- Durante más de una década, la oposición en Topolobampo a la construcción de una planta de amoniaco fue sostenida principalmente por comunidades yoreme-mayo, pero la reciente llegada de unas torres industriales de grandes dimensiones detonó movilizaciones ciudadanas masivas con protestas en Sinaloa, Ciudad de México e incluso Alemania.
- El pasado 12 de junio, representantes de diversas dependencias federales, encabezadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se reunieron con las comunidades yoreme-mayo y acordaron instalar una ruta de trabajo interinstitucional, realizar inspecciones ambientales y mantener mesas de diálogo sobre el proyecto.
- Especialistas que han trabajado durante décadas en la Bahía de Ohuira advierten que la planta se ubica dentro de un sitio Ramsar con alta vulnerabilidad ecológica, donde impactos sobre la pesca, los manglares, las tortugas marinas y los delfines podrían ser irreversibles.
- Pese a la intervención del Gobierno federal, las comunidades mantienen bloqueos en los accesos a la empresa y exigen la cancelación definitiva del proyecto por los posibles riesgos ambientales, económicos y de seguridad para la población.
La llegada de dos enormes estructuras para la construcción de la planta de amoniaco de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, Sinaloa, México, irrumpió primero en las pantallas de los celulares. Melina Maldonado, una de las defensoras del pueblo indígena yoreme-mayo que desde 2014 ha encabezado la oposición al megaproyecto, las vio por primera vez en una fotografía compartida en un grupo de WhatsApp. La imagen mostraba una estructura descomunal, alargada y metálica.
“Eso es un misil, ahora sí vamos a ‘volar’, miren la magnitud”, escribían algunos pobladores, recuerda Maldonado, mientras observaban el convoy salir lentamente de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Topolobampo el 29 de mayo de 2026, rumbo a las instalaciones de GPO en la Bahía de Ohuira, un sitio de alto valor ambiental, cultural y económico que las comunidades buscan proteger.
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Apenas una treintena de pescadores intentó detener el paso de aquella mole industrial que, vista junto a los tráileres que la transportaban, parecía todavía más grande. Para Maldonado, aquel momento marcó un punto de inflexión. Las fotografías y videos circularon de teléfono en teléfono, despertando una inquietud que, según ella, durante años no había logrado permear entre buena parte de la población del puerto. Las comunidades yoreme-mayo comenzaron a organizarse para intentar frenar el traslado de una segunda estructura —que la empresa posteriormente describiría como torres industriales para la captura de dióxido de carbono—, mientras el rechazo al proyecto se extendía entre habitantes de Topolobampo, Los Mochis y otros puntos de Sinaloa.
“Ahorita siento que la empresa se equivocó al mostrar su verdadero rostro: el monstruo del humedal, porque es como ahora lo miran todos”, afirma Maldonado, integrante del colectivo Aquí No, fundado en 2017 e integrado por las comunidades yoreme-mayo, activistas, académicos y asesores legales para alertar sobre los posibles impactos del proyecto. La planta de GPO está diseñada para producir 2200 toneladas diarias de amoníaco anhidro, un gas utilizado como insumo base para la fabricación de fertilizantes.
La llegada de aquellas estructuras también modificó la escala de las protestas. En cuestión de días, se registraron movilizaciones en otras ciudades de Sinaloa, como Culiacán y Mazatlán. En la Ciudad de México, colectivos ambientalistas y organizaciones en defensa del territorio convocaron a una protesta frente a la Embajada de Alemania, país de origen de PROMAN AG, grupo empresarial que participa como socio principal de GPO. También se reportó una manifestación en Alemania, donde mexicanos residentes en Berlín replicaron las exigencias de cancelación del proyecto y cuestionaron el papel del financiamiento alemán en su desarrollo, respaldado por el Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW IPEX-Bank).
En este contexto de presiones sostenidas, el 12 de junio de 2026 las comunidades lograron obtener una reunión en Los Mochis con autoridades federales y estatales, encabezadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y su titular, Alicia Bárcena, así como por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), encabezada por Mariana Boy Tamborrell.
De acuerdo con el comunicado oficial, en el encuentro también participaron representantes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Gobernación. También estuvieron presentes autoridades del Gobierno del Estado de Sinaloa.
Tras la reunión, se informó la instalación de una ruta de trabajo interinstitucional que contempla la continuidad de mesas de diálogo, mecanismos de coordinación y una inspección ambiental por parte de Profepa con acompañamiento de representantes comunitarios, así como el respeto al derecho a la manifestación de las comunidades.
Sin embargo, para los yoreme-mayo, el encuentro no significó una resolución de sus exigencias. “Vino todo el gabinete de la presidenta [Claudia Sheinbaum]”, dice Maldonado. “Pero la postura sigue siendo la misma: aquí no. Se llevaron todas nuestras inquietudes a analizar y les pedimos que, mientras analizaban, se cancelara el proyecto. Nos dijeron que no podían, que iban a analizar la información y, sobre lo que estuviera mal sustentado, ellos iban a actuar, que ya habían visto que sí había irregularidades a simple vista”.
Mientras tanto, durante la madrugada del 15 de junio las comunidades instalaron un bloqueo permanente en los accesos a la planta de GPO en Topolobampo. “No les dimos plazos porque nosotros tendremos tomadas las instalaciones de la empresa”, agrega Maldonado. “Ellos sabrán qué tanto le apuran a resolver”.
Mongabay Latam solicitó en varias ocasiones la postura de la empresa GPO, así como de la Semarnat y la Profepa. Hasta el cierre de esta edición, ninguna de ellas respondió.
Únicamente el banco financiador, KfW IPEX-Bank, afirmó, vía correo electrónico, que el proyecto cumple con estándares y normativas ambientales y sociales, a pesar de que en diciembre de 2025 once relatores de las Naciones Unidas alertaron sobre violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de estas comunidades.
El banco añadió que contrató a una consultora independiente para reevaluar la implementación del proceso de consulta indígena que se realizó en 2022, el cual permitió la continuidad del proyecto pese a la oposición de comunidades del área de influencia. Aunque indicó que el informe no ha sido concluido y que no podrá hacerse público en su totalidad por obligaciones legales, contractuales y de protección de datos, aseguró que analizará qué información puede divulgar para contribuir a una mayor transparencia sobre sus resultados.
Respecto a su participación financiera en la planta de amoniaco, el banco sostuvo que cualquier decisión sobre la continuidad de su involucramiento debe apegarse a obligaciones legales y contractuales vigentes, y que no puede ser tomada de manera unilateral, ya que forma parte de un consorcio de financiamiento. No obstante, afirmó que mantiene un monitoreo continuo del contexto general del proyecto, incluidas las preocupaciones comunitarias y cualquier cambio relevante en las condiciones legales, ambientales, sociales o contractuales.
Sin embargo, el banco no precisó qué circunstancias podrían llevarlo a reconsiderar, suspender o retirar su participación financiera en el proyecto.
En un comunicado durante la primera semana de junio, GPO afirmó: «Este proyecto no representa un riesgo para la bahía ni para el medioambiente, precisamente, porque ha sido desarrollado bajo estudios técnicos rigurosos y cumpliendo plenamente con todos los procesos legales correspondientes».
La empresa dijo luego que «dichos procesos incluyeron evaluaciones ambientales, autorizaciones regulatorias y consultas públicas e indígenas». La compañía reiteró su «disposición al diálogo» y su «irrevocable compromiso de operar con responsabilidad, transparencia y en respeto al medio ambiente y a las comunidades».
Un Sitio Ramsar en riesgo
Más allá del conflicto político y jurídico, la discusión gira también en torno al futuro ambiental de la Bahía de Ohuira. Esta forma parte de un complejo lagunar costero reconocido internacionalmente como sitio Ramsar por su valor ecológico, su biodiversidad y su importancia para comunidades indígenas y pesqueras.
Diana Escobedo Urías, investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quien ha trabajado en la zona por más de tres décadas, señala que el principal riesgo del proyecto de amoniaco no se limita a la infraestructura industrial en sí, sino a su ubicación en un sistema ambiental altamente vulnerable.
Uno de los impactos más críticos, explica, está relacionado con el uso del agua en el proceso industrial. La planta requeriría grandes volúmenes de agua marina, lo que implicaría la succión de organismos en etapa larvaria, particularmente del camarón, una especie esencial para la pesca local de la que dependen al menos 4000 pescadores y sus familias. A ello se suma el retorno de agua con mayor temperatura y salinidad, lo que en una laguna somera y con bajo recambio hídrico podría alterar de forma significativa su equilibrio ecológico.
Escobedo Urías advierte que estos cambios no solo afectarían la productividad pesquera, sino también especies de alto valor para la conservación.
“En la zona encontramos especialmente a la tortuga carey —en peligro crítico de extinción— que entra a la laguna a comer. También la comunidad de delfines nariz de botella, que utilizan la bahía como refugio para la maternidad; encontramos hembras con crías a las que enseñan a cazar y juegan con ellas”, describe la especialista y añade que también podrían verse afectadas aves, manglares remanentes y otras especies que dependen del equilibrio del sistema lagunar.
Desde su perspectiva, la preocupación central es que la Bahía de Ohuira ya se encuentra bajo múltiples presiones acumuladas: la actividad agrícola, descargas urbanas provenientes de Los Mochis y la reducción progresiva de manglar. En ese contexto, sostiene que el ecosistema estaría llegando a un punto de no retorno, donde nuevos impactos podrían generar cambios irreversibles en su funcionamiento.
“La laguna ya no puede con más impactos”, advierte. “Lo que necesita es una restauración urgente y este llamado lo hemos hecho durante muchos años”.
Pero el riesgo, afirma Escobedo, no es únicamente ecológico. En caso de un accidente industrial, incluyendo fugas en ductos o fallas operativas, los escenarios de afectación podrían alcanzar por lo menos 14 kilómetros a la redonda, con impactos irreparables tanto a las personas como al ambiente en comunidades cercanas e incluso hacia zonas urbanas como Los Mochis, dependiendo de las condiciones del viento y la dispersión de contaminantes.
“Esos escenarios están documentados en el estudio de riesgo para esa instalación que fue presentado en su momento a la Semarnat y que fue pagado por la misma empresa”, explica Escobedo. “No hay vías de salida y los gobiernos —local, estatal y federal— jamás han dicho cuáles serían las previsiones para evacuar a las personas. En cinco minutos después de una fuga, ¿a cuántas personas se puede sacar? A nadie”, asevera la científica.
GPO rechaza que exista un riesgo de esa magnitud. En una lista de preguntas y respuestas para medios publicada el 9 de junio en su sitio web, la empresa respondió que no existe esa posibilidad “en los términos que se han difundido”. Según la compañía, el proyecto incorpora múltiples sistemas de seguridad —incluyendo contención doble, diseño seccionado y protocolos de emergencia— «que hacen altamente improbables escenarios catastróficos”.
Para la geógrafa Claudia Campero, coordinadora de justicia climática de la organización Conexiones Climáticas, el conflicto en la Bahía de Ohuira no puede entenderse de forma aislada, sino como parte de una expansión regional de infraestructura fósil en el Golfo de California. La organización ha acompañado al colectivo Aquí No en su resistencia frente al proyecto de amoniaco, en el marco de un trabajo más amplio sobre gas natural licuado y cadenas de exportación energética.
Campero señala que en la región se han planteado varios proyectos energéticos simultáneos, entre ellos los denominados Vista Pacífico, Saguaro y Mexinol. En su análisis, estos desarrollos responden a una misma lógica: la expansión de infraestructura para aprovechar gas natural destinado a exportación.
En ese contexto, sostiene que la oposición comunitaria ha tenido impactos concretos en la configuración del mapa energético regional. “Gracias a la resistencia que han tenido las comunidades, en marzo de este año Sempra anunció que no iba a construir Vista Pacífico y se retiraba de impulsar ese proyecto”, afirma.
Campero coincide en que la reciente escalada de protestas se detonó tras la llegada de infraestructura industrial al puerto de Topolobampo, lo que permitió a la población dimensionar físicamente la magnitud del proyecto. También apunta a las condiciones en las que se realizaron los traslados de maquinaria pesada, incluyendo cortes de energía en el puerto y una circulación lenta del convoy, lo que amplificó la visibilidad del hecho entre la población local.
“La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció previamente cortes de mantenimiento al sistema eléctrico para ese día, pero las personas se dieron cuenta de que lo que hicieron fue cortar la luz porque esa infraestructura gigantesca no puede pasar sin dañar los cables”, describe Campero. “Eso dejó a Topolobampo sin luz por horas y, como el trayecto de la maquinaria se hizo muy lentamente, toda la gente del puerto se enteró, sacó fotos y se compartieron en los grupos de WhatsApp, eso empezó a generar muchísimo enojo, muchísima indignación”.
Desde su perspectiva, este momento marcó la diferencia en la percepción social del riesgo. “Las advertencias que el colectivo Aquí No había hecho durante muchos años adquirieron un nivel muy tangible para las personas”, afirma.
“Las comunidades indígenas de alrededor de la bahía nunca dieron su consentimiento” para la realización del proyecto, concluye. “Además, no están pidiendo ponerle un filtro a la planta ni mitigar impactos: la exigencia es cancelar el proyecto porque no hay manera de compensar esos riesgos para garantizar la vida en la bahía”.
“No producirán un litro de amoniaco”
Los bloqueos en Topolobampo, que se han extendido por varios días con interrupciones en distintos accesos públicos al puerto y la empresa, se han convertido en las acciones más visibles de una resistencia que, según Melina Maldonado, ya no tiene marcha atrás.
La defensora yoreme-mayo describe un ambiente de tensión durante las jornadas más recientes de protesta, en las que participaron miles de personas. Relata que la empresa intentó reanudar actividades enviando a sus trabajadores a la obra y también se desplegaron elementos de seguridad pública, mientras las comunidades organizaban guardias para evitar posibles enfrentamientos.
“La empresa pretendía enfrentar a sus trabajadores con nosotros los protestantes”, dice. “Pero muchos de los trabajadores no quisieron porque algunos son de las mismas comunidades, otros son de Los Mochis, y también se volvieron empáticos con nuestra protesta”.
Durante esos días, GPO difundió comunicados en los que aseguró que algunos manifestantes habían ingresado de forma indebida a propiedad privada y defendió la legalidad del proyecto. Maldonado rechaza esa versión y sostiene que las protestas se han realizado en espacios públicos.
Para Maldonado, las movilizaciones de las últimas semanas han dejado dos certezas. La primera es la solidaridad de la ciudadanía, que ha sostenido los bloqueos con alimentos, agua y acompañamiento permanente. La segunda, que la oposición al proyecto finalmente logró trascender a las comunidades directamente afectadas y encontrar eco en amplios sectores del país, algo que durante años pareció improbable.
“El grito desesperado que tuvimos hace más de 12 años se está escuchando”, sostiene la defensora. “Aquí no, porque aquí duele; aquí no porque es sagrado, aquí no porque es somera la bahía, aquí no porque está la población, aquí no porque está el pueblo yoreme y es nuestro territorio. Aquí no queremos contaminación, aquí no queremos zona de riesgo y sacrificio. Aquí no porque es un proyecto que violó nuestros derechos. Este grito lleva muchos porqués y ya llegamos con él al país completo”.
Sin embargo, añade, ese mensaje aún necesita cruzar fronteras. “Necesitamos que a la sociedad alemana también le llegue el mensaje de que nuestros niños no tienen por qué pagar el precio del desarrollo económico de su país”, señala.
“Alemania va a perder su dinero porque no les vamos a dejar producir ni un litro de amoniaco. Nosotros vamos para adelante, vamos hasta donde tope”, aseguró.
*Imagen principal: una de las torres industriales para la captura de dióxido de carbono propiedad de la empresa GPO. Al desconocer su función tras su llegada al puerto de Topolobampo, las comunidades comenzaron a llamarlas «misiles» o «reactores». Foto: cortesía Marcos Vizcarra / Conexiones Climáticas
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