En el marco de una megaproyecto de reforma del Estado, el gobierno de José Antonio Kast impulsa una norma para que las empresas que pierdan sus licencias ambientales por decisión de la Justicia, ante incumplimientos, contaminación e impactos socioambientales, puedan reclamar al Estado chileno una indemnización monetaria para recuperar los gastos incurridos durante el proceso de evaluación ambiental, salvo que la revocación sea por haber aportado información falsa.

El miércoles 15 de julio, el Senado aprobó el proyecto de ley. El artículo 12, referido a la indemnización por la revocación de licencias ambientales -llamadas Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA)-, fue aprobado por el margen más estrecho de la jornada, informó La Tercera: 25 votos a favor y 24 en contra.

La oposición anunció una reserva de constitucionalidad, una advertencia formal que realizan los parlamentarios durante la discusión de un proyecto con el objetivo de dejar constancia de que la norma vulnera la Constitución y habilitando un futuro reclamo ante el Tribunal Constitucional.

La Cámara de Diputados trataría el proyecto este martes. Si los diputados aprueban por mayoría, el megaproyecto de Kast quedaría en condiciones de ser promulgado como ley, salvo por la impugnación que el bloque opositor podría hacer ante el Tribunal Constitucional.

En diálogo con Mongabay Latam, Pablo Badenier, biólogo marino y ministro de Ambiente (2014-2017) durante el gobierno de Michelle Bachelet, explica el escenario en el que surgió esta decisión de Kast y su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Afirma que es producto del desconocimiento del Ejecutivo sobre el sistema de evaluaciones ambientales del propio Estado y advierte que será incluso contraproducente al objetivo oficialista de generar mayor inversión privada.

—¿Funciona el sistema actual de evaluación ambiental en Chile?

—Es una opinión relativamente unánime del mundo de los especialistas en evaluación ambiental que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en Chile funciona bien. Requiere, sin duda, algunos ajustes, algunas mejoras, pero en términos generales es un sistema que funciona, que está recargado, que se ha hecho más lento, que en algunos proyectos se han generado reclamos administrativas o judiciales que han generado cierta incertidumbre. Pero creo que son proyectos específicos, controvertidos, pero no la generalidad de los proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

No obstante, en la generalidad de proyectos que ingresan al sistema, sí comparto la crítica de que se ha vuelto un sistema mucho más lento, producto de que en los últimos cinco ocho años se han incorporado a la regulación ambiental chilena otros cuerpos más específicos, que han hecho que en la evaluación ambiental de proyectos se tenga que verificar el cumplimiento de esa normativa y obviamente ha incorporado ciertas restricciones a la gestión de proyectos. Pero han sido acuerdos relativamente transversales del mundo político y hoy tenemos más y mejores marcos normativos.

—¿Qué implicaría en la práctica si este proyecto aprobado en el Senado se convirtiera en ley?

—En Chile se discute un proyecto de ley del Ejecutivo mal llamado de “reconstrucción”. Es una ley miscelánea -ley ómnibus-, varias modificaciones a muchos cuerpos normativos, entre ellos los de evaluación ambiental. Dentro de la evaluación ambiental, la medida más controvertida que aún está contenida en el proyecto de ley es que en el caso de que un permiso ambiental -nosotros le denominamos Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA)-, sea anulado o dejado sin efecto por una sentencia ejecutoriada del Poder Judicial, es decir, la última instancia del Poder Judicial, el Estado deberá indemnizar al titular de ese proyecto y restituir los gastos que haya incurrido en el proceso de evaluación ambiental. Esa es la medida que pretende impulsar el Gobierno.

¿Qué sostenemos los detractores de esta medida? Primero, que es una medida que creemos que impone una carga inmerecida al Estado. Esto tiene una operación muy parecida a la de un seguro privado, pero con recursos públicos. Es decir, si el proyecto finalmente por sentencia judicial es anulado, el Estado, además de perder el juicio porque el Estado defiende su resolución de calificación ambiental, deberá indemnizar al privado en el caso de que sea anulado por sentencia judicial.

Esto tiene por consecuencia que, en el fondo, la evaluación ambiental de proyectos se va a hacer mucho más restrictiva y probablemente motivo para rechazar proyectos complejos. Es decir, para aquel proyecto que está condicionado, que tiene situaciones técnicas de límite, de borde para los evaluadores [del Estado]. En el fondo va a ser mucho más simple rechazar ese proyecto que aprobarlo con el riesgo de que finalmente se anule o se deje sin efecto por sentencia judicial. Creo, de todas maneras, que son casos muy excepcionalísimos en Chile, pero se va a transformar en una espada de Damocles para los procesos de evaluación que son más complejos en nuestro país.

—¿Cree entonces que le agregaría complejidad a un sistema que ya está bastante complejizado?

—Absolutamente. Le va a agregar una presión a los evaluadores [estatales] de los proyectos y creo que le va a agregar también una presión al Poder Judicial, una presión indebida desde el punto de vista de que su resolución [en caso de hacer caer una licencia ambiental] va a tener implicancia económica, probablemente en algunos proyectos importantes para el propio Estado.

—El presidente Kast sostiene que el proyecto busca incrementar las inversiones, pero por lo que usted explica podría ser al revés en algunos casos complejos. ¿Considera que el Gobierno tuvo en cuenta esta implicancia de que podría llegar a que se rechacen los proyectos más complejos de antemano?

—El Gobierno ha sido muy tozudo en la materia. No conozco ningún especialista ni la comisión que revisó este proyecto, que es la Comisión de Medio Ambiente, no recibió a ningún especialista que estuviese de acuerdo con esta medida. Ha habido un consenso muy amplio. Los especialistas del espectro político completo, ex ministros o subsecretarios de distintos gobiernos han dicho que no es una medida adecuada. Los dos gremios empresariales más significativos también manifestaron estar en desacuerdo con la medida. No obstante, el Gobierno ha perseverado.

—¿Hay algún antecedente de este tipo de medidas en Chile o en la región?

—No, en Chile no existe ninguno. Quienes hemos seguido y estudiado estos sistemas de evaluación de impacto ambiental nunca hemos visto que se haya propuesto algo parecido. Existe un caso similar que el ministro de Hacienda [chileno] ha citado, que es en el caso de Brasil [donde “cuando una empresa obtiene una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) está autorizada para iniciar su inversión y si alguien reclama es el Estado el que litiga. Y si después hay un problema, es el Estado el que responde ante el litigante”, dijo el ministro Quiroz en una entrevista con Diario Financiero en enero pasado].

La verdad es que este caso brasileño es de bajísima aplicación y muy difícil de homologar en Chile porque en Chile el Servicio de Evaluación Ambiental es el titular de la resolución del permiso. Y si ese permiso es cuestionado, es el propio Servicio de Evaluación Ambiental quien defiende en instancia administrativa y judicial en esta materia. Y por lo tanto no es homologable a lo que pueda observarse remotamente en otro país.

—El ministro de Hacienda y el presidente Kast sostienen que con estas medidas buscan aumentar la inversión privada en Chile. ¿Cree que es el objetivo real de esta norma?

—Es muy difícil llegar a esa conclusión, porque ni siquiera los gremios empresariales están de acuerdo con esta medida. Yo creo que el proyecto es fruto del desconocimiento de cómo funciona el sistema, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

—Si bien se dio con profundidad tras la llegada de Kast, varios especialistas consultados por Mongabay Latam han sostenido que la flexibilización de las normas ambientales se viene dando incluso durante el gobierno de Gabriel Boric. ¿Está de acuerdo con esa mirada?

—Sí, creo que hay algo de eso. Yo creo que es un debate, al menos en la opinión pública, que ha tenido continuidad. Creo que se ha buscado ridiculizar lo que nosotros llamamos los permisos ambientales, las autorizaciones para que un proyecto pueda ejecutarse. Es verdad, se han hecho más complejos, pero se han hecho más complejos por leyes que ha aprobado transversalmente el Poder Legislativo en nuestro país. Entonces eso significó que hoy en la opinión pública esté muy asentado lo que se denomina permisología como un término más peyorativo de los trámites ambientales que requiere un proyecto de inversión para que pueda ejecutarse.

Efectivamente, el gobierno anterior presentó proyectos de ley y se generó una ley marco de autorizaciones para proyectos de inversión, que varios actores han interpretado como una flexibilización o como una baja de estándar para la verificación de permisos.

Sí, efectivamente esto es un continuo de un debate que se ha instalado en la opinión pública y este gobierno de alguna manera le ha dado continuidad con otras características en su proyecto de ley.

—En este escenario, con este desconocimiento por parte del Ejecutivo sobre cómo funciona el sistema de evaluación ambiental en su propio país que usted marca alrededor de esta medida, sumado a las decisiones de Kast de retirar los decretos ambientales de Boric para la creación de parques nacionales y otras áreas protegidas. ¿Qué panorama ambiental ve en el corto plazo para Chile? ¿Cómo condicionará este contexto a la protección del ambiente?

—Lo que se ha hecho en materia ambiental en general en Chile ha gozado de muy buenos acuerdos transversales, se han transformado mucho en políticas de Estado y, pese a los cambios anteriores de signo político de gobierno, han sido legislaciones que han perdurado en el tiempo. Evaluación ambiental, Ley Marco de Cambio Climático, políticas de biodiversidad han tenido un continuo y se han diseñado e implementado por distintos gobiernos. Entonces lo que espero es que la discusión ambiental, este tipo de proyectos de ley, vuelva a su cauce natural, que son las Comisiones de Medio Ambiente, que son los proyectos de ley específicos en materia ambiental y dejen de abordarse en proyectos misceláneos conducidos por un Ministerio de Hacienda, y que cambie, reitero, a proyectos específicos de Medio Ambiente que mejoren la regulación ambiental y que se den en el marco de las Comisiones de Medio Ambiente con un Ministerio del Medio Ambiente encabezando estas discusiones.

—¿Ve muy debilitado al Ministerio de Ambiente?

—Veo a un Ministerio de Hacienda todopoderoso, sin contrapeso, y eso no es un buen escenario para regulaciones de protección ambiental.

—Ex ministros de Ambiente de diferentes países nos han contado en entrevistas o conversaciones que la cartera ambiental termina siendo postergada en los Gabinetes de Ministros, sin importar el signo político del gobierno. En base a su experiencia, ¿ha sido así en Chile?

—Creo que en Chile hay una diferencia: se han generado en los gobiernos anteriores grandes consensos transversales desde el punto de vista político que han permitido continuidad en varios temas ambientales, biodiversidad, cambio climático, entre otros. Cabe la posibilidad de que esos grandes acuerdos se rompan. Tengo, obviamente, esperanza en que el Poder Legislativo pueda incorporar mayor cordura en la materia.

Hoy se encuentra en trámite legislativo una modificación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que es un proyecto de ley del gobierno anterior, que el actual gobierno no retiró. Lo consideré una muy buena señal que el Gobierno no haya retirado el proyecto de ley del gobierno anterior. Por lo tanto, creo que ahí también hay una luz de esperanza, de retomar debates, de retomar diálogo en la mejora de los instrumentos de gestión ambiental y poder dar traslado a todas estas materias ambientales que están en el proyecto de reconstrucción. En un proyecto de ley más específico. Es poquitito más técnico.

—¿Sería más sólido que el del gobierno de Kast?

—Tiene buen material técnico. Se ha llegado a consenso, pero de alguna manera está congelado a la espera de cómo se resuelve este proyecto nuevo [de Kast], que obviamente tiene mucha prioridad para el Gobierno.

*Imagen principal: centro de cultivo de salmones en Chile. Foto: cortesía WWF Chile/Denisse Mardones

Créditos

Alexa Editor/a

Temas

GobiernoJusticia medioambientalMedioambientepolíticas ambientalesAmérica del SurChileLatinoamérica

Ver temas