- La ciudad de Santa Marta es sede de la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, organizada por Colombia y Países Bajos.
- Más de 1500 participantes de cerca de 60 países debatieron propuestas para acelerar una transición energética justa y reducir la dependencia del petróleo, el gas y el carbón.
- Pueblos indígenas y afrodescendientes exigieron que la transición energética no implique nuevas formas de extractivismo y pidieron proteger sus territorios de proyectos petroleros y gasíferos.
- Más de 500 científicos elaboraron propuestas para facilitar la transición energética.
A principios de esta semana, una enorme serpiente rojiza de más de 10 metros bloqueó durante unos minutos —junto a varios paneles solares— el ingreso a uno de los puertos de exportación de carbón más importantes de Colombia, el puerto Drummond. Era parte de una manifestación convocada por una coalición de activistas ambientales de la Flotilla por la Justicia Climática, que llegaron a la ciudad de Santa Marta luego de 13 días de travesía por el Caribe.
Su llegada hasta el puerto, donde se pueden almacenar 1.5 millones de toneladas de carbón y cargar hasta 60 millones de toneladas de carbón al año, no fue casualidad. Desde el pasado 24 de abril, Santa Marta ha sido la sede de la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, un evento organizado por Colombia y Países Bajos para impulsar soluciones que aceleren una transición energética justa y equitativa, que permita superar la dependencia del petróleo, el carbón y el gas, causantes de más del 75 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.
La ministra de Ambiente (encargada) de Colombia, Irene Vélez, aseguró: “Decidimos desarrollar esta conferencia en Santa Marta porque expresa una de las grandes contradicciones de nuestros tiempos: por un lado, es el macizo montañoso litoral más alto del mundo, elevándose desde el mar Caribe hasta los 5700 metros y creando una isla biogeográfica de altísima diversidad ecosistémica y cultural; por otro, es uno de los principales puertos de exportación de carbón de Colombia y las Américas”. Desde allí, afirmó, se calcula que han salido más de 800 millones de toneladas de carbón hacia el mercado internacional, con un impacto mayor a 1000 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente. “Es una compensación imposible. Un balance inviable. La eliminación de los combustibles fósiles resulta inevitable para salvar la vida en el planeta”, insistió Vélez.
Con esa idea, en los últimos días la ciudad ha acogido encuentros entre más de 1500 participantes, incluidos delegados de cerca de 60 países, parlamentarios, académicos, científicos, campesinos, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, organizaciones de mujeres, sindicatos, representantes de la sociedad civil y de las empresas. Todos llegaron con un objetivo común: proponer alternativas para trazar una hoja de ruta que permita dejar atrás la dependencia de los combustibles fósiles de forma coordinada y acelerada, y forjar una especie de coalición entre los países dispuestos a avanzar más rápido y a escuchar a distintos sectores sociales para lograrlo.
“El mundo nos ha dicho que la salida no son los combustibles fósiles, sino cuidar los ríos, las montañas, el aire, la flora, la fauna. Cuidar la naturaleza e incluirnos en ella. Invito a que de esta conferencia salga un elemento vinculante que nos facilite a las comunidades y los territorios hacer una transición energética justa, territorial y comunitaria”, aseguró el martes pasado, al inicio de la plenaria del segmento de alto nivel del encuentro, Yuvelis Morales, activista ambiental colombiana que recibió el 20 de abril el Premio Medioambiental Goldman 2026 por su liderazgo para evitar proyectos de fracking en su comunidad.
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Los aportes de pueblos indígenas
Tras la reunión de más de 100 líderes indígenas en el primer Encuentro Mundial de Pueblos Indígenas sobre la Eliminación Gradual de los Combustibles Fósiles, realizado en el marco de la conferencia, surgió una declaración conjunta que recoge la posición de los pueblos indígenas del mundo frente a una transición energética justa.
Ginny Alba, lideresa indígena del pueblo Piratapuyo, en Guainía, Colombia, explica a Mongabay Latam que “hay un conjunto de demandas que hemos venido construyendo de manera conjunta con todos los pueblos indígenas del mundo, primero en reuniones virtuales y luego en el encuentro presencial en Santa Marta. La primera es que no podemos hablar de transición justa si vamos a promover nuevas formas de extractivismo”.
“Nuestros territorios son fundamentales para mantener la vida en el planeta”, agrega Oswaldo Muca, coordinador general de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC). “Aquí estamos para precisar que, sin el respeto y la garantía a nuestros derechos inherentes y particulares, como la libre determinación y el consentimiento libre, previo e informado, la transición se basará en extractivismo, impactando todavía más nuestros modos de vida, así como los ecosistemas que hemos protegido por miles de años”, insiste.
Las preocupaciones expresadas por los pueblos indígenas tienen respaldo en distintos estudios científicos, pues sus territorios se han visto ampliamente amenazados por la extracción de gas y petróleo. Un estudio de la Universidad de Barcelona documentó los altos niveles de contaminación por petróleo en comunidades indígenas de la Amazonía, así como la ausencia de monitoreo y sanciones por los daños ambientales.
Además, según un análisis de Earth Insight, 179 millones de hectáreas de bosques tropicales se superponen a bloques de petróleo y gas, aproximadamente el 21 % de los bosques tropicales de alta integridad en la Amazonía, la región del Congo y el sudeste asiático.
Por eso, entre sus peticiones también está declarar zonas libres de actividades extractivas en sus territorios, proteger los derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial (PIACI) y destinar financiamiento climático directo para la implementación de estrategias, iniciativas, programas y proyectos propios de transición justa, “diseñados y liderados por nosotros, incluso a través de mecanismos financieros propios”, se lee en la declaración.
“Nuestras decisiones deben ser respetadas en todas las políticas, iniciativas y proyectos que se pretendan implementar en nuestros territorios, tierras y aguas o que puedan afectarlos, para no repetir relaciones históricas de subordinación, despojo e imposición”, se afirma en el documento.
“Hemos venido aquí a alzar nuestra voz para decirle al mundo que no queremos que se expanda la frontera petrolera en nuestros territorios de vida. En nuestros territorios no habrá petróleo, habrá vida”, asegura, por su parte, Juan Carlos Ruiz, presidente de la Nacionalidad Sapara del Ecuador, quien denunció junto a líderes de las nacionalidades kichwa, andwa, shiwiar, achuar, waorani y shuar que el Gobierno ecuatoriano ha anunciado dos nuevas licitaciones petroleras en el centro sur de la Amazonía de ese país, superpuestas a territorios indígenas y sin consulta ni consentimiento.
Los pilares de las comunidades afrodescendientes
Meses antes del encuentro en Santa Marta, representantes de las comunidades afrodescendientes a nivel global desarrollaron diálogos virtuales y presenciales para poner en común las experiencias territoriales, consensos, tensiones y soluciones que promueven para avanzar en una transición justa, ordenada y equitativa.
“A nivel global, hay un acuerdo fundamental sobre la necesidad de defender los territorios que habitan las comunidades afrodescendientes y sobre la inclusión de los impactos desproporcionados y específicos del cambio climático en poblaciones racializadas”, explica Sibelys Mejía, directora de litigio y coordinadora de la línea de Territorio, Justicia Ambiental y Paz en Ilex Acción Jurídica, una organización liderada por abogadas afrocolombianas y personas afro LGBT.
Por eso, uno de los puntos que destacan es la convergencia del racismo ambiental, la justicia territorial y la autonomía económica. “La dependencia de los combustibles fósiles no es leída como un dato neutro del desarrollo: es el resultado de siglos de despojo colonial y esclavización que determinaron quiénes vivían cerca de las refinerías, los oleoductos y las zonas de extracción, y quiénes sufrían de manera desproporcionada sus impactos en salud y medioambiente”, se lee en el documento construido a partir de los encuentros.
Como colectivo, han acordado que una transición justa debe reconocer y proteger legalmente los espacios colectivos que habitan los pueblos afrodescendientes, ya sean urbanos o rurales, y fortalecer economías territoriales autónomas. “La ausencia de reconocimiento legal de la propiedad impide que las comunidades tengan poder de negociación, asociación y veto sobre proyectos extractivos”, señalan en el texto.
Además, señalan que la reconversión económica en sus territorios debe ser liderada por los propios consejos comunitarios, con autonomía y recursos directos. “También debe garantizar la protección del gobierno propio para desarrollar comunidades energéticas y crear y distribuir nuestra propia energía limpia”, dijo la vocera para el encuentro durante el segmento de alto nivel.
La contribución de académicos y científicos
Al menos 500 académicos y científicos de todo el mundo se organizaron en 16 mesas paralelas de trabajo para elaborar un informe en el que se presentan distintas acciones y propuestas para que los gobiernos puedan superar la dependencia de combustibles fósiles y transitar a economías bajas en carbono.
“Con voces diversas y plurales de investigadores de diferentes países desarrollamos este espacio complementario y vemos mucho potencial para establecer conexiones más fuertes y apoyar a los gobiernos para dejar atrás los combustibles fósiles”, señaló Andrea Cardoso, profesora de la Universidad del Magdalena, Colombia, y quien estuvo a cargo de la coordinación de la preconferencia científica.
Entre los insumos entregados por los expertos se encuentran algunos diagnósticos y alternativas para la eliminación de subsidios a combustibles fósiles, medidas inmediatas para prevenir futuras emisiones, caminos para establecer estándares y procesos de monitoreo para la transición, así como sugerencias de instrumentos de financiación para reducir los costos de la transformación hacia energías limpias. También proponen reestructurar los marcos jurídicos internacionales para apoyar las transiciones sin que los gobiernos se vean enfrentados a millonarias demandas por parte de las empresas de combustibles fósiles.
“Lo que entregamos es una buena síntesis del trabajo que muchos académicos han estado haciendo en los últimos años. Ya hay unos consensos científicos claros, sobre todo en el diagnóstico del problema y en los riesgos de no hacer la transición. La petición es que nos escuchen”, asegura Paola Yanguas, asesora de políticas en el Programa de Energía del International Institute for Sustainable Development (IISD), quien se ha centrado en investigar la eliminación gradual y controlada de la producción de petróleo y gas, en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París, con especial énfasis en los productores de combustibles fósiles.
La comunidad científica también ha establecido que la transición hacia fuentes de energía no fósiles es necesaria y posible y que la actual crisis energética mundial representa una oportunidad para acelerar esta transición.
Además, en el marco del evento se anunció la creación del Panel Científico para la Transición Energética Global, que espera asesorar a las naciones en acciones concretas hacia la transición. Este panel, señaló el Ministerio de Ambiente de Colombia, reunirá a algunos de los mejores científicos del mundo en clima, economía y tecnología, quienes aportarán insumos para la construcción y el fortalecimiento de acciones relevantes, urgentes y concretas, respaldadas por la mejor evidencia disponible para entregar recomendaciones respecto al diseño de políticas públicas orientadas a la salida progresiva de los combustibles fósiles.
Campesinado, mujeres y otras expresiones de la sociedad civil
Las mujeres y las diversidades, las ONG, los movimientos sociales, las comunidades campesinas y los sindicatos también participaron en encuentros paralelos para plantear sus propuestas a una transición justa.
Diana Salcedo López, representante del sector de mujeres y diversidades, aseguró que una transición justa requiere democratizar la energía, descentralizar su control y reconocerla como un derecho, no una mercancía. En el documento con sus aportes para la transición señalan que este proceso no puede limitarse solo a un cambio tecnológico o energético, sino que se trata de una “transformación estructural que implica reconfigurar las relaciones económicas, políticas, territoriales y culturales que sostienen la dependencia fósil”, entre esas, resignificar la economía del cuidado.
“Nuestro documento —afirmó, por su parte, la vocera de las comunidades campesinas— recoge el pensar de las comunidades invisibilizadas que siembran las semillas, alimentan al mundo y cuidan los territorios”. Entre sus peticiones, señalan que “urge desfosilizar la dependencia de las comunidades campesinas de los derivados del petróleo para el uso de agroquímicos tóxicos”, además de contar con la devolución, el acceso y uso óptimo de la tierra que en diferentes partes del mundo les ha sido quitada por condiciones extractivistas.
En el marco de la conferencia también se reunieron 100 organizaciones sindicales que enfocaron su discusión en la transición y reconversión laboral en un escenario de transición energética. “No habrá transición energética sin los trabajadores como protagonistas. Desde el movimiento sindical reafirmamos que la transición justa debe incluir formación y recualificación laboral”, señaló el vocero de esta delegación durante la plenaria de alto nivel. “La transición energética no puede dejar a los trabajadores como sus víctimas: debe ser gestionada, financiada y cogobernada con plena participación sindical”, se lee en su documento de síntesis.
Los movimientos sociales insistieron en la creación de un instrumento internacional vinculante para regular la producción de combustibles fósiles y la creación de instrumentos financieros que se puedan adaptar a distintos actores y que garanticen la autonomía de los países. “Necesitamos una estructura de financiación que no implique mayor endeudamiento para los países especialmente los del sur global y la inclusión de alternativas para países y territorios altamente dependientes de los combustibles fósiles”, señaló Amarilys Llanos, parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking y vocera del sector de movimientos sociales.
Los insumos de estos días de trabajo harán parte de un informe que será entregado a las presidencias de la COP30 y COP31, las conferencias globales sobre cambio climático de la ONU, con el fin de que pueda servir de aporte a una hoja de ruta para impulsar la transición justa y alimente futuras negociaciones internacionales.
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“Queremos estar seguros de que estas conversaciones puedan terminar en pasos concretos durante los próximos años y puedan alimentar el proceso de la COP en el momento apropiado, para acelerar y ayudar a los países a moverse hacia adelante en el camino de reducir la dependencia de combustibles fósiles”, afirmó Stientje Van Veldhoven, ministra de Clima y Crecimiento Verde de Países Bajos.
*Imagen principal: en la ciudad de Santa Marta se reunieron más de 1500 participantes para plantear propuestas sobre una transición energética justa y dejar atrás los combustibles fósiles. Foto: cortesía Matheus Melo
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