- El Tribunal Contencioso Electoral multó por un total de 18 000 dólares a dos integrantes de Yasunidos, la organización que promovió la prohibición de la extracción petrolera en el Yasuní en 2023.
- El Consejo Nacional Electoral los denunció por desglosar incorrectamente 39 centavos en un informe contable de la campaña de aquella consulta popular, entre otras acusaciones.
- La ley electoral no contempla sancionar a promotores de consultas populares y, además, expertos electorales señalan que la sanción es desproporcionada.
- Otras tres organizaciones sociales que hicieron campaña a favor del Yasuní enfrentan procesos y sanciones similares.
En 2023, el colectivo Yasunidos logró que la ciudadanía fuera a una consulta popular y decidiera dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra. Esta victoria fue empañada por el incumplimiento de aquella decisión ciudadana y, actualmente, porque los dirigentes de Yasunidos enfrentan una sanción de 18 000 dólares por presuntas omisiones en la rendición de cuentas de campaña.
“Es evidente que hay un intento de callarnos y amedrentarnos”, dice a Mongabay Latam Pedro Bermeo, coordinador jurídico del colectivo, promotor de la consulta ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y uno de los sancionados. Fausto Camacho, experto electoral, concuerda: “Se pretende disuadir e impedir la libre participación de los ciudadanos”.
El CNE denunció a Yasunidos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por una serie de supuestas irregularidades: la falta de entrega de estados bancarios de la cuenta electoral, registros contables sin el detalle correspondiente, presentación extemporánea de reportes de campaña y falta de justificación de origen de aportes realizados por terceros.
“Es un tema de fondo versus forma. Esto no impidió el acceso ni el análisis de la información, hubo total transparencia y con la información que se entregó se pudo realizar la fiscalización correspondiente”, asegura Sofía Torres, responsable del manejo económico de Yasunidos y una de las sancionadas.
El caso fue archivado en primera instancia porque se determinó que en la normativa no existe la posibilidad de sancionar a los promotores de una consulta popular. Bermeo dice que en el derecho, para ser sancionado, el sujeto acusado tiene que figurar en la norma. “El Código de la Democracia sanciona a partidos y movimientos políticos que no presenten información contable, pero en ningún lugar dice colectivo social o promotores”, agrega.
El CNE solicitó la sanción máxima, que implica una multa de 70 salarios básicos y cuatro años de suspensión de derechos políticos para tres dirigentes, incluyendo a Antonella Calle, jefa de campaña. En segunda instancia, el pleno del TCE resolvió sancionar a Bermeo y Torres con una multa de 9000 dólares para cada uno.
Para Camacho, así Yasunidos fuese sujeto de esa penalidad, “no hay proporcionalidad en la sanción respecto del supuesto hecho de inflexión”. Además, señala que este hecho no es exclusivo, sino que se trata de una agenda de [el presidente Daniel] Noboa que “en lo electoral implica la desaparición de la oposición”.
Al menos otras tres organizaciones que hicieron campaña por el Sí enfrentan procesos similares. Además, como parte de esa agenda, según Camacho, está la suspensión temporal por nueve meses de Revolución Ciudadana, la principal fuerza política de oposición al gobierno de Noboa. El CNE también eliminó los partidos Unidad Popular y Construye, y adelantó las elecciones seccionales de febrero de 2027 a noviembre de este año.
Mongabay Latam pidió las versiones del CNE y del TCE, pero ninguna de las instituciones respondió hasta la publicación del artículo.
Una multa de 18 000 dólares por 39 centavos
Torres aclara que Yasunidos no recibió recursos públicos para la campaña, sino que captó donaciones en una cuenta bancaria abierta exclusivamente para ese fin. Los fondos públicos electorales fueron directamente del CNE a los medios de comunicación a través de los cuales Yasunidos y otras nueve agrupaciones inscritas por el Sí decidieron difundir el material comunicacional.
Aún así, la organización estaba obligada a transparentar e informar al CNE sobre sus ingresos y egresos, algo que hizo tras la campaña, en 2023, aseguran sus miembros consultados. En 2024 los integrantes del colectivo recibieron una notificación para hacer precisiones. “Se hicieron los cambios, modificaciones y aclaraciones que solicitaba el CNE”, dice Torres. Sin embargo, a finales de 2025 recibieron una nueva notificación con una demanda del organismo electoral por supuestamente no haber hecho las correcciones.
Dos de las seis denuncias del CNE giran en torno a un comprobante de 10.39 dólares por el pago de impuestos municipales. El CNE exigió que en el reporte se desglosaran 10 dólares para el pago de impuestos y 39 centavos para transacciones bancarias. No obstante, Torres asegura que esa observación no constaba en la notificación inicial, sino que fue introducida posteriormente, evitando que Yasunidos hiciera los cambios requeridos a tiempo.
“[Los 39 centavos] no cambian nada ni afectan nada”, afirma Bermeo. Además, detalla que la norma electoral dice que el monto principal y el monto secundario pueden ir en una misma celda.
Sobre los estados de cuenta, Torres indica que la campaña operó con una cuenta de BanEcuador y que toda la información fue incluida en los informes entregados al CNE.
Otra observación tiene que ver con el cierre del Registro Único de Contribuyentes (RUC), abierto también exclusivamente para la campaña. Yasunidos presentó un documento que muestra el cierre del RUC, pero además se les exigió una fe de recepción por parte del Servicio de Rentas Internas. “Eso no está en la ley, lo importante es cuándo cerramos el RUC”, asegura el coordinador jurídico.
El CNE también denuncia la entrega extemporánea de informes. Torres aclara que se trata del primer informe quincenal, que fue entregado con unos días de retraso durante el periodo en el que Yasunidos aún estaba en capacitación. Además, hasta ese momento no se habían recibido donaciones ni había movimientos que reportar y que el retraso no impidió el acceso a la información ni a la fiscalización posterior.
Por último, con respecto a la denuncia de falta de justificación de aportes realizados por terceros, Torres explica que se trata de un monto 100 dólares que fue donado siguiendo todos los requerimientos. El donante adjuntó un contrato de arriendo como sustento del origen de la donación. Posteriormente, el CNE exigió que el contrato estuviera notarizado. “Para ninguna otra donación se pidió notarización y tampoco se exige en el Código de la Democracia”, afirma la responsable del manejo económico.
El proceso y la sentencia
El equipo jurídico de Yasunidos afirma que encontró una serie de irregularidades en el proceso desde la etapa administrativa. El CNE habría incumplido el término de 30 días para resolver el proceso de subsanación, tardando cinco meses, tras lo cual habría enviado el caso al tribunal, de acuerdo con Bermeo. Los integrantes del colectivo no habrían sido notificados en sus domicilios, lo que mandaba el reglamento vigente en ese momento, impidiendo su derecho a la impugnación.
La mayor parte de los argumentos presentados por el colectivo durante la audiencia y en contestaciones escritas no fueron atendidos ni respondidos por el pleno del TCE en la sentencia, aseguran en diálogo con Mongabay Latam.
Bermeo también notó que la decisión del tribunal atribuye acciones “imposibles” a los denunciados. Por ejemplo, el párrafo 67 de la sentencia afirma que Yasunidos alegó vulneración al debido proceso al pretender imputar una responsabilidad que ya fue descartada en primera instancia por atipicidad del sujeto. “¿Cómo alegamos algo si nosotros ganamos en primera instancia? Nosotros no apelamos, fue el CNE el que apeló”, insiste el coordinador jurídico.
Frente a estas supuestas contradicciones, Yasunidos presentó un recurso de aclaración ante el tribunal, pero el organismo se habría negado sin dar explicaciones. Para Bermeo, la negativa confirma que no existe respuesta posible a esas inconsistencias.
Otras organizaciones, afectadas
Denuncias similares del CNE afectan a al menos otras tres organizaciones que participaron en la campaña por el Sí en la Consulta Popular del 2023. Se trata de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).
La CONAIE enfrenta un proceso por la rendición de cuentas correspondiente al periodo en el que Leonidas Iza fue su presidente. Iza es uno de los rostros más visibles del movimiento indígena, por haber liderado dos grandes manifestaciones que consiguieron detener la eliminación del subsidio a los combustibles en 2019 y 2022. También fue candidato a presidente y ahora es el principal dirigente de los pueblos indígenas de la Sierra.
Carlos Poveda, abogado de Iza, indica que la organización sí cumplió con la entrega de informes, pero que hubo observaciones técnicas sobre los valores registrados. “Era más una situación de carácter de ajustar cuentas y sí se hizo”, asegura.
La audiencia está prevista para mayo. “No tenemos ninguna expectativa de imparcialidad. Ya entendemos que el Tribunal Contencioso Electoral está cooptado por el Gobierno”, afirma el abogado.
Según Vladimir Andocilla, abogado de la UNE y la UGTE, sus dirigentes acumulan multas de 18 000 dólares cada uno por dos sanciones. En el caso de la UGTE, una de las observaciones se refiere a que sobraron 50 centavos de dólar en la cuenta de campaña que no fueron transferidos a la cuenta de la organización sindical. “La justificación de los jueces no toma en cuenta que se trata de organizaciones sindicales con una protección reforzada ante el Estado”, señala.
A criterio de Bermeo, las denuncias del CNE son “absurdas”, principalmente en contraste con las acciones del gobierno de Daniel Noboa. En el pasado se señaló al Presidente por hacer campaña electoral sin pedir licencia, como manda la Constitución, y porque sus ministros hicieron campaña en pleno silencio electoral.
En el caso de Yasunidos, el colectivo tiene hasta el 14 de mayo de 2026 para pagar las multas. De no hacerlo, podría iniciarse un proceso de coactiva con posible congelamiento de cuentas o embargo de bienes. Sus integrantes lanzaron una campaña para recaudar fondos. En paralelo, el colectivo prepara una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional para impugnar la sentencia.
Imagen principal: líderes indígenas y jóvenes activistas envían un mensaje a la sociedad ecuatoriana antes del referéndum sobre el destino del Parque Nacional Yasuní, en 2023. Foto: cortesía Martin Kingman/Amazon Frontlines
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