- En Yucatán, al sur de México, la violencia digital contra defensores ambientales comenzó a tomar fuerza desde 2023.
- En casos como los de Sergio Oceransky, director de Fundación Yansa, y de Wilberth Nahuat, líder de la comunidad de Santa María Chi que consiguió cerrar una granja porcícola que afectaba su territorio, esos ataques escalaron.
- Las agresiones contra los defensores no se han limitado al mundo virtual, ambos enfrentan procesos judiciales.
El video tiene un título provocador y en letras mayúsculas: “SINIESTRO PLAN SECRETO para DIVIDIR MÉXICO Y CONQUISTARLO: ÉLITE GLOBAL busca REVOLUCIÓN INDÍGENA”. Durante poco más de 36 minutos, el hombre que aparece en la pantalla afirma que México está a punto de desaparecer por el “falso indigenismo que ha destruido a naciones enteras”. Con la misma pose que adoptan analistas de noticieros televisivos, advierte que el país puede terminar en “la africanización, que sería parecido a balcanizar o palestinizar”. Y asegura que el responsable de todo ello es un español llamado Sergio Oceransky. Por ello, sugiere que “cuanto antes, estimados mexicanos, se organicen en forma pacífica para expulsarlo de su país”.
El video se transmitió el 10 de diciembre de 2025 en el canal de YouTube Los Liberales, del argentino Nicolás Morás. Es el primero de al menos seis videos que ha transmitido en contra de Sergio Oceransky Losana, fundador y director de Fundación Yansa desde 2009, organización no gubernamental que a partir de 2019 asesora a comunidades que denuncian el despojo de su territorio y, en especial, la expansión de proyectos inmobiliarios en Yucatán, al sur de México.
El canal de YouTube Los Liberales es sólo uno de los varios espacios del mundo digital que en los últimos tres años han difundido mensajes en contra de Oceransky, información que hace énfasis en destacar que es “español” o a presentarlo como un “falso activista” que engaña y manipula a las comunidades.
Oceransky no es el único defensor del ambiente en México que ha denunciado ser blanco de publicaciones en su contra difundidas en Internet o redes sociales. Esta violencia también ha alcanzado a habitantes de comunidades que se han organizado para defender su territorio y detener la pérdida de importantes extensiones de áreas naturales que hoy afecta a la Península de Yucatán. En esta región del país se encuentra la mayor extensión de bosque tropical en el norte del continente americano. Se trata de la Selva Maya. Ese territorio también es uno de los pocos lugares del mundo donde es posible encontrar cavernas con agua subterránea, bautizadas como cenotes por los antiguos mayas.
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Algunas de las páginas de Facebook que en las comunidades sirven para difundir la venta de productos o avisos, ahora también se usan para publicar mensajes en contra de las personas defensoras del ambiente y el territorio. En algunos casos, esos ataques han escalado a niveles más amplios.
En Yucatán, por ejemplo, esta violencia digital se ha dirigido sobre todo a dos personas: Sergio Oceransky —quien además de asesorar a comunidades, también presentó una denuncia ciudadana, ante autoridades ambientales, contra una empresa inmobiliaria por realizar cambio de uso de suelo forestal— y Wilberth Nahuath Puc, comisario municipal de Santa María Chi, la persona más visible de un movimiento que logró cerrar una granja porcícola.
Entre septiembre de 2023 y hasta el 14 de mayo de 2026, se difundieron poco más de 149 publicaciones contra el director de Fundación Yansa. Y, entre marzo y diciembre de 2024, en una treintena de portales de internet se propagaron al menos 60 textos contra Nahuat, de acuerdo con la base de datos que se integró para esta investigación.
En ambos casos, las campañas usaron patrones similares: textos que se presentaron como notas periodísticas, pero sin fuentes, con titulares y contenidos que parecían calcados. Además, se distribuyeron por casi los mismos canales: sobre todo portales de internet que, en su mayoría, pertenecen a los mismos grupos de noticias o tienen algún tipo de vínculo. Para la campaña de Oceransky también se crearon páginas de Facebook desde las cuales se han difundido notas y videos contra el director de Fundación Yansa.
Las publicaciones se intensificaron en momentos clave: cuando las personas obtuvieron algún logro en su movimiento, denunciaron irregularidades de proyectos inmobiliarios o acudieron a las audiencias en tribunales. Y es que las publicaciones también han coincidido con acciones judiciales en contra de los ambientalistas.
Estos son algunos de los hallazgos de esta investigación realizada por Mongabay Latam, como parte de Taladores digitales, proyecto en el que participan siete medios, coordinados por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), y que investigó los ataques digitales en contra de personas y movimientos que realizan defensa del ambiente en América Latina.
Organizarse para defender el territorio
Desde 2018, habitantes de Ixil comenzaron a organizarse para evitar que se les despojara de sus tierras ejidales y comunitarias. El detonante fue un parque eólico que una empresa buscó construir en terrenos que, se aseguraba, eran privados. En ese contexto, Oceransky, a través de la Fundación Yansa, comienza el acompañamiento al colectivo Defensores y Protectores del Futuro de Ixil. El activista ya había trabajado con comunidades de Oaxaca que se opusieron a la instalación de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, operados por trasnacionales y con contratos señalados como desiguales para los habitantes de la región.
Oceransky nació en Asturias, España. Varios integrantes de su familia son mexicanos. Él tiene doble nacionalidad: española y mexicana. Formó parte del movimiento antinuclear y de colectivos que impulsan una transición energética que tome en cuenta a las comunidades.
Con el acompañamiento de Fundación Yansa, el colectivo Defensores y Protectores del Futuro de Ixil logró que la empresa cancelara sus planes de hacer el parque eólico y que las autoridades ambientales frenaran la edificación de, al menos, dos proyectos inmobiliarios. Pero llevan años intentando revertir, en tribunales, las acciones realizadas por un hombre que les prometió regularizar sus documentos como ejidatarios. Según denunciaron, aquel hombre habría utilizado sus firmas para cambiar de destino las tierras ejidales. Así lo documentaron también diversos medios y estudios académicos.
Desde hace tiempo, los Defensores y Protectores del Futuro de Ixil tienen, además, otra lucha: buscan que se reconozcan como tierras comunitarias 324 hectáreas que empresarios yucatecos aseguran haber comprado. Para el colectivo esa venta no es válida. Esos terrenos, aseguran, fueron prestados por la comunidad a una hacienda que funcionó durante décadas en Ixil. En ella se elaboraba henequén, fibra natural muy resistente que en el siglo XIX tuvo un gran auge. Cuando la hacienda cerró, esos terrenos en donde predomina la selva baja fueron utilizados para sembrar hortalizas. Así lo hicieron los abuelos y padres de los campesinos que en esas tierras continúan cultivando cebollas, lechugas o cilantro que después venden en la ciudad de Mérida.
“Hay quienes dicen que son pleitos de tierras. No es eso. Es defender lo que es nuestro”, dice en entrevista la mujer, a quien llamaremos María para resguardar su identidad. Sus palabras son secundadas por más de 20 personas reunidas en el patio de una casa de Ixil. Durante poco más de dos horas, recuerdan cómo se organizaron y por qué no quieren que los proyectos inmobiliarios sigan tumbando monte: “Las inmobiliarias que vienen ahorita, vienen a destruir lo que muchos años la tierra ha cuidado, lo que muchos años la tierra ha tenido”.
Lamentan que su lucha les haya traído ataques, división en la comunidad y que también busquen difamarlos a través de comentarios publicados en Facebook: “Han puesto cosas feas sobre mi hija”, “nos insultan”, “dicen que nos pagan, que no somos defensores”…
Los integrantes del colectivo aseguran que la mayoría de esos ataques son lanzados desde perfiles que no se pueden identificar. Para ellos es incómodo leer esos mensajes, pero no es algo que les quite el sueño. Lo que ahora más les preocupa es la criminalización en contra de integrantes de su movimiento.
La criminalización que mencionan comenzó en abril de 2023, cuando los empresarios yucatecos que aseguran ser dueños de las 324 hectáreas presentaron una denuncia penal en contra de Guillermo Yam Ek, Cecilio Cisneros y Sergio Oceransky. Los acusaron de despojo.
Meses después, a mediados de agosto de 2023, policías estatales llegaron a Ixil para colocar alambrado alrededor de las 324 hectáreas que los empresarios reclaman como propias. Habitantes de la comunidad trataron de evitarlo, sin conseguirlo. Fotografías de ese momento fueron utilizadas en las primeras publicaciones contra Oceransky.
Comienzan las publicaciones
El 8 de septiembre de 2023, el canal de YouTube Noticias Teleplay difundió un video titulado: “CONFLICTO DE IXIL PRESUNTAMENTE TIENE NOMBRE Y APELLIDO, SERGIO OCERANSKY”. En él se asegura que el director de Fundación Yansa, “hombre de origen español, es el presunto responsable de los conflictos y actos de violencia” en Ixil. La voz hace énfasis en que el activista es un extranjero que engaña a los habitantes de la comunidad, “haciéndoles creer que los ayudará a recuperar sus tierras”. También se afirma que las más de 300 hectáreas fueron vendidas por los mismos ejidatarios y que pertenecen “de forma legítima al sector privado”.
El canal de YouTube Noticias Teleplay forma parte de Teleplay.tv, cuyos derechos están a nombre de Rojas Sarlat Producciones, casa productora de video en el sureste mexicano. El director es José Luis Rojas Sarlat, quien de acuerdo con su perfil de LinkedIn estuvo al frente de la dirección de producción de Canal Trece, de la Televisión Yucateca, entre 2004 y 2007. En la página de Facebook de la productora, Rojas Sarlat ha posteado varias imágenes donde se muestra con políticos de Yucatán, entre ellos el actual gobernador, Joaquín Jesús Díaz Mena, y la alcaldesa de la ciudad de Mérida, Cecilia Patrón Laviada.
Esta alianza periodística envió un correo electrónico a Rojas Sarlat para preguntarle sobre la publicación de este video. El director de Teleplay Networks respondió que “una habitante que trabajaba aquí en las oficinas y que vivía en Ixil, fue quien trajo los videos”. Aseguró que la publicación fue una decisión que tomaron la persona que entonces tenía el cargo de directora de noticias y un asesor. Ambos, apuntó, ya no trabajan en su empresa. Rojas Sarlat mencionó que ni Oceransky ni nadie de su equipo solicitaron derecho de réplica. También aseguró que un grupo de vecinos de Ixil pidió otra vez otra nota, “no accedí a ello, precisamente porque veo que es un tema con muchos intereses que desconozco detrás del mismo. Pero no deja de ser un conflicto de tierras entre particulares, como los hay muchísimos con este boom inmobiliario que existe en Yucatán”.
Las imágenes y narrativa que Noticias Teleplay utilizó en su video son similares a las que han difundido varios de los portales digitales e, incluso, el canal de YouTube Los Liberales en contra de Oceransky.
Dos días después de que Noticias Teleplay difundiera el video, al menos cinco portales publicaron casi la misma nota, en donde se afirmaba que un “español” o “extranjero” “manipulaba a ixileños para apropiarse de sus tierras”.
El Observador Gráfico Yucatán fue uno de los portales que publicaron las primeras notas contra Oceransky. El sitio fue creado por José Pallota, fotógrafo que trabajó en uno de los periódicos locales con más circulación en Yucatán. “Cuando hubo un despido masivo en los periódicos todo mundo comenzó a poner su página (web)”, cuenta en el local de fotografía donde también acondicionó un espacio para realizar transmisiones de YouTube.
Sobre la publicación que realizó su portal el 11 de septiembre de 2023, Pallota no recuerda cómo fue que obtuvo los datos que acusan a Oceransky de supuestamente manipular a gente de Ixil. Quizá, dice, el texto se lo pasó alguno de sus colegas que, como él, también crearon portales de noticias. Es común, asegura, que algunos de ellos distribuyan “notas”, con todo y las fotografías que deben acompañarlos. A veces, solicitan que se publique el texto tal y como está, que no se le cambie nada.
Otros portales que, el 11 de septiembre de 2023, difundieron casi el mismo texto contra Oceransky fueron El Cronista Yucatán, Diario de la Península, Presidio y Vector Yucatán. Después de ese día, no publicaron otra información en contra del director de Fundación Yansa.
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En septiembre de 2023, la página de Facebook Verificado México (no asociada con el medio de fact-checking mexicano Verificado) también difundió un post contra Oceransky. Para que su publicación tuviera mayor alcance, pagó publicidad a la red social. El correo electrónico que se registró para realizar el anuncio fue info@cuatrojos.mx. El dominio de cuatrojos.mx estuvo registrado a nombre de Roberto Emmanuel Durán Flores, persona que está a cargo de la dirección de difusión y comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública en Yucatán, de acuerdo con el directorio disponible en la página oficial del gobierno estatal.
Esta alianza periodística buscó a Durán Flores, quien a través de mensajes de WhatsApp aseguró que él no registró el dominio cuatrojos.mx. Sin embargo, reconoció: “Colaboré con Cuatrojos entre enero y marzo de 2018”. Se le preguntó por los nombres de la empresa o las personas con las que colaboró: “Sinceramente no recuerdo, fue hace muchos años y no era una empresa, era un grupo de conocidos que en su emprendimiento usaban ese nombre y me invitaron a colaborar”.
Integrantes del colectivo Defensores y Protectores del Futuro de Ixil recuerdan en entrevista que personas de la comunidad, cercanas al hombre que denunciaron por hacer el cambio de destino de las tierras ejidales, se encargaron de propagar las primeras notas que salieron en contra de Oceransky: “Uno de ellos andaba con su teléfono diciendo: ‘Miren quién es este español. Vean quién es este español que les está engañando’. Eso ha sido la constante, decir que Sergio se va a quedar con las tierras, que va a poner un parque eólico”.
María también recuerda que han llegado a decir que el director de Fundación Yansa ya tiene tierras en Ixil: “Les decimos: `Muéstranos cuáles tierras´”. Los integrantes del colectivo consideran que las publicaciones contra Oceransky, así como los ataques contra ellos en las páginas de Facebook, comenzaron a ser más agresivos “cuando vieron la fuerza de nuestro grupo”. “Cuando vieron que no éramos unos cuantos”.
Las publicaciones contra Oceransky no han calado en los integrantes del colectivo: “Nada de lo que dicen es cierto. Sergio siempre ha sido claro con nosotros; siempre hace reuniones públicas en donde todo se dice. Conocemos su trabajo”.
La difusión de textos contra Oceransky cesaron durante un tiempo. Entre enero y mayo de 2024, se difundieron algunas, no más de cinco. Pero fue a partir de noviembre de 2025 que las publicaciones se intensificaron. Además, integrantes del colectivo mencionan que en redes sociales comenzaron a circular mensajes como estos: “¿Qué información pueden dar de este español?”. Y aseguran que se ofrecía dinero por participar en una marcha contra el director de Fundación Yansa.
Meses antes, en septiembre de 2025, el Consejo Comunitario de Ixil consiguió que el municipio de Ixil fuera sacado del convenio de creación de la Zona Metropolitana de Mérida. Los integrantes del consejo argumentaron que no se consultó a la comunidad. Para ellos, esa medida abría aún más la puerta a la expansión de desarrollos inmobiliarios en su territorio. En ese proceso, Fundación Yansa también acompañó en forma legal al Consejo Comunitario de Ixil.
Algo más pasó en esos meses: un juez suspendió, temporalmente, las obras de un proyecto inmobiliario, ubicado en el municipio de Progreso y que años antes había sido denunciado por Oceransky.
Guiones de YouTube
El creador del canal de YouTube Los Liberales, Nicolás Morás, nació en 1994, radica en Paraguay —país que alaba por considerar que tiene “el capitalismo más sano”— y es un “liberal anarquista”, de acuerdo con la descripción que tiene en su cuenta de X. Asegura defender “el capitalismo de libre mercado y la libertad absoluta del ser humano”. Es crítico del ecologismo, del feminismo, del discurso de protección al ambiente, de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de movimientos indígenas de defensa del territorio.
El canal de YouTube de Morás difundió un primer video sobre Oceransky el 10 de diciembre de 2025, pocos días después de que diversos portales y páginas de Facebook intensificaran la publicación de textos en contra del director de Fundación Yansa.
En los primeros minutos del video, Morás se refiere al activista como “un agitador profesional”, que está “intentando, de manera descarada, ensuciar a las empresas mexicanas competentes”. En el minuto 05:36, la imagen se divide: del lado izquierdo sigue apareciendo Morás, del lado derecho se ve la pantalla de la computadora con el guion que el conductor lee: “Oceransky se presenta como un noble activista que ha estado denunciando a estas empresas por querer privatizar y despojar de sus tierras ejidales a nativos indígenas de Ixil, en la zona de Yucatán”.
Morás enfatiza ciertas palabras, improvisa y agrega algunas frases. Por ejemplo, en lugar de “estas empresas”, dice: “Estas compañías mexicanas, muchas de ellas conocidas por una gran inversión social, es decir, en obras solidarias y filantrópicas”. Más adelante, menciona nombres: “Empresas que, como Ciudad Maderas, generan miles de empleos regionales directos e indirectos”.
El guion que Morás lee, y que aparece en la pantalla alrededor de tres minutos, está en un documento titulado “Guión-Sergio-Oceransky-Caso Jury”.
De acuerdo con documentos consultados en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, Jury es el apellido de la mayoría de los accionistas de dos empresas: el Centro Inmobiliario del Bajío e Inmobiliaria Plaza Querétaro.
La primera, el Centro Inmobiliario del Bajío, fue la empresa que tramitó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la etapa de construcción de vialidades de Ciudad Maderas II, proyecto que se desarrolla en el municipio de Progreso, de acuerdo con el documento, que está disponible en la página de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). La autorización de la MIA es sólo uno de los permisos que se deben obtener para construir un desarrollo inmobiliario en terrenos forestales.
Centro Inmobiliario del Bajío tiene entre sus accionistas y representantes legales a Jaime Salvador Jury Estefan, Gastón Jury Arce y Daniela Jury Lazo, de acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía.
En febrero de 2023, Oceransky presentó una denuncia ciudadana ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) contra Centro Inmobiliario del Bajío, por el presunto cambio de uso de suelo forestal en los terrenos donde se edifica Ciudad Maderas Península. En 2022, “ya se estaban haciendo construcciones. No sólo abriendo caminos, ya estaban construyendo casas”, explica en entrevista con Mongabay Latam.
El activista asegura que presentó la denuncia popular “a título personal, ni siquiera como Fundación Yansa, para no poner en riesgo a gente de la comunidad de Chuburná (una de las más cercanas al desarrollo) ni al equipo de Yansa”. En 2025, Oceransky también presentó una demanda de amparo en contra de Profepa, por considerar que no atendieron su denuncia ciudadana. Como resultado de estas acciones, en octubre de ese año un juez suspendió las obras en Ciudad Maderas, mientras se resuelve el juicio.
Esta alianza periodística envió correos electrónicos a Nicolás Morás para conocer su versión sobre por qué el guion de uno de sus videos llevaba la leyenda “Caso Jury”. No se tuvo respuesta.
¿Ciudad Maderas cuenta con permisos?
Mongabay Latam solicitó entrevista a la Semarnat. La oficina de prensa pidió que se enviara el cuestionario. Una de las preguntas planteadas fue si el proyecto inmobiliario Ciudad Maderas Península, tanto sus fases I y II, cuenta con autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, permiso necesario para talar bosque.
La respuesta que se recibió fue que “la Oficina de Representación de la Semarnat en Yucatán NO HA EMITIDO NINGUNA [sic] autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales para los proyectos inmobiliarios Ciudad Maderas Península I y Ciudad Maderas Península II”, ubicados en el municipio de Progreso, Yucatán.
En las oficinas de ventas que tiene Ciudad Maderas en Mérida hay una maqueta y planos del proyecto que se construye en terrenos del municipio de Progreso. “Este desarrollo está precioso. Tiene más de 1200 hectáreas en total… cuenta con dos lagos (artificiales)…. más de 20 amenidades: canchas de tenis, albercas… La playa está a unos seis o siete minutos”, explica la asesora de ventas.
Las imágenes satelitales permiten conocer el antes y después de la zona donde se edifica el desarrollo inmobiliario Ciudad Maderas Península Fases I y II.
Durante diciembre de 2025, Nicolás Morás publicó tres videos más en contra de Oceransky. Incluso, uno de ellos se difundió el último día de 2025. Un día antes, Profepa había informado en un comunicado de prensa que clausuraba en forma temporal parcial el proyecto Ciudad Maderas Península II, “por detectar el incumplimiento de diversas condicionantes ambientales” que la Semarnat estableció para la autorización de la MIA. Una de ellas fue que removió 151 766 metros cuadrados de vegetación natural.
Para esta investigación también se solicitó entrevista con Mariana Boy, quien está al frente de la Profepa. La oficina de prensa envió por escrito las respuestas. La autoridad ambiental aseguró que después de la clausura de diciembre de 2025, personal de la Oficina de Representación de Protección Ambiental y Gestión Territorial en Yucatán realizó una inspección en materia de impacto ambiental y, como medida de seguridad, se interpuso una nueva clausura temporal parcial de Ciudad Maderas Península Fase II.
Para Oceransky, el caso de Ciudad Maderas muestra lo que desde hace algunos años se extiende en Yucatán: grandes superficies de tierras forestales se transforman en áreas urbanas: “Si este desarrollo inmobiliario sigue adelante, será un incentivo para todos los demás… Hay muchos proyectos que están deforestando sin permiso. No nos da la vida para denunciar a todos”.
De acuerdo con análisis de imágenes satelitales realizados por la plataforma Global Forest Watch, entre 2020 y 2025, el estado de Yucatán se quedó sin 100 000 hectáreas de cobertura arbórea.
Hasta el 30 de abril de 2026, Morás había publicado al menos seis videos sobre Oceransky. Morás financia su canal de YouTube con aportes que pueden hacerse a través de Mercado Pago o Bitcoin. También tiene una tienda en línea donde vende cartas firmadas por él o videollamadas exclusivas. A partir de 250 dólares, los interesados pueden encargar un informe sobre el tema que se desee, “por supuesto tratado con nuestro enfoque”, y por 1000 dólares se puede “conseguir un documental de una hora y media”.
Una de las preguntas que esta alianza periodística envió a Morás, sin conseguir una respuesta, es si recibió algún pago por publicar los videos contra Oceransky. Esta alianza también contactó al correo de prensa y a una representante de YouTube, preguntando si los videos descritos en esta investigación violaban sus políticas de uso, pero no obtuvimos respuesta antes de la publicación. Además, contactamos por correo electrónico con preguntas a los representantes del Centro Inmobiliario del Bajío, pero hasta el momento de la publicación, no se tuvo respuesta.
Portales vinculados
La suspensión judicial de las obras de Ciudad Maderas coincidió con la intensificación de los ataques digitales en contra del director de Fundación Yansa. Entre el 30 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2025 se difundieron alrededor de 50 publicaciones contra el activista.
Al menos 19 publicaciones se propagaron en portales que forman parte de Grupo Transmedia La Chispa, del Centro de Estudios e Investigación y Gobernabilidad S.A. de C.V, empresa creada en agosto de 2009, en el estado de Tabasco, y cuyo objeto social abarca el “llevar a cabo trabajos de consultoría, asesoría, investigación, estudios y análisis políticos”, “crear estrategias inherentes al desarrollo de los medios de comunicación”, “la representación de agencias informativas”, “el desarrollo de campañas” y “el diseño de estrategias de comunicación social”, de acuerdo con documentos disponibles en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía. El accionista mayoritario, administrador único y director general de la empresa es Cruz Ulin Hernández. El director ejecutivo de Grupo Transmedia La Chispa es José Cruz Ulin Romo, de acuerdo con su perfil en LinkedIn.
Entre el 20 y el 27 de noviembre de 2025, al menos 15 sitios web y páginas de Facebook publicaron textos contra el director de Fundación Yansa. Varios de ellos están relacionados entre sí. Por ejemplo, El Ciudadano Voces, en su página de Facebook registró la misma dirección de La Chispa de Yucatán. Además, en su directorio informa que la “Transmedia y diseño” están a cargo de Mi Publi, agencia de publicidad que tiene como CEO fundador a José Ulin.
Esta alianza periodística envió correos electrónicos y habló a los números telefónicos relacionados con Grupo Transmedia La Chispa, sin que se tuviera respuesta.
Otros sitios que difundieron contenidos críticos contra Oceransky son En Directo, Al Tiempo, Cyber México, Noticia Metropolitana y Fifi News. Los cinco portales publicaron textos casi idénticos sobre el activista, todos ellos comparten el mismo código AdSense que proporciona Google a los sitios para mostrar anuncios. Esto quiere decir que hay una gran probabilidad de que esos cinco portales compartan administrador. Los dos primeros, además, están unidos por otro vínculo: tienen el mismo correo de contacto en sus páginas web. Y al menos otros siete sitios, que también han publicado al menos una nota contra el director de Fundación Yansa, comparten el mismo código Analytics de Google. Además, en mayo de 2026, Cyber México y En Directo llevaron publicidad de un desarrollo de Ciudad Maderas en Aguascalientes.
En enero de 2026, los portales del Grupo Transmedia La Chispa y El Ciudadano Voces publicaron la misma nota sobre una supuesta manifestación de ejidatarios de Chuburná en contra de Oceransky. No especifican en qué lugar se realizó esa movilización. Diario Cambio 22 también difundió ese contenido. Al revisar los metadatos de las fotografías publicadas en los diferentes portales, es posible identificar que los archivos comparten nombre y servidor: “Inmobiliatios-yucatan-Business-1”, “Inmobiliarios-yucatam-4”, “Inmobiliarios-yucatan-1”.
Diario Cambio 22 —sitio que ha difundido al menos siete textos criticando al activista— publicó el 6 de diciembre de 2025 una nota en donde se señala que “diversos actores del sector empresarial afirman que Oceransky ha construido un discurso basado en acusaciones sin sustento, afectando tanto a inversionistas como a cientos de familias que dependen de los proyectos que él busca detener”. También resalta que por las declaraciones de Oceransky, uno de los sectores más afectados ha sido el inmobiliario, “particularmente desarrolladoras consolidadas como Ciudad Maderas”. Y aseguran que los proyectos de la empresa cuentan con “licencias, estudios y permisos vigentes”.
Los mismos portales, otro defensor
Varios de los portales que en los últimos meses de 2025 difundieron notas contra Oceransky, un año antes desplegaron una acción similar en contra de otro defensor del ambiente en Yucatán, Wilberth Nahuat Puc, el comisario municipal de Santa María Chi, la persona más visible del movimiento que esa comunidad de unos 500 habitantes emprendió para cerrar la granja porcícola que contaminó su pozo de agua y su aire, de acuerdo con los dictámenes que llevaron a un juez y las autoridades ambientales a ordenar su cierre.
Santa María Chi se ubica a 19 kilómetros de la ciudad de Mérida. En la década de los 90, en los terrenos de la antigua hacienda que está dentro de la comunidad se instaló una granja porcícola que creció hasta llegar a tener 73 corrales, cada uno con 600 a 700 cerdos.
Los habitantes de Santa María Chi cuentan que vivían como prisioneros en sus propias casas, con las ventanas y puertas cerradas, para tratar de detener el mal olor que se instalaba a ciertas horas del día. No se acostumbraban a lidiar con las moscas que invadían todo. Las enfermedades respiratorias eran recurrentes. Comenzaron a comprar agua embotellada porque la que salía de su pozo olía y sabía mal. “Eso nos robaron ellos, los de la granja, nuestra tranquilidad”, dice en entrevista Francisco Cauich, de 66 años.
Así estuvieron hasta que, en abril de 2023, la fetidez se extendió, acompañada de una nube de humo que cubrió la comunidad. Fue hasta días después que dieron con el responsable: “Nos dimos cuenta de que era en la granja, que había un incendio de todo el estiércol, que se estaba quemando. El olor era horrible”, recuerda Fernando Cruz, de 63 años.
“Esa quemazón”, como la llaman en la comunidad, detonó la movilización ciudadana. En mayo de 2023, habitantes instalaron un plantón en la entrada de la granja. Allí, recuerdan, redactaron varias de las denuncias ciudadanas que sumaron a otras tantas que en meses previos habían enviado a todas las autoridades que les fue posible. También cuentan que presentaron una veintena de amparos, por la inacción gubernamental ante la contaminación provocada por la granja. Wilberth Nahuat comenzó a reunir todas las pruebas que permitieran demostrar los daños ambientales: fotografías, estudios, testimonios.
En mayo de ese 2023, trabajadores del Grupo Porcícola San Gerardo denunciaron penalmente a Wilberth Nahuat por los delitos de secuestro y despojo de bien inmueble, ya que acusaron que por el bloqueo no se les dejó salir de las instalaciones de la granja. “Esta denuncia es un acto de criminalización hacia quienes defienden su derecho a un medio ambiente sano, recurso garantizado en la Constitución y en tratados internacionales de los que México es parte”, subrayó el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) que acompaña legalmente a Santa María Chi.
La denuncia contra Wilberth Nahuat no apagó la lucha de Santa María Chi. La gente continuó con los procesos legales contra la granja. El 25 de abril de 2024, la comunidad obtuvo uno de sus logros: una jueza federal ordenó una suspensión provisional de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que autoridades estatales estaban por autorizar al Grupo Porcícola San Gerardo.
Un día después, al menos 17 portales de internet publicaron la misma nota en contra de Wilberth Nahuat. De esos portales, once forman parte del Grupo Transmedia La Chispa. La misma información la publicaron los sitios Visión Informática, Periódico Palacio, Al tiempo, Hombres del Poder, Cyber México, El Ciudadano Voces y El Chismógrafo en la red.
En las notas que se publicaron contra Wilberth Nahuat se aseguraba que pobladores señalaban “incongruencias” del defensor ambiental porque sólo denunciaba a la granja porcícola, pero no la deforestación realizada por las empresas que construyen desarrollos inmobiliarios alrededor de la comunidad. Incluso planteaban que el comisario recibió dinero de esas compañías para construir su casa.
En entrevista con Mongabay Latam, Wilberth Nahuat aclara que la lucha de Santa María Chi se concentró sólo en cerrar la granja y no en combatir el avance de la deforestación provocada por las inmobiliarias, “porque no podíamos tener tantos procesos abiertos”. “No podíamos tener otro proceso legal si no concluía lo que ya teníamos”.
Han pasado dos años de esas notas. Wilberth Nahuat recuerda la “impotencia horrible” que sintió al leerlas. Como era de esperarse, esa información llegó hasta su familia, a la gente de Santa María Chi y a sus conocidos en otras comunidades. Además de su labor como comisario municipal, el defensor también baila jarana, género tradicional de la Península de Yucatán, por lo que se presenta en las fiestas comunitarias. Después de las publicaciones, en algunos de esos lugares, entre broma y broma, le preguntaban: “¿Que estabas vendiendo tierras?”. Para él, los ataques digitales han tenido un efecto prolongado: “Siento coraje de sólo recordarlo”.
Rafael Rivas, habitante de Santa María Chi, cuenta que las publicaciones no mermaron su movimiento, porque las acusaciones contra Wilberth Nahuat “son falsas”. “Nosotros lo apoyamos. Y ellos sólo querían dividirnos”.
Cerrar la granja
Para los habitantes de Santa María Chi, uno de los momentos más difíciles fue la denuncia penal contra Wilberth Nahuat. “Lo denunciaron con pura mentira y vino la [policía] judicial y se lo quería llevar, pero ese día todos salimos. Tocamos las campanas [de la iglesia] y estuvimos con él”, recuerda en entrevista Rita De Casia, de 56 años.
La denuncia también provocó que Wilberth Nahuat escuchara comentarios como: “No van a poder cerrar esa empresa”, “te van a matar”, “¿no tienes miedo?”. La respuesta que él daba era casi siempre la misma: “Si la gente respalda la lucha, podemos seguir adelante”.
Los días 15 y 16 de mayo de 2024, los ataques digitales en contra de Wilberth Nahuat se reactivaron con textos que tenían los mismos contenidos y fotos. Seis meses después se registró una nueva ola de publicaciones. Entre el 22 de noviembre y el 16 de diciembre de 2024, se publicaron al menos 37 notas en su contra en los portales del Grupo Transmedia La Chispa, El Ciudadano Voces y Visión Informativa.
En los titulares de las notas se afirmaba que el representante de Santa María Chi “no es un defensor ambiental”, “la mitad del pueblo lo ignora” o “la ONU mete las manos al fuego por presunto delincuente”. Esas publicaciones coincidieron con la reelección de Wilberth Nahuat como comisario de Santa María Chi y con una audiencia judicial que se realizó como seguimiento a la denuncia contra Wilberth Nahuat.
En septiembre de 2025, la Profepa clausuró en forma total y definitiva la granja porcícola, debido “al incumplimiento reiterado de siete medidas correctivas, entre ellas, la descarga directa de sus aguas residuales sin permiso”. Un mes después, un juez de Yucatán determinó que no existían pruebas suficientes contra Nahuat, por lo que declaraba el no ejercicio de la acción penal en su contra. Sin embargo, la parte acusadora apeló la decisión, por lo que el 17 de junio de 2026 tendrá que presentarse a los tribunales, una vez más, para comparecer en una audiencia judicial.
El 30 de abril de 2025, los habitantes de Santa María Chi consiguieron su anhelo: la granja porcícola cerró sus operaciones. Ahora, la comunidad tiene nuevos objetivos: que la empresa cumpla con el plan de remediación ambiental y evitar que las inmobiliarias sigan extendiéndose. “Aquí, el despojo de tierras está por todos lados. Al pueblo donde vayas, vas a oír las quejas. Ya casi no hay monte. Ya se están acabando la selva alta”, dice Francisco Cauich, de Santa María Chi.
En noviembre de 2027, Wilberth Nahuat terminará su segundo periodo como comisario municipal. Ya no se podrá reelegir, pero continuará dando seguimiento a las acciones de remediación ambiental. Lo hará desde el Consejo Comunitario de Santa María Chi. Esta comunidad es una de las seis que, hasta mayo de 2026 y con la asesoría de Fundación Yansa, habían constituido estos consejos para fortalecer sus acciones de defensa del ambiente y el territorio.
De Yucatán a Jalisco
El 25 de noviembre de 2025, la cuenta de TikTok de Icer Real Estate —que publicita los desarrollos inmobiliarios Ciudad Maderas que se construyen en diversos estados del país— difundió un video que originalmente publicó Actualidad MX, página que publicó su primer post en esos días y fue justo ese video.
Como si se tratara de un noticiero, se escucha: “Autoridades penales de Yucatán buscan al español Sergio Oceransky por la comisión de diversos delitos”, sin que se precise a qué delitos se refiere. También se asegura que en la Fiscalía de Yucatán había carpetas de investigación en contra del activista, “sin que las autoridades penales hayan podido dar con su paradero”. Mongabay Latam preguntó a la fiscalía del estado si existían otras denuncias contra el director de Fundación Yansa. Hasta la publicación de este texto, no se tuvo respuesta.
Durante esos días de noviembre de 2025, contrario a lo que afirmaba el video, el paradero de Oceransky era fácil de obtener, ya que el activista ofreció una conferencia de prensa en la ciudad de Mérida, junto con habitantes de Ixil y Kinchil.
Fue hasta los primeros meses de 2026 que Oceransky se enteró que había un proceso legal en su contra, pero en tribunales de Jalisco, estado que queda a casi un día de viaje por carretera desde Yucatán. El 6 de abril de 2026, el activista fue citado en el Juzgado de Control 11 de Tonalá, Jalisco, para responder a una denuncia en su contra por el supuesto delito de extorsión, presentada el 25 de noviembre de 2025. Ahí se enteró que las personas que lo acusaron eran empleados de la Inmobiliaria Plaza Querétaro, S.A de C.V, la otra empresa de los Jury, quienes aseguraron haber recibido llamadas telefónicas de Oceransky pidiéndoles dinero.
De acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, Inmobiliaria Plaza Querétaro es una empresa creada en enero de 1990 por Jaime Salvador Jury Estefan. Entre sus representantes legales están Gastón Jury Arce y Daniela Jury Lazos, las mismas personas accionistas o representantes legales del Centro Inmobiliario del Bajío.
Cuando Oceransky salió de la audiencia fue detenido, bajo el argumento de que no se presentó a comparecencias previas. Estuvo unas horas en el Complejo Penitenciario de Puente Grande, en Jalisco; el mismo día, un juez determinó que saliera bajo libertad condicionada. Seis días después, el juez Christopher Daniel Márquez González decidió no vincularlo a proceso, al no encontrar elementos suficientes para acreditar el delito del que se le acusó.
Portales de internet y páginas de Facebook que en el pasado difundieron textos en contra de Oceransky publicaron la noticia de su detención. Al menos once publicaciones tenían el mismo título: “Reportan detención de Sergio Oceransky en Jalisco”. Dos de ellos agregaban: “Se victimiza Sergio Oceransky antes de caer a las rejas”.
Para Oceransky, las publicaciones en su contra “han sido algo desgastante” porque “afectan el proceso organizativo, implican dedicar mucho tiempo y espacio mental a realizar la defensa ante las acusaciones”. Y aunque trató de ignorar los ataques digitales, ya no pudo hacerlo cuando éstos se intensificaron. Aun así, lo que más lo ha sacudido es la criminalización: las denuncias que han presentado los empresarios yucatecos que lo acusan a él y dos pobladores de Ixil del despojo de las 324 hectáreas, y la de los trabajadores de la inmobiliaria que construye Ciudad Maderas. “Cuando no les funcione lo de la criminalización, ¿qué buscarán hacer después?”
Criminalización y ataques digitales que no cesan
El primer día de 2026, se creó la página de Facebook Contra la Corrupción MX. Como fotografía de portada tenía el logo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización no gubernamental que sí realiza investigaciones sobre corrupción, pero que no tiene ningún vínculo con quienes crearon esta página. En su descripción se presentaba como una “fundación sin fines de lucro que busca combatir la corrupción en mexico (sic)”. Integrantes de MCCI confirmaron a Mongabay Latam que esa página de Facebook era “fake”.
De los menos de diez posts que publicó al menos seis replicaban notas en contra de Oceransky. Incluso, en marzo de 2026, pagó publicidad en Facebook para incrementar el alcance de las publicaciones que difundía. La página fue dada de baja por Facebook a mediados de abril de 2026.
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No es la única página de Facebook creada para publicar notas contra el director de Fundación Yansa. Otra es Ejido de Ixil (Fundación contra la corrupción). Está activa desde principios de diciembre de 2025. El primer post que publicó fue para compartir la nota del portal Diario Cambio 22: “Iniciativa Privada Cuestiona el Activismo de Sergio Oceransky y las Prácticas de la Fundación Yansa en Yucatán”. Siete de los nueve posts que ha publicado han sido contra el activista.
Quienes crearon esta página se presentan como “un grupo pacífico en contra de la corrupción, buscando erradicar malas prácticas”. El enlace web que registraron es contralacorrupcion.com, sin embargo, hasta el 20 de mayo ese dominio estaba suspendido porque la dirección de correo electrónico del titular no se había validado, como lo exige el Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), la organización encargada de coordinar los identificadores únicos de internet.
A mediados de mayo de 2026, después de 12 horas de audiencia, la jueza Suemy Lizama vinculó a proceso al director de Fundación Yansa, así como a dos habitantes de Ixil, Guillermo Yam Ek y Cecilio Cisneros, acusados de despojo de 324 hectáreas por empresarios yucatecos. Ellos apelaron. Hasta principios de junio de 2026, su caso lo examinaba otro juez y, por lo tanto, estaba en el aire si el proceso continuaba o se desechaba.
*Actualización:El 17 de junio de 2026, la jueza del Juzgado Segundo de Control de Mérida, Yucatán, resolvió no ejercer acción penal y sobreseer el proceso judicial que enfrentaba el comisario de Santa María Chí, Wilberth Nahuat Puc, desde 2023. En mayo de ese año, en el contexto del plantón que pobladores de la comunidad instalaron a las puertas de la granja del Grupo Porcícola San Gerardo, trabajadores de la empresa denunciaron a Nahuat por los delitos de secuestro y despojo. La jueza que revisó el caso consideró que los pobladores realizaron una protesta pacífica contra los daños ambientales y afectaciones a la salud causados por la granja, por lo que no existía ningún delito que perseguir.
Ilustración de portada: Alejandra Saavedra.
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