- Han pasado 13 años desde que los taromenane, pueblo indígena en aislamiento voluntario, fueron víctimas de una masacre donde dos niñas de 7 y 3 años sobrevivieron, pero fueron separadas y hoy enfrentan realidades muy distintas.
- “Todo va peor para los no contactados en Ecuador”, señalan expertos dedicados a investigar su situación, la cual consideran como altamente vulnerable.
- En 2025, la Corte IDH halló responsable al Ecuador de violar derechos de los pueblos no contactados de la Amazonía del país y dictó a su favor medidas de reparación, las cuales aún no se ejecutan.
- El Ministerio de Gobierno de Ecuador informó a Mongabay Latam que el Estado se encuentra trabajando en el cumplimiento de la sentencia, pero no dio detalles de cómo lo hará.
Aquella matanza del 30 de marzo de 2013, que acabó con la vida de 30 miembros del pueblo taromenane, colocó en una situación de alta vulnerabilidad a este grupo indígena de la Amazonía ecuatoriana —uno de los tres que se encuentra oficialmente en aislamiento en este país— y marcó de forma singular y definitiva el destino de dos de sus integrantes, unas hermanas que entonces tenían 7 y 3 años.
Esa experiencia traumática y lo que vino después —fueron sacadas de la selva, donde vivían en estado seminómada y sometidas a un contacto obligado— se sumaron a una serie de acciones y omisiones de un Estado que incumplió su deber de protegerlas, según consta en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tagaeri-Taromenane vs Ecuador, que el organismo hizo pública en marzo de 2025.
En aquel fallo, este Tribunal halló responsable al Estado ecuatoriano de vulnerar, entre otros, los derechos de las dos hermanas a la integridad, a la protección de la familia, a la identidad personal y cultural, y a los derechos de la niñez, así como al derecho a la vida de los pueblos indígenas aislados.
La sentencia de la Corte IDH establece una serie de medidas de reparación en beneficio de las hermanas y de los pueblos tagaeri-taromenane, cuyos plazos para llevarlas a cabo, en su mayoría, vencieron en marzo de 2026. Según fuentes vinculadas al proceso, Ecuador no ha cumplido. Por su parte, el Ministerio de Gobierno afirma —mediante una nota informativa en respuesta a un requerimiento de entrevista de Mongabay Latam— que el Estado “ha desarrollado una serie de acciones orientadas” a ejecutar las órdenes.
Actualmente, Conta, como se llama la mayor de las hermanas, vive en un barrio marginal de Coca, capital de la provincia de Orellana, junto con su marido, padre de sus dos hijos, y la otra pareja que éste tiene. Creció en Bameno, una comunidad waorani de cerca de 145 habitantes ubicada a orillas del río Cononaco, en la provincia de Pastaza, que se dedica a la caza, los cultivos tradicionales y al turismo comunitario.
Por encargo del Gobierno, ella vivió allí bajo la tutela de Penti Baihua, líder de esa comunidad, hasta que cumplió la mayoría de edad en 2024. Aún no ha terminado sus estudios secundarios.
La otra hermana —cuya identidad se protege por ser aún menor de edad— vive en Dicaro, la comunidad waorani donde fue criada como una hija más en la familia de uno de los perpetradores de aquella matanza. Se trata de lugar de aproximadamente 300 habitantes ubicado en el cantón Aguarico, en Orellana, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Yasuní, donde varias tradiciones de este grupo indígena conviven con costumbres occidentales, como el constante sonido del reguetón que opaca los ruidos de la selva. Ella estudia la secundaria y lleva una vida tranquila, según le indicaron a Mongabay Latam varias fuentes allegadas.
El radical cambio de vida de las dos niñas es un reflejo más de la compleja situación que enfrentan los tres grupos indígenas aislados del país reconocidos oficialmente: tagaeri, taromenane y dukaeiri. “Cada vez lo tienen más difícil. Todo va peor para ellos”, dice Milagros Aguirre, quien vivió de cerca aquella tragedia de 2013 como directora (2006-2016) de la Fundación Alejandro Labaka (FAL), una institución dedicada a la investigación y el acompañamiento en la organización de comunidades indígenas amazónicas, además de autora y coautora de varios libros sobre los pueblos aislados del país.
La evidencia de un pueblo no contactado
Tras la matanza de 2013, los perpetradores del hecho, miembros de la comunidad waorani de Dicaro y Yarentaro, celebraron públicamente haber vengado la muerte de dos adultos mayores waorani —Ompure Omeway y Buganey Caiga—, asesinados por lanzas taromenane 25 días antes. Como señal de su ajuste de cuentas difundieron imágenes suyas en un entorno selvático, cerca de de una onka —casa tradicional, en lengua waorani—, posando con armas largas y cadáveres atravesados por lanzas. También registraron fotos de las dos niñas sobrevivientes.
Un relato de Conta, grabado pocos días después de la masacre y referido en el juicio que llevó a cabo la Fiscalía del Ecuador por aquel hecho, da cuenta del impacto que experimentó por el choque cultural.
Narró que en la tarde de la masacre jugaba junto con su hermana debajo de unas ramas de pambil cuando escucharon ruidos “como truenos”. Se quedaron ahí —dijo— hasta que el escándalo cesó, pero, al salir, unos hombres las agarraron y se las llevaron a otra parte donde durmieron y, al día siguiente, las trasladaron en canoa, río abajo, hasta otro sitio. Entre todas las emociones que pudieron abrazarla en aquel desconcertante episodio, que incluyó dejar atrás los cadáveres baleados y lanceados de su familia, mencionó algo que le causó miedo: ver gente con ropa. Ese día, ella sólo llevaba un collar.
Cuando llegaron a Yarentaro, ese “otro sitio” que Conta mencionó en su relato, ambas se convirtieron en la evidencia viva de la existencia de los taromenane, un grupo del que hasta ese momento solo se tenía conocimiento por referencias de los waorani, pueblo indígena de contacto reciente —el último en relacionarse con el resto de la sociedad ecuatoriana—, y quienes son sus vecinos naturales en la selva.
A los pocos días, las hermanas fueron separadas, sin que se supieran las razones de esa decisión del Gobierno, mientras la Fiscalía dispuso ingresarlas al Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal, hasta los 21 años.
Después del ataque, la mayor de las hermanas se quedó en Yarentaro, mientras la menor fue llevada a la comunidad de Dicaro, contó la representante legal de Conta durante el proceso en la Corte IDH.
La hermana menor se adaptó a su nueva realidad con mayor facilidad. Era muy pequeña cuando todo pasó. Conta, sin embargo, vivió esos primeros meses sumida en la tristeza, refirió una psicóloga durante aquel juicio penal: había quedado al cuidado de uno de los perpetradores de la masacre, a quien ella solía gritarle que había matado a sus padres.
Siete meses después de la tragedia fue sacada abruptamente de la escuela donde estudiaba y trasladada en helicóptero hasta Bameno. En un vídeo presentado durante la audiencia pública del caso ante la Corte, Conta relató que ese día, mientras se encontraba en clases “vino un sonido feísimo y todos los niños salieron”, ella se quedó sola dentro del aula y tres personas con mascarillas se la llevaron.
La exdirectora de la Fundación Labaka sostiene que Conta “no tuvo una vida normal, pues tampoco se desarrolló como una niña waorani normal de su comunidad, porque el Estado la tuvo híper controlada, pero para mal, porque no le obligó a estudiar ni le dio acceso a sus derechos”.
En los primeros meses en Bameno, hablaba su propio lenguaje, que es similar al wao tededo, lengua de los waorani, cuenta a Mongabay Latam Penti Baihua, la persona que la crió.
“Cantaba en la chacra pidiendo que vayan sus papás a vengarlas”, refiere Kati Álvarez, socióloga dedicada al estudio de los waorani y los pueblos aislados desde hace más de dos décadas.
La suerte de Conta se vio marcada por tener la edad suficiente para dar testimonio de lo que ocurrió esa tarde de marzo de 2013, de la vida que llevaba su pueblo y de la forma como el Estado manejó la situación de ambas niñas. “Se convirtió en un testigo que al Estado no le convenía, era la evidencia de algo que había ocurrido”, dice Adriana Rodríguez, una de las dos representantes legales actuales de las hermanas.
Pueblos disminuidos
“Creo que a estas alturas sólo quedan unos dos grupos familiares. Lamentablemente, en las actuales condiciones de la Amazonía, hay pocas posibilidades de que sobrevivan”, dice Milagros Aguirre al referirse a la situación de los tagaeri-taromenane, grupos de los que, asegura, se hallan frente a una inminente extinción.
Miguel Ángel Cabodevilla, uno de los principales investigadores de los waorani y los pueblos en aislamiento, planteó en 2004, en uno de sus libros, la posibilidad de que los tagaeri —un clan waorani que prefirió vivir aislado— podría haberse fusionado con los taromenane o haber sido aniquilado por este último.
Dada su condición de no contactados, la situación demográfica de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario responde únicamente a proyecciones basadas en señas de su presencia: huellas, palos, hojas o ramas manipuladas, senderos, sonidos, animales con adornos, desaparición de objetos y/o alimentos, asentamientos temporales, casas, chacras.
En agosto de 2024, un Informe del Gobierno ecuatoriano, relacionado con el cumplimiento de la Consulta Popular de 2023 para el cierre anticipado de operaciones y abandono del bloque petrolero 43 (conocido como ITT) en el Parque Nacional Yasuní, refiere que, según los 23 patrullajes realizados en la zona entre 2019 y los primeros meses de 2024, al sur del bloque se registran señales de la presencia de pueblos no contactados.
Kati Álvarez sostiene que se estima la existencia de unas 200 personas tagaeri y taromenane.
La mayoría de investigadores de los pueblos no contactados en Ecuador consideran que el principal peligro que enfrentan actualmente es la actividad petrolera. Algo que habría tenido relación directa con el episodio de 2013, pese a que, en aquel momento, el entonces presidente de la República, Rafael Correa, lo calificó de un conflicto entre clanes que no tenía que ver con la explotación petrolera.
Sin embargo, así como las pequeñas sobrevivientes fueron la evidencia viviente de la existencia de su pueblo, lo que una de ellas portaba el día de la masacre era señal de la relación que ese grupo tiene con la actividad petrolera. En el juicio penal que siguió la Fiscalía de Ecuador por aquella matanza, un antropólogo que analizó las fotos que hicieron los atacantes vio que Conta llevaba un collar que incluía plásticos obtenidos de los detonantes de la sísmica utilizada para la explotación petrolera. Ante lo que uno de los jueces del proceso expresó: “Este material se encuentra más al alcance de los pueblos en aislamiento voluntario que de cualquier otra persona de occidente”.
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Reparaciones pendientes
La tragedia de marzo de 2013 dejó en evidencia la falta de protección del Estado ecuatoriano hacia los pueblos indígenas en aislamiento, pese a las obligaciones establecidas en su Constitución, así como en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1989), ratificado por el Legislativo ecuatoriano en 1998.
Por esa matanza, y otras ocurridas en 2003 y 2006 , que mermaron significativamente las poblaciones de estos grupos, la Corte IDH halló responsable al Estado ecuatoriano por la violación al derecho a la vida, en perjuicio de los integrantes de los pueblos indígenas en aislamiento que murieron en estos ataques, entre los que se hallan los familiares de Conta y su hermana.
Es “evidente” el daño inmaterial que ambas sufrieron, reconoce la sentencia, por lo que se declaró la responsabilidad internacional del Estado por diversas violaciones a sus derechos humanos y se dispuso una reparación integral.
Así, por ejemplo, dio al Estado tres meses desde que se hizo pública la sentencia (marzo de 2025) para que inicie un proceso de diálogo con ambas jóvenes sobre la implementación de su proyecto de vida, los cuales debían implementarse tres meses después. “Pero eso no ocurrió”, dijo Adriana Rodríguez, una de las representantes de las jóvenes, a Mongabay Latam.
Rodríguez reconoció que sólo hasta los primeros días de abril de 2026 se produjo un acercamiento de parte del Ministerio de Gobierno: “Al menos están preocupados. Vamos a empezar a ver cómo es la hoja de ruta de la reparación”. Mientras tanto, esa cartera de Estado le aseguró a este medio que “se ha reactivado la Mesa Interinstitucional para el seguimiento al proyecto de vida de ambas víctimas”.
En la sentencia también se dispone que el Estado determine las posibles responsabilidades de los funcionarios públicos que intervinieron en las situaciones que atravesaron las hermanas luego de su contacto forzado (como su separación, procedimientos médicos no autorizados o la falta de cumplimiento en la educación de Conta). El problema es que la Corte se limitó a determinar “un plazo razonable” y el Ministerio de Gobierno no se refirió a este tema en sus respuestas.
Además, el tribunal le dio al Estado ecuatoriano un plazo de seis meses para conformar una Comisión Técnica de Evaluación de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (zona establecida en 1999 para la protección de estos pueblos), que se encargue de realizar informes sobre avistamientos de estos grupos en zonas aledañas y recomiende eventualmente la ampliación de su zona núcleo, así como del área de amortiguamiento.
Ramiro Ávila, abogado de Yasunidos y uno de los peticionarios en el proceso de los tagaeri-taromenane contra Ecuador ante la Corte IDH, dice que esta comisión no se ha integrado. El Ministerio de Gobierno, por su parte, informó a este medio que “se han registrado avances” en su activación y asegura que “se desarrollan estudios técnicos, análisis geoespaciales y procesos de mapeo participativo con comunidades waorani”, pero no dio más detalles sobre estas actuaciones.
Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador, afirma que ellos no han sido convocados por dicho ministerio para tratar ese tema.
La Corte también le dio a Ecuador un año, desde que se hizo pública la sentencia, para que tome las medidas que conlleven a la implementación de la decisión tomada en la consulta popular del 20 de agosto de 2023 de mantener el crudo del Bloque 43 indefinidamente en el subsuelo, “al constituir una amenaza para la vida de los pueblos aislados”. Sin embargo, esto no ha ocurrido y el Ministerio de Gobierno no lo menciona en su respuesta.
En su comunicado, el Ministerio se refiere a las medidas para la protección de la Zona Intangible solicitadas por la Corte y asegura que ha impulsado procesos de capacitación intercultural y que, entre marzo de 2025 y febrero de 2026, se realizaron “51 patrullajes territoriales, 36 visitas comunitarias, más de 1200 comunicaciones de monitoreo comunitario, la atención de seis alertas por posibles riesgos y un sobrevuelo técnico para la identificación de ocupación territorial”.
Hasta el momento el Estado ecuatoriano no ha cumplido la disposición de la sentencia de realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en desagravio de las víctimas y como garantía de no repetición. El plazo para hacerlo era de un año y venció el 13 de marzo de 2026.
En su respuesta a Mongabay Latam, el Ministerio de Gobierno señaló que “ha avanzado” en la preparación del evento, el que “se prevé realizar en la provincia de Orellana en los próximos días», pero no dio una fecha específica.
Preocupación por Conta
Durante la audiencia pública en la Corte IDH, en agosto de 2022, Conta refirió que tuvo un sueño, algo que en la cultura waorani tiene el peso de revelación vital. Dijo que en ese sueño conversó con su mamá y ella le pidió que no la buscara porque otros taromenane la pueden confundir con enemigos y la pueden “pinchar” (con sus lanzas).
Mientras tanto, entre los waorani —sostiene la socióloga Álvarez— hay quienes aseguran “que los padres de las niñas están vivos, que no murieron y que las están buscando”.
Entre miembros del pueblo waorani y otros allegados a este caso hay consenso respecto a la tranquilidad en la que se desarrolla la vida de la menor de las hermanas, pero expresan su preocupación respecto a Conta, quien ya no es parte del Sistema de Víctimas Protegidas.
Alicia Cahuiya, una de las líderes de la Asociación de Mujeres Waorani y exvicepresidenta de la NAWE, asegura que “el marido [de Conta] no la deja salir ni hablar con nadie” y que quienes la conocen sólo quieren saber si está bien, porque “el maltrato a las mujeres no es algo propio de la cultura waorani”, dice.
Mongabay Latam intentó contactar insistentemente a Conta pero, según Penti Baihua, su tutor cuando vivía en Bameno, el esposo no acepta que la entrevisten.
A pesar de esto, Adriana Rodríguez, que como su representante legal ante la Corte sí tiene acceso a ella, asegura que Conta es feliz. La describe como “una mujer muy, muy cariñosa con sus hijos; muy cariñosa con su familia, muy risueña”.
Rodríguez pide comprensión, dice que “es una situación muy delicada” y recalca que esta sobreviviente y su familia tienen derecho a la privacidad. “Es una mujer con voz propia, inteligente. Es importante no hablar por ella. Está cansada de toda la persecución que tenía”.
*Imagen principal: fotoilustración de Tali Santos. En primer plano, Conta, durante la audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en agosto de 2022. Atrás, fotos de las niñas Conta (i) y su hermana menor (d), del 31 de marzo de 2013, durante el viaje de captura, publicadas en el libro Una tragedia ocultada, de Miguel Ángel Cabodevilla y Milagros Aguirre.
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