de tierras, lo que ha provocado es que en los últimos cuatro años Tipuani se inunde al punto de que el alcalde saliente planteó reubicar el pueblo.
Lo paradójico es que ni siquiera las regalías que se recauda en un año por concepto de la explotación de oro sirve para poder atender estas inclemencias que se dan por efecto de la explotación del oro.
—¿Por dónde puede venir una solución a un tema tan complejo y enraizado?
—Hay que darle una mirada integrada. Y por eso es que nosotros en el Cedla hemos planteado unos lineamientos para una política integral del oro. Se necesita una ley del oro, considerando que el oro es casi el 50 % del valor de nuestra producción nacional. Mientras que en el sector tradicional requieres trabajos de geología, metalurgia, puesta de marcha del yacimiento y demás, que por datos del Banco Mundial te toman hasta 17 años con mucho capital, con el oro puedes estar haciendo un relevamiento en un mes, entonces el tratamiento debe ser distinto para lograr también un aprovechamiento efectivo. Por eso mismo debería pensarse en una ley del oro que te permita aprovechar de forma eficiente, limitando dónde sí y dónde no debería hacerse la explotación del oro.
Identificando actores que hasta ahora son invisibilizados, que mientras tú no visibilices, factores como la trazabilidad y debida diligencia van a ser imposibles de verificar. Pero también el uso y el destino de la regalía minera. Actualmente con la normativa solo se establecen porcentajes de recaudación de regalía, pero no así el destino que debería darse a esta regalía. Por eso es que mucha gente rechaza la explotación porque no ve un beneficio directo para la población, para el municipio. ¿Cuál debería ser el rol del Estado? ¿Solo recaudar de forma rentista? ¿Debería hacer algo más el Estado? ¿Instalar refinadoras, centralizar la comercialización? Va por ahí.
*Imagen principal: mineros gritan consignas durante una protesta antigubernamental en La Paz, Bolivia, el jueves 21 de mayo de 2026. Foto: AP/Juan Karita
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