- Durante el primer semestre de 2026 se registraron al menos dos ataques con armas de fuego a comisiones técnicas que se dedican a verificar minería ilegal cerca de La Paz, y la situación, poco vista en Bolivia, se extiende a otras áreas del país.
- En el gobierno de Rodrigo Paz apuntan a mafias criminales que también se dedicarían al narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas.
- Los casos están bajo investigación, pero todavía no hay detenidos.
- Expertos sostienen que es necesario que se realicen planes interinstitucionales para combatir la minería ilegal.
El 1° de julio una comitiva técnica de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) de Bolivia fue emboscada en la comunidad de Achiquiri, en el municipio de Mapiri, en el departamento de La Paz. Esa comisión tenía la misión de verificar la presencia de minería ilegal en la zona y al llegar al poblado fue recibida con disparos de armas de fuego y piedras. Los funcionarios públicos debieron huir. Fue el segundo ataque que sufrieron técnicos de la AJAM en lo que va del año.
Este organismo es una entidad pública encargada de dirigir, administrar, registrar y fiscalizar toda la actividad minera en Bolivia. Está bajo jurisdicción del Ministerio de Minería y Metalurgia y entre sus principales funciones emite licencias -como las de prospección- y Contratos Administrativos Mineros (CAM) para el desarrollo de actividades legales. Además, realiza controles, inspecciones y procesos legales para desbaratar actividades mineras que operan sin autorización.
Jaime Sanabria, director de la AJAM, afirmó a Mongabay Latam que existen grupos armados que operan en zonas de minería ilegal y aseguró que en algunas de estas áreas el Estado perdió el control, como es el caso de Achiquiri. El funcionario dijo que la AJAM seguirá realizando controles, pero esta vez con un trabajo de inteligencia y apoyo policial para llegar a las zonas donde la minería ilegal –sobre todo aurífera- opera sin supervisión.
“Donde hay minería ilegal, hay tráfico de armas, hay una tenencia ilegal de estas armas, existen grupos irregulares, existen grupos vinculados con temas de narcotráfico, con el lavado de dinero, legitimación de ganancias y otros”, afirmó Sanabria.
El funcionario detalló que la minería ilegal no solo tiene un carácter económico sino que “está vinculado al tráfico de armas, todos estos grupos operan no solamente en esta región, sino en otros lugares donde hemos hecho intervenciones y vemos que los mineros están armados”.
El fenómeno se viene registrando desde fines de 2025, aseguró el funcionario. “Es muy duro decirlo, pero es una realidad. Es lamentable que allá donde hemos entrado desde noviembre del año pasado, las intervenciones han sido repelidas por grupos armados o utilizando dinamita, armamento de fuego. Están los registros [de imágenes] y esta es una realidad que debemos afrontar como Estado”, afirmó Sanabria.
El director de la AJAM explicó que desde noviembre de 2025 las comisiones de esta entidad pública realizaron intervenciones en los departamentos de Pando, La Paz, Beni y Potosí, entre otras regiones, donde los equipos también fueron repelidos por grupos armados con dinamita y armas de fuego. El funcionario detalló que solo en este año recibieron dos ataques: el de Achiquiri y otro en la comunidad de Lip’ichi, en el municipio de Sorata, también en el departamento de La Paz.
“La minería ilegal dejó de ser solo un problema administrativo y ambiental, ahora se convirtió en uno que afecta la soberanía, la seguridad y la gobernanza. Es por eso que estamos coordinando acciones con la Policía [Boliviana], las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y autoridades ambientales para ejecutar operativos de mayor magnitud”, dijo Sanabria.
Una tendencia que se agudiza
Fernando Alcons, geógrafo y analista de temas mineros, afirmó a Mongabay Latam que lo sucedido en Achiquiri se suma a “una larga lista de episodios similares” en los que servidores públicos y policiales se vieron obligados a resguardarse ante amenazas a su integridad por la minería ilegal. El experto dijo que desde noviembre de 2025 hay al menos 14 casos de minería ilegal denunciados y en la mitad de ellos se registraron distintos niveles de resistencia a las inspecciones.
“La minería ilegal no nació con este gobierno, pero ahora le toca a este gobierno tomar una decisión que definirá el futuro de las actividades mineras ilegales y el destino de las fuentes de agua, la biodiversidad, la producción agroecológica y los pueblos afectados y contaminados”, afirmó Alcons.
El especialista recalcó que es necesario fortalecer mecanismos de coordinación interinstitucional que involucren a las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana, el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado, los gobiernos municipales y otras entidades competentes como el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) o la Defensoría del Pueblo.
“De esta manera, no solo se obtendría una sumatoria de fuerzas, sino la complementariedad de competencias frente a una actividad que, en muchos casos, dispone de más recursos y capacidad de movilización que los propios fiscalizadores del Estado”, detalló Alcons.
Se expande la minería ilegal en el país
Sanabria añadió que más del 80 % de la actividad minera en Bolivia “es informal o ilegal”. “Por eso es necesario fortalecer los controles y formalizar a los actores del sector”, dijo.
En el caso de Achiquiri, según las imágenes, una comisión técnica de la AJAM ingresó en un vehículo a esa zona. Al ver el vehículo, los pobladores empezaron a lanzar piedras y los técnicos tuvieron que escapar. Mientras huían se escucharon disparos de armas de fuego. Luego, lejos del lugar, una persona en una motocicleta les confirma que usaron armas de fuego para ahuyentarlos.
Esa área minera se conoce como Playa Dorada y tiene antecedentes de minería ilegal. “La gente que atacó con disparos logró fugarse. Hubo destrozos en el vehículo y se ha puesto en serio riesgo la integridad de nuestro personal”, relató Sanabria.
Este caso está en etapa de investigación y ya se abrió un proceso penal en la Fiscalía de La Paz. La AJAM presentó las imágenes del ataque como pruebas y también declararon cuatro personas: el conductor, dos funcionarios y un policía que acompañaba a la comitiva.
Según datos de la investigación a las que accedió Mongabay Latam, el operativo se desarrolló por una denuncia por presunto avasallamiento de áreas mineras. Fue presentada por una cooperativa minera.
De acuerdo a la información, el equipo encargado de la inspección estuvo en Mapiri un día antes, donde pasó la noche antes de desplazarse hacia Achiquiri para realizar la verificación. En ese trayecto es donde se produjo el seguimiento a la comitiva técnica por parte de un vehículo no identificado.
“Cuando la comisión se dirigía hacia el área de trabajo, ese vehículo logró alcanzarlos e interceptarlos en el camino. En ese momento se registraron disparos contra el grupo de funcionarios”, de acuerdo a una fuente oficial a la que accedió este medio.
La Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) negó que exista minería ilegal en Playa Dorada y afirmó que el ataque contra la comisión de la AJAM fue un hecho aislado, originado por un conflicto interno en una cooperativa. “Queremos dejar claramente establecido que en el municipio de Mapiri no se está realizando minería ilegal como se está generalizando”, dijo a Mongabay Latam Carlos Alanoca, presidente de Ferreco, entidad que aglutina a las cooperativas mineras de La Paz.
“Esto es un hecho aislado, un problema interno en una cooperativa minera”, justificó el dirigente minero, quien explicó que el conflicto se registró en la cooperativa Playa Dorada de San Juanito, “donde existen dos directorios paralelos”. El dirigente precisó que Ferreco reconoce solo a uno de ellos y que la otra tomó represalias.
Alanoca aseguró que en el municipio de Mapiri, en el norte del departamento de La Paz, existen cooperativas con más de 45 años de actividad legal y prometió que no impedirán las inspecciones de la AJAM. “Quiero descartar que en esa zona [Achiquiri] opere una organización criminal armada”, aseguró.
Un segundo caso en investigación
Otro caso es el que sucedió en Lip’ichi el 9 de abril pasado. En esa comunidad, que es parte del municipio de Sorata, un contingente policial y una comisión de la AJAM también fueron atacados con disparos de armas de fuego cuando ingresaron a esa zona para restablecer derechos mineros.
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“Durante el desarrollo de ese operativo, y cuando se procedía a la restitución del área, grupos armados reaccionaron de forma violenta, detonando dinamita y efectuando disparos contra el contingente policial. El hecho generó momentos de alta tensión”, relató Sanabria.
Este caso también está en investigación y se identificó a dos personas como las cabecillas del grupo. Ambas tienen órdenes de aprehensión y están prófugas. En esa zona, la Policía Boliviana detectó el uso de armas de fuego de grueso calibre y el uso de internet satelital, ya que es una zona de difícil acceso.
Ante este escenario de violencia, la AJAM se reunió la pasada semana con las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana para establecer acciones y estrategias para ingresar a zonas donde existe minería ilegal.
*Imagen principal: una comisión de la AJAM fue recibida con disparos de armas de fuego y piedrazos en la localidad de Achiquiri cuando pretendía realizar una inspección de minería ilegal. Foto: cortesía AJAM
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