- Documentos de dos entidades del Estado que fueron filtrados, y corroborados, revelan que Monte Verde es el territorio indígena con mayor superficie autorizada para desmonte y, al mismo tiempo, uno de los más golpeados por el tráfico de tierras.
- El cruce de los permisos estatales con datos satelitales y geográficos demuestra, además, que siete de cada diez hectáreas desmontadas en Monte Verde fueron taladas ilegalmente.
- Lo que ocurre en Monte Verde no es un caso aislado, sino el patrón dominante en los territorios indígenas de la Amazonía boliviana.
- Las solicitudes de información enviadas al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y a la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) no obtuvieron una respuesta de fondo: el INRA guardó silencio y la ABT alegó que el requerimiento continuaba en revisión interna.
Asediados por las voraces llamas que entre julio y noviembre de 2024 consumieron parte de los bosques del territorio de Monte Verde, los indígenas chiquitanos se vieron obligados a abandonar su casa grande. Creyeron que, cuando el fuego cediera, el desafío sería reconstruir lo que las llamas habían destruido, pero estaban equivocados. Mientras huían para salvar sus vidas, grupos dedicados al avasallamiento y tráfico de tierras ingresaron al territorio y comenzaron a talar los árboles centenarios que habían sobrevivido al incendio.
La comunidad Los Ángeles —una de las 152 que integran el territorio indígena Monte Verde, cuya superficie se extiende por los municipios de San Javier, Concepción Urubichá y Guarayos, en el noreste de Santa Cruz, Bolivia— fue una de las primeras en descubrir que el fuego no había sido el final de la tragedia, sino el comienzo de otra batalla.
Allí, donde el sol quema con una furia nueva y la sinfonía del bosque fue interrumpida por el estrépito seco de los árboles al caer, Isabel Surubí camina entre troncos colosales derribados por las motosierras. Cada paso la obliga a esquivar árboles que tardaron siglos en crecer y apenas semanas en desaparecer. Frente a las cerca de seis hectáreas devastadas por los avasalladores, sus ojos se humedecen.
“Esto era parte de nuestra casa grande, nuestro hogar”, dice con un hilo de voz.
Lo que Isabel Surubí observa no es un episodio aislado.
Durante un año de investigación, Amazonía Traficada —un proyecto periodístico apoyado por el Pulitzer Center, en alianza con RAI Bolivia, Mongabay Latam y Asuntos Centrales— analizó miles de datos filtrados de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que fueron corroborados, más información proveniente de MapBiomas, el producto satelital mensual de Área Quemada Global de la NASA (MODIS MCD64A1) y la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).
El cruce de toda esta información, combinada con análisis geoespacial e imágenes satelitales, organizada en ocho bases de datos, más una reportería de campo en la que se levantaron al menos 30 entrevistas a líderes indígenas permitió reconstruir, con un nivel de detalle sin precedentes, las transformaciones que han experimentado los 48 territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica boliviana en las últimas décadas.
De esa investigación nació VISTA, una plataforma que reúne y pone a disposición pública la información analizada por Amazonía Traficada. La herramienta permite explorar, uno a uno, los 48 territorios indígenas y conocer qué está ocurriendo en su interior y en sus alrededores en cuanto a deforestación, quemas, expansión de la soja, autorizaciones de desmonte y asentamientos de terceros.
Entre los datos que VISTA revela, está que la ABT autorizó el desmonte de 23 354 hectáreas en Monte Verde mediante unas 1800 resoluciones administrativas. Pero el hallazgo más revelador surge al contrastar esos datos con la deforestación registrada en las bases de datos de GeoFAN , un portal geoespacial de datos creado por FAN. El resultado muestra que el bosque desaparece por dos vías: una legal, respaldada por autorizaciones estatales que no siempre llegan a ejecutarse, y otra clandestina, que avanza al margen del control del Estado.
En Monte Verde, de las 23 354 hectáreas autorizadas para desmonte entre 2003 y 2023, solo se talaron 3700. Sin embargo, la pérdida total de bosque en este mismo periodo alcanzó las 13 100 hectáreas en ese territorio. Esto significa que solo el 29 % de la deforestación ocurrió dentro de áreas autorizadas por la ABT, mientras que las restantes 9360 hectáreas —el 71 %— fueron taladas ilegalmente.
Cuando el mismo ejercicio se replica en los 48 territorios indígenas de la Amazonía boliviana, el patrón se repite, pero a una escala mayor. En las dos décadas analizadas se desmontaron 186 576 hectáreas. De ese total, apenas 17 900 contaban con autorización de la ABT. Las otras 168 670 hectáreas —nueve de cada diez— fueron intervenidas de manera ilegal.
Pérdida de bosque
Monte Verde concentra, por sí solo, más de una cuarta parte de toda la superficie autorizada por la ABT para desmonte dentro de los 48 territorios indígenas de la cuenca amazónica analizados en esta investigación.
El 93 % de estos permisos fueron concedidos bajo la modalidad Plan de Desmonte 20 (PDM20), un instrumento administrativo de la ABT que ha sido incluido por los defensores ambientales en Bolivia en el paquete de las denominadas “leyes incendiarias”. Las llamaron así por abrir mecanismos legales hacia la expansión del desmonte, en un contexto altamente vulnerable al fuego.
Este mecanismo, que nació en 2015 con la Ley N° 741 , simplifica el trámite para desmontar hasta 20 hectáreas en pequeñas propiedades y en tierras comunitarias, tanto indígenas como campesinas.
De acuerdo con los expertos consultados, los permisos de desmonte de 20 hectáreas parecen diseñados para acelerar el avance de la motosierra. Ello, debido a que —tal como sostiene la ley que los crea— dan vía libre a la tala intencionada en toda tierra con cobertura boscosa, sin distinguir si se trata de bosque primario, y en Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP) , dejando a salvo únicamente las áreas protegidas y las reservas forestales.
A esto se suma el no requerimiento de herramientas clave de planificación y control, como el Plan de Ordenamiento Predial (POP), requisito que sí se exige en otros tipos de autorizaciones de desmonte.
En comunidades indígenas y campesinas, las 20 hectáreas se tramitan por unidad familiar. Así, lo que en el papel aparece como solicitudes dispersas acaba convirtiéndose en grandes superficies continuas de bosque arrasado, observa la especialista en derecho agrario Jhovanna Morales.
En definitiva, advierte, “este instrumento sirve para disfrazar la extracción de recursos naturales, como es el caso de la madera de alto valor”, puesto que priorizan la agilidad del trámite administrativo por encima de la vigilancia estatal, promoviendo una fragmentación del desmonte que termina teniendo un efecto acumulativo.
A este problema, se suma la tala ilegal que el caso de Monte Verde deja en evidencia.
Esta alianza periodística preguntó a la Dirección Nacional de la ABT qué hace para detectar la tala clandestina y por qué sus controles parecieran no estar funcionando, según muestran los datos. La institución, mediante correo electrónico, informó que el requerimiento continuaba en “revisión y coordinación administrativa interna”, por lo que no emitió una respuesta dentro del plazo previsto.
También quedó sin respuesta la pregunta sobre los mecanismos que tiene la ABT para verificar la identidad de quiénes solicitan los permisos de desmonte dentro de territorios indígenas.
La interrogante es clave puesto que el análisis de los datos filtrados muestra que, entre 2017 y 2018, en el territorio indígena de Monte Verde se autorizó el desmonte de casi 300 hectáreas a personas con nombres extranjeros o vinculados a colonias menonitas.
Un cruce espacial expone que varias de estas parcelas con autorización de desmonte, concentradas principalmente en el municipio de Concepción, se superponen con áreas de cultivo extensivo de soja.
A partir de datos de MapBiomas sobre la presencia de soja en Bolivia, el equipo de geógrafos de Amazonía Traficada seleccionó exclusivamente los registros relacionados con territorios indígenas. Monte Verde aparece entre los cinco que, entre 2021 y 2024, evidencian mayor expansión de esta leguminosa bajo un patrón de monocultivo. La progresión es exponencial, de apenas una hectárea en 2021 a 238 en 2024.
Los líderes de las centrales indígenas que gobiernan Monte Verde —Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL), Central Indígena de Comunidades de Concepción (CICC) y Central Indígena Paiconeca de San Javier (CIP-SJ)— coinciden en que la soja, cultivada a esa escala, no proviene de sus comunidades, es decir que no son los chiquitanos los que la están sembrando, sino que viene de la mano de organizaciones que se dedican al tráfico de tierras y que ya operan dentro del territorio. Una de esas redes es la que operaba en Los Ángeles.
Avasallamiento y tráfico de tierras
Isabel Surubí, vicepresidenta de esta comunidad ubicada al suroeste del municipio de San Javier, apunta directamente al débil control del Estado como la causa para que los actores que mueven economías ilícitas avancen hacia los territorios indígenas.
Sentada sobre el tronco de lo que fue un árbol centenario, acompañada por Isael Zabala y Miguel Soria —ex miembros de la anterior directiva de Monte Verde—, reflexiona: “Ellos [los avasalladores] miran el bosque y dicen que es tierra ociosa, que los indígenas somos flojos, que no trabajamos. No comprenden nuestras formas de vida. Para nosotros el bosque es nuestra farmacia, nuestro mercado, nuestra vida”.
“Pero con nosotros los avasalladores se equivocaron”, le secunda inmediatamente Isael Zabala. Aquí, todo esto tiene dueño, somos nosotros y estamos listos para defenderlo”.
Frente a la inmensidad del casi un millón de hectáreas que es Monte Verde, los líderes chiquitanos han tenido que modernizar su defensa y aprender a utilizar mapas satelitales ante la presión constante de los desmontes ilegales, la expansión de la frontera agrícola y los avasallamientos e incendios.
Así detectaron, en agosto de 2025, una brecha que se abría en Los Ángeles. Los comunarios siguieron una senda improvisada que los condujo hasta el ruido de una motosierra que estaba en plena acción cortando árboles. Una vez verificado el desmonte ilegal, se pusieron en contacto con las autoridades indígenas, conformaron una delegación y se pusieron en marcha hacia el área invadida.
“Los encontramos aquí —dice Zabala señalando el desmonte y hasta donde llegó el equipo periodístico—. Parecía que nos estaban esperando y hasta querían negociar. ¡Imagínese!”
Cuando en Monte Verde se detecta una incursión ilegal, explica, se activa el protocolo diseñado por el Consejo Indígena. El procedimiento incluye un ultimátum —generalmente de tres días— para que los invasores se retiren voluntariamente antes de proceder al desalojo físico y a la aplicación de las normas indígenas, amparadas en los artículos 190 y 191 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Ese fue el plazo que le dieron al grupo de 15 hombres que había tomado posesión ilegal del área y no solo había iniciado el desmonte, sino que ya había sembrado maíz.
“Al principio estaban envalentonados. Decían que tenían el respaldo del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y que este predio era tierra fiscal disponible. Muestren esos papeles”, les dijimos. “Y ojalá que allí encontremos la firma de alguna autoridad para iniciar un proceso porque no se puede dar un título sobre otro título de propiedad”.
Cuando el grupo entendió que no tenía otra salida más que abandonar el área avasallada reveló el nombre de uno de los actores que lideró el avasallamiento, a quien identificaremos como P.S.S.
Según la versión de los avasalladores revelada a la comitiva indígena, P.S.S. fue quien hizo correr la voz en el municipio de San Javier de que había cupos para quienes quisieran tierras; que un “ingeniero” ya había realizado el mapeo y la parcelación. A ellos —les dijo— solo les correspondía una cosa: trabajar la tierra y, obviamente, hacer el pago de “los aportes” para el papeleo.
La revelación golpeó a las autoridades indígenas. P.S.S. no era un desconocido, había formado parte de la dirigencia de Monte Verde. El equipo periodístico buscó su versión, pero no obtuvo respuesta.
La dirigencia de Monte Verde señaló que este caso fue puesto en conocimiento de la ABT. Esta afirmación no pudo ser verificada debido a que esta entidad del Estado no respondió a la solicitud de información, en la que se buscaba conocer el estado del proceso y las sanciones a los responsables.
El mismo patrón
En Bolivia, el avasallamiento y el tráfico de tierras no constituyen un mismo delito, aunque en la práctica rara vez se manifiestan de forma aislada. Conforme a la Ley Nº 477, ambos están tipificados en el ámbito penal y prevén sanciones que pueden alcanzar hasta 10 años de privación de libertad.
El primero es la acción visible que comienza con el ingreso ilegal —pacífico o violento— a un predio ajeno, ya sea privado, fiscal o de propiedad colectiva, como es el caso de los territorios indígenas. El segundo, opera en un nivel menos evidente. Es la estructura que convierte esa ocupación en un negocio.
El análisis a las entrevistas que esta alianza periodística realizó a 30 líderes de los 48 territorios de la Amazonía boliviana muestra que el avasallamiento y el tráfico de tierras están presente en 28 territorios. En apenas cinco casos se registró intervención estatal para el desalojo. El resto permanece en disputa con estas redes delictivas.
A partir de estos testimonios se dibujó el siguiente patrón: el avasallamiento es el punto de partida. Por lo general, grupos organizados, bajo la fachada de organizaciones sociales sin tierra, irrumpen en el territorio, desmontan el bosque y establecen asentamientos precarios.
Tras esa ocupación inicial, suele activarse una red más compleja con intermediarios que dividen en parcelas la tierra, la ofertan a terceros y, posteriormente, se presentan ante el INRA como una nueva comunidad sin tierra para iniciar trámites de dotación. Es en este punto donde emerge el tráfico de tierras. En otras palabras, el avasallamiento abre el espacio físico y el tráfico lo convierte en mercancía.
Ese mismo engranaje está activo en la denominada “Área 51”, una extensa franja de bosque ubicada entre los municipios de Concepción y Guarayos, que pertenece al territorio Monte Verde. A diferencia de Los Ángeles, donde los habitantes indígenas lograron expulsar a los avasalladores en pocos días, en esta zona la estructura es más compleja y la disputa por el territorio continúa.
José Carlos Vargas Alcócer, investigador del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), que acompañó a una comitiva liderada por la ABT para inspeccionar la toma ilegal, cuenta que tras los voraces incendios de 2024 —que devastaron más de 12 millones de hectáreas en Bolivia—, el equipo de análisis satelital de Monte Verde buscaba evaluar la evolución de las cicatrices de quema. Lo que encontró fue más de 70 kilómetros de caminos no autorizados que se abrían paso en medio del bosque.
A la dirigencia indígena le tomó cuatro meses articular una comisión interinstitucional para ingresar al “Área 51”. La demora no fue casual. El punto de la ocupación —tal como el equipo periodístico pudo corroborar en los mapas satelitales— se encuentra cerca del límite de Monte Verde, donde existen asentamientos de comunidades afiliadas a la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia y a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, organizaciones que en las últimas décadas han sido señaladas por su presunta vinculación con ocupaciones ilegales de tierras.
Cuando la comisión finalmente ingresó, el 18 de julio de 2025, el escenario ya había cambiado. Las brechas abiertas en el bosque sumaban 133 kilómetros y el desmonte alcanzaba las 100 hectáreas.
Para llegar al lugar, relata Vargas, la delegación tuvo que pedir permiso a las comunidades interculturales y campesinas asentadas en la zona. Al llegar a la zona del avasallamiento, se encontró con un campamento menonita, donde se observó la presencia de personas armadas y con el rostro cubierto.
Solo uno rompió el silencio. Era el único que hablaba español con fluidez. Dijo que estaban allí trabajando porque quien les había vendido la tierra —18 000 hectáreas— les había asegurado que se trataba de tierras fiscales disponibles.
Primero se mostró conciliador. Pero en el lapso de una hora, y tras hacer una serie de llamadas, su tono cambió. Pasó de la amabilidad a la amenaza. El objetivo era —recuerda Vargas— impedir que la comisión abandonara el lugar. “Sospechamos que quería ganar tiempo hasta que llegara más gente, pese a ello, nosotros decidimos salir de allí”.
Una vez a salvo, la comisión tomó una decisión inmediata: regresar, pero esta vez con presencia de la fuerza pública. Lo hizo 10 días después, pero el escenario se había endurecido.
El informe de esa segunda incursión —elevado por la dirigencia indígena a la ABT, Gobernación de Santa Cruz y Ministerio de Gobierno, entre otras instancias— da cuenta de una estrategia ejecutada con el propósito de obstaculizar el ingreso de la comitiva.
En el camino encontraron árboles derribados de forma intencional, zanjas abiertas, un puente colapsado y rejas aseguradas con candados. El campamento donde se produjo el primer contacto con los menonitas daba la impresión de haber sido abandonado de manera intempestiva.
En el lugar aún permanecían seis tractores para desmonte y preparación de la tierra para cultivo La ABT intentó decomisar estos equipos, pero, para su sorpresa, ninguno estaba operativo. La comitiva dejó constancia en su informe de la sospecha de que la maquinaria habría sido saboteada para impedir su traslado.
Y no fue el último obstáculo. Cuando el grupo emprendió el retorno y estaba por abandonar el perímetro del territorio, en Urubichá, fue retenido por comunidades campesinas e interculturales.
Según el informe, estos expresaron un respaldo implícito al asentamiento ilegal y obligaron a la delegación estatal a comprometerse a no incautar maquinaria ni realizar nuevas inspecciones sin coordinación previa con ellas.
Pese a que las organizaciones indígenas denunciaron el hecho ante diversas instancias del Estado y que funcionarios de la ABT participaron en los operativos, los avasalladores continúan en el lugar. En términos concretos, no ha pasado nada.
Con el territorio prácticamente cercado y frente a la inacción estatal, el pueblo indígena de Monte Verde ha optado por avanzar por cuenta propia. Desde noviembre del año pasado, trabaja en la apertura de una ruta de aproximadamente 130 kilómetros que les permita acceder al área invadida —sin tener que pedir permiso a las comunidades interculturales y campesinas— y ejecutar, por sí mismos, el desalojo del asentamiento menonita.
La decisión resume la dimensión del conflicto. En Monte Verde, los pueblos indígenas ya no solo defienden el bosque del fuego y de la maquinaria del desmonte, también luchan por conservar el derecho de caminar libremente dentro de su territorio y sacar de allí, por cuenta propia, a los traficantes de tierras.
Isabel Surubí vuelve la mirada hacia los claros que dejaron los árboles derribados. Allí, donde antes el bosque amortiguaba el sol y el canto de las aves marcaba el ritmo del día, ahora solo queda silencio.
“¿Qué herencia les vamos a dejar a las futuras generaciones si ahora lo destruimos todo?”
La pregunta queda suspendida entre los troncos caídos.
Monte Verde, la casa grande todavía resiste, pero cada día pierde un poco más de bosque.
Colaboración reportería: Miguel Ángel Roca
Infografía: José Arias
Material audiovisual: Edy Yobany Velasco, Soledad Gutiérrez
*Imagen principal: Isabel Surubí es la vicepresidente de la comunidad Los Ángeles, que en 2025 registró un avasallamiento de tierras y tala de sus bosques. Foto: Edy Yobany Velasco Alanes
*Este reportaje es parte de Amazonía Traficada, un proyecto producido en colaboración con el Centro Pulitzer y en alianza con RAI Bolivia, Mongabay Latam y Asuntos Centrales
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