- Un informe de la investigadora Diana Papoulias estima los impactos acumulados de la petrolera mexicana a lo largo de 100 años de explotación en el país.
- La investigación advierte la falta de transparencia para medir los impactos, la inconsistencia de información con datos de otras entidades de gobierno y la complejidad para estimar los daños y costos de la empresa estatal.
- También se identifican caminos para la remediación de la industria y que requieren mayores mediciones de los impactos.
- Especialistas y la autora, consultadas por Mongabay Latam, explican los retos y desafíos para implementar medidas que permitan remediar ambientalmente parte de los impactos que ha dejado la industria petrolera en México.
Los impactos ambientales de Petróleos Mexicanos (Pemex) a lo largo de más de 100 años en el país van más allá de los derrames. El costo para los mexicanos de abandonar adecuadamente su infraestructura y limpiar las áreas contaminadas por su actividad es de más de 532 000 millones de dólares, de acuerdo con un reciente informe dado a conocer por las organizaciones LINGO y Engenera.
La investigación no solo contempla la extracción de petróleo crudo como fuente de contaminación, sino que también considera fuentes como el agua congénita —el líquido asociado al crudo que se extrae cuando se perfora un pozo petrolero— los residuos petroleros, como lodos, metales pesados y elementos radiactivos.
El informe “La deuda ambiental de Pemex” sostiene que la contaminación de la empresa estatal es generada principalmente por dos razones: la escala masiva de explotación y una “supervisión ambiental sumamente laxa”.
Diana Papoulias, investigadora y autora del informe, destaca también en el documento la dificultad para acceder a información que permita medir de forma precisa el impacto ambiental de la empresa estatal. Incluso, señala, hay información proporcionada que es contradictoria o poco consistente con datos de otras dependencias públicas.
Sin embargo, la autora logra estimar impactos acumulativos en ríos, lagunas, presas y especies pesqueras comerciales, principalmente en estados del Golfo de México, como Veracruz, Tabasco y Tamaulipas.
También identifica pozos productivos y desactivados, así como hectáreas impactadas por contaminación y promedio de derrames en los últimos años. Al mismo tiempo aborda enfoques y tecnologías para la remediación de los sitios contaminados.
Mongabay Latam, consultó a Pemex y al Gobierno de México para tener su versión sobre el recuento estimado de los impactos ambientales y las propuestas de remediación, sin que hasta la publicación de esta nota haya una respuesta.
Mares, ríos, lagunas, peces y personas afectadas por Pemex
El informe estima la existencia de 29 000 pozos en 22 de los 32 estados del país, de los cuales solo 7000 están activos (un 25 %). La mayoría de ellos también están ubicados en la zona oriental del país, bordeando el Golfo de México, en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.
Además, existen 6777 ductos utilizados para transportar hidrocarburos cuya longitud supera los 68 800 kilómetros, “equivalente desde el ecuador a 1.7 vueltas a la Tierra”.
Si bien Pemex reporta un inventario de sitios contaminados por año, el informe cuestiona la precisión para medir esas áreas y advierte una subestimación del registro. Por ejemplo, mientras la petrolera reporta cerca de 1385 hectáreas contaminadas por remediar, otros estudios hechos por universidades con bases de datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señalan 7200 hectáreas contaminadas solo en el estado de Tabasco.
“Esto sugiere que no hay consistencia en la notificación [por parte de la petrolera] a Semarnat de todos los derrames relacionados con Pemex. Ambas bases de datos combinan información de contaminación histórica con eventos actuales, lo que dificulta separar cuándo ocurrieron los eventos”, precisa el estudio.
La misma petrolera estima que para remediar las 1385 hectáreas en su inventario se requieren 11 000 millones de pesos (cerca de 640 millones de dólares) así como otros 3500 millones (203 millones de dólares) sólo para la remediación de 40 presas contaminadas.
El documento señala que el costo tan alto para remediar 40 presas “refleja la dificultad en el proceso de remediación de estos sitios”, los cuales son espacios asociados con antiguos pozos que se utilizaban para depositar todos los materiales de desecho, como los recortes petroleros y lodos de perforación.
La investigación también detalla la dificultad para hacer una remedición de acuerdo al sitio y al tipo de crudo derramado. Por ejemplo, la autora explica que el petróleo crudo ligero es más tóxico, pero se evapora rápidamente y flota en el agua. Mientras que los crudos más pesados, que son menos tóxicos pero tienden a hundirse en el agua, se adhieren a los suelos y a la vegetación, lo que hace más difícil su limpieza.
El informe destaca que no se cuenta fácilmente con información del tipo de hidrocarburo derramado, pero que asociar los derrames a pozos, oleoductos o instalaciones y presas puede brindar información para definir el tipo de medición requerida.
“En Tabasco y Veracruz, los sitios contaminados a menudo se encuentran localizados en suelos agropecuarios. Estos no solo son receptores biológicos potenciales para los contaminantes de hidrocarburos, sino que la suma de pesticidas, herbicidas y fertilizantes aplicados en estas áreas pueden crear mezclas de contaminantes ambientales que pueden ser potencialmente más perjudiciales que solo los hidrocarburos”, advierte el documento.
Petróleo y gas en el mar
El informe también analiza la explotación de hidrocarburos en el mar, donde si bien se generan los mismos contaminantes que la tierra, los procesos son más complejos y los riesgos de accidente son mayores, con más dificultad para supervisar, medir y remediar.
De acuerdo con un registro de derrames y accidentes dentro de instalaciones recopilado por Pemex, desde octubre 1997 hasta agosto 2022, se han reportado 1083 derrames. El informe explica que aunque los episodios parecen haber disminuido de un máximo de 1518 eventos en el año 2000 a casi 100 eventos por año entre 2009 y 2011, los derrames reportados por Pemex repuntaron entre 2018 y 2021 al superar los 1000 casos por año.
Esto coincide también con un patrón identificado en una investigación de Mongabay Latam y Data Crítica, basada en imágenes satelitales recabadas por científicos y evidencia recopilada por comunidades pesqueras que demuestra que las petroleras no han reportado a las autoridades cerca del 60 % de los derrames petroleros en el Golfo de México.
Papoulias destaca la importancia del tema con un antecedente clave, la explosión de la plataforma Deepwater Horizon en 2010, operada por British Petroleum, y que provocó el derrame de 4.9 millones de barriles de petróleo en el Golfo de México.
“Si algo al nivel de Deepwater Horizon pasa en aguas profundas va a ser un desastre. En el deepwater hay menos animales, menos peces. Pero lo peor es cuando el petróleo llega a la costa porque es donde están la mayoría de los criaderos para los peces y otros organismos acuáticos, donde está la gente, el turismo”, sostiene la especialista.
Además de los derrames, el documento alerta sobre el manejo de los recortes de perforación, (lodos y agua congénita) como los desechos que pueden contaminar si no se eliminan adecuadamente. Hasta finales de 1980, detalla la investigación, la práctica común era verter estos residuos al mar.
Incertidumbre y opacidad, un foco rojo
El informe plantea que las inconsistencias en la información reportada sobre sitios contaminados, así como la falta de transparencia por parte de la empresa estatal son elementos que contribuyen a la incertidumbre sobre la supervisión regulatoria.
Esta opacidad se da incluso para identificar y remediar sitios contaminados al no haber claridad sobre cómo se determina que un lugar libró la contaminación por hidrocarburos. Papoulias, autora del informe, señala que el saldo ambiental calculado es una estimación que puede ser mucho más alta.
“Esto tampoco es el costo total, sabemos que es mucho más en cuanto a salud humana y de vida silvestre. El costo de una industria sin controles y en un Estado muy débil en términos de infraestructura y además del vandalismo que tiene [robo de combustible] es una situación muy grave y por eso hay que tener al ciudadano vigilando”, dice a Mongabay Latam la especialista en ecotoxicología.
Para Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana México, la falta de transparencia en la actividad de Pemex ha contribuido a tener un contexto perfecto para ocultar los impactos socioambientales de la industria.
“Es una práctica sistemática de ocultar información y no rendir cuentas. Habría que preguntarnos exactamente qué está pasando y por qué parece política de Estado [ocultar información]. Se está tratando de mantener una imagen de Pemex benefactor cuando genuinamente está teniendo impactos socioambientales muy graves”, cuestiona Terrazas.
Un caso que recientemente reflejó este patrón, cuando en febrero pasado ocurrió un derrame cuyos remanentes impactaron casi 1000 kilómetros de costa del Golfo de México. Las autoridades inicialmente negaron la fuga de un ducto y lo atribuyeron a emanaciones naturales de hidrocarburo. Ante la presión de comunidades y la sociedad civil, así como evidencia recolectada por científicos, el Gobierno de México reconoció meses después la responsabilidad de Pemex en el derrame e incluso la separación de cargo de tres funcionarios que presuntamente ocultaron la información a los altos mandos.
Lo que vimos con este derrame, dice Terrazas, fue la falta de coordinación entre las instituciones responsables, por lo que sostiene que la política pública debe reconocer que mientras se esté extrayendo petróleo habrá accidentes y derrames.
“Si ya sabemos qué va a suceder, tiene que haber una respuesta donde se incluya informar a la población. Hay que meter el tema de transparencia, rendir cuentas y una reparación del daño que va más allá de limpiar el chapopote [hidrocarburo] en las playas y de dar una transacción económica a corto plazo”, explica a Mongabay Latam.
Caminos hacia la remediación
Un planteamiento central del informe es que México debe fortalecer su política de remediación en los sitios contaminados. Papoulias pone como ejemplo el programa Superfund de Estados Unidos, donde se establece un financiamiento, inventarios públicos y mecanismos de responsabilidad ambiental.
Para el caso de México, reconoce que el panorama es más complejo.
“Primero, no debe ser Pemex quien lo haga. Tiene que ser otra agencia, debe ser independiente. Pero creo que tiene que ser gubernamental, tiene que estar involucrada la academia y también el sector público”, señala la especialista.
La experta señala que incluso se debe pensar en una “industria de remediación” impulsando la educación e investigación en los impactos de Pemex en el país.
“Una alternativa es invertir en sus universidades, invertir en los técnicos porque es un problema enorme a nivel país. Un desastre a este nivel se puede cambiar”, expone.
Terrazas coincide en la necesidad de involucrar a otras entidades en la medición del impacto de Pemex para trazar una posible ruta de remediación.
“Para poder remediar también hay que medir el daño ambiental y no se está haciendo esa medición. Recorridos en playas no son mediciones de daño ambiental y ahí entonces hay que hacer acuerdos con las universidades que trabajan los temas de petróleo”, dice la ambientalista a Mongabay Latam.
La directora de Oceana México destaca el informe publicado al señalar que es un primer intento por medir un impacto y ponerle un número al costo.
“O hay silencio o va a venir una negación del Gobierno federal. Pero ya se empieza a calcular en números la dimensión del daño. Ese es el ejercicio que no se ha hecho. El daño es todo lo que no vemos, lo que cae al fondo marino, lo que justamente no se ve en la playa, los animales que mueren que no van a llegar a la playa y el deterioro de las actividades de las que dependen las comunidades costeras. Eso es lo que no se está midiendo”, insiste.
Beatriz Olivera, directora de la organización Engenera, Energía, Género y Ambiente, también respalda la investigación del estudio y agrega otra iniciativa para la remediación en México que consiste en modificar las reglas del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, para que los ingresos provenientes por la venta de hidrocarburos también sean destinados a actividades de remediación en al menos 300 sitios que, de acuerdo con la organización, permanecen contaminados en todo el país por la actividad de Pemex.
“En México no tenemos un fondo. Lo que estamos pidiendo es que al menos se incluya en el Fondo Mexicano del Petróleo es una pequeñísima demanda en comparación con lo que se tienen en otros países”, explica a Mongabay Latam.
Olivera señala que históricamente se ha minimizado el impacto de las actividades petroleras de Pemex por la riqueza que ha generado, pero destaca también la necesidad de medir su impacto para un camino hacia la remediación.
“El petróleo sigue siendo tan importante para los tomadores de decisión de este país que se sigue minimizando todo lo que tiene que ver con remediación. Es necesario exponer los impactos, no para satanizarlos, sino para tomar las acciones en materia de política pública que tienen que ser necesarias”, considera la especialista.
También considera que las personas afectadas son quienes tendrían el derecho de exigir medidas de remediación como un principio de justicia histórica de la industria petrolera.
“Los fósiles tienen un impacto fuerte en los territorios. Todavía no se ha expuesto en su justa dimensión la necesidad de remediar estos sitios contaminados y de valorar hasta qué punto pueden ser remediados, porque también hay sitios que en realidad tienen un impacto mucho mayor”, señala Olivera.
*Imagen principal: de acuerdo con un registro de derrames y accidentes dentro de instalaciones recopilado por Pemex, entre 1997 y 2022, ocurrieron 1083 derrames. Foto: Secretaría de Energía
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