- La comunidad lickanantay de Toconao acudió al Primer Tribunal Ambiental para interponer dos reclamaciones contra el proyecto "Prospecciones Aida", que busca encontrar minerales de alta ley o alta calidad en las cercanías del salar de Tara.
- El proyecto contempla ocho sondajes -perforaciones- que, según comuneros, se realizarán en el cerro sagrado Tata Poquis, desde el cual nacen las cabeceras de agua del salar de Tara.
- Comuneros de Toconao alertan que los sondajes amenazan los bofedales, el pastoreo y el caudal de agua dulce que abastecen a las comunidades y a los oasis agrícolas de Toconao.
- La minera es filial de una firma canadiense cuyas prospecciones en 2019 fueron frenadas por la Corte Suprema.
El viento del altiplano ruge con una fuerza implacable por las faldas del Tata Poquis, un cerro sagrado que supera los 4500 metros sobre el nivel del mar, en la Región de Antofagasta, en el norte de Chile. En esta cumbre árida donde el oxígeno escasea, nacen las vertientes subterráneas que sostienen la existencia de la comunidad indígena lickanantay de Toconao.
Para ellos, esa agua pura que brota y se encauza de forma natural por los pliegues de la cordillera hasta transformarse en el río Jere es una arteria hídrica vital que no solo los abastece a ellos, sino que hace posible la ganadería de altura y un oasis frutícola único en medio del desierto más seco del mundo.
El 20 marzo de 2026 la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) —el órgano central encargado de administrar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) — decidió dar luz verde al proyecto “Prospecciones Aida” de Minera Plata Carina SpA. La decisión contradice la postura de la Comisión de Evaluación Ambiental de Antofagasta, que lo había rechazado originalmente en enero de 2025.
Con una inversión estimada de 1.1 millones de dólares, el proyecto consiste en la ejecución de ocho sondajes mineros de perforación diamantina para recolectar muestras de roca y evaluar el potencial de minerales de plata de alta ley o alta calidad en la zona. El expediente oficial del proyecto fue ingresado al SEIA en 2023 bajo una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un trámite simplificado donde la propia empresa declara que no generará daños graves. De acuerdo con ese documento, las faenas proyectan una duración de ocho meses y contemplan la apertura de caminos de acceso, un campamento temporal y piscinas de decantación.
La aprobación ambiental del SEA desató una batalla legal que escaló rápidamente hasta el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, donde la Asociación Indígena de Regantes y Agricultores de Toconao, junto a dos personas de la misma comunidad, presentaron dos reclamaciones en contra de la Dirección Ejecutiva del SEA. Solicitaron dejar sin efecto la resolución que calificó favorablemente al proyecto.
Para la comunidad de Toconao, la preocupación por el proyecto minero tiene que ver con la supervivencia. “Nosotros no frenamos el desarrollo, de hecho, hemos llegado a complejos acuerdos con entidades del Estado de Chile por la explotación del litio en el Salar de Atacama, pero nuestra línea roja de resistencia era que no nos tocaran las cabeceras de cuenca que utilizamos para vivir», dice Leticia González, ingeniera agrónoma e integrante de la comunidad de Toconao.
Mongabay Latam se comunicó vía correo electrónico con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para conocer su versión, pero hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.
La ofensiva legal tuvo un primer triunfo cuando el Tribunal Ambiental de Antofagasta paralizó provisionalmente las faenas en mayo. Sin embargo, el mismo tribunal levantó luego la medida cautelar en una votación dividida. Ante este revés, Toconao interpuso un recurso de reposición para exigir una audiencia pública.
La defensa de las aguas
“Realmente nos parece que hay un desconocimiento grande de las realidades territoriales [por parte] de los organismos que operan desde la capital del país. Ellos no saben cómo se vive y lo que uno elige vivir en estos territorios”, señala González.
Toconao está ubicado a 2400 metros de altitud, pero su existencia depende del sistema hídrico situado a 4500 metros sobre el nivel del mar, en pleno altiplano de la región de Antofagasta. A diferencia de los centros urbanos costeros o de las grandes operaciones mineras del norte chileno, la localidad no posee plantas desaladoras ni pozos de extracción profunda; el suministro proviene del agua que brota de la montaña, transformándose en el río Jere.
Este caudal es el motor de un oasis agrícola en el desierto atacameño, donde la comunidad cultiva variedades de papas, porotos y maíz, además de mantener huertos de olivos, damascos, granadas, membrillos, peras y cítricos que se abastecen exclusivamente de los caudales del río Jere. La eventual alteración de este flujo hídrico afectaría tanto a estos cultivos de subsistencia en la zona media como a la ganadería camélida que las familias practican en las vegas altas, áreas adyacentes al proyecto de exploración.
La microbióloga y experta en salares Cristina Dorador coincide en la fragilidad extrema de este ecosistema y advierte —a través de sus redes sociales— que el Salar de Tara es uno de los pocos que no presenta intervención directa humana, por lo que sus condiciones han permanecido estables en el tiempo. Dorador detalla que en este entorno existen bofedales, ecosistemas donde la tierra se encuentra cubierta de agua dulce de manera permanente o temporal. Hacia el fondo de la cuenca, aquellos bofedales se van salinizando hasta formar la laguna hipersalina y el salar.
Este ecosistema, protegido como Sitio Ramsar y parte de la Reserva Nacional Los Flamencos, es además un área crítica para la nidificación de las tres especies de flamencos que habitan en Chile: el chileno (Phoeniconaias chilensis), el James o parina chica (Phoenicoparrus jamesi) y el andino o parina grande (Phoenicoparrus andinus).
Sin embargo, la ejecución de las plataformas y los ocho sondajes de diamantina —el método de perforación para extraer muestras de roca del subsuelo— se proyecta justamente en las cabeceras de agua de este sistema hidrológico.
Para la comunidad lickanantay, el impacto de estas obras no solo implica la pérdida de caudales, sino también la alteración de un patrimonio medicinal que crece de forma exclusiva en los pisos ecológicos de la puna y el tolar. Especies como la tola, la chachacoma y la chuquicandia —una planta de la familia de las asteráceas utilizada tradicionalmente para afecciones respiratorias— son recolectadas en la zona para ceremonias de pago a la tierra y al agua.
González enfatiza que estas especies dependen estrictamente de las condiciones de presión y suelo de la altura, por lo que su restauración o traslado a laboratorios e invernaderos es inviable si las plataformas mineras intervienen en su hábitat original.
“Es un tesoro patrimonial de la humanidad que tenemos que proteger”, concluye Dorador, sintetizando un diagnóstico donde la memoria comunitaria y la ciencia llegan a la misma conclusión.
Mongabay Latam se comunicó vía correo electrónico con Minera Plata Carina SpA para conocer su postura ante estos impactos señalados por la comunidad, pero hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.
Crónica de una pelea judicial
El conflicto por el proyecto de exploración minera se trasladó a los tribunales, abriendo un proceso legal en el norte de Chile. El pasado 13 de mayo, la comunidad de Toconao obtuvo una primera resolución a su favor cuando el Primer Tribunal Ambiental dictó una medida cautelar y ordenó la paralización del proyecto «Prospecciones Aida», tras considerar los antecedentes presentados sobre el riesgo hídrico en la cuenca.
Sin embargo, 13 días después la situación jurídica cambió. La Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) —organismo público de carácter técnico encargado de unificar los criterios y administrar el sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile—, junto a los representantes de Minera Plata Carina SpA, solicitaron la revisión de la medida. El 26 de mayo, el tribunal levantó la paralización que mantenía frenadas las obras, dejando a la empresa habilitada legalmente para iniciar los sondajes de prospección.
La representación legal de la comunidad lickanantay respondió de forma inmediata para revertir la resolución.
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El 1° de junio, el abogado de la comunidad, César Bravo, interpuso un recurso de reposición con el objetivo de congelar nuevamente las operaciones de exploración y cuestionó los procedimientos judiciales del dictamen.
“Nos tomó por sorpresa el levantamiento de la medida cautelar, la cual consideramos que fue resuelta entre cuatro paredes”, afirma Bravo.
Para el abogado, una resolución de tal impacto técnico y territorial no puede tomarse a puertas cerradas. “Solicitamos de manera urgente que esto se discuta en una audiencia pública donde se escuche a ambas partes”, exige Bravo. Asimismo, advierte que levantar la medida cautelar pasa por alto el principio preventivo: “La esencia de la normativa ambiental es precisamente prevenir daños y afectaciones, y eso es lo que buscamos resguardar a través de esta medida cautelar”.
Leticia González, que también es coautora de una de las reclamaciones judiciales, detalla la preocupación de las familias al enterarse de la noticia por redes sociales. “Para los comuneros, que las decisiones se tomen en un edificio en la capital de Chile demuestra un desentendimiento total de la geografía humana del norte, donde un error técnico a 4500 metros de altura puede sepultar la supervivencia de un pueblo entero”.
En 2019, Minera Plata Carina SpA —filial de la corporación canadiense Endeavour Silver Corp— planificaba la ejecución del proyecto «Cerro Márquez» en la Región de Arica y Parinacota, en el extremo norte de Chile. Este contemplaba 38 sondajes para buscar minerales de alta ley o alta calidad en un cerro considerado sagrado (Mallku) por las comunidades locales.
En septiembre de 2020, la Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por las comunidades aymaras de Timar, Cobija y Ticnamar, y determinó que, en virtud de los principios preventivo y precautorio, la envergadura de las faenas en tierras de ocupación ancestral implicaba un riesgo para los recursos hídricos y las comunidades afectadas.
Por lo mismo, la Corte Suprema ordenó a la empresa ingresar su proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pero tras el fallo, la empresa desistió del proyecto.
Mientras tanto, en las calles del pueblo de Toconao, los carteles de rechazo al proyecto “Prospecciones Aida” siguen colgados, recordando a los visitantes que los habitantes lickanantay están dispuestos a defender el origen de su agua hasta las últimas consecuencias.
*Imagen principal: ceremonia de pago al Tata Poquis. Foto: cortesía Comunidad Lickanantay de Toconao
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