- Se estima que por lo menos 48 personas fueron asesinadas tras el enfrentamiento entre las disidencias de las Farc de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Iván Mordisco’ a finales de mayo.
- Al casco urbano de San José del Guaviare han llegado 10 familias jiw desplazadas de Mapiripán, Meta.
- Los enfrentamientos han ocurrido cerca a la vía Tomachipán-Cumare, una trocha ilegal usada por las disidencias como corredor estratégico para movilizarse y transportar insumos del narcotráfico en el departamento de Guaviare.
- Controlar esta zona es importante para los grupos armados porque significa dominar el norte del departamento y estar cada vez más cerca de la frontera con Venezuela.
Desde el pasado 26 de mayo, zonas rurales de San José del Guaviare, en la Amazonía colombiana, volvieron a convertirse en escenario de guerra. Los enfrentamientos entre las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) comandadas por Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, y Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, ya dejan por lo menos 48 personas asesinadas. Los combates entre estos dos grupos armados se concentran en una zona estratégica para el negocio de economías ilícitas sobre el río Guaviare.
La comunidad campesina de Cumare y los indígenas nukak y jiw del resguardo Barranco Colorado empezaron a escuchar disparos y debieron esconderse en sus casas. Desde ese 26 de mayo procuran no salir de sus casas. “La gente está en alerta máxima, nadie se mueve porque les da miedo quedar en medio del enfrentamiento”, manifestó un campesino que vive en Charras, zona rural del municipio de San José del Guaviare y que por seguridad prefiere la reserva de su nombre.
“Sabíamos que algo así podía pasar. Una bomba cayó en medio de la cancha deportiva, aquí en la vereda Siberia”, dijo una campesina que ha sido testigo de los enfrentamientos desde sus inicios y que también solicitó el anonimato.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que “las estructuras criminales de alias ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’ se enfrentaron entre sí en el sector de Barranco Colorado, jurisdicción de San José del Guaviare, a más de 140 kilómetros al oriente del casco urbano, por disputas de narcotráfico, extorsión y otras economías ilícitas”. Según sus declaraciones, las 48 personas asesinadas serían miembros de la estructura de ‘Mordisco’ y señaló que habría menores de edad reclutados en el departamento del Cauca.
En una investigación publicada por Mongabay Latam y Rutas del Conflicto, se reveló cómo se ha dado la consolidación de la vía Tomachipán-Cumare, un corredor ilegal que atraviesa en línea recta de sur a norte el Resguardo Nukak y llega al resguardo Barranco Colorado. El reportaje documentó cómo ambas disidencias se han enfrentado por el control de este territorio y han abierto esta trocha entre el río Inírida y el río Guaviare para movilizar cocaína, armas y material explosivo en medio de la selva amazónica. Los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’ iniciaron muy cerca de esta vía, que es vital para los negocios ilícitos de ambos grupos y cuyo uso se ha intensificado.
Y es que alrededor de esta trocha de 47.5 kilómetros prevalece la siembra de cultivos de coca. El análisis satelital realizado por Mongabay Latam muestra que desde 2019 hay al menos 30 hectáreas de cultivos a cinco kilómetros de la trocha y 430 hectáreas a 15 kilómetros. A solo cinco kilómetros de la vía, el incremento en los cultivos ha sido de un 58 % entre 2019 y 2025.
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Una disputa que no termina
Un excombatiente del Bloque Oriental de las FARC contó que esta trocha permite reducir distancias al momento de sacar la pasta de cocaína que se encontraba en la Reserva Nacional Natural Nukak. “Es mucho más sencillo movilizarnos en línea recta desde Tomachipán al río Guaviare que irnos por el río Inírida y subir hasta San José del Guaviare”, afirmó.
Para las disidencias de ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’ es primordial controlar este sector porque, quien lo logre, controlará el norte del departamento del Guaviare, el sur del departamento de Meta y el río Guaviare que conduce al oriente del departamento de Guainía, que limita con Venezuela.
Las disputas entre estas dos disidencias, como lo explicó una fuente en terreno que pidió la reserva de su nombre, se dan en un punto estratégico porque funciona como una bisagra entre corredores fluviales, trochas clandestinas y zonas de selva de difícil acceso en el departamento.
Desde allí es posible conectar rutas hacia el río Guaviare y el río Inírida, mover cargamentos de cocaína y armas, controlar el tránsito entre veredas, cobrar extorsiones y controlar también economías lícitas como la ganadería. Además, permite mantener presencia sobre áreas cercanas al resguardo Nukak, donde se encuentran las plantaciones de coca y los laboratorios. Es una zona históricamente con presencia de grupos armados y era dominada por la antigua guerrilla de las FARC.
Kyle Jhonson, director de investigaciones de la Fundación Conflict Response, le explicó a Mongabay Latam y Rutas del Conflicto que esta masacre se suma a la ofensiva de ‘Calarcá’ por conquistar los territorios que tenía ‘Mordisco’. “Es un territorio para ir llegando a la frontera, para pasar por varios pueblos y llegar a Venezuela. ‘Calarcá’ no tiene el dominio sobre las fronteras y eso es importante para él”, enfatizó Jhonson.
Además, explicó que se trata de una zona clave para el control de las economías lícitas e ilícitas del departamento debido a su conexión con los corredores fluviales. Según mencionó, dominar este territorio también permitiría a ‘Calarcá’ golpear militarmente a la disidencia de ‘Iván Mordisco’, al interrumpir las comunicaciones entre las estructuras armadas que operan en Guaviare y Meta.
En esto coincide un investigador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) que pidió el anonimato e indicó que la disidencia de ‘Calarcá’ “ha abierto carreteras en la zona y ha impulsado una estrategia deliberada de conquista y control territorial, especialmente hacia [el departamento de] Caquetá”. Según señaló, esa expansión permitió el ingreso de colonos y el desarrollo de proyectos ganaderos y agroindustriales que terminan de consolidar el dominio de las disidencias sobre el territorio, incluso sin una presencia armada permanente.
El sector de Barranco Colorado conecta con la llamada ‘Trocha ganadera’, un corredor abierto ilegalmente en medio de la selva del Guaviare, y que atraviesa el Parque Nacional Sierra de La Macarena, para conectar fincas, mover ganado y facilitar el acceso a zonas cada vez más profundas de la Amazonía.
Las comunidades que habitan sobre esta vía se encuentran confinadas debido a los constantes enfrentamientos de los grupos armados. “Tener el control sobre la Trocha ganadera es estar cada vez más cerca de San José del Guaviare y de controlar todo el departamento, rumbo a Caquetá”, afirmó un investigador en terreno que por seguridad prefiere no ser identificado.
Los pueblos indígenas jiw y nukak en inminente peligro
Desde 2024 la crisis humanitaria en Guaviare comenzó a agravarse tras los enfrentamientos entre las disidencias de alias ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’ en corredores estratégicos del departamento. En medio de los combates, comunidades indígenas jiw quedaron atrapadas entre las restricciones armadas, el miedo al desplazamiento y el riesgo de confinamiento.
Autoridades y organizaciones humanitarias alertaron sobre familias que han tenido que abandonar sus territorios o limitar su movilidad por temor a quedar en medio de la confrontación.
El pasado 27 de mayo unas 10 familias del pueblo indígena jiw llegaron desplazadas al casco urbano de San José del Guaviare tras cruzar el río Guaviare, provenientes del municipio de Mapiripán, Meta. “Llegaron al polideportivo porque ‘Calarcá’ los desplazó tras enterarse que algunos jóvenes de la comunidad se habían ido a prestar servicio militar”, informó Yuldor Muñoz, enlace indígena de la Alcaldía de San José del Guaviare.
La comunidad jiw del resguardo Barranco Colorado aún no ha llegado a San José del Guaviare, pero líderes indígenas que viven en el casco urbano esperan que arriben en los próximos días. “Ahorita no es seguro que lleguen. La guerrilla sigue en la zona y no hay cómo salir del territorio. No nos hemos podido comunicar con los líderes de allá. No sabemos si es el Ejército o los otros quienes bloquean la señal”, puntualizó uno de los líderes jiw que por seguridad pidió la reserva de su nombre.
Esta historia de guerra y sangre no es nueva para los nukak y los jiw. En diciembre de 2024 hubo una masacre muy cerca del resguardo Barranco Colorado. Allí asesinaron a cuatro personas, entre ellas un menor de edad y un funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad del Estado encargada de la protección de la primera infancia. El hecho era confuso, nadie sabía qué estaba pasando. Algunas respuestas llegaron un mes después, cuando la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana que evidenciaba el inminente riesgo en la zona por una disputa territorial y de recursos entre estas dos disidencias de la antigua guerrilla de las FARC.
Desde la llegada de los jiw a San José del Guaviare, el pasado 27 de mayo, el alcalde del municipio, Willy Rodríguez, pidió el apoyo del Ministerio del Interior y del Gobierno Nacional para atender la crisis humanitaria. La Fuerza Pública se encuentra en la Trocha Ganadera, pero no ha logrado llegar hasta el lugar de la masacre. “El municipio ha tratado de responder con ayudas y acompañamiento, pero nuestra capacidad ya está desbordada”, manifestó Yuldor Muñoz.
La Cuarta División del Ejército informó que activó una ruta social comunitaria para permitir el traslado de los cuerpos de 48 personas asesinadas hacia un punto acordado con autoridades civiles y organismos humanitarios. “Las Fuerzas Militares continuarán desplegando sus capacidades para proteger a la población civil”, señaló la institución en un comunicado.
Un funcionario de la Fuerza Pública, en condición de anonimato, le manifestó a esta alianza periodística que desde la tarde del 28 de mayo se coordinó un corredor humanitario entre la Alcaldía de San José del Guaviare, la Defensoría del Pueblo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA), Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja para trasladar los cuerpos a Medicina Legal y atender posibles nuevos desplazamientos. “A las 6 de la mañana [del 29 de mayo] llegaron los cuerpos. Todavía estamos a la espera si la comunidad se va a desplazar”, aseguró, e indicó que entre las víctimas habría menores de edad.
La situación en el departamento de Guaviare es grave y es que los nukak y los jiw forman parte de los 34 pueblos indígenas identificados por la Corte Constitucional en 2009 como en riesgo de desaparición física y cultural, principalmente por el impacto del conflicto armado. Allí el alto tribunal advirtió que estas comunidades “han sido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos, y del Derecho Internacional Humanitario”.
*Imagen principal: la vía Tomachipán-Cumare es una trocha ilegal usada por las disidencias como corredor estratégico que se ha convertido en epicentro de violencia. Foto: Juan Carlos Contreras
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