- Andrés Nápoli es director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) e integrante del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, además de abogado especializado en Derecho Ambiental y Derecho Público.
- En diálogo con Mongabay Latam reflexiona sobre el avance de las derechas en Latinoamérica y las consecuencias ambientales de las decisiones de estos gobiernos.
- Además, ahonda en las leyes y decisiones de estos movimientos políticos que son seriamente cuestionadas por la sociedad civil, los pueblos indígenas y el activismo ciudadano.
- Con Argentina como puntapié regional en el avance de estas políticas, explica cómo la unión hizo a la fuerza en el ambientalismo de su país.
La expansión de una nueva ola de derechas en Latinoamérica plantea nuevos desafíos para el ambientalismo, los pueblos indígenas y la sociedad civil en general. Así lo demuestra el caso argentino, tras la asunción del libertario Javier Milei en la Presidencia en diciembre de 2023. Su llegada se ve acompañada de un boom de las nuevas, a veces no tan nuevas, gobiernos de derecha, que comenzaron a crecer en distintos países de la región: en Paraguay, ganó Santiago Peña; en Ecuador, Daniel Noboa; en Chile, José Antonio Kast; en Bolivia, Rodrigo Paz; en Panamá, José Raúl Mulino; en Honduras, Nasry Asfura; Nayib Bukele, en El Salvador; Laura Fernández Delgado, en Costa Rica; y posiblemente Keiko Fujimori, en Perú. Aún está por definirse en las urnas qué rumbo político tomará Colombia.
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Andrés Nápoli es director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) e integrante del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú. También es abogado especializado en Derecho Ambiental y Derecho Público. Su organización es una de las principales ONG ambientalistas de Argentina, donde la sociedad civil ha marcado un camino también nuevo: la unión hace a la fuerza.
Desde la llegada de Milei al poder, estas organizaciones eligieron unirse en un bloque conciso para enfrentar las políticas y leyes antiambientales aprobadas tanto por el Gobierno argentino como por la mayoría del Congreso.
En entrevista con Mongabay Latam reflexiona sobre el proceso que atraviesa su país desde hace dos años y medio y sobre su influencia en la región.
—¿Hay un modelo antiambiental en las derechas de la región, un modelo de políticas antiambientales?
—No podría decir que hay un modelo, podría decir que hay una acción. Creo que en varios países se ve lo que pasó en Chile ni bien asume el gobierno de Kast: dar de baja más de 40 decretos vinculados al tema ambiental. Es lo mismo que sucede en la Argentina con la desjerarquización de toda la temática ambiental, fundamentalmente la cuestión institucional. También lo que tiene que ver con la degradación presupuestaria, no solamente en los montos presupuestarios asignados para políticas, sino también en la subejecución de esos presupuestos.
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En tercer lugar, creo que hay una extensión del negacionismo climático. En términos generales eso se extiende a varios países. Además, también hay ensayos de vincular a las organizaciones sociales con actividades que no respaldan al gobierno, entonces se busca restringirlas, como pasa en la Argentina con la ley de lobby. Es decir, son varios elementos que parecen ser comunes a varios países de la región.
—Con un objetivo similar a lo que puede suceder con la ley de lobby en Argentina, Perú sancionó la ley llamada APCI, con la que restringe el accionar de la sociedad civil. Esa acción común se ve también en los Parlamentos. ¿Qué consecuencias puede tener el proyecto de ley lobby si se sanciona como ley?
—El Poder Ejecutivo de Argentina envió al Congreso una ley para reglamentar el lobby, aspecto con el que uno debería estar de acuerdo, porque el lobby debe necesariamente estar reglamentado. Argentina lo reglamenta a través de un decreto de 2003. Pero fue muy poco cumplido. Había un montón de obligaciones para los funcionarios de registrar reuniones, etcétera. Pero ahora el Gobierno envía una norma de lobby que involucra no solamente al lobby empresarial, corporativo, económico, sino que también involucra lo que nosotros denominamos el lobby cívico. O mejor dicho: la participación ciudadana. Es decir, equipara la gestión de los intereses del lobby empresario corporativo con los de la sociedad civil en general.
Si el proyecto avanzara de esa forma, aunque creemos que no va a avanzar porque es totalmente inviable, restringiría absolutamente la actividad de las organizaciones. Para dar un ejemplo, una persona de una organización de cualquier nivel, si quiere tener una reunión con un legislador para hablar de algún proyecto de ley debería inscribirse como gestor de intereses, como lobista. Si no lo hace, pasaría a estar en una situación de clandestinidad y esa situación lo podría llevar a percibir multas de hasta los 500 000 pesos (unos 340 dólares) o dos años de prisión. Es una desproporcionalidad, un disparate total y además afecta un derecho constitucional: el de peticionar a las autoridades.
—El avance de las leyes antiambientales promovidas por las derechas se dio con un caso emblemático en Argentina: la modificación de la ley que protegía a los glaciares para favorecer la expansión de la minería en las zonas periglaciares, con glaciares de escombro o montaña. ¿Cuál cree que está siendo el rol de la sociedad civil frente a este escenario parlamentario?
—El rol de la sociedad civil es seguir y sostener sus convicciones. Yo creo que lo que hay que hacer es distinguir los momentos. Uno tiende muchas veces a creer que lo que está pasando hoy va a proyectarse hacia el infinito y eso no es así. Entonces uno debe manifestar cuáles son sus convicciones, cuáles son las bases de las organizaciones, de la sociedad civil. Nosotros tenemos un capital social, nuestra base es la credibilidad, nuestro trabajo, cómo lo hacemos, con quién nos relacionamos. Eso debe ser sostenido en el tiempo. Lo que le pase a la política y los movimientos que tenga la política dependen de otras circunstancias. Es decir, yo no entiendo cómo partidos que hoy son aliados de La Libertad Avanza (el partido de Javier Milei) cambian sus conceptos. Son partidos que promovieron en su momento la adhesión al Acuerdo de París y hoy apoyan a un gobierno que si pudiese, saldría del acuerdo de París. Entonces, estas son las preguntas que debería hacerse la política. Nosotros los interpelamos cuando podemos y de la forma que podemos, pero en realidad son ellos los que tienen el problema.
—¿Cómo sigue la disputa por la Ley de Glaciares?
—Es un proceso que no se va a dar en poco tiempo. Se ha impugnado la sanción de la norma a través de acciones judiciales que están en trámite en este momento. Nosotros hemos presentado como sociedad civil una acción ante el Juzgado Federal de La Pampa. Todavía no tiene resolución.
Cuando las provincias intenten desafectar la protección de un glaciar determinado o un conjunto de glaciares, cuando se realicen los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y los licenciamientos, el proceso va a seguir para la sociedad civil. Así que hay un camino larguísimo por delante para la protección de los glaciares que fundamentalmente se va a dar en los territorios. Porque si algo vimos en este proceso es la reacción de los territorios y la gente de las provincias fundamentalmente. Y eso es muy válido.
—Habló de la flexibilización de las normas ambientales en Chile y el retiró de más de 40 normas ambientales (incluidas la creación de áreas naturales protegidas) al inicio del gobierno de Kast. Esta flexibilización también se está dando en otros países en nombre del progreso. De hecho, se dio primero en Argentina de otra forma con Milei…
—Es falsa la dicotomía entre progreso económico y ambiente porque el ambiente no es el que impide el desarrollo. El desarrollo se da o no se da en regiones determinadas por situaciones muy concretas, es decir, por cuestiones que tienen que ver con geopolítica, por movimiento de inversiones. Y uno puede derrumbar todo el marco normativo, pero si no tiene un potencial para llevar adelante un proyecto, no lo va a llevar. Por ejemplo, comparar la Argentina con Chile, como se suele hacer, en términos de lo que es el desarrollo económico, fundamentalmente de minerales, es absolutamente falso. ¿Por qué? En este momento tenemos en Argentina un gobierno que no apuesta a la obra pública, por lo cual quiere desarrollar proyectos de explotación de minerales, pero no tiene infraestructura para soportarlos. Entonces por qué no se desarrolla la minería como en Chile va mucho más allá de la cuestión ambiental. Creo que lo más sencillo que tienen para derrumbar las derechas es ese argumento. La pregunta es si finalmente derrumbando todas esas normas se va a lograr el desarrollo. Creo que no, creo que es una dicotomía absolutamente falsa y el tiempo lo va a demostrar.
—Con la llegada de Milei y ante la expansión de la minería, el gas y petróleo en Argentina comenzó a darse un fenómeno que no era tan claro en el país y que sí venía dándose en otros países de la región: los ataques a defensores ambientales y al activismo, la criminalización, la judicialización. ¿Cómo ve estos dos años y medio en Argentina con respecto a esta problemática?
—Es una tendencia. Los que trabajamos en la región con temas de defensores ambientales, en mi caso, vinculado al Acuerdo de Escazú, hemos visto que hay situaciones muy críticas y muy graves vinculadas a la persecución de los defensores, como pasa en otros países, pero no en la Argentina. Lo que uno no debería hacer es profundizar esa tendencia. Nosotros deberíamos conservar la situación tal cual está o mejorarla para la protección de los defensores, pero no profundizar la tendencia regional. Creo que los gobiernos liberales han tenido históricamente la misma tendencia, es decir, no cambia en este caso en la Argentina. Son supuestamente “liberales”, pero son liberales en lo económico y autoritarios en lo político.
La tendencia del autoritarismo en la política liberal está presente en el cierre de la participación ciudadana, el cierre de procesos de apertura institucional. Todos esos procesos van en la búsqueda de lograr mayor control y centralización del poder, lo que te va a desembocar fundamentalmente en procesos autoritarios, autocráticos. Así que en verdad, todavía no hemos llegado a una situación crítica en la Argentina, pero la tendencia no debería ir en esa línea. Y creo que la Justicia tiene mucho para decir en ese sentido y no puede esconderse.
—¿Qué nos puede contar sobre las conversaciones que se están dando en el marco de Escazú?
—Que hay es un plan de acción. Ese plan de acción se puso en marcha hace ya un año atrás, cuando había otros colores políticos en varios países. Muchos de ellos son países importantes. Chile, por ejemplo. Entonces el proceso sigue avanzando en la misma línea. Acá el riesgo que se corre en el Acuerdo de Escazú es que los países se pongan reactivos respecto a lo que significa la mirada de los otros, de los externos.
El Acuerdo de Escazú por algo es un acuerdo, digamos, no es un tema de países individuales, sino que es un acuerdo en donde hay que conformar acciones conjuntas entre los países de la región. Muchas veces algunos países quieren obturar ese proceso de mirada exterior de otros. El desafío es que ese acuerdo siga funcionando de la misma forma y que pueda haber otras oportunidades para otros acuerdos en la región.
Creo que hoy hay que poner mucho foco en defensores ambientales porque el contexto político regional puede llevar a situaciones más riesgosas, precisamente porque bajan las protecciones, porque se vuelven los gobiernos más centralistas, más autoritarios. Y eso es una situación de riesgo para los defensores.
—Es miembro del Comité de Cumplimiento del Acuerdo de Escazú. ¿Qué puede decir sobre lo que está trabajando el comité?
—El Comité de Cumplimiento de Escazú es un órgano nuevo que depende de la Conferencia de las Partes [la COP o cumbre global de la ONU] y es un órgano independiente. No es un tribunal, es un órgano que tiene como idea ayudar a los países a cumplir el acuerdo. En este sentido, el Comité ha recibido denuncias de algunos casos complejo, como sucede en el caso de Chile, con la desaparición de la defensora ambiental [Julia Chuñil], o en el caso de Argentina, que es un país que lidera la cantidad de denuncias en el comité por múltiples temas que tienen que ver con acceso a la información pública y con la denuncia por la instalación de una planta de hidrógeno verde en Uruguay.
El comité está revisando esos procesos, pero al mismo tiempo está trabajando con los países para apoyarlos a mejorar su cumplimiento del acuerdo. Tanto a Chile como a Panamá, entre otros, se les ha hecho una serie de visitas en las cuales se han brindado un montón de recomendaciones. Estas visitas son por invitación, es decir, el comité ha recibido la invitación de los países y concurrió. Esperemos seguir trabajando en ese proceso de apoyo al cumplimiento de cada uno de los países.
—Habló del negacionismo climático como una de las características de las derechas en la región. Pero algunos son más solapados que otros. ¿Cómo detectamos a los solapados?
—Los discursos negacionistas son discursos ideológicos que protegen intereses. El discurso negacionista de las derechas protege a la industria fósil y la toma de decisiones centralizada. Van por esos dos ejes. Cuando hablo de la toma de decisiones centralizadas, significan que los gobiernos no quieren que nadie les diga nada de lo que tienen que hacer. Lo que veo que es una teoría que le cierra a los gobiernos porque no les hace llevar adelante políticas de mitigación, políticas de adaptación. Todo se cierra alrededor de bajar el déficit fiscal.
Entonces es muy cómodo para los gobiernos de derecha tomar posición a favor del negacionismo climático y además es ideológicamente funcional porque de alguna forma los vincula con el máximo propulsor de esto que hoy en día es la administración Trump. Así que por ese lado es cómodo. Pero es inconveniente porque el proceso de cambio climático no es una definición ideológica, es algo que finalmente sucede.
—Hablamos de flexibilización de las normas ambientales, del negacionismo, de la violencia contra los defensores, de las coaliciones parlamentarias en contra de las leyes ambientales. ¿Qué otros puntos cree que son a los que hay que prestarle atención en la región?
—Una cosa que se está dando en Argentina y otra que no se está dando, pero que puede ser una tendencia. En primer lugar, el experimento del REGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones). Me parece que es un experimento al que hay que prestarle mucha atención y que va mucho más allá de facilitar inversiones. Es un experimento que busca transformar la Ley de Sociedades, entre otras cosas, para permitir sociedades virtuales, que no tienen ningún tipo de responsabilidad. Y eso ya nos pone en línea con un mundo casi distópico.
Nosotros estamos en el inicio de ese proceso y habría que prestarle atención. Genera garantías por 30 años, es decir, aquellos que se adhieran a ese régimen y lleven adelante los proyectos [de minería, petróleo, gas, infraestructura] no podrán ser alterados por 30 años, tanto en lo fiscal como en lo normativo. Y si a alguien se le ocurriera hacer ese reclamo, debería caer en un órgano internacional de resolución de conflictos, ya no en la esfera nacional. Es muy probable que sea modelo en otros países también.
Otro punto a observar es la tendencia a centralizar cada vez más el poder. Yo no hablaría en la Argentina de un proceso autoritario más allá del que se está dando en las calles en este momento, que se ha endurecido mucho. Pero hay un plan nacional de inteligencia en marcha. Hay una tendencia a la centralización y hay algunos modelos de países, como pasa en Centroamérica, en El Salvador, por ejemplo, que marcan una tendencia distinta. No es el caso al que ha llegado a la Argentina todavía, pero marco y hablo de tendencia.
—Mencionaba el plan de la inteligencia del Estado enfocado en el ambientalismo y eso es algo que se estuvo discutiendo en Argentina desde que llegó Milei. A partir de lo que se sabe sobre este plan que se filtró para investigar desde la Secretaría de Inteligencia del Estado a ambientalistas, ¿qué características tiene este plan?
—Quizás tiene una decodificación en lo que significa la cuestión del “agente extranjero”, que está vinculado a la Ley de Lobby. La Ley de Lobby establece que quien recibe un financiamiento del exterior va a ser denominado como agente extranjero. Eso es gravísimo. Eso lo planteaba el mismo Plan Nacional de Inteligencia. Y eso de alguna forma también ya fue ensayado en Nicaragua, por ejemplo, para “limpiar” a las organizaciones no gubernamentales. Esta idea de estigmatizar a quien realiza una función de interés público y que recibe financiamiento del exterior como un agente extranjero es el paso directo que comentábamos y que está planteado en el Plan Nacional de Inteligencia. Hoy está queriendo ser instrumentado en la Ley de Lobby. Vamos a ver qué resultado tiene.
—Cuando llegó Milei al poder empezó a poner en ejercicio sus políticas antiambientales. La sociedad civil ambiental en Argentina estaba dispersada. Cada uno con su agenda. Pero para enfrentar las políticas antiambientales se unieron. ¿Cómo fue esa experiencia?
—Creo que una de las consecuencias de este proceso en Argentina es que el sector ambiental, casi diría que en todas sus vertientes, trabaja hoy de manera conjunta. El primer ensayo de ese trabajo fue ante lo que se denominó la Ley Ómnibus, que fue la primera de Milei. Después terminó siendo la Ley Bases. Hubo una unificación [de la sociedad civil ambientalista] que terminó de consolidarse de forma mucho más unificada ante la modificación de la Ley de Glaciares, el debate sobre la protección de los glaciares. Creo que ahí no hubo fisuras.
Estamos trabajando de la forma que tenemos que trabajar. Hay que dejar de lado los detalles para defender procesos que son mucho más importantes para el conjunto. Así que creo que es uno de los datos positivos que vemos en este tiempo.
—¿Diría que es el camino que deben estar observando las sociedades civiles de otros países donde están asumiendo gobiernos con agendas similares a la de Milei?
—Sí, sí. Pasó en su momento en Brasil. Brasil fue el primer ejemplo que tuvimos con el gobierno de [Jair] Bolsonaro. Hubo una gran unificación de todo lo que fue la sociedad civil en general, inclusive recibió un apoyo internacional muy importante, que ahora digamos no es tan así, pero en definitiva creo que fue un muy buen camino. Es posible que en Chile se dé el mismo proceso y habrá que ver en Colombia qué es lo que pasa.
Funciona también a nivel regional. Lo visualizo mucho en el acuerdo de Escazú. Ahí trabaja una sociedad civil muy unificada. Creo que esa sociedad civil debería expandir hacia otros sectores. Me parece que quizás llegó el momento de privilegiar temas que son más críticos, como la cuestión de la protección de los defensores y me parece que es un elemento que seguramente va a venir porque está quedando progresivamente una región de otro color y fundamentalmente se debe trabajar en conjunto para hacer que el proceso [de protección de los defensores] no tenga un retroceso.
—FARN trabaja codo a codo con organizaciones indígenas de Argentina. ¿Qué características tuvieron las políticas del gobierno de Milei en cuanto a pueblos indígenas?
—Se han debilitado todos los organismos institucionales que tienden a proteger al sector indígena en general a nivel nacional. Después, suceden otros procesos en cada una de las provincias, porque convengamos que Argentina es un país especial en términos de la región porque tiene los recursos naturales cuyos manejos corresponden a las provincias. Todas las políticas antiambientales y las normas que han progresado son para avanzar sobre los territorios, para explotar territorios. Yo diría que no estamos en mejores condiciones.
*Imagen principal: manifestantes con la imagen de líderes mundiales, incluido el presidente Donald Trump (en el centro), simulan perforar la Tierra durante la Cumbre del Clima COP30 de la ONU, el jueves 20 de noviembre de 2025, en Belém, Brasil. Foto: AP/Andre Penner
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